viernes, 10 de abril de 2026
Columna de Juan Martorano 516: Para los abogados del Presidente Maduro y de Cilia.
*JUAN MARTORANO
Aprovechamos al inicio de este escrito para agradecer a la Fundación Casa de las Letras Andrés Bello, en la persona de su presidente, el poeta William Osuna, por habernos tomado en cuenta para el ciclo de charlas que hemos dado sobre este importante tema geopolítico sobre el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada y Primera Combatienta Cilia Flores. Igualmente, al compañero Onías Barrios, a Daniela, a la profa Sara y al público que se apersono durante tres semanas a escuchar los aportes que hicimos en este sentido.
De igual manera, agradecemos al periodista y brillante escritor José Negrón Varela por la entrevista el 26 de marzo para la cadena rusa Sputnik. A la compañera y eterna militante revolucionaria Anahí Arizmendi, que el 27 de marzo nos entrevistó para su programa en el circuito Unión Radio. Al hermano Luis Salazar y al colectivo que hace vida en la ya famosa “Esquina Caliente” porque todos los viernes nos escuchan y sintonizan en toda una red de medios alternativos y comunitarios no solo en Caracas, Miranda y La Guaira, sino a otras entidades federales de nuestra geografía nacional.
Y por supuesto, reiterar el agradecimiento a Clodovaldo Hernández y al Ministro Miguel Ángel Pérez Pirela y al portal de laiguana.tv por la invitación reciente en “Cara a Cara” donde de manera apretada pero necesaria hablamos del tema del secuestro del Presidente Maduro y de los elementos geopolíticos y geoeconómicos del intento de despojo colonial bajo la fachada judicial que se pretende contra nuestro país a través de la incursión armada estadounidense a Venezuela y el secuestro del Presidente Maduro al igual que la diputada y Primera Combatienta, Cilia Flores .
Pero hoy queremos apoyarnos, nuevamente en el trabajo y consideraciones realizadas por el doblemente colega Alfredo Clemente, respecto al caso del Presidente Maduro y de la compañera Cilia Flores.
El primer elemento al que queremos referirnos tiene que ver con un artículo escrito por el doctor Clemente el 12 de marzo del presente año titulado: “Maduro, “El Mocho” y el Cónsul” publicado en Ultimas Noticias. En dicha nota, Clemente se refiere al hecho o incidente protagonizado por José Manuel “El Mocho Hernández” cuando en 1892 tomó Ciudad Bolívar. En dicha ciudad, se encontraba George Underhill, un empresario de Nueva Jersey que no solo era el cónsul de Estados Unidos, sino el amo del agua. Bajo contratos gestados en la era de Guzmán Blanco, Underhill desplazó a los viejos aguateros para construir el acueducto; él controlaba los motores, el mantenimiento y la distribución del vital líquido. Era el rostro del capital extranjero en una Venezuela anárquica.
Hernández comprendía que si Underhill se marchaba, las bombas se detenían y la sed sometería a la población. Y esto creemos que en el incipiente gobierno del general Crespo o la gestión de Hernández al sur de Venezuela no convenía.
Por ello, ante la huida del antiguo gobierno, Hernández se erigió como la única autoridad y ley. No hubo espacio para la diplomacia: el cónsul fue confinado en su casa, obligado bajo presión a mantener la maquinaria encendida y a entrenar personal local en el manejo de los motores.
Al retornar a Nueva York, Underhill demandó a Hernández por asalto y confinamiento. Los tribunales estadounidenses se enfrentaron a un dilema: ¿podían juzgar a un general venezolano por actos realizados en medio de una guerra civil? La defensa de Hernández fue brillante: sus actos fueron actos de Estado de un gobierno que Washington había reconocido.
¿Y se preguntarán nuestros lectores y lectoras que tiene que ver este caso con doctrinas y criterios del derecho estadounidense con el caso del Presidente Maduro y Cilia? El doctor Clemente nos lo explica con una brillantez pasmosa.
El caso Underhill vs. Hernández, 168 U.S. 250 (1897), llegó al Tribunal Supremo. El juez Fuller sentenció que «los tribunales de un país no juzgarán los actos del gobierno de otro, realizados en su territorio». Nace así la doctrina del acto de Estado, el reconocimiento sagrado de que la soberanía no se litiga en cortes extranjeras. Si el Tribunal Supremo dijo que los actos de Hernández contra un cónsul eran intocables por representar la autoridad en suelo venezolano, ¿con qué derecho pretenden hoy procesar a Nicolás Maduro?
Consideramos que es un extraordinario aporte del doctor Clemente que ha debido ser tomado en cuenta por los analistas.
La agresión actual contra el Presidente y su pareja es una demolición de 129 años de jurisprudencia. La historia ya dictó su veredicto; falta que la justicia y el decoro se impongan sobre la barbarie.
Respetar el precedente de Fuller le daría a EEUU el oxígeno moral que tanto necesita. El derecho no puede morir en Nueva York; la dignidad de Venezuela, desde los motores del Orinoco hasta hoy, no se rinde ante el artificio legal.
