domingo, 7 de junio de 2026
jueves, 21 de mayo de 2026
El Shock Energético en Venezuela y el Imperativo de la Paz
Kelly J. Pottella G.
La comprensión de la realidad nacional exige, hoy más que nunca, despojar la mirada de pasiones inmediatas y elevar el análisis hacia el frío tablero de las relaciones internacionales. El mundo atraviesa una transición estructural profunda en su sistema de poder, un doble movimiento estratégico conducido por los Estados Unidos que redefine simultáneamente las realidades de Europa Oriental y de la cuenca del Caribe. Mientras en el frente euroasiático la Cumbre de los Nueve de Bucarest (B9) formaliza la doctrina "NATO 3.0" imponiendo un severo reequilibrio donde los socios europeos se ven obligados a asumir el costo financiero y operativo de su propia defensa mediante presupuestos que rozan el 5% de su PIB, en el frente caribeño Washington ejecuta un viraje pragmático y transaccional.
Este fenómeno, caracterizado como un "Arbitraje de Soberanía", busca utilizar la base de recursos energéticos de Venezuela como el activo colateral definitivo para estabilizar los balances financieros de Wall Street y garantizar los flujos materiales que la infraestructura industrial y tecnológica global demanda con urgencia. En medio de esta monumental presión externa, el Ejecutivo encargado venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asume la conducción del Estado no desde la libre opción ideológica, sino desde la administración fáctica de una de las coyunturas más complejas en la historia de nuestra República.
Las decisiones de la conducción interina se comprenden a partir de la rigidez del andamiaje legal y judicial de la Casa Blanca, el cual opera bajo las directrices del plan estratégico delineado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde una perspectiva estrictamente fáctica, la viabilidad de un retorno al modelo político anterior es inexistente en el corto y mediano plazo, pues los mercados internacionales y los actores globales han determinado que la permanencia de Nicolás Maduro representa un factor de inestabilidad incompatible con la seguridad jurídica necesaria para los negocios de gran envergadura.
Este desplazamiento no constituye un hecho político aislado, sino un proceso jurídico de carácter irreversible apuntalado por la reactivación formal de la doctrina antiterrorista estadounidense, cuyo peso se evidencia en el procesamiento penal activo en los tribunales de Miami y en los expedientes de dominio público derivados de la extradición de Alex Saab, los cuales vinculan de forma documental estructuras logísticas con organizaciones como Hezbolá.
Ante un Estado financieramente exhausto, con una deuda externa en mora que supera los 170.000 millones de dólares y bajo un esquema de sanciones de la OFAC que restringe el crédito formal a trabajos preparatorios, la gestión de la presidenta (E) se encuentra ante la necesidad material de abrir el sector energético al capital privado transaccional, como lo demuestra el borrador del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que transfiere la obligación de autogeneración eléctrica a las corporaciones y de reanudar relaciones técnicas con el Banco Mundial y el FMI. Estas medidas constituyen la ejecución técnica de salvaguardas financieras e institucionales indispensables para evitar el colapso operativo del país.
Es en este punto crucial donde los venezolanos y la comunidad internacional debemos desarrollar una profunda conciencia histórica para no caer en las trampas de la polarización o el debate superficial. El cumplimiento de las directrices fiscales y las concesiones operativas forzadas por las circunstancias pueden generar contradicciones lógicas en el seno de la población, exacerbadas en ocasiones por las limitaciones inherentes a las políticas comunicacionales en tiempos de crisis.
Sin embargo, catalogar estas maniobras de supervivencia institucional como una traición o una capitulación es un error de lectura geopolítica que ignora los límites reales del poder nacional frente a las potencias globales. Por encima de cualquier debate sobre los modelos de apertura económica o la participación de firmas como Centerview Partners y Yorkville Advisors, existe un imperativo categórico indiscutible: la preservación de la paz social y el resguardo sagrado de la vida humana.
