lunes, 1 de junio de 2026

Para sanar un mundo enfermo ¿Por qué las reparaciones históricas?

 Agustin Lao-Montes

El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por Ghana que califica la esclavitud transatlántica como “el crimen de lesa humanidad más grave”  de la historia, en vista de su “magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas.” En dicha decisión salen al relieve tanto los tres votos de oposición: Argentina, Estados Unidos, e Israel, conformando una especie de convