Así intentan ocultar el impacto de las sanciones sobre la capacidad de atención de emergencias

 

Clodovaldo Hernández Un componente clave de la narrativa que hemos llamado carroñera sobre el desastre socio-natural del 24J es la ignorancia deliberada de ciertos contextos históricos y geopolíticos. Quienes se han lanzado, desde el primer minuto a aprovechar la tragedia con fines políticos, han borrado intencionalmente toda referencia a la precaria situación en la que se encuentra el país, tras diez años de medidas coercitivas unilaterales (sanciones) y un bloqueo que al principio fue solo económico y más tarde derivó también al ámbito naval y aéreo, hasta terminar en una agresión militar unilateral. Los medios de la maquinaria global, así como los nuevos líderes de la comunicación digital, los influencers, se han cebado en la crítica a la respuesta gubernamental, construyendo una narrativa falsa, según la cual la ayuda tardó en llegar y fue insuficiente. De entrada, han obviado la magnitud sin precedentes conocidos del fenómeno telúrico que, además, fue doble. Pretenden poner en segundo plano lo que es un hecho fundamental. Según los verdaderos conocedores del tema, en cualquier país, la atención habría sido un asunto muy complejo, en especial por la gran cantidad de inmuebles colapsados o severamente afectados. Más allá de eso, estos actores políticos y comunicacionales exponen sus cuestionamientos partiendo de una base inaceptable: la de que estamos hablando de un país que viene desarrollando sus actividades de manera normal. Se pasa por alto, sin rubor alguno, más de una década de asfixia económica; de medidas que redujeron de forma dramática los ingresos nacionales; más de diez años de parálisis obligada de las inversiones en infraestructura; un largo tiempo sin poder adquirir maquinarias y equipos que, en las actuales circunstancias, habrían ayudado de manera notable a las operaciones inmediatas de rescate. Las sanciones y el bloqueo han tenido un peso negativo evidente en la vida cotidiana del país, pues para eso han sido diseñadas y aplicadas. Por ello mismo y con más razón, han sido una limitante en la capacidad de respuesta ante una calamidad por demás desproporcionada. Soslayar esa realidad no es un olvido menor. Es, a todas luces, una distorsión radical de cualquier análisis. Puede que algunas personas emitan este tipo de opiniones de manera inocente, producto de la misma manipulación o del desasosiego generado por la tragedia misma, pero quienes dirigen la estrategia mediática y de redes están lejos de la ingenuidad. Ponen en marcha sus relatos con fines claramente propagandísticos, como parte de unas operaciones de guerra psicológica tan de vieja data como las sanciones referidas. Para entender esta situación, podemos recurrir a un ejemplo de escala menor. Supongamos que a un padre o una madre de familia se le despide de su empleo, se le impide que encuentre otro trabajo o que realice alguna actividad productiva y se le prohíbe comprar en los establecimientos comerciales de la localidad. Cuando se encuentra en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, ocurre un siniestro en su casa. Y, entonces, aparecen los mismos que le cercaron, que le hicieron la vida imposible, a criticarle porque, según esos mismos factores, le faltó capacidad para responder a la emergencia. Quienes pidieron sanciones para Venezuela; aquellos que aplaudieron el bloqueo y celebraron el bombardeo del 3 de enero deberían, como mínimo, abstenerse de formular críticas al manejo de la contingencia. Son corresponsables de los daños que ha sufrido el país durante una década y también en cualquier limitación que hayan experimentado las autoridades en tan difíciles circunstancias como las actuales.