Ahora los pueblos | Venezuela a prueba de sismos

 Por Anabel Díaz Aché

 Hoy nos convertimos en el crisol inquebrantable de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 850 hombres y mujeres que decidieron tomar la carrera de las armas y hemos sido formados en sus 12 academias militares. Recibiremos un grado que constituye una responsabilidad histórica: ser continuadores de una lucha que no terminó en el siglo XIX, sino que se transforma cada día en la defensa de nuestra soberanía, nuestra paz y nuestro pueblo. 

Teniente Melisa Volcán Morales, 5 de julio 2026

09/07/2026.- Cuando se cumplían 205 años de la batalla que marcó en Carabobo la independencia de Venezuela, el 24 de junio, el país fue estremecido por un doblete sísmico que dejó consecuencias catastróficas en pérdidas humanas y materiales. Estos daños agravan la ya delicada situación por la que atraviesa la república desde los bombardeos del 3 de enero. Sin embargo, la historia recuerda que no es la primera vez que la nación se encuentra en tan difíciles circunstancias que, aunque muy similares a las del pasado, parecieran dibujar distintos resultados.

A 214 años del doblete sísmico de 1812

Aunque en el bucle de los ciclos históricos los acontecimientos parecieran repetirse, cada contexto está marcado por múltiples factores que lo hacen único e irrepetible. El doblete sísmico del 26 de marzo de 1812 no fue solo una catástrofe natural, sino el catalizador que contribuyó a sepultar políticamente la Primera República. En palabras de Bolívar: “El terremoto del 26 de marzo trastornó, ciertamente, tanto lo físico como lo moral; y puede llamarse propiamente la causa inmediata de la ruina de Venezuela” (1812). 

Hoy, quienes esperan con codicia ciega la caída de la Quinta República han dejado fuera de sus análisis un conjunto de circunstancias que diferencian cualitativamente la situación de nuestros inicios republicanos. En el Manifiesto de Cartagena (1812), el Libertador señala, refiriéndose a los terremotos, que: “…este mismo suceso habría tenido lugar, sin producir tan mortales efectos, si Caracas se hubiera gobernado entonces por una sola autoridad, que, obrando con rapidez y vigor, hubiese puesto remedio a los daños sin trabas ni competencias…”. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se puso al frente de la situación sin titubeos. Como una sola autoridad, el Gobierno de Venezuela actuó con rapidez y vigor en la atención a la población. Lamentablemente, este accionar lo conocemos los afectados directamente y quienes acudimos a las fuentes oficiales para mantenernos informados. Los buitres mediáticos extendieron sus alas e impusieron la matriz de opinión sobre la desatención e incapacidad del Gobierno para enfrentar los efectos de este desastre natural. Pese a la arremetida mediática, los hechos siempre terminan por demostrar la verdad. 

“Un Jueves Santo la hicieron y un Jueves Santo la pagaron”

Tristemente, siempre habrá quienes intenten aprovechar el golpe moral de los eventos devastadores en la población para la manipulación ideológica. La Iglesia católica, predominantemente realista, aprovechó los eventos sísmicos para infundir miedo y socavar la moral del pueblo bajo la narrativa de un "castigo divino" por rebelarse contra el rey. Los clérigos se valieron de una coincidencia temporal: tanto el 19 de abril de 1810 —declaración de la independencia— como el 26 de marzo de 1812 —el terremoto— cayeron en Jueves Santo. A esto se sumó la selectividad geográfica de una secuencia de terremotos casi simultáneos que destruyeron los principales bastiones republicanos: Caracas, La Guaira, San Felipe, Barquisimeto y Mérida; en contraste, las ciudades fieles a la Corona, como Coro, Maracaibo y Guayana, salieron ilesas.

En 2026, han sido los datos facilitados por las fuentes oficiales los que han dado al traste con los falsos relatos. El Estado venezolano ha realizado un despliegue comunicacional que permite mantener a la comunidad nacional e internacional informada, en tiempo real, sobre los avances en materia de rescate y ayuda humanitaria. De este modo, se neutralizan los discursos de pánico o desestabilización mediante voceros oficiales. Podemos afirmar que no estamos en la “infeliz Caracas” que le tocó vivir a nuestro Libertador; hablamos de una nación en pie, con un gobierno con un sólido mando político-militar. Una Venezuela que, pese a la catástrofe natural acaecida, presenta una capacidad de orden público superior a la mostrada por los Estados Unidos durante los tres días de festividades del Día de la Independencia, las cuales dejaron un saldo lamentable de 100 personas asesinadas y 340 heridas en 20 tiroteos masivos, según datos de la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive. Finalmente, cabe recordar que Bolívar culminó su célebre Manifiesto de Cartagena (1812) indicando la necesidad de la unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas para alcanzar y conservar su derecho a vivir en paz.

Fuentes consultadas:

Bolívar, S. Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, en Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812. Disponible en: https://archivodellibertador.gob.ve/archlib/web/index.php/site/documento?id=1313

RT. Un centenar de personas muere en tiroteos durante las celebraciones del Día de la Independencia de EE. UU., publicado el 7 de julio de 2026. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/615268-centenar-personas-mueren-tiroteos-dia-independencia-eeuu/amp

Varias zonas de Trujillo afectadas por las lluvias

De la lucha climática a la resistencia anticapitalista. El silenciamiento de Greta Thunberg

 

Marcela Gottschald

Greta Thunberg irrumpió en la escena global como una joven activista ambiental, exigiendo respuestas a los líderes mundiales sobre la crisis climática. Al principio, su imagen resultaba relativamente "inofensiva" para el sistema: una adolescente sueca indignada que luchaba, junto con sus compañeros de clase, por un futuro mejor. El nombre de las protestas, Fridays for Future (Viernes por el futuro), llamaba la atención, y sus demandas llegaron a prácticamente todo el mundo.

Discursos en la Organización de las Naciones Unidas y otros eventos de gran relevancia, entrevistas en programas de distintos espectros políticos, artículos, noticias y entonces… todo cambió.

Las apariciones de Greta Thunberg en los medios tradicionales se transformaron drásticamente. Hoy, solo aparece cuando es detenida en alguna protesta, generalmente en videos donde se la ve siendo arrastrada o cargada por policías. Sus discursos o ideas ya no ocupan titulares, y ya no es invitada a hablar en grandes organismos mundiales como la ONU.

¿Qué cambió? El contenido de su discurso y su postura. Ya no se trata de convencer a los líderes mundiales sobre la importancia de la lucha climática, sino de enfrentarlos. Y Greta, como muchos otros activistas, entendió que la lucha climática, su foco inicial, no es un problema aislado. Que la raíz del calentamiento global está en la destrucción causada por el capitalismo y que no existe posibilidad de resolver la crisis climática sin salir de este sistema.

Válvula de escape y la ilusión de imparcialidad de los medios

La amplia cobertura mediática que recibió Greta Thunberg en sus primeros años y su posterior desaparición de los medios no es un indicio de una derechización de la prensa. Estos medios ya tienen su ideología, y no cambian tan fácilmente.

Los grandes conglomerados mediáticos tienen dueños: multimillonarios. En Argentina, tenemos el Grupo Clarín de las familias Noble Herrera, Magnetto, Pagliaro y Aranda. En Estados Unidos, está el caso de The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos (dueño de Amazon). Y podríamos seguir citando otros grandes grupos mediáticos en distintos países.

Pero el punto no es solo mencionar nombres, sino entender que los medios tradicionales, al igual que su expresión en las redes sociales, defienden los intereses de sus dueños. No con una propaganda burda y descarada, como en las películas distópicas, sino a través de la selección de lo que se muestra y lo que se oculta.

Greta y otros activistas aparecen en los reflectores de vez en cuando, como ejemplos de jóvenes prometedores que representan "el futuro del mundo". Pero el estereotipo de rebeldía que los medios burgueses toleran debe ser superficial: una fase de cuestionamiento y acciones levemente radicales, una válvula de escape que sirva para calmar los ánimos de quienes piensan lo mismo. Pero como toda fase, debe pasar y ser olvidada.

También es una señal de supuesta imparcialidad: un diario o un canal de televisión que muestra una protesta contra el cambio climático mientras da espacio a negacionistas está enviando el mensaje de que es neutral. Después de todo, permite que "ambos lados" expongan sus ideas.

Pero, ¿qué pasa cuando la radicalización no es solo una fase?

Lucha antisionista y anticolonial

Existe una relación directa entre destrucción ambiental, imperialismo y violencia colonial. En el caso de Greta, el cambio en el trato de los medios se hizo aún más evidente cuando denunció la situación actual en Palestina, describiéndola no como una guerra, como suelen hacer los medios burgueses, sino como un genocidio.

El resultado fue inmediato: censura y eliminación digital. Su presencia, antes ampliamente difundida, pasó a ser silenciada.

Este episodio ilustra un patrón bien conocido. Mientras la crítica se limite a reformas dentro del sistema, puede ser tolerada, incluso cooptada. Pero cuando se convierte en una denuncia estructural, señalando la interconexión entre capitalismo, imperialismo y opresión, se vuelve inaceptable para las élites.

Sin embargo, la lucha contra la crisis climática, enfoque inicial de Greta, no puede separarse de la lucha contra el sistema que la genera. El modelo económico global se basa en la explotación desenfrenada de recursos y pueblos, sostenido por guerras, ocupaciones y regímenes autoritarios. La destrucción ambiental es inseparable de la lógica imperialista que masacra poblaciones para garantizar el lucro de unos pocos. Por eso, cualquier movimiento ecológico serio debe ser, al mismo tiempo, antifascista, anticolonial y anticapitalista.

Es necesario unificar las luchas

El capitalismo no se reduce a "comprar y vender". Es un sistema de dominación que destruye todo lo que toca para convertirlo en ganancia para un puñado de personas: los dueños de los medios de producción y, ahora, de las plataformas digitales. Y ese "todo" a ser destruido incluye desde la naturaleza hasta las poblaciones minoritarias y el futuro del planeta.

Por eso, los ataques constantes y sistemáticos a todo y a todos nos dejan, muchas veces, sin saber dónde concentrar nuestra resistencia.

Greta entendió esto y empezó a exponer a los verdaderos culpables: el sistema capitalista, con sus características y actores principales, los multimillonarios y el imperialismo.

No es suficiente "solo" protestar contra el cambio climático. Es necesario comprender y atacar sus causas, o mejor dicho, a quienes las provocan.

No basta con luchar por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y otras minorías. Es fundamental entender que la opresión tiene un propósito y se utiliza para mantener el sistema tal como la clase dominante lo desea.

La única salida real es la unificación de las luchas en un movimiento internacional que conecte la causa ecológica con la lucha contra el capitalismo, el fascismo y todas las formas de opresión. Solo una organización ecosocialista, antifascista y anticolonial puede enfrentar las raíces del problema y construir una alternativa al colapso social y ambiental.

Entrevista al escritor y activista ambiental canadiense Paul Watson «Cuando me llaman ecoterrorista respondo que nunca he trabajado para Monsanto o BP»

 Por Ángeles Rodenas

Fuentes: El diario [Imagen: Paul Watson durante la entrevista por videollamada. Ángeles Rodenas / Ballena Blanca]

Tres días después de ser puesto en libertad por Dinamarca tras 150 días encarcelado, el ambientalista cuenta que ya prepara nuevas campañas: “200 millas mar adentro es el salvaje oeste, puedes hacer lo que quieras que nadie te va a parar. Excepto nosotros”

Esta semana terminaron los cinco meses de incertidumbre para el famoso activista defensor de las ballenas, Paul Watson. Tras 150 días de arresto por una orden de la Interpol, salía de la cárcel en Nuuk, capital de Groenlandia, después de que las autoridades danesas rechazara la petición de extradición a Japón por un incidente ocurrido en 2010. En el país asiático, Watson podría haberse enfrentado a 15 años de cárcel por los delitos de entrada ilícita en un barco, daños criminales y lesiones a la tripulación. Desde el principio, el conservacionista canadiense ha mantenido su inocencia y ha insistido en la motivación política de su arresto, en la intención de Japón de castigarle para mandar un mensaje al movimiento medioambiental. El caso desató una oleada de apoyo internacional, recabó casi 400.000 firmas para pedir su liberación, a la que se sumaron voces como la del presidente de Francia Emmanuel Macron, la actriz Brigitte Bardot y la primatóloga Jane Goodall, entre otros.

