Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 5 de junio 2026.
Mientras el continente latinoamericano enfrenta una nueva ola de contraofensiva reaccionaria, Bolivia se confirma como el epicentro de un choque de clases sin cuartel, donde las lógicas del capital transnacional intentan doblegar la soberanía de una nación que ha osado refundarse sobre bases plurinacionales. Desde hace más de un mes, el país está atravesado por protestas, movilizaciones y más de noventa bloqueos de carreteras en al menos siete departamentos.
La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz ha llegado según el guion que caracteriza a los planes de restauración colonial dictados desde Washington: la aprobación en el Senado de la «Ley de Regulación de Estado de Excepción» y la pública entrada en escena del Pentágono y del Departamento de Guerra estadounidense.
En este escenario de resistencia y cerco, las voces del líder indígena y expresidente Evo Morales Ayma y de la dirigente Wilma Colque, representante de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, asumen el valor de un testimonio teórico y práctico imprescindible. Sus análisis fueron recogidos en el marco de dos significativos espacios de debate internacional dedicados a la solidaridad con el pueblo boliviano y a la denuncia del ataque imperialista a la Patria Grande: uno promovido por las organizaciones populares argentinas, y el otro organizado por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Venezuela (CBST).
Lejos de ser simples crónicas de una crisis regional, sus intervenciones revelan los hilos invisibles que conectan el neoliberalismo interno con las estrategias globales de saqueo de los recursos estratégicos. El escenario en el que resuenan estas denuncias no es casual.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, fiel a la tradición del internacionalismo proletario y consciente de que la agresión imperialista no respeta las fronteras geopolíticas, ha transformado sus encuentros semanales en una trinchera ideológica: más necesaria que nunca en este momento de máxima agresión y creciente chantaje del imperialismo contra la revolución bolivariana, tras el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente Cilia Flores. Discutir sobre Bolivia en Caracas, o en los foros de solidaridad continental, significa reconocer que el destino de los pueblos de la región está estrechamente conectado.
La criminalización de las fuerzas populares bolivianas, el uso combinado del Lawfare (la guerra judicial) y de la violencia abierta no son fenómenos aislados, sino que responden al mismo guion aplicado contra todo intento de autodeterminación en el continente. En este espacio de coordinación, las vanguardias sindicales y campesinas han denunciado cómo la actual administración estadounidense está cercando al eje antimperialista, identificando en la caída de la Bolivia plurinacional la pieza necesaria para la recolonización económica de toda la región, empezada con el chantage a Venezuela.
La naturaleza global del enfrentamiento ha sido explicitada sin filtros por las declaraciones del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. A través de su cuenta en la plataforma X, el alto funcionario de la Casa Blanca se ha quitado la máscara de la diplomacia formal, calificando a los dirigentes de las organizaciones sociales bolivianas que encabezan las protestas de «narcoterroristas».
El uso de esta categoría lingüística y jurídica no es nuevo en la historia de América Latina; es el mismo paradigma de seguridad utilizado durante los años más oscuros del Plan Cóndor para justificar el exterminio político y la aniquilación de los movimientos populares. Hegseth, hablando en nombre del Departamento de Guerra y de la naciente Coalición Anticartel de las Américas (A3C), reafirmó el respaldo incondicional de Washington al gobierno de derecha de Rodrigo Paz Pereira, advirtiendo que Estados Unidos «está atento a lo que ocurre en Bolivia» para garantizar que no se permita regresar al antiguo statu quo del “dominio criminal”.
La respuesta de Evo Morales Ayma a este explícito acto de injerencia fue inmediata y radical. A través de los mismos canales, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS-IPCP) denunció cómo Estados Unidos pretende, una vez más, ejercer una tutela colonial sobre los asuntos internos de la nación. En su intervención en el foro internacional, Morales desestructuró la narrativa imperial:
«Mientras el pueblo lucha por defender su economía, sus recursos naturales y su derecho a decidir su propio destino -dijo-, Estados Unidos vuelve a inmiscuirse para respaldar a un gobierno cada vez más cuestionado. Ahora -añadió- recurren nuevamente al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y las demandas legítimas de quienes defienden la democracia, la soberanía y nuestros bienes comunes. Bolivia no necesita tutelaje ni amenazas”, afirmó.
El expresidente trazó luego un mapa lúcido del golpe de Estado permanente que está asfixiando al país. No se trata sólo de una crisis de gobierno, sino de una operación compleja que Morales define como un verdadero «Plan Cóndor judicial». El primer paso de esta estrategia ha sido el vaciamiento estructural de las instituciones democráticas y la proscripción de las fuerzas auténticamente revolucionarias. Morales explicó detalladamente cómo magistrados y jueces han operado al margen del mandato constitucional para arrebatar la sigla del MAS-IPCP a su base sociale, impidiendo la participación política de los líderes más respaldados.
Esta «estafa electoral preliminar» permitió el ascenso al poder de las fuerzas neoliberales encabezadas por Rodrigo Paz, una administración que hoy gobierna sin un consenso real. Los datos macroeconómicos y sociales presentados por Morales son indicativos: la inflación galopante, el retorno de la dependencia de los dictados del Fondo Monetario Internacional y una devaluación de facto de la moneda nacional han destruido el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, frente a la violencia institucional, el pueblo boliviano ha respondido con la resistencia y con números que desmienten la legitimidad pregonada desde el palacio. Morales destacó el histórico resultado del Voto Nulo en las últimas elecciones, que alcanzó niveles del ochenta por ciento en las circunscripciones uninominales y vio la derrota del proyecto gubernamental en ciento sesenta y nueve municipios.
Un dato que coincide con las encuestas urbanas de actualidad, las cuales registran una sanción popular y una desaprobación de la gestión del presidente Paz que roza el ochenta y siete por ciento. El neoliberalismo boliviano, por lo tanto, se sostiene exclusivamente sobre las bayonetas y el apoyo externo del Comando Sur. El pilar normativo de esta restauración autoritaria es la «Ley de Regulación de Estado de Excepción», aprobada por el Senado al término de una sesión dramática en la que participaron tres ministros de Estado, y enviada ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El análisis de este texto de ley devela un diseño subversivo contra la propia Constitución Plurinacional de 2009. Como denunció con fuerza el senador Wilder Veliz y se retomó en los foros internacionales, la norma concede una verdadera «carta blanca» a las fuerzas de seguridad para reprimir y matar a los manifestantes. La ley establece que las fuerzas armadas podrán intervenir en operaciones de seguridad interna cada vez que la capacidad operativa de la policía sea considerada insuficiente, extendiendo el control militar sobre las «infraestructuras críticas», los sistemas hídricos, las telecomunicaciones y las rutas carreteras estratégicas.
El elemento más inquietante y brutal del texto es la introducción de la presunción de legalidad y de buena fe para las acciones realizadas por militares y policías durante el estado de excepción. En términos materiales, esto significa que el uso de la fuerza letal contra los bloqueos de carreteras y las asambleas populares será considerado legítimo a priori por el Estado, garantizando la impunidad jurídica e incluso la asistencia técnica y legal gubernamental a quienes ejecuten las masacres.
Se trata, como señaló Veliz, de una disposición que viola frontalmente los tratados internacionales sobre derechos humanos y que prepara científicamente el terreno para un genocidio político contra las comunidades en lucha.
Wilma Colque y la materialidad de la tierra: la crisis agraria
Si el análisis de Evo Morales define el marco macro-político, el testimonio de Wilma Colque, destacada exponente de las organizaciones indígenas y campesinas del Trópico de Cochabamba, restituye la materialidad del drama vivido cotidianamente por las bases. Lo suyo no es una abstracción teórica, sino el relato de la tierra desnuda, del trabajo en los campos y del hambre que vuelve a asomarse en los hogares.
Colque denunció el impacto devastador de la escasez y el contrabando de combustible, una crisis provocada por las políticas de desregulación salvaje del gobierno de Paz.
La agricultura boliviana, en particular en las regiones productoras como el Trópico, ha vivido en los últimos veinte años un profundo proceso de mecanización; la tierra ya no se trabaja únicamente con el infatigable esfuerzo manual del azadón, sino mediante el uso de tractores y maquinarias que hoy se encuentran paralizados por la falta de diésel.
Esta interrupción de la cadena productiva se traduce en la destrucción de las exportaciones de productos alimenticios, como los cultivos de plátano, y en una dramática escasez de alimentos en los centros urbanos.
Las consecuencias sociales de este desastre económico golpean directamente a las generaciones futuras: la dirigente estimó que entre treinta mil y cuarenta mil niños de educación primaria han abandonado los estudios en el último periodo debido a la pobreza y a la imposibilidad de las familias de garantizar la subsistencia mínima, un fenómeno que se refleja de igual manera en la tasa de deserción que está vaciando las universidades públicas del país.
Un capítulo central del pensamiento expresado por Wilma Colque se refiere a la defensa de la identidad indígena frente al intento de asimilación y aniquilación simbólica operado por las nuevas élites neoliberales. La dirigente denunció con indignación la hipocresía de los candidatos de la derecha que, durante las campañas electorales, no dudan en vestir el poncho tradicional, tomarse fotos con las mujeres de pollera y balbucear frases en lenguas nativas para captar el consenso rural.
