Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2026.
foto: Otros tiempos: Saab homenajeado por Nicolás Maduro, una vez que fuera rescatado por el gobierno revolucionario. Algo que repitieron en esos momentos de alegría, la presidenta (E) Delcy Rodríguez y el propio Diosdado Cabello. Hoy Saab está expuesto, luego de la extradición, a una condena de 20 años en las mazmorras estadounidenses.
En Venezuela, los hechos del 3 de enero de 2026 han
marcado un inédito punto de ruptura. Una incursión
conducida por las tropas especiales estadounidenses,
coadyuvadas por las británicas e israelíes, contra
puertos e instalaciones militares ha causado más de
cien víctimas entre soldados y civiles (entre ellos 32
militares cubanos), culminando en el secuestro del
presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia
Flores, su esposa. Este acto ha proyectado a la
República Bolivariana en una condición de pesado
chantaje institucional y de tutela de hecho (para
algunos analistas un “protectorado”), acelerando
dinámicas internas para definir los esquemas de poder,
la gestión de los recursos estratégicos y la interacción
con los mercados financieros occidentales.
En este escenario de soberanía bajo jaque se inserta el
caso de la repentina extradición y extradición hacia
los Estados Unidos de Alex Naín Saab Morán,
exministro de las Industrias y la Producción Nacional.
Saab ha estado al centro de una campaña internacional
para su liberación, que se ha desarrollado también en
Italia, país de origen de su esposa, Camilla Fabri.
Saab fue arrestado por primera vez el 12 de junio de
2020 en Cabo Verde, mientras se dirigía a Irán en lo
que Caracas describió como una misión humanitaria.
Fue extraditado a territorio estadounidense en octubre
de 2021, a pesar de que Venezuela había solicitado en
reiteradas ocasiones su liberación, denunciado una
violación de su inmunidad diplomática y calificado la
detención como un secuestro. El procedimiento estuvo
plagado de irregularidades: la notificación se emitió
24 horas después de la detención, no existía un tratado
de extradición con los Estados Unidos, y tanto la
CEDEAO como el Comité de Derechos Humanos de
la ONU exigieron su liberación sin éxito.
Durante más de un año, el diplomático sufrió
condiciones de reclusión extremas —celda de 3×3
metros, temperaturas elevadas, golpizas, falta de luz y
de asistencia médica— y en octubre de 2021 fue
extraditado a Miami. Allí, en un refugio seguro de la
CIA, fue sometido a torturas con agua para forzarlo a
cooperar contra Maduro.
En diciembre de 2023, Joe Biden concedió el indulto a
Saab a cambio de diez ciudadanos estadounidenses,
veinte detenidos de la derecha venezolana y la
consolidación de Chevron en el sector petrolero de
Venezuela. El intercambio reveló el enorme valor que
Saab tenía para Caracas: por él se pagó con decenas
de personas y con el acceso a recursos estratégicos.
La medida de deportación, ejecutada ahora por
disposición del Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), ha
desatado por lo tanto una dura polémica dentro del
mismo campo revolucionario, sacando a la luz
profundas anomalías formales, procedimentales y
constitucionales puestas al desnudo por varios
analistas.
El gobierno ha justificado el acto a través de un
comunicado en el que se afirma que la medida de
deportación fue adoptada porque el ciudadano
“colombiano” (nacionalidad de origen de Saab) se
encuentra incurso en la comisión de diversos delitos
en los Estados Unidos de América: un “hecho público,
notorio y comunicacional”, se ha escrito, dando lugar
a más de una encendida contestación.
Bajo el perfil estrictamente jurídico –se ha señalado–,
dicha motivación colisiona con los principios
fundamentales del derecho público venezolano e
internacional por diversas razones: en primer lugar, el
SAIME es un órgano estrictamente administrativo de
identificación, totalmente desprovisto de competencia
jurisdiccional para la resolución y la ejecución de una
extradición. Semejante medida requiere canales
diplomáticos y un trámite formal ante el sistema
judicial, el único facultado para evaluar las solicitudes
extranjeras garantizando la presunción de inocencia y
el derecho a la defensa.
En segundo lugar, la fórmula del “hecho público,
notorio y comunicacional” no posee ningún valor de
imputación jurídica. Basar una extradición en la
resonancia mediática o en la propaganda de Estados
extranjeros representa un precedente peligroso, que
calca los mismos expedientes manipulados,
históricamente usados contra Venezuela por los
organismos internacionales.
Pero el nudo más crítico concierne a la ciudadanía y la
legitimidad institucional. La tesis oficial afirma que
Saab es un ciudadano colombiano en posesión de una
cédula de identidad falsa desde el año 2004, y que por
tal motivo no existe ningún expediente válido en el
SAIME.
Esta afirmación levanta interrogantes inevitables
sobre la responsabilidad de las propias instituciones:
si el documento era falso, ¿cómo fue posible
renovarlo durante veinte años, permitiendo al mismo
tiempo a Saab participar en licitaciones públicas para
la vivienda social, declarar los impuestos ante el
SENIAT, estar insertado en los canales formales del
Estado e incluso votar?
Además, el nombramiento de Saab como Ministro de
la Industria, sancionado formalmente por el Decreto
número 5.021 del 18 de octubre de 2024 y publicado
en la Gaceta Oficial número 6.904, entra en abierta
violación con el artículo 244 de la Constitución
venezolana, el cual prescribe taxativamente el poseer
la nacionalidad venezolana para el ejercicio de las
funciones ministeriales. La misma incongruencia se
extiende a las anteriores credenciales diplomáticas,
teóricamente precluidas a los ciudadanos extranjeros
por la Ley del Servicio Exterior.
Si el exministro estaba sujeto a investigaciones
internas por fraude y lavado de dinero, la
jurisprudencia nacional habría impuesto la celebración
de un juicio regular en el territorio donde los
presuntos hechos fueron cometidos, dada la naturaleza
estrictamente territorial de las leyes penales. La
decisión de entregarlo a los tribunales
estadounidenses, eludiendo los canales ordinarios y en
presencia de fuertes sospechas de una actividad de
inteligencia y condicionamiento por parte de la CIA
tras su primera liberación en diciembre de 2023,
evidencia cómo consideraciones de oportunidad
política (impuesta) han reemplazado a los códigos y
las garantías del Estado de Derecho.
Para comprender el real alcance de la entrega de Alex
Saab, es necesario analizar su función
macroeconómica. Saab no fue un simple funcionario,
sino el núcleo del circuito de comercio exterior
venezolano bajo el régimen de sanciones
multilaterales. A pesar de no ser un militante
socialista, sino un empresario de origen libanés,
decidió arriesgar bienes e integridad física para servir
a la causa bolivariana.
Explotando redes de empresas y cuentas offshore
distribuidas entre Turquía, Hong Kong, Suiza,
Emiratos Árabes Unidos y Panamá, estructuró la
compleja logística de abastecimiento para la Gran
Misión Vivienda Venezuela y para la distribución
alimentaria de los comités CLAP en los momentos de
más duro aislamiento del país.
Su valor estratégico residía en la capacidad de
movilizar oro e hidrocarburos esquivando los
bloqueos occidentales, manteniendo operativos
canales comerciales alternativos con multinacionales
y entidades financieras estadounidenses (como
Chevron o JP Morgan) que necesitaban seguir
enganchadas a la renta venezolana a pesar de las
imposiciones sancionatorias.
Entre 2025 y 2026, Venezuela registró un crecimiento
económico significativo, con un aumento del PIB del
+8,66% en 2025 y previsiones del 12% para 2026,
acompañado por el retorno parcial de mercancías
occidentales en los circuitos comerciales. Esta
recuperación fue posible precisamente gracias a la
existencia de estos mecanismos paralelos de
transacción, por lo demás muy costosos para los
países sancionados, porque los obligan a malvender
sus productos para hacer aceptables los riesgos a los
compradores. Mecanismos que Washington ha
decidido aplastar con la fuerza, como se ve desde el
Medio Oriente, hasta Venezuela y Cuba.
Como hace notar el analista Diego Herchoren, la
deportación de Saab no responde por lo tanto a una
purga interna genérica, sino más bien a la imposición
de una transición estructural de los beneficiarios
extranjeros de la riqueza energética del país. El puño
de hierro sobre el gobierno bolivariano refleja también
el choque dentro del sector financiero estadounidense
por el control de los activos extractivos, que ve
contrapuestos los intereses de JP Morgan, operativa a
través de Dalinar Energy, y los del fondo Amber
Energy, liderado por Paul Singer.
En este cuadro, los acuerdos y los canales logísticos
trazados por Saab, calibrados sobre la anterior
administración de Nicolás Maduro y sobre los pasados
acuerdos con el gobierno de Biden, se han convertido
en un obstáculo para la nueva configuración del poder.
La entrega de Saab “limpia” la mesa de los viejos
intermediarios y proporciona a la fiscalía
estadounidense un inmenso patrimonio informativo
sobre las rutas globales de elusión del bloqueo,
mientras el encargado de negocios estadounidense en
Caracas gestiona abiertamente las dinámicas relativas
a las medicinas y a las medidas económicas,
acentuando la percepción de un país bajo tutela.
Se comprenden también así las declaraciones de la
presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al comentar la
extradición. Durante un acto público en la capital, el
día de su cumpleaños, así respondió a la pregunta de
un periodista: “Quiero decirle a Venezuela, a todos los
venezolanos y a todas las venezolanas: cualquier
decisión que asume el Gobierno nacional lo hará por
un interés que es el interés de Venezuela. Cualquier
decisión en adelante y que hemos tomado desde que
asumimos luego de lo que fue el 3 de enero ha sido
por interés de Venezuela, defender a Venezuela. No
pensamos en otra cosa –ha añadido– que no sean los
intereses, los derechos, proteger a nuestro país,
garantizar la tranquilidad, la paz, el desarrollo, el
futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizar
la esperanza de nuestro pueblo”.
Mientras tanto, algunos habitantes le acercaban un
pastel de cumpleaños, coronado por el mapa de
Venezuela que incluía el Esequibo, la zona en disputa
con la República Cooperativa de Guyana, por la cual
recientemente el equipo de Delcy se trasladó a La
Haya, donde se encuentra la Corte Internacional de
Justicia.
Rodríguez dijo que, cualquiera que sea la decisión de
la Corte, Venezuela no la reconocerá, puesto que la
única brújula legítima sigue siendo el Acuerdo de
Ginebra, y la propuesta al pueblo de Guyana de
resolver la cuestión sin interferencias extranjeras,
orientadas a desestabilizar el continente.
Este lunes 18, Venezuela protestó ante el gobierno de Trinidad
y Tobago —uno de los principales responsables de
haber abierto el paso a la agresión de EE.UU.— y le
pidió responsabilizarse por las afectaciones
ambientales y económicas generadas por el derrame
de hidrocarburo procedente de la vecina isla caribeña.
Mientras tanto Trump, que desearía aplicar la misma
“medicina” a Cuba, parece intencionado a apretar
cada vez más la tuerca hasta hacer de la república
bolivariana un verdadero protectorado. El primer
objetivo es producir una fragmentación interna, que
algunos dirigentes radicales buscan evitar a gran voz.
Mantener el control político para evitar una carnicería
y la completa ocupación del país ha sido la principal
motivación aducida por la dirigencia bolivariana por
haber “elegido” no reaccionar con las armas al ataque
de la principal potencia nuclear del planeta. La
deportación de Saab y la gestión de esta compleja
negociació bajo chantaje están sin embargo
evidenciando líneas de fractura dentro del panorama
político venezolano, dividiendo las reacciones en tres
campos distintos.
Por un lado, la extrema derecha transnacional aplaude
lo que define como la implosión del chavismo.
Moviéndose como un comité de negocios colonial,
esta facción ha apoyado la intervención militar de
inicio de año y expresa su visión neoliberal a través de
las palabras de María Corina Machado quien, en su
reciente conferencia en la Universidad de Harvard,
afirmó que el crimen imperdonable del chavismo ha
sido gastar fondos públicos para multiplicar las
universidades gratuitas.
Obvio que, para la “sayona”, como la llama el pueblo
venezolano, es prioritario multiplicar el lucrativo
negocio de los institutos privados… Paralelamente,
franjas estudiantiles de extrema derecha, provenientes
de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
intentan instrumentalizar un caso judicial para
imponer la agenda de Machado que apunta a la
ingobernabilidad del país.