En un siglo caracterizado por la reconfiguración violenta de fronteras y zonas de influencia, la estabilidad interna de Venezuela es el único escudo real para evitar el caos y el sufrimiento de las familias venezolanas. Apoyar la viabilidad del Estado y mantener la cohesión civil sobre todas las cosas no es un acto de sumisión política, sino una demostración de madurez ciudadana y la única estrategia racional para transitar la transición global protegiendo el futuro de nuestra nación. Al final, mientras el análisis académico describe estas maniobras como una cruda estrategia de supervivencia frente al poder global, la historia oficial las registrará bajo una narrativa muy distinta: la de una resistencia soberana que supo quebrar el cerco sin doblegar sus principios.
Miembro de la Red Nacional de Escritor@s Socialistas de Venezuela. Promotora cultural. Pertenece al periódico comunitario Enlazando la Diversidad. Estudiante de sociología. Vocera del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Cultura por Dtto Capital.
kellypottella@gmail.com
lunes, 18 de mayo de 2026
El nexo átomo-silicio. Reconfigurando la soberanía en el umbral del siglo XXII.
Por: Kelly J. Pottella G.
La arquitectura del sistema internacional contemporáneo está experimentando una metamorfosis tectónica, pasando de una hegemonía tradicional basada en los hidrocarburos a una matriz de poder donde Venezuela emerge como el "Estado del Silicio". Esta transición significa que la nación ya no se posiciona simplemente como una reserva de petróleo crudo, sino como un nodo crítico para las cadenas de suministro de la Cuarta Revolución Industrial. En esta nueva práctica geoestratégica, la soberanía se negocia mediante la convergencia de la seguridad radiológica, la solvencia financiera transnacional y la inmensa energía eléctrica necesaria para sostener la infraestructura global de Inteligencia Artificial.
La reciente y decisiva intervención de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) para extraer 13,5 kg de uranio altamente enriquecido del reactor RV-1 debe entenderse como el cierre definitivo de un ciclo de seguridad del siglo XX y la inauguración de una era de "limpieza estratégica" que precede a una inyección masiva de capital. Esta operación, coordinada bajo los estrictos estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que culmina con el procesamiento del material en el Sitio de Savannah River, elimina de manera efectiva los riesgos radiológicos que históricamente representaron obstáculos para la normalización diplomática con los centros de poder occidentales. Este desarme técnico funciona, por lo tanto, como un requisito previo para la transición hacia una fase de estabilización, donde la seguridad hemisférica se garantiza mediante la eliminación de componentes de doble uso, lo que permite que el territorio venezolano se reclasifique como un destino viable para los flujos de capital institucional.
Simultáneamente, la emisión de la Licencia General N.° 58 de la OFAC proporciona el marco legal fundamental para un proceso de "privatización dirigida" de la deuda soberana. Al habilitar servicios legales y financieros especializados para la reestructuración de los pasivos de PDVSA, se establece un sólido mecanismo de control en el que la soberanía operativa se desplaza progresivamente de la administración estatal hacia consorcios transnacionales y comités de acreedores. Esta reingeniería financiera busca transformar la deuda externa en una dación en pago mediante activos estratégicos, permitiendo que la renegociación de 60 mil millones de dólares en bonos impagos actúe como catalizador principal para la entrada de capital de riesgo, con el objetivo, paradójicamente, de fortalecer la infraestructura interna bajo los estándares internacionales de propiedad privada.
La irrupción de gigantes financieros como BlackRock en el panorama nacional venezolano introduce una variable altamente disruptiva: la valoración del territorio como infraestructura para la inteligencia artificial. La gran abundancia de recursos hídricos y la capacidad de generación hidroeléctrica de bajo costo otorgan al país una ventaja comparativa única para sostener enormes centros de datos de alto consumo energético. En consecuencia, se observa una profunda mutación en el paradigma rentista: el Estado ya no se valora exclusivamente por lo que extrae de su subsuelo, sino por la energía eléctrica que puede suministrar a la economía del silicio, transformándose potencialmente de exportador de materia prima a procesador de datos para la hegemonía tecnológica global.