Su compromiso con la protección de los océanos va más allá de la protesta. Se opone a las acciones de gobiernos y grandes corporaciones con campañas de “agresión no violenta”, intervenciones que interrumpen la actividad del barco sin provocar daños físicos a las tripulaciones. Ha llegado a embestir barcos, invalidar hélices, e incluso hundió un par de balleneros en Islandia. Su método le costó la salida de Greenpeace, donde fue uno de sus primeros miembros, y de Sea Shepherd, el grupo de conservación marina que creó en 1977 para llevar a cabo sus acciones. A sus 74 años cumplidos en prisión, continúa realizando su labor desde la Captain Paul Watson Foundation y asegura en la entrevista con elDiario.es que “doscientas millas mar adentro es el salvaje oeste. Allí puedes hacer lo que quieras que nadie te va a parar. Excepto nosotros”.

Arrestado al parar a repostar su embarcación de camino a la zona del Pacífico Norte Occidental, tenía previsto interceptar el ballenero más grande del mundo, el japonés Kangei Maru, porque “cada ballena en el océano está en peligro de extinción”. El país nipón ha invertido 48 millones de dólares en esta embarcación que sustituye a otro gigante, conocido entre los activistas como el “matadero flotante” al que se enfrentó Paul Watson. Islandia, Noruega y Japón mantienen la caza comercial de ballenas a pesar de la prohibición global.

Aliviado tras la liberación que le permite pasar la Navidad en su casa en Francia con su mujer y sus dos hijos pequeños, ya prepara las acciones para el nuevo año.

Durante los cinco meses que ha estado en prisión parece haber mantenido una actitud positiva, incluso desafiante, a pesar de la posible extradición a Japón donde podría haberse enfrentado a una larga condena de cárcel. ¿Qué le ha ayudado en todo este tiempo?

Indudablemente ayudó continuar denunciando las operaciones ilegales de cazas de ballenas por parte de Japón, con el beneficio añadido de denunciar la matanza continuada por parte de Dinamarca y las Islas Feroe de ballenas piloto y de delfines. Me lo tomé como una campaña de cinco meses para centrar la atención en esos crímenes.

¿Qué le parece la explicación que ha dado el gobierno danés sobre su decisión de no conceder la extradición a Japón? 

Creo que por razones diplomáticas, Dinamarca no podía entrar a valorar el historial de los derechos humanos en Japón. Pero era un cargo menor, sobre un evento que ocurrió hace 14 años. Las autoridades danesas no han recibido garantías de Japón sobre sus intenciones tras la extradición y han tomado la decisión siguiendo sus propios protocolos de extradición.

¿Hasta cuando seguirá vigente la orden de detención internacional emitida por la Interpol a petición de Japón?

No creo que Japón vaya a retirarla, pero a principios de año vamos a ir a Lyon, a las oficinas centrales de la Interpol, y les vamos a hacer frente con esto. Desde 2017, mi caso es un ejemplo de la investigación en Europa sobre el uso de la autoridad de la Interpol con motivos políticos por parte de países como Japón. Lo que yo he hecho es una forma de denuncia de prácticas ilegales. Los informantes están protegidos (por ley) y la Interpol debería ser consciente y reconocer esto.

El activista Paul Watson, a su salida de prisión en Nuuk (Groenlandia)

Sobre el ballenero japonés Kangei Maru, el barco fábrica de procesamiento más grande del mundo que sustituye a otra embarcación japonesa conocida como un “matadero flotante”. ¿Cuántas ballenas pueden ser capturadas y procesadas al final de la temporada en este barco?

Bueno, ahora solo lo usan para caza de ballenas en aguas costeras aunque fue construido para el Océano Austral, porque no construyes un barco de esa gama y capacidad de carga solo para cazar ballenas en la costa, pero la publicidad les mantiene alejados de esa zona. La embarcación puede matar a unas dos mil ballenas, procesándolas y empaquetándolas a bordo.

¿Y qué impacto tiene esto para el ecosistema marino?

Las ballenas son extremadamente importantes para la integridad ecológica del océano. Desde 1950 hemos perdido el 40% del fitoplancton de los océanos. El fitoplancton proporciona hasta el 70% del oxígeno que tenemos en el planeta y aísla enormes cantidades de CO2. Se ha reducido por una razón muy concreta: la falta de nutrientes, principalmente hierro, magnesio y nitrógeno. Especies como las ballenas, aves marinas y peces proporcionan esos nutrientes, así que, al reducir las poblaciones de esas especies, reduces los nutrientes para el fitoplancton. Podríamos considerar a las ballenas como las agricultoras del océano, fertilizando los cultivos de fitoplancton. Y la realidad es que si desaparece el fitoplancton del océano, morimos todos, literalmente nos ahogamos. Y no hemos prestado mucha atención a este delicado equilibrio de interdependencia entre especies. Estamos haciendo desaparecer una especie detrás de otra tan rápidamente que estamos cerca de llegar al colapso ecológico. La destrucción de la biodiversidad es la amenaza más seria que tenemos en nuestro futuro.

El movimiento ambiental se ha radicalizado en los últimos años por la frustración ante la falta de acción de los gobernantes y la necesidad de actuar con urgencia para evitar el colapso medioambiental. ¿Cree que esto ha servido para que la gente aprecie la efectividad de sus tácticas para conseguir cambios?

