Al cumplirse el primer año de gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, repasamos las diez medidas más controvertidas de su gobierno, desde la eliminación de la subvención a los combustibles hasta el tipo de cambio flexible, con la norma que respalda cada una.
El próximo 8 de noviembre se cumple el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz. Con motivo de este aniversario, y sobre la base de una revisión de los decretos y resoluciones publicados en la Gaceta Oficial, el presente informe sistematiza las diez medidas más impopulares y controvertidas adoptadas por el Ejecutivo durante estos casi doce meses de gobierno. En conjunto, estas disposiciones configuran un giro de la política económica orientado a la liberalización de precios, la reducción del rol del Estado y la flexibilización de las regulaciones financieras.
Detalle de las medidas
1. Eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel
Decreto Supremo 5516 · 13 de enero de 2026
Esta norma fijó el precio de la gasolina Especial en Bs 6,96, el de la gasolina Premium en Bs 11 y el del diésel en Bs 9,80 por litro, lo que representó incrementos del 86 % y del 162 % respecto de los precios subvencionados que se mantuvieron vigentes durante más de dos décadas. La medida trasladó una presión inflacionaria directa sobre la canasta familiar.
2. Liberación total del precio del diésel
Decreto Supremo 5716 · 18 de septiembre de 2026
El decreto sustituyó el precio fijo del diésel por un régimen de ajuste vinculado a la cotización internacional, con un precio inicial de Bs 17,95 por litro sujeto a variaciones dentro de una banda. Como consecuencia, el transporte urbano, interprovincial e interdepartamental de pasajeros ha elevado sus tarifas o presiona por hacerlo en el corto plazo. A ello se suman los ajustes ya aplicados por el transporte de carga, que vuelven a encarecer la canasta familiar y a alimentar la presión inflacionaria.
3. Adopción de un tipo de cambio flexible
Resolución Ministerial 245/2026 y Resolución de Directorio 88/2026 del BCB · 27 de junio de 2026
Mediante estas resoluciones, el tipo de cambio oficial dejó de ser fijo y pasó a calcularse diariamente a partir de las operaciones del sistema financiero. El primer valor publicado fue de Bs 9,73 por dólar y en la actualidad se sitúa en torno a Bs 12, tras quince años de estabilidad cambiaria en Bs 6,96.
4. Congelamiento salarial en el sector público y prohibición de nuevas contrataciones
Decreto Supremo 5516 · 13 de enero de 2026
La norma prohibió nuevas contrataciones en el sector público, dispuso la implementación de programas de racionalización de personal en entidades y empresas estatales y congeló el incremento salarial de 2026 para los servidores públicos, con excepción del escalafón y el crecimiento vegetativo en Salud, Educación, Policía y Fuerzas Armadas. Asimismo, estableció la libre negociación salarial —individual o colectiva— en el sector privado. El único incremento dispuesto fue el del salario mínimo nacional, que se fijó en Bs 3.300.
5. Cierre, reorganización y liquidación de empresas públicas
Decreto Supremo 5727
El decreto declara de prioridad la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. El proceso parte de un diagnóstico técnico a cargo del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP), sobre cuya base el ministerio correspondiente deberá ejecutar las acciones previstas en un plazo de quince días hábiles.
6. Liberalización de las exportaciones de oro
Decreto Supremo 5747
La norma dispone que la acreditación del ingreso de divisas provenientes de la exportación de oro —requisito para obtener el Formulario Único de Exportación— deje de realizarse ante el Banco Central de Bolivia y pueda efectuarse en cualquier entidad de intermediación financiera regulada. El exportador deberá acreditar un monto equivalente al 80 % de sus exportaciones precedentes.
7. Modificación del cálculo de las tarifas de energía eléctrica
Decretos Supremos 5647 y 5750 · 3 de octubre de 2026 (DS 5750)
El Decreto Supremo 5647 modificó el mecanismo de ajuste de las tarifas eléctricas: el incremento máximo, antes limitado al 3 % semestral, puede ahora alcanzar el 5 % mensual, lo que habilita aumentos de hasta un 30 % por semestre. Posteriormente, el Decreto Supremo 5750 reformó el reglamento de precios y tarifas del sector e introdujo nuevas fórmulas de cálculo que indexan las tarifas al dólar (según el tipo de cambio promedio mensual), a la inflación y al precio de los combustibles. En conjunto, estos cambios normativos abren la puerta a incrementos significativos en el costo de la energía para los consumidores finales.
8. Reducción de la cartera mínima de créditos al sector productivo y de vivienda
Decreto Supremo 5714 · 18 de septiembre de 2026
El decreto redujo al 40 % el nivel mínimo de cartera que la banca múltiple debe destinar conjuntamente a créditos productivos y de vivienda de interés social, de los cuales al menos el 25 % del total debe corresponder al sector productivo. Este umbral había sido fijado en 60 % en 2013, durante el Gobierno de Evo Morales, y reducido al 50 % en 2020 por el Gobierno de Jeanine Áñez. La medida restablece la lógica de orientar la cartera de la banca privada hacia el comercio y los servicios, en línea con lo ocurrido durante el periodo neoliberal.
9. Declaratoria de estado de excepción
Decretos Supremos 5636 y 5707 · 20 de junio de 2026 (DS 5636)
El Decreto Supremo 5636 declaró el estado de excepción por conmoción interna por un plazo de 90 días, que fue ampliado por un periodo similar mediante el Decreto Supremo 5707. Ambas normas fueron ratificadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al prohibir las movilizaciones sociales, estas disposiciones restringen el derecho a la protesta de la ciudadanía boliviana.
10. Transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones
Vigente desde el 14 de octubre de 2026
Los gobiernos departamentales asumen el control definitivo de los institutos técnicos y tecnológicos, cuya gestión se traspasa a las regiones. El magisterio y los estudiantes de estos institutos han manifestado su rechazo a la medida, al considerar que no garantiza el financiamiento necesario —dado el presupuesto insuficiente del nivel departamental— y que podría constituir un paso previo hacia su privatización.
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