En el plano territorial, la disputa por el Esequibo y la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) configuran un escenario crítico de resistencia nacionalista contra la judicialización unilateral de la soberanía. Al ratificar el Acuerdo de Ginebra de 1966 y rechazar explícitamente la jurisdicción de La Haya, el Estado venezolano intenta impedir que la controversia se resuelva bajo la lógica de la realpolitik petrolera, que históricamente favorece a las corporaciones transnacionales que operan en aguas no delimitadas. Este afianzamiento jurídico funciona como una respuesta necesaria a la amenaza de despojo territorial amparada por marcos legales que el Estado considera defectuosos, lo que subraya la tensión intrínseca entre el derecho soberano y la expansión de los intereses energéticos del capital global.
La retórica actual de Washington, que oscila entre la diplomacia reservada y el discurso de anexión territorial bajo la figura provocadora del "51.º Estado", constituye un ejercicio estratégico de presión coercitiva. Esta narrativa, lejos de ser errática, busca reducir el margen de maniobra de la contraparte en la mesa de negociación y erosionar la cohesión ideológica nacional mediante la amenaza de una pérdida absoluta de la identidad republicana. Tales tácticas obligan al Estado a un proceso inmediato de reingeniería estructural, como lo demuestra la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que busca ampliar el número de magistrados a 32 para proteger el aparato judicial interno, actuando como barrera legal contra cualquier intento de supervisión extranjera o administración directa.
El actual «momento de ruptura» se define por la interrelación entre la dependencia financiera y la exigencia de validación internacional. El cese de los suministros preferenciales a antiguos aliados regionales, como Cuba, evidencia una fractura definitiva con las arquitecturas geopolíticas previas de integración energética, señalizada por Petrocaribe. Esto indica un giro hacia un realismo pragmático donde el recurso energético se utiliza para garantizar la solvencia interna y la estabilidad del nuevo pacto político. El país se encuentra esencialmente en un proceso de «adaptación» para alinearse con los estándares occidentales de transparencia financiera y seguridad operativa, condición que se presenta como la única vía para el cese de las medidas coercitivas y la reinserción en los mercados de capitales globales.
Desde una perspectiva geoestratégica, la soberanía nacional se disputa hoy en día en tres frentes simultáneos: el financiero (control de la deuda), el territorial (integridad del Esequibo) y el tecnológico (gestión del poder computacional). La resiliencia de las instituciones venezolanas frente a pretensiones de anexión o tutela colonial dependerá de su capacidad estratégica para gestionar estos tres frentes distintos sin permitir que la apertura al gran capital se traduzca en una erosión irreversible de la autonomía política. El desafío histórico crucial reside en utilizar la riqueza natural no como un ancla a un pasado extractivista, sino como un puente hacia una soberanía digital y energética que garantice el desarrollo en un entorno global definido por la extrema volatilidad y la competencia por los recursos.
Una paradoja significativa reside en que, si bien Washington exige rigurosos estándares democráticos internos, sus propias estructuras representativas sufren retrocesos, como lo demuestra el fallo del caso Louisiana contra Callais , que debilita la Ley de Derecho al Voto de 1965. Esta inconsistencia debilita la autoridad moral de los dictados occidentales y permite a Venezuela articular una defensa basada en la multipolaridad y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la realidad económica impone sus propios límites rígidos; la expansión del Tribunal Constitucional de Israel sugiere una preparación proactiva para un alto volumen de litigios comerciales y contratos transnacionales, lo que requiere una sólida seguridad jurídica para evitar que la transición degenere en una nueva forma de colonialismo corporativo.
Venezuela se encuentra en el epicentro de una reconfiguración hemisférica donde el petróleo es solo el punto de partida para un debate mucho más profundo sobre energía, datos y territorio. La estabilidad futura depende de la inteligencia con la que se gestione la transición hacia la era del silicio y el átomo. La soberanía nacional solo puede preservarse si se logra un equilibrio preciso entre la necesaria reinserción financiera y la defensa inquebrantable de la integridad territorial, garantizando que el país funcione como un actor soberano con capacidad para decidir su propio destino tecnológico y social en el nuevo orden mundial.
miércoles, 29 de abril de 2026
Columna de Juan Martorano 530 El martes 5 de mayo vence la licencia de la OFAC que impide el robo de Citgo y Amber Energy ofrece $11 mil millones por su no renovación
Juan Martorano
La semana que viene marcan dos puntos de inflexión de importancia para nuestra patria, y que a nuestro juicio es parte de la agenda político mediática que no podemos soslayar. El primero lo indicamos en la edición precedente, referido al tema de las audiencias públicas que arrancan el lunes 4 de enero en la Corte Internacional de Justicia respecto a nuestra reclamación histórica del territorio de la Guayana Esequiba. Y el segundo que esperamos desarrollar en las líneas siguientes.
Nuevamente debemos hacer la alerta, para que nuestro pueblo esté atento. Pendiente y vista como lo dirían nuestros hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la revisión que hemos hecho hace cuatro días ya del portal Bitácora Económica, quien a su vez replica informaciones de la agencia Reuters, nos topamos con la información de que el CEO de Amber Energý (empresa que fraudulentamente compró Citgo por una cifra de 6 mil millones de dólares cuando de acuerdo a valuaciones, Citgo es un activo cuyo valor no baja de 20 mil millones de dólares), nos referimos a su director ejecutivo, Greg Goff, prometió 11 mil millones de dólares en inversiones en Citgo Petroleum si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos entrega la refinería propiedad de Venezuela a Amber, como lo aprobó el juez del tribunal de Delaware, Leonard Stark, en noviembre del año pasado.
El llamamiento de Goff para que la OFAC cediera el control a Amber se produjo en una columna de opinión que escribió con el presidente de Amber, Paul Foster, que apareció en el sitio web del Wall Street Journal el jueves por la noche, reporta Reuters.
Goff y Foster dijeron que se invertirían mil millones de dólares para agregar 125.000 barriles por día a la capacidad de refinación de petróleo crudo en la refinería de 165.000 bpd de Corpus Christi, Texas.
Otros 500 millones de dólares se destinarían a ampliar la capacidad de coque en la refinería de 188.023 bpd de Lemont, Illinois, para aumentar la producción de diésel y asfalto en el Medio Oeste, agrega la agencia de noticias.
Se gastarían unos 250 millones de dólares en ampliar la capacidad de producción de gasolina premium en la refinería de 459.800 bpd de Citgo en Lake Charles, Luisiana.
La compra de PDV Holding, la matriz de Citgo, por parte de Amber por 5.900 millones de dólares, está pendiente de aprobación final. Amber es una filial de Elliott Investment Management.
El 28 de marzo del presente año, escribíamos en la edición 510 que titulamos: “Si quieres saber quién se beneficia de la agresión militar y del secuestro del Presidente Maduro y Cilia Flores. Sigue el rastro del dinero”. Ahí nos referimos a un estupendo artículo del argentino Bruno Sgarzini publicado en El Diario Red que entendemos es una red española, donde nos referimos a Paul Singer, dueño de ese fondo buitre, y a su vez dueño tras bambalinas de Amber Energý.
Recordemos que Citgo es el principal activo que tenemos en EEUU con más de 15 mil estaciones de servicio en ese país, da empleo a cerca de 4.000 personas y posee tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois. Cabe destacar que esas refinerías están diseñadas para procesar solamente el crudo que proviene de nuestro país, Venezuela.
En aquella oportunidad, hace un mes y un día para ser exactos, señalamos que Sgarzini al momento del secuestro del Presidente Nicolás Maduro, la revista Fortune lo calificó como uno de los "grandes ganadores" con la invasión militar estadounidense después de haber pagado la campaña de varios miembros de la Administración Trump, y financiado varios tanques de pensamiento promotores de una intervención en Venezuela.
La “compra” de Citgo había sido facilitada por varias medidas de la primera presidencia de Trump contra Caracas, como un embargo petrolero que le había impedido pagar sus bonos de deuda a la estatal venezolana PDVSA, y un litigio perdido por el país contra Cristalex, una minera canadiense, por la estatización de una de sus filiales en Venezuela.
Asimismo indicó Sgarzini en su muy esclarecedor escrito que Cristalex, luego de ganar un laudo arbitral contra Venezuela en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de la mina Las Cristinas, consiguió el 9 de agosto de 2018 un fallo del juez Leonard Stark del Distrito de Delaware en el que se dictaminó que PDVSA era un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela. Claro todo ello gracias a la colaboración de un abogado y ladrón de siete suelas como lo es José Ignacio Hernández.
De ahí el por qué una transnacional aurífera canadiense como Crystallex se vincula no solo al tema minero sino que además participa en la persecución de los activos de PDVSA en el exterior para cobrarse el laudo arbitral del Ciadi y abrió un camino a la demanda de varios acreedores de un bono de deuda de PDVSA, impago por las sanciones contra Caracas que desde 2018 le dificultan hacer cualquier transacción financiera a través sistema internacional de pagos (Swift). Pero esta situación ha empezado a cambiar con el reconocimiento al gobierno hoy encabezado por Delcy Rodríguez.
El juez Stark ordenó, acto seguido, la “subasta” de CITGO para pagarle a Cristalex y otros "acreedores" como la petrolera ConocoPhillips o Koch Minerals, muchos de ellos, con demandas judiciales contra Venezuela por varias estatizaciones.
Paul Singer con otros magnates, como Silver Point Capital, un fondo de cobertura con 43,000 millones de dólares en activos, fundó Amber Energy con el propósito de quedarse con CITGO en una oferta apalancada por otros gigantes financiero, como Apollo Global Managment de Marc Rowan, un administrador de fondos conocido por sus vínculos con Israel y su plan para la Rivera Gaza.
Y sin duda, y de forma extraña como señala Sgarzini refiriéndose a Singer, su oferta para quedarse con CITGO fue mucho más baja que la de su competidor directo, la minera canadiense Gold Reserves, estimada en ocho mil millones de dólares.
El CEO de Gold Reserve, Paul Rivett, presentó como indica Sgarzini en su escrito, una apelación en contra del juez Stark, su argumento de que el perito judicial, que avaló la elección de Amber Energy, fue asesorado por el bufete de abogados Weil, Gotshal & Manges y la firma de asesoría bancaria de inversión Evercore, quienes recibieron honorarios del fondo de Singer por "trabajos independientes" durante el juicio. PDVSA y otros acreedores también apelaron la decisión judicial.
Singer así se puede hacer de una de las diez refinerías más grandes de Estados Unidos por 5.900 millones de dólares cuando su valor de mercado se acerca a los 18 mil millones de dólares, de acuerdo a estimaciones del Gobierno Bolivariano de Venezuela.
Pero el fondo del asunto es que esto para Singer podría convertirse en un negocio rentable si CITGO comienza a recibir crudo pesado y extrapesado venezolano con descuentos con los nuevos acuerdos, firmados entre la Administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez. CITGO tiene una capacidad de refinación por encima de los 700 mil barriles diarios.
Caracas ha dicho que no reconoce el fallo que deja a Venezuela sin un centavo y otorga todo el dinero a las empresas que judicializaron al país por las estatizaciones del gobierno de Chávez, y a los acreedores del bono de deuda de PDVSA 2020.
