Por: Carolina Escarrá Gil
a semana que estamos viviendo ha sido una semana muy movida desde el punto de vista de lo que son los Derechos Humanos y de lo que deberían ser los Derechos Humanos.
De hecho, ha sido una semana en la que nos preguntamos si los derechos son humanos y los humanos creen en el derecho. Con riesgo de parecer un trabalenguas quiero hacer alusión a algunos hechos que han tenido lugar en esta semana:
EXTENSIÓN DE MANDATO DE MISIÓN DEL GRUPO DE LIMA
Por un lado, el día lunes 6 de octubre, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se llevó a cabo una votación en la que con 25 votos a favor 17 abstenciones y 5 votos en contra, se decidió extender hasta el año 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de los mecanismos de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), presidida por el señor Volter Turk.
Cabe destacar que los cinco votos en contra fueron China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
Es importante señalar que dicha misión supuestamente independiente fue impulsada en el año 2019 por el inefable Grupo de Lima, inexistente hoy día, pero que en aquella época tenía como objetivo principal, el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional, avalando a un personaje que no se debería ni nombrar, cómo es el señor Juan Guaidó, reconocido como “interino” por ciertos países que apoyaron la farsa de otra agresión contra la institucionalidad y contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicha misión supuestamente independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, no solo tenía en principio soslayado el mismo objetivo del grupo de Lima, sino que en cada uno de los informes sobre Venezuela que ha presentado en instancias internacionales tiene como fundamento artículos de prensa y declaraciones de representantes de ONGs financiadas para efectos de mantener un status quo internacional.
PARAPETO JUDICIAL
Ahora bien, el 8 de octubre estaba prevista la audiencia del parapeto jurídico -disculpen la expresión poco académica-, en torno a la solicitud que había hecho la defensa de la primera combatiente Cilia Flores ante el tribunal de Nueva York, de permitir el arresto domiciliario para ella, debido a la delicada situación de salud de Flores. Como sabemos, dicha solicitud fue negada por el juez A. Hellerstein, en un proceso en el que adicional a ello, la fiscalía estadounidense con el apoyo del director del FBI, agregó nuevos cargos delictivos que pocos medios de comunicación señalan como presuntos, a nuestra pareja presidencial.
Así, sin ninguna prueba, han ampliado el expediente judicial con acusaciones de tortura y represión, sumado a los cargos de conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armamento pesado, aunque sin hacer mención directa al inexistente Cartel de Los Soles.
Específicamente, los fiscales acusadores señalan que luego de asumir la presidencia en el año 2013, el presidente Nicolás Maduro “autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”.
Además, se refirieron a presuntas torturas de las que habrían sido objeto ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, posiblemente los que fueron agarrados infraganti, entrando con armas por Chuao y otros agentes desestabilizadores que fueron denunciados gracias a la inteligencia popular.
Por su parte, el abogado defensor Barry Pollack, señaló que tanto Maduro como Flores, niegan los cargos de la nueva acusación.
Me parece interesante que el fiscal Federal Jamie McDonald declaró que “hacemos esfuerzos excepcionales para investigar y perseguir abusos de Derechos Humanos, narcoterrorismo y tráfico de drogas alrededor del mundo”.
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA FIGURA MIGRATORIA
No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que la decisión del Consejo de Derechos Humanos está tomada en función de darle herramientas a través de ONGs que no presentan pruebas en la mayoría de los casos, a este tipo de expedientes.
Mucho más, cuando constatamos que el proyecto de resolución para extender el mandato de la misión internacional supuestamente independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, fue impulsada por países como Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
Países estos que luego de haber instrumentalizado el tema migratorio para conseguir financiamiento desde la propia Naciones Unidas, están expulsando a los migrantes venezolanos de sus territorios, e impulsando entre su población oriunda acciones y expresiones de xenofobia, racismo y oporofobia contra las venezolanas y los venezolanos.
Cabe aclarar que todo ese financiamiento tenía lugar a través de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por la Acnur y la Oficina Internacional de Migración, en conjunto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), agrupando a un centenar de ONGs en 23 países.
Todo ello además ha sido teóricamente explicado como guerra migratoria en tanto expresión de la guerra multiforme que se ha desplegado contra Venezuela, prácticamente, desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
A esto hay que agregarle que en el marco de la misión internacional supuestamente independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, el objetivo es realizar toda esta documentación desde el año 2014 a partir de la actuación gubernamental ante los actos terroristas de la operación La Salida, dirigida por Leopoldo López y Voluntad Popular.
Todo esto hace conjeturar que probablemente utilicen la información expedida por esta supuesta misión independiente para armar un expediente que no permita ni la libertad ni el respeto mínimo de los Derechos Humanos como el derecho a la salud que se le ha negado a la primera dama y diputada de la República Cilia Flores.
Igualmente hace conjeturar que frente a la decisión tomada de no liberar a nuestra pareja presidencial es muy probable que se busque su eliminación en la prisión de Nueva York.
Una pieza que hace falta en este engranaje es precisamente la renuncia del fiscal Richmann, hace menos de dos semanas, tanto a su cargo como a la acusación contra la pareja presidencial en el parapeto judicial de Nueva York.
Quedan abiertas más preguntas que respuestas. Lo que sí queda claro es que ni los derechos, en este caso, son humanos ni hay humanidad en un sistema de justicia sin justicia.
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