Hace cincuenta años concebí una estrategia que llamé agresión no violenta, intervención agresiva sin lesionar a nadie, y en todo este tiempo nunca hemos herido a nadie, pero hemos cerrado cientos de operaciones ilegales. A la gente se le olvida que lo nuestro no es protesta, es oponernos a acciones criminales porque a pesar de que existen regulaciones y tratados para proteger la vida en el océano, nos falta ejecutarlos. No hay motivación política ni económica para que los gobiernos implementen leyes de conservación internacionales. Así pues, 200 millas mar adentro es el salvaje oeste. Allí puedes hacer lo que quieras que nadie te va a parar. Excepto nosotros y nos legitima para hacerlo la Carta Mundial para la Naturaleza de las Naciones Unidas que declara que cualquier organización no gubernamental tiene la facultad de defender la ley de conservación internacional, especialmente en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales.

La estrategia se reduce a no causar daño físico las personas a las que te enfrentas, pero hacer todo lo posible para intervenir, molestar y detener sus actividades ilegales

Cuando me metí en esta situación era consciente de que corría el riesgo de ser arrestado pero estaba seguro de que ganaría, mis pruebas me pondrían en libertad. El único factor desconocido ha sido la presión económica y política que Japón ha ejercido sobre Dinamarca. Si esto hubiera pasado en un país de América Central por ejemplo habría cedido a las presiones. Pero Dinamarca tiene responsabilidades como miembro de la UE.

¿Y en qué se traduce la estrategia de agresión no violenta en términos prácticos?

Se reduce a no causar daño físico las personas a las que te enfrentas, pero hacer todo lo posible para intervenir, molestar y detener sus actividades ilegales. Por ejemplo, si un cazador furtivo va a disparar a un elefante y de un golpe le quitas el rifle de su mano y lo rompes, es un acto de no violencia. No puedes cometer un acto de violencia contra un objeto, algo que no siente. Pero si ese objeto se usa para matar a un ser sintiente creo que el acto de no violencia está justificado.

Algunas personas califican sus acciones de eco-terrorismo.

Cuando la gente me llama ecoterrorista mi respuesta es: nunca he trabajado para Monsanto o BP. Ecoterrorismo es aterrorizar el medio ambiente en el que vivimos. No conozco a ningún ambientalista que haya cometido un acto de ecoterrorismo, que haya causado una herida física a otra persona. Pero la palabra se utiliza ahora muy libremente para atacar a aquellos con los que no se está de acuerdo.

¿Quiénes somos los occidentales para decirles a otras culturas y comunidades indígenas qué pueden o no comer o cómo hacer la transición a una economía más sostenible?

Nosotros nunca hemos hecho eso. Las Islas Feroe no son una comunidad indígena. El 85% de los feroeses tiene pasaporte danés, disfrutan de los beneficios de pertenecer a la Unión Europea y también deberían cumplir con las obligaciones europeas. Dinamarca está obligada por la Convención de Berna a no matar cetáceos. Nosotros intervenimos en una actividad ilegal. No tiene nada que ver con la tradición.

Los rorcuales no están clasificados como especie en peligro de extinción, sino como especie vulnerable a la extinción (según la Comisión Ballenera Internacional) porque sus poblaciones se han recuperado parcialmente. Japón además dice que se opone a la caza “incontrolada” de ballenas.

Para mí, cada ballena en el océano está en peligro de extinción porque los océanos están muriendo. Hay sobrepesca, destrucción de plancton… Los humanos estamos erradicando una o dos especies casi cada minuto y vamos a perder más especies de plantas y animales entre el año 2000 y 2065 de las que hemos perdido en los anteriores 65 millones de años. Tenemos que aceptar esta decisión y no hacer excepciones porque a alguien le guste el rorcual.

¿Entonces qué ve detrás de la industria?

La industria ballenera japonesa no da beneficios, solo existe porque recibe subvenciones enormes del Gobierno. El motivo por el que hacen esto no tiene nada que ver con alimentar a nadie, sino con el hecho de que la compañía ballenera japonesa (Kyodo Senpaku tras la fusión de las seis empresas en 1975) es propiedad del Gobierno y el consejo directivo está formado por expolíticos con sueldos de seis cifras. Quieren mantener sus trabajos y para ello necesitan a la industria. En cuanto a las tripulaciones de esos barcos, son miembros de sindicatos controlados por Yakuza, la mafia japonesa, que tiene una gran influencia sobre el gobierno japonés. En su conjunto, se trata de una iniciativa criminal.

Siempre lleva a un cámara a bordo de su embarcación. ¿Es para tener pruebas grabadas en caso de que le lleven a juicio o porque para usted es importante contar con el apoyo del público?

Por los dos motivos. Es educativo, estamos documentando algo. En nuestro caso, lo hicimos en formato de programa televisivo que vieron millones de personas y nos permitió mostrar las operaciones ilegales de Japón en el santuario de ballenas del Océano Austral. Para el Gobierno japonés supuso una gran humillación y vergüenza. Probablemente les hizo más daño que si hubiéramos tenido que hundir uno de sus barcos porque llegó a más gente. Pero también estamos grabando pruebas para poder mostrar exactamente lo que ha pasado si se presentan acusaciones contra nosotros, como ha sido el caso tras el arresto en Nuuk. En 2002 detuvimos, a petición de las autoridades del país, una operación de cercenamiento de aletas de tiburón en aguas de Guatemala. Cuando llegamos a Costa Rica me acusaron de ocho cargos de intento de homicidio porque los pescadores a los que intercepté, y a quienes no herí ni dañé su barco, me acusaron de intento de asesinato. Si no hubiera sido por las pruebas de video me podrían haber mandado a prisión por las acusaciones de personas a las que interceptamos.

Es usted uno de los miembros pioneros de Greenpeace, organización que surgió como reacción a los ensayos nucleares que se estaban realizando en Alaska.