Una vez en el poder, sin embargo, esas mismas vestimentas y esos cuerpos se convierten en el objetivo de los gases lacrimógenos, las balas de goma y los proyectiles de plomo de la policía. In este contexto, la reapropiación de los símbolos se transforma en un acto revolucionario. La Wiphala, recordó Colque, no es una bandera electoral o el logotipo de un partido político: es el emblema milenario de la resistencia comunitaria andina, un código cosmogónico que une a los pueblos más allá de las fronteras, extendiéndose hasta las comunidades en lucha en el Perú.
El intento del gobierno de Paz de prohibir o reducir el valor de los símbolos plurinacionales responde a la voluntad colonial de borrar la subjetividad política de los pueblos originarios, rebajándolos nuevamente a mano de obra subalterna e invisible. La convergencia analítica entre Morales y Colque alcanza su punto culminante cuando se revela el verdadero motor inmóvil de la crisis boliviana: el control de las reservas minerales estratégicas, en primer lugar el litio y las tierras raras, metales fundamentales para la transición tecnológica e industrial de Occidente.
Bolivia posee las reservas de litio más grandes del planeta, situadas en el corazón de ese territorio geográfico conocido como el «Triángulo del Litio». Mientras que en los países vecinos, como el Chile y la Argentina de Javier Milei, este recurso ha sido completamente malvendido y entregado a las multinacionales estadounidenses y europeas sin que quede ningún beneficio real para las poblaciones locales, la Bolivia de la revolución plurinacional había iniciado un modelo de industrialización soberana con el Estado como actor principal.
El gobierno de Rodrigo Paz opera como el mandatario interno encargado de desmantelar este modelo soberano para alinearse con las exigencias extractivas de Washington y de las grandes corporaciones de Silicon Valley. Para alcanzar este objetivo económico, la militarización del territorio se ha convertido en una necesidad urgente. Wilma Colque lanzó una denuncia detallada que descorre el velo sobre las nuevas formas de ciberguerra y espionaje tecnológico aplicadas en el terreno.
«Un sistema de espionaje operado directamente por agencias estadounidenses -dijo- ha penetrado en las fronteras tripartitas entre los departamentos de Cochabamba y La Paz. Han instalado equipos de alta tecnología capaces de interceptar las antenas de telecomunicaciones, monitoreando cada llamada, cada mensaje y cada movimiento de los dirigentes sindicales. Sabemos exactamente dónde están ubicadas estas bases y sabemos que el objetivo final es la captura del hermano Evo Morales, para exhibirlo como un trofeo político para el imperialismo”.
A esta red de vigilancia digital se suma la vieja estrategia de la corrupción y la guerra sucia interna. Recursos financieros enormes, provenientes de préstamos internacionales que nunca se traducen en obras públicas para el pueblo, son canalizados a través de maletines que contienen hasta cien mil dólares para comprar la fidelidad de dirigentes complacientes, dividir a los sindicatos históricos y fracturar la cohesión de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Frente a un aparato represivo que se dota de instrumentos jurídicos especiales para legalizar la masacre y de tecnologías extranjeras para el control sosial, la respuesta que llega desde las comunidades en lucha no es de sumisión, sino de dignidad histórica. La conclusión del discurso de Wilma Colque resuona como un manifiesto de ética política para todo el continente. Las mujeres indígenas, las madres que han visto a generaciones de hijos luchar contra las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, se erigen hoy como las guardianas del futuro de la Patria Grande.
El anuncio es claro: si el gobierno de Paz decide decretar el Estado de Sitio aprovechando el fin de semana, los movimientos sociales saldrán a las calles con sus hijos para ejercer la desobediencia civil de masa, retirando a los jóvenes de los cuarteles y aplicando tácticas de autodefensa territorial, como los apagones controlados de la energía eléctrica y la interrupción de las redes de internet para cegar al aparato de espionaje estatal.
La lucha de Bolivia, examinada a través de las voces de Evo Morales y de Wilma Colque en los foros internacionales, demuestra que la contienda no se refiere a una presunta estabilidad institucional o a la gestión burocrática de una crisis. Lo que está en juego es la elección entre ser una colonia extractiva subordinada a las necesidades geopolíticas del Pentágono o seguir siendo un Estado Plurinacional soberano, donde la tierra, el litio y el destino de los hombres y de las mujeres pertenecen a quienes los trabajan y los defienden. “Somos millones – recuerda la dirigente indígena -, y estamos dispuestos a morir, pero no a agachar la cabeza”.
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