Pero además de ello, Clemente formula otras importantes reflexiones, y nos sumamos a ellas, esperando que las mismas puedan llegar a los abogados de la defensa de nuestros héroes.
Tal y como existe la tesis de que el crimen perfecto no existe, porque siempre hay una huella, un cabo suelto, o un soplón. Para el caso del Presidente Maduro y Cilia, el “delito” no se planificó en callejones oscuros, sino en los despachos de la Casa Blanca. El botín: petróleo, oro y tierras raras. El método: una puesta en escena de una novela de espías.
Y sobre el botín que menciona el doctor Clemente en su escrito nos hemos referido con datos y lujo de detalles en ediciones anteriores de nuestra columna, en las entrevistas que hemos concedido y en las conferencias y reuniones en las que nos ha correspondido estar y hablar sobre estos temas.
Por eso es que nos recuerda el doctor Clemente en su artículo más reciente que, para ejecutar el saqueo, era necesario un engaño masivo. Al estilo de las inexistentes “armas de destrucción masiva” en Irak, se desempolvó una vieja fábula de los años 90: el “Cartel de los Soles”. Bajo este disfraz de narcoterrorismo, lo que en realidad fue una incursión bélica y el secuestro de un presidente y su esposa, se la intentó vender al mundo como una “operación policial”. Para ocultar la agresión física y el traslado de rehenes hacia un juicio ilegal en suelo estadounidense.
Pero el asesino dejó el arma con sus huellas. El error de origen está escrito. John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, confesó en sus memorias de 2020 (The Room Where It Happened) la orden tajante que recibió el 15 de agosto:
“… Surgió el tema de Venezuela y Trump me dijo enfáticamente: ‘Hazlo’, refiriéndose a deshacerse del gobierno de Maduro. “Esta es la quinta vez que lo pido”, continuó… Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y luego conservarla porque “en realidad es parte de Estados Unidos”.
La premeditación y la alevosía son totales. Pero si Bolton confesó el plan, el propio Donald Trump confesó el motivo. En junio de 2023 (10 de junio, tenemos ese material audiovisual a quien pueda interesar) ante la Convención Republicana de Greensboro, el autor del crimen soltó la verdad sin remordimientos:
“¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo”.
Por ello es que aquí ni hay verdaderamente un juicio ni hay lucha por la democracia, como sostiene el doctor Clemente, hay pillaje. La “Operación Resolución Absoluta” de 2026 no fue justicia, fue una ejecución militar de un plan de pillaje de recursos. Ahora, tras el estruendo de los bombardeos en Caracas y el traslado forzoso en un buque de guerra, pretenden legitimar el ultraje con una trampa política-jurídica en Nueva York.
El criminal es confeso; ahora el sistema judicial de EEUU enfrenta una prueba de fuego: o se hace cómplice de una infamia documentada, o permite que la verdad y la soberanía se impongan sobre la codicia. Al final de esta novela negra, solo queda una certeza: la historia, como un fiscal implacable, ya ha dictado su veredicto.
Este debe ser un argumento adicional que tanto Barry Pollack como Mark Donnelly deberían emplear dentro de las mociones y el proceso que se está librando en EEUU.
¡Bolívar y Chávez Viven. Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y
Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Leales siempre: Traidores Nunca!
* Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas. , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano
¿Qué alto el fuego?
Por: Gabriel Villaamil
Si se asesinan masivamente a 70.000 personas, en una indisimulada estrategia de genocidio, matar después a seiscientos parece poco, casi hasta un alivio. Seiscientas personas. Entre ellas, niños y ancianos. Ese es el número de personas que ha matado el Estado de Israel (sí, Estado, no país, ni nación ni pueblo, Estado como creación diseñada políticamente y no como resultado de una sedimentación histórica, como sí lo es Palestina, un pueblo, una nación, un país, al que se le niega tener un Estado) desde el supuesto alto el fuego.
Las percepciones se construyen a partir de perspectivas. Las audiencias –difusas, fragmentadas- aceptan seiscientos asesinados porque previamente la matanza alcanzó proporciones monstruosas. Por tanto, la cifra actual parece algo aceptable, asumible. Imaginemos que el genocidio no hubiera tenido lugar. Estas nuevas seiscientas víctimas serían un escándalo internacional, ocupando portadas y espacios televisivos y generando ruido en las cancillerías, conversaciones al más alto nivel y sesiones plenarias en Naciones Unidas. Nada de eso pasa ahora porque, en efecto, seiscientos muertos palidecen frente a 70.000.
Los más clarividentes advirtieron que esto iba a ocurrir cuando el ejército sionista perpetraba la masacre. Netanyahu y su equipo militar y político sin duda contemplaron que la brutal agresión, sin precedentes en la historia de la ocupación de Palestina, les permitiría posteriormente un margen de maniobra para asesinar, invadir y robar territorio también sin precedentes. Así está siendo, sin ningún tipo de crítica internacional, foco mediático o presión externa.
El objetivo final es concluir el robo de la tierra palestina a sus legítimos propietarios. De hecho, en estos días en los que el mundo mira a otros lugares, el Gobierno de Netanyahu ha dado un paso adelante en su estrategia de robo del territorio y lo ha hecho a coste cero. Todos los territorios que ha ocupado con colonos en Cisjordania durante la salvaje agresión a Gaza –aprovechando también que la atención estaba puesta en la franja- los ha incorporado legislativamente al Estado de Israel.
Parece una nota a pie de página en la historia de la ocupación sionista pero en realidad es un gesto capital y sin precedentes. Hasta ahora, la mayoría de los territorios se ocupaban de facto sin buscar el engranaje legal. La resolución 262 de Naciones Unidas exige la retirada de los territorios ocupados en 1967, algo que Israel desoía. Ahora ya no es que haga oídos sordos. Con esa declaración de estatalidad, más que no atender el llamamiento de la resolución, lo que hace es rechazarla de plano: si retuerce la legalidad israelí para incorporar esos territorios, entonces entiende que forman parte del Estado de Israel, no que sean unos territorios ocupados.
Y todo esto, la desaparición de un pueblo, el palestino, y su territorio, ocurre mientras se celebran las supuestas bondades de un presunto alto el fuego.
Asamblea Nacional sanciona la Ley Orgánica de Minas para potenciar el desarrollo económico del país
Tras intensas jornadas de debate y consulta pública, la Asamblea Nacional sancionó este jueves 9 de abril por unanimidad la Ley Orgánica de Minas, un instrumento jurídico diseñado para modernizar y regular de manera integral la actividad minera de Venezuela.
La normativa que consta de 131 artículos, fue una iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer la soberanía económica y asegurar que la riqueza mineral del país se traduzca en desarrollo y bienestar directo para el pueblo venezolano.
En este sentido, la nueva Ley Orgánica de Minas, que se crea para modernizar el sector y atraer inversión bajo un esquema similar al de los hidrocarburos, tiene aspectos claves que defiende la soberanía de Venezuela sobre sus recursos estratégicos.
Puntos clave de la Ley
Por ejemplo, se ratificó que todos los yacimientos y recursos minerales en el territorio nacional son propiedad exclusiva de la República, siendo bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Además, deja en claro que la gestión y control de dichos minerales corresponden estrictamente al Ejecutivo Nacional, asegurando una planificación centralizada y estratégica de la explotación.
Igualmente, se establece un marco claro para la participación de empresas estatales, mixtas (con mayoría accionaria pública), privadas autorizadas y brigadas de mineros artesanales debidamente registradas. Aunado a ello, el instrumento no ignora la preservación del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, razón por la cual estipula criterios científicos y técnicos rigurosos.
En cuanto al tema de regalías y tributos, el documento establece mecanismos modernos para la recaudación, garantizando que una parte justa de la renta minera sea reinvertida en proyectos sociales y de infraestructura. Además, la Ley combate a la minería ilegal, al introducir controles institucionales más estrictos y procesos de fiscalización para erradicar las prácticas ilegales.
En resumen, este mecanismo legislativo que será enviado al Tribunal Supremo de Justicia para determinar su carácter orgánico y constitucional para que pueda ser promulgada en Gaceta Oficial, busca atraer inversiones nacionales y extranjeras, garantizando transparencia y consolidando al sector minero como uno de los motores principales de la economía nacional para los próximos años.
Fabiana Márquez – Agencia VN
Delcy Rodríguez debe llamar a María Corina
Amaranta Rojas
A la burrita Chela, la sentía caminar los cien metros de fachada que mi humilde casa en Tacariguita tiene con sus 25 habitaciones. La veía a través de cualquier cámaras colocadas en esa fachada.
Estaba tratando de conversar con mi amigo, Gustavo Martinez Rubio (GMR) que siempre ha estado muy activo en la lucha por un mejor salario y ahora continúa estando en representación de Marea Socialista en este importante frente.
Gustavo Martinez Rubio (GMR) está muy claro que las «explicaciones» dadas por la derecha de la oposición y la derecha del gobierno son un paquete de mentiras. Ni la supuesta baja productividad ni la falta de flujo de caja son razones. El tema del desfalco, la corrupción ha probado que la plata estuvo y está.
Me dijo el amigo GMR:
«La Producción Petrolera: El incremento de la producción y las licencias comerciales han generado ingresos frescos en divisas (...) [Los] Recursos Minerales: Las exportaciones de oro y otros minerales estratégicos representan una entrada de capital que no se refleja en el presupuesto público ni en el bienestar social» https://www.aporrea.org/trabajadores/a351588.html
Con esta idea tuve que cortar al amigo GMR para atender a la burrita Chela. Con el control en la mano, le permite el paso a chelita y ya en la sala y sin un saludo previo, la burrita me abordó para decirme: «Hay que buscar la forma de decirle a Delcy Rodríguez que llame urgentemente a la Sra. María Corina y ambas discutan públicamente el aumento responsable de salario.
Quiero saber Mamanta, que MCM quiere mucho al pueblo venezolano y a los trabajadores. Si ella acompaña a Delcy en aumento de un salario mínimo que cubra la canasta de alimentación, todo se puede ir aclarando y veremos si es verdad que el topocho mancha.
Como MCM no ha dicho mucho sobre el salario, vendría bien verla tratando públicamente este tema.
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