Era una combinación de dos grupos, el Club Sierra y los Cuáqueros. El nombre surgió cuando alguien al marcharse de una reunión hizo el símbolo de la paz y Bill Darnell dijo “Haz una paz verde” y a Bob Hunter le pareció un nombre estupendo para el barco (que iría a las islas de Alaska a intentar detener los ensayos nucleares). En 1974 Paul Spong, Bob Hunter y yo decidimos que teníamos que hacer algo para proteger a las ballenas.

Estamos grabando pruebas para poder mostrar exactamente lo que ha pasado si se presentan acusaciones contra nosotros, como ha sido el caso tras el arresto en Nuuk

Rusia estaba matando ballenas para usar su aceite para construir misiles balísticos intercontinentales. Estábamosmatando a un ser increíblemente hermoso, inteligente y sintiente para crear armas para la exterminación masiva de seres humanos. Me pareció una absoluta locura y entonces  decidí hacer todo lo posible para proteger a esos animales de nosotros. Estamos cometiendo un suicidio global, tenemos que intentar detenerlo y la mejor manera de hacerlo es defender la biodiversidad e interdependencia de las especies en los ecosistemas.

¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan los océanos?

Contaminación de plásticos, de químicos, disminución de la biodiversidad, el cambio climático… es una acumulación de distintos factores. Siempre lo resumo con esta frase: si los océanos se mueren, nosotros morimos. No podemos vivir en este planeta si los océanos están muertos así que hay que hacer todo lo posible para protegerlos.

Lleva más de 50 años defendiendo la vida en los océanos. ¿Cree que podemos transitar a un sistema alimentario en el que no pesquemos especies hasta la extinción por dinero?

El mundo se tiene que adaptar a un estilo de vida vegano o vegetariano. No hay suficientes recursos para alimentar a ocho mil o diez mil millones de primates comiendo carne y peces. Las granjas intensivas no son sostenibles, estamos matando a unos 90 millones de animales al año en estas granjas además de ser portadoras de transmisión de enfermedades entre especies. Por ejemplo, el 40% de todo el pescado va a alimentar pollos, cerdos… comen más pescado que todas las focas en el Océano Atlántico. El mundo está en desequilibrio, tenemos que buscar alternativas.

¿Los riesgos asociados con su misión de proteger los océanos se convierten en un precio demasiado alto a medida que se hace mayor?

Para conseguir cualquier cosa tienes que correr algún riesgo. Pero diría que se vuelve un poco más difícil, no por mi edad, sino porque desde 2015 he tenido dos hijos y eso me da una responsabilidad y tengo que asumir riesgos aceptables. He pasado por muchas situaciones peligrosas en mi vida, acabo de cumplir 74 años todavía estoy vivo así que creo que he estado haciéndolo bien.

Fuente: https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/paul-watson-llaman-ecoterrorista-respondo-he-trabajado-monsanto-bp_128_11918531.html

Entrevista a Shiva Gounden, uno de los impulsores de la mayor causa judicial sobre justicia climática «Espero que los jueces estén en el lado correcto»

 Por Irene Castro

Fuentes: El diario [Imagen: Shiva Gounden, activista de Greenpeace Australia-Pacífico a las puertas del tribunal de La Haya]

El representante de Greenpeace, uno de los activistas congregados a las puertas del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya durante las vistas pide que se escuche a las comunidades afectadas y no a los Estados que “instigan y contaminan”: “Se trata de la vida de las personas”

Shiva Gounden es uno de los activistas de la región de Australia-Pacífico que ha viajado a La Haya estos días para seguir las vistas del Tribunal de Justicia Internacional en la mayor causa por la justicia climática hasta el momento. Los jueces del Tribunal de la ONU tendrán que emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones y responsabilidades de los países en la emergencia climática a instancias del Gobierno de Vanuatu, un pequeño archipiélago del Pacífico que está siendo uno de los lugares más afectados con ciclones, subida del nivel del mar, reubicaciones forzadas de comunidades…

Pero el movimiento nació, en realidad, de un grupo de estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico, que empujaron a los gobiernos de la región a dar la batalla contra los grandes contaminantes, como EEUU y China, que en la primera semana del proceso han mostrado resistencias a que los jueces se pronuncien a favor de exigir responsabilidades más allá de lo estipulado en la Convención de la ONU sobre el cambio climático o el Acuerdo de París. “Espero que los jueces estén en el lado correcto de la historia”, dice Gounden, que atiende a elDiario.es a las puertas del Palacio de la Paz durante la primera jornada de audiencias.

¿Cómo comenzó esta causa por la justicia climática?

Comenzó hace cinco años en el Pacífico impulsada por jóvenes estudiantes. Concretamente, se inició en un campus en Vanuatu y luego se extendió por las islas de todo el Pacífico. Ellos reflexionaban sobre cómo sería el futuro para ellos y, especialmente, pensaban que los líderes mundiales no estaban haciendo lo suficiente para proteger a las naciones más vulnerables al clima. La región del Pacífico es probablemente la más vulnerable desde el punto de vista climático: hay subidas del nivel del mar, ciclones de gran intensidad, sequías, corrimientos de tierra y destrucción por la presión de la crisis climática.

¿Y cómo llegó usted a esta causa?

Mi historia en esta campaña comenzó hace unos cuatro años, cuando los estudiantes se pusieron en contacto con Greenpeace Australia-Pacífico, que es la región de la que provengo. Necesitábamos el apoyo de los gobiernos, y utilizamos nuestra red legal para empezar por los gobiernos del Pacífico. Tenemos oficinas regionales en distintas zonas, que se pusieron en contacto con sus gobiernos para participar en el proceso.