Recordemos que hace un mes en la cita que hacíamos del artículo de Sgarzini señalamos que Singer, en este contexto, financió tanques de pensamiento donde se promovió la invasión de Venezuela; el Manhattan Institute —donde Singer presidió la junta directiva hasta 2025 y al que destinó más de 10 millones de dólares desde 2011, incluidos 2 millones en 2024— en agosto de 2024, habló sobre cómo "remover a Maduro del poder"; en octubre de 2025, elogió las "políticas consistentes de Trump contra Maduro".
Por su parte, el Hudson Institute recibió 100.000 dólares de la Fundación Paul E. Singer en 2024; sus expertos defendieron a capa y espada en Fox News la intervención como "un beneficio para la industria estadounidense". Cada una de estas visiones, por supuesto, escondió que Singer sería uno de los principales ganadores con la operación militar.
Su "compra" de CITGO, a través de una subasta judicial, solo resta que supere las apelaciones judiciales y obtenga una licencia del Departamento del Tesoro, dirigido por Trump, para poder avanzar.
No está de más recordar que desde 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) maneja varios activos venezolanos, como CITGO, y ha emitido prohibiciones, como la licencia GL 7C, contra la ejecución de las garantías de los bonos de PDVSA de 2020 para que los acreedores se hagan de la empresa.
Para el juez Stark; "si la OFAC otorga una licencia a Amber Energy, y si la sentencia de este tribunal no es revertida en apelación, muchos de los acreedores que han pasado años y millones de dólares intentando recuperar miles de millones en sentencias, finalmente obtendrán alivio".
Esta aprobación, por supuesto, no parece difícil; la relación de Singer con la Administración Trump es bastante profunda. El dueño del fondo buitre que litigó contra la deuda argentina es conocido por ser uno de los mayores donantes del partido republicano en los últimos años con 89 millones de dólares.
Entre 2008 y 2014, contribuyó en más de cien mil dólares a la carrera de Marco Rubio, el actual secretario de Estado, y financió su fallida candidatura presidencial en 2015 contra Donald Trump.
Después de intentar que Trump no volviese a ganar la candidatura republicana en 2024, apoyó su campaña con cinco millones de dólares y fundó, tiempo atrás, un club de mega donantes republicanos , llamado American Opportunity Alliance, que respalda a los congresistas del partido.
Singer, además, es un gran donante del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí y de la Fundación para la Defensa de Democracia, dos organizaciones de lobby pro israelí.
Singer es considerado uno de los padres de la nueva derecha conservadora pro Israel y un hacedor de reyes en el partido republicano. Su influencia es tal que, incluso, en la campaña de este año, lucha por desbancar a Thomas Massie, el único congresista republicano que cuestionó la invasión de Venezuela.
"Paul Singer, megadonante republicano globalista que ya ha gastado un millón de dólares para derrotarme en las próximas elecciones, ganará miles de millones de dólares con su inversión en Citgo, ahora que esta administración ha tomado el control de Venezuela", remarcó Massie, uno de los congresistas más críticos de Trump.
Por ello volvemos a recordar en esta oportunidad, que todo esto no es más que una vulgar operación de despojo colonial con una mampara judicial como lo denuncia Sgarzini en su escrito y planteamiento que compartimos totalmente.
Pero le agregamos subrayando lo caradura que es Amber Energy al pagar apenas 6 mil millones de dólares por hacerse de Citgo, para ahora plantear sobornar a la OFAC (lo cual están confesando un delito) por 11 mil millones de dólares a cambio de la no renovación de la licencia de la OFAC que vence el próximo martes 5 de mayo. Es decir que “pagan” casi el precio de nuestro principal activo de manera fraudulenta.
De ahí que el gobierno encabezado por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y en este caso el compañero Asdrúbal Chávez como Presidente de la empresa ejercer todas las acciones jurídicas y de otra índole para que esta acción delictiva de Amber Energy no logré su objetivo de hacerse de nuestro principal activo dentro del territorio estadounidense.
Alerta.
¡Bolívar y Chávez Viven. Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Leales siempre: Traidores Nunca!
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