Por el otro lado, las corrientes críticas de la izquierda
comunitaria y militante muestran profunda inquietud.
La posición expresada públicamente por Mario Silva,
diputado chavista y comentarista “marxista-leninista”
denuncia el ostracismo, la falta de transparencia y la
tendencia a delegar las decisiones estratégicas a un
restringido comité político, excluyendo el debate
popular en el PSUV y en el Gran Polo Patriótico.
La preocupación mayor concierne al precedente de
Saab: permitir a una potencia ocupante extraer a un
ciudadano del territorio nacional sin garantías
constitucionales crea un limbo jurídico que expone a
todo el cuadro dirigente a las operaciones de los
comandos de extracción de la CIA y del FBI que
operan bajo la cobertura de la embajada. Y es de estos
días el asesinato de un militante de los colectivos, que
había invitado a la resistencia, aparentemente matado
por un asaltante en Puerto la Cruz.
Finalmente, la línea oficial de la dirigencia defiende el
proceder institucional en nombre de la salvaguarda de
los intereses nacionales. Exponentes como Iris Varela
han pronunciado discursos encendidos contra quien
avanza dudas, amonestando que criticar las elecciones
de la dirección significa destruir la unidad del
chavismo, considerada la única verdadera fuerza
negociadora que queda en esta fase de mediación bajo
chantaje.
En esta perspectiva, personificada por la gestión
obtorto collo pragmática de Delcy Rodríguez, la
transición y las concesiones tácticas son vistas como
pasos obligados para preservar la continuidad del
Estado y gestionar las tratativas orientadas a traer de
vuelta a casa a Maduro y Cilia: cuyo juicio en los
EE.UU. está fijado para finales de junio, precedido
por el del propio Saab.
Al exdiplomático, que no podría ser juzgado por los
mismos delitos por los cuales fue indultado por Biden,
se le han emitido otras órdenes de captura. ¿Se le
empujará a deponer contra Maduro para arrastrar en el
fango a todo el gobierno bolivariano? ¿Y qué sucederá
entonces? Como quiera que se mire, el horizonte es de
tintes oscuros.
Pero gritar traición, alimentar la cacofonía de las redes
sociales, es un ejercicio estéril y dañino. Más útil,
aunque doloroso, es analizar la dura realidad,
partiendo del supuesto de que una derrota militar es
también política, también síntoma de una debilidad
interna cuyas raíces deben buscarse, además de en el
empobrecimiento material debido a las “sanciones”
criminales, también en el empobrecimiento
motivacional y en la fuerza ideal colectiva.
Primero el secuestro del presidente, con las
consiguientes sospechas de una traición interna, y
ahora la deportación de Saab hacen evidentes también
los límites de la doctrina defensiva adoptada por
Caracas en los últimos años. Como recuerda todavía
Herchoren, en el curso de sus misiones extranjeras,
Saab había entablado discusiones con los socios rusos
para la localización de la producción de drones en
Venezuela.
Sin embargo, el Estado, además de invertir más en los
planes sociales que en las armas, ha privilegiado
históricamente el gasto en armamentos
convencionales y tradicionales, dejando miles de
fusiles en los depósitos en vez de invertir en la
tecnología aérea asimétrica.
Al contrario de Irán, que ha sabido desarrollar una
sólida capacidad de disuasión basada en los drones
para proteger sus propias aguas territoriales y sus
propios vectores marítimos, y ha sabido mantener viva
la llama del sacrificio colectivo, Venezuela se ha
encontrado desprovista de adecuadas coberturas
electrónicas y defensivas frente al ataque naval y
aéreo estadounidense en el Mar Caribe anterior al 3 de
enero.
La renuncia al modelo de defensa ruso-iraní a favor de
un alineamiento forzado con los intereses financieros
de Washington marca la aceptación de los pesados
costos de una retirada estratégica, donde las
estructuras de base de la democracia participativa,
como la consulta popular y las comunas, y las de la
autodefensa, buscan resistir en el plano local, mientras
el alto comando económico del Estado se encuentra
vinculado a moverse dentro de los márgenes estrechos
impuestos por la potencia ocupante.
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