Esta opinión consultiva no es legalmente vinculante, pero lo que salga de ella puede influir en las leyes que sí lo son. Una opinión consultiva del gran tribunal del mundo tiene un montón de fuerza y un gran valor moral

Además, como parte de Greenpeace, tenemos una enorme red internacional y la lucha se convirtió en algo más que una lucha de base. A partir de ahí, el alcance fue mundial. Todo ese lobby y el ruido del activismo fueron útiles en esta lucha, pero son los estudiantes de las islas del Pacífico que luchan contra el cambio climático los que unieron a todo el mundo para llevarlo al más alto tribunal del mundo.

¿Cuántas personas y de cuántos países están aquí hoy?

Hay gente del Pacífico, gente de Europa, de Asia, de Sudamérica y también de Oriente Próximo. A lo largo de estos días vendrá más gente de todo el mundo, de Filipinas, de muchos países. Necesitamos que llegue el mayor ruido posible a esa sala.

¿Qué espera de las vistas? No es un juicio, es una opinión del tribunal…

Esta opinión consultiva no es legalmente vinculante, pero lo que salga de ella puede influir en las leyes que sí lo son. Una opinión consultiva del gran tribunal del mundo tiene un montón de fuerza y un gran valor moral, que puede catalizar los cambios legales que se requiere en términos de protección de los derechos humanos cuando se trata de cambio climático. Tenemos a todas las Naciones Unidas aquí con presentaciones de diferentes Estados y espero que las voces de la comunidad también se reflejen dentro de ese proceso.

¿Qué se puede esperar de los países que contaminan más y que también están participando?

Buena pregunta. Muchos de ellos argumentarán que este tipo de casos no deberían tratarse en la Corte Internacional de Justicia, sino en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se encuentra el Acuerdo de París. Esos procesos son extremadamente frustrantes y realmente lentos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha dictaminado recientemente que hay que ir más allá de Convención de la ONU, que hay que ir más allá del Acuerdo de París y utilizar todo lo que esté disponible.

No se trata sólo de un caso climático, se trata de la vida de las personas, del sustento de las comunidades, de personas que intentan permanecer en sus tierras, hablar sus lenguas, practicar sus culturas

No se trata solo de un caso climático, se trata de la vida de las personas, del sustento de las comunidades, de personas que intentan permanecer en sus tierras, hablar sus lenguas, practicar sus culturas. Habrá Estados, que son los más contaminantes, que dirán que deberíamos mantener esto dentro del otro sistema; pero hay una unidad enorme y poderosa, un Sur global unificado. Tenemos que utilizar todo lo que tenemos disponible para proteger los derechos humanos.

¿Qué le parece la posición que han mantenido durante las vistas China y Estados Unidos que han rechazado las obligaciones o responsabilidades legales? [Esta pregunta se añadió al formulario por teléfono tras varios días de audiencias en el tribunal].

Tanto EEUU como China intentaron minimizar sus obligaciones de tomar medidas ambiciosas contra el cambio climático. Es decepcionante, pero no sorprendente, que los principales contaminadores del mundo ignoren la ciencia y eludan su responsabilidad en la crisis climática. Al ignorar los derechos humanos y las obligaciones legales existentes, y rechazar la justicia climática, están abandonando a las comunidades vulnerables al clima a los daños que han causado.

¿Qué creen que decidirán los jueces?

Los jueces son personas y por eso es tan importante contar con las voces de las comunidades para llegar a las emociones que llevan dentro. Espero que estén en el lado correcto de la historia en esto y escuchen a las comunidades y a las personas que realmente se enfrentan a la crisis climática y no a los que instigan y contaminan el medio ambiente. Este es un momento de la historia en el que todas esas cosas pueden cambiar.

Estamos frente al tribunal de ONU por una opinión consultiva, ¿cree que estaremos aquí dentro de unos años por un juicio global por el cambio climático?

Espero que no, porque estos procesos pueden ser largos, frustrantemente lentos, y las comunidades no pueden esperar tanto. Ya hay muchas comunidades que están siendo reubicadas o que tienen que mudarse debido al aumento del nivel del mar. Hay vidas que están siendo destruidas por esto y no podemos tener otro proceso que lleve tanto tiempo. Estas sentencias judiciales tardan en resolverse de tres a seis meses y luego los Estados tienen que aplicarlo en su ordenamiento jurídico y luego a nivel internacional. Espero que no tome de dos a tres años y que sea lo más rápido posible para que nuestras comunidades puedan vivir una vida digna.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/impulsores-mayor-causa-judicial-justicia-climatica-espero-jueces-esten-lado-correcto_1_11876936.html

La Cumbre de Biodiversidad en Colombia acaba con resultados mediocres

 Por Ecologistas en acción

Fuentes: Ecologistas en acción

– Ecologistas en Acción considera preocupante el escaso número de países que han presentado sus planes nacionales para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad.

– Resulta especialmente grave que los flujos financieros privados y públicos que van a inversiones destructoras de la biodiversidad no hayan sido identificados y reducidos drásticamente.

– La organización ecologista critica el rol de bloqueo y de apuesta por una visión mercantilista de la naturaleza de países como Argentina, Brasil, Arabia Saudita y Canadá, mostrando su decepción por el insuficiente liderazgo de la UE en muchas de las decisiones.

Finaliza la Cumbre de Biodiversidad (COP16) en Cali, Colombia, tras dos semanas de intensos debates. Existen avances en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el mecanismo de evaluación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y en la protección de áreas marinas en aguas internacionales, pero también hay graves retrocesos por la visión mercantilista de la naturaleza y la falta de compromisos en financiación.

Marco Mundial de Biodiversidad

La COP16 estaba llamada a ser la cumbre de la implementación y desarrollo del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero esto se ha cumplido solo a medias. En el lado positivo, cabe señalar que se ha adoptado el Marco de Evaluación y Seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, incluyendo una serie de indicadores y fuentes de información bastante amplias que permitirá recopilar datos sobre el progreso en el cumplimiento de las 23 metas.

Sin embargo, una visión más amplia permite entender algunas graves carencias que han salido de la cumbre de Cali. Por un lado, hasta la fecha solo 44 de los 196 países han presentado sus planes nacionales para conservar la biodiversidad, adaptados al Marco Mundial, con una calidad y ambición en muchos casos cuestionable. Quedan, por tanto, 152 países que deberían presentar estos planes estratégicos antes de diciembre de 2024, hecho que Ecologistas en Acción considera altamente improbable. Además, del Marco de Evaluación y Seguimiento ha desaparecido el compromiso de que la convención genere informes donde se evalúe el progreso de cada país o la posibilidad de formular propuestas de políticas vinculantes, algo especialmente grave.

Por otro lado, en el apartado de financiación, no hay novedades en cuanto a la aportación de los países ricos para financiar la conservación de la biodiversidad. El compromiso sigue siendo voluntario, de 20.000 millones anuales en ayudas en 2025 y 30.000 en 2030.

Las organizaciones sociales participantes en la COP dentro de la Alianza por el CDB, en la que se incluye Ecologistas en Acción, muestran una decepción profunda, ya que en los acuerdos ha quedado totalmente diluida la reclamación de la ciencia y de las organizaciones sociales de que los flujos financieros privados (corporaciones, bancos y fondos de inversión) y públicos (subsidios e incentivos) que van a inversiones destructoras de la biodiversidad sean identificados y reducidos drásticamente mediante regulaciones internacionales. En este contexto, los 30.000 millones de dólares anuales prometidos para políticas de conservación no llegan a ser ni “un diminuto David frente a Goliat”, declara Ecologistas en Acción, comparados con los 7.000.000 millones (o 7 billones) de dólares que cada año se invierten en destruir la naturaleza, según reconoce el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Cambio climático y biodiversidad

La cumbre ha aprobado un texto sobre la respuesta coordinada a las crisis climática y de biodiversidad, donde se reconoce que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son crisis interdependientes, que deben ser confrontadas de forma coordinada. Asimismo, se ha acordado proponer un grupo de trabajo conjunto de los tres convenios de Río, que reportará sus conclusiones antes de la COP17. Pero es un documento con serias deficiencias que no permite afrontar adecuadamente la gravedad de la situación. La propuesta inicial planteada por el órgano científico alertaba del impacto negativo sobre la biodiversidad de los monocultivos intensivos y plantaciones para agrocombustibles, puesto que sustituyen bosques naturales y cultivos de subsistencia, y pedía implementar salvaguardas para asegurar un enfoque basado en los derechos humanos. Asimismo, se pedía al Secretariado del CDB que recopilase información sobre créditos y compensaciones de biodiversidad, y otros enfoques de mercado y su efecto sobre la biodiversidad. Ninguna de estas propuestas ha prosperado: han quedado fuera del texto final o han sido diluidas seriamente.

El texto aprobado, pese a los intentos de algunas delegaciones como Arabia Saudita o Rusia, se reafirma en la moratoria sobre los experimentos de manipulación masiva del clima. Ecologistas en Acción alerta de los recurrentes intentos de sectores económicos y algunos países para usar tecnologías tan peligrosas como esas.

Amenazas emergentes tecnológicas y de mecanismos mercantilistas

Esta es la COP en la que se han tratado también una serie de tecnologías y mecanismos que, potencialmente, pueden tener un impacto muy negativo en la biodiversidad. El rápido desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería genética fue analizado en una resolución sobre biología sintética, mediante la cual se crean microorganismos “a la carta” que no existen en la naturaleza, así como herramientas como los impulsores genéticos, las cuales potencialmente pueden afectar poblaciones silvestres de especies naturales y provocar cambios genéticos masivos en poblaciones enteras de una especie o su extinción dirigida, bajo la justificación de ventajas económicas en un caso o de eliminar vectores biológicos de enfermedades contagiosas en el otro.

En la resolución aprobada se mantuvieron los enfoques dedicados a plantear la biología sintética como una oportunidad de las partes, y se eliminaron una serie de salvaguardas fundamentales.  Entre ellas, la petición de incorporar el principio de análisis de perspectivas, monitoreo y asesoramiento de este tipo de tecnologías de un modo multidisciplinario (no únicamente tecnológico), bajo un grupo de trabajo ad hoc, con garantías de independencia de sus miembros y sin conflictos de intereses.

Ecologistas en Acción manifiesta que esta ha sido la COP donde las empresas han tenido una presencia más masiva y evidente, ocupando espacios, desarrollando presentaciones de sus iniciativas y proyectos, y generando una apabullante presión hacia las delegaciones. El aspecto más evidente ha sido el impulso dado a mecanismos de mercado que, bajo diferentes nombres y modalidades, ponen precio a la biodiversidad y la lanzan a los brazos de los mercados y las empresas. Estos son mecanismos como los créditos de biodiversidad, las compensaciones, o esquemas de “no pérdida neta” o “ganancia neta”. En todos los casos se trata de mecanismos en los cuales se asigna un valor económico a “unidades” de especies o de ecosistemas, que los inversores compran bien sea para volver a vender posteriormente o para compensar la destrucción de ecosistemas supuestamente equivalentes en otro lugar. Este tipo de sistemas, igual que con los créditos de carbono, suponen mercantilizar la naturaleza, tienen profundas incertidumbres operativas desde un punto de vista técnico y suponen un menosprecio a los valores sociales y espirituales que la biodiversidad tiene para los pueblos y comunidades.

Ecologistas en Acción denuncia que este tipo de enfoques suponen repetir los errores cometidos décadas atrás con las emisiones de carbono, que se han demostrado muy ineficientes, y ceden la iniciativa que deberían tener los poderes públicos a la “mano invisible” del mercado, lo cual es inaceptable.

Más aún, la centralidad dada a las empresas ha provocado que el documento sobre Integración de la biodiversidad en todos los sectores haya quedado enfocado a estudiar y promover la implicación del sector privado en financiar la biodiversidad, sin criterios específicos para que los países efectivamente incluyan la biodiversidad en todas sus políticas públicas y regulen los límites al sector privado.

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/326215/la-cumbre-de-biodiversidad-en-colombia-acaba-con-resultados-mediocres/

La COP16 arrancará con un 85% de países incumpliendo el plazo para presentar sus planes de acción

 Por Pablo Castaño

Fuentes: Climática [Imagen: Reunión previa a la COP16, que arranca el lunes 21 de octubre. Foto: UN Biodiversity/Flickr.]

España ha sido uno de la veintena de países que sí ha presentado a tiempo sus compromisos medioambientales actualizados de cara a la cumbre de biodiversidad, que tendrá lugar en Cali (Colombia) del 21 de octubre al 1 de noviembre.

A unos días de que arranque la COP16 –la conferencia bianual sobre biodiversidad que se celebra en Cali (Colombia)–, tan solo 25 de 195 países han enviado sus planes de acción para revertir la destrucción de los ecosistemas, según una investigación conjunta de Carbon Brief y The Guardian. Un mal comienzo de una cumbre clave para revertir la crisis de biodiversidad, que ya ha provocado una reducción del 73% del tamaño de las poblaciones de fauna silvestre en los últimos 50 años.

La COP16 es la primera después de la aprobación, hace dos años, del Marco Global de Kunming-Montreal, el primer gran acuerdo internacional para actuar contra la pérdida de biodiversidad. Como sucede en las cumbres sobre cambio climático, los Estados parte debían enviar antes de la reunión sus Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo de 2022. Sin embargo, 170 no lo han hecho. España, en cambio, sí ha sido uno de la que ha cumplido con el plazo. “Muchos países no han presentado nada, unos porque carecen de ambición y otros porque carecen de apoyo, países en desarrollo donde los ministerios de Medio Ambiente tienen muy pocos recursos”, explica Laura Moreno, responsable de Especies de WWF España.

Respecto al plan enviado por el Gobierno español, Moreno lamenta la falta de concreción: “Hace falta un plan más ambicioso”. La experta alerta sobre la posible descoordinación entre Estado y comunidades autónomas y entre diversos ministerios. Reclama un “plan de gobierno”, ya que muchos de los objetivos sobre biodiversidad escapan a las competencias del Ministerio de Transición Ecológica. “Por ejemplo, en el tema alimentario debería haber un plan conjunto del Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura”, argumenta.

Además de la revisión de los planes nacionales, uno de los ejes de la COP16 será la financiación. En Montreal (Canadá) se acordó movilizar cada año 200.000 millones de dólares para protección de la biodiversidad, pero la representante de WWF considera que las aportaciones de los Estados no serán suficientes y pide “revertir los subsidios perversos que perjudican a la biodiversidad”.

Simon Counsell, investigador de Survival Internacional, lamenta que “solo uno de los 22 proyectos aprobados hasta ahora [en el marco del acuerdo de Montreal] está directamente relacionado con la protección de territorios indígenas”, pese al importante rol de los pueblos indígenas en la protección de ecosistemas. 

Otro de los retos de la COP de Cali será integrar la lucha climática y de biodiversidad. Según un estudio elaborado por el Centro Alemán de Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv) y la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, en 2050 el cambio climático podría convertirse en el principal motor de la extinción de especies. “Debería haber planes conjuntos entre estos convenios” –reclama Laura Moreno– y “potenciar la restauración de bosques, manglares y humedales. Tienen un papel crucial en la crisis climática”.

Colombia, el país anfitrión

El Gobierno colombiano de Gustavo Petro ha puesto toda su energía en el éxito de la cumbre, que pretende utilizar como escaparate de sus esfuerzos en materia ambiental. Linda González, coordinadora del Área de Selvas y Biodiversidad de la asociación colombiana CENSAT, reconoce que “el Gobierno ha incorporado la agenda ambiental”, pero recuerda que “la cartera ambiental no llega al 1% del presupuesto nacional” de Colombia, uno de los países con más variedad de especies del mundo. 

Aunque la aprobación del Marco Global Kunming-Montreal fue ampliamente recibida como un avance, el cumplimiento de sus objetivos está en el aire. Grandes economías como Estados Unidos ni siquiera son parte del Convenio de Río de 1992. Además, la Comisión Europea ha anunciado que atrasará la aplicación del reglamento contra la deforestación que prohibirá la entrada en el mercado europeo de ciertas materias primas vinculadas a la destrucción forestal, un precedente que arroja dudas sobre el compromiso del bloque europeo con los objetivos de la COP16.

Durante los próximos 10 días, el Ejecutivo de Gustavo Petro tendrá la responsabilidad de dinamizar las negociaciones para conseguir un acuerdo internacional ambicioso, que haga realidad las promesas de Montreal y pongan freno a una crisis que la comunidad científica ya denomina como la Sexta Extinción.

Fuente: https://climatica.coop/cop16-primer-examen-politicas-biodiversidad/

Mercados de carbono: contaminadores y desmontadores se pintan de verde

 Por Lucía Guadagno

Fuentes: Tierra viva [Foto: Asociación Forestal Argentina]

El sector privado y los gobiernos impulsan la producción, compra y venta de «créditos de carbono», un mercado donde las empresas contaminantes prometen compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos que absorban o remuevan carbono. Organizaciones y comunidades advierten que no benefician al ambiente y, por el contrario, tienen impactos negativos. La crisis climática y sus falsas soluciones.

“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).

En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.

Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.

Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.

A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.

Petroleras “carbono-neutrales”

Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.

Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.

Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.

Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.

Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.

Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.

Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”

Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.

También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.

Compensación con la selva misionera

Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.

Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.

Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.

Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.

Monocultivos en Corrientes

Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.

De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.

Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.

“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”

Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.

Unitán en Chaco

Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.

Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.

La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.

El lobby

Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.

AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.

A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.

En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.

En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.

Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.

Mercados regulados y voluntarios

En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.

Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.

En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”

Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.

La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.

La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.

Rechazo de organizaciones internacionales

En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a «Detener los de mercados de carbono«.

“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/mercados-de-carbono-contaminadores-y-desmontadores-se-pintan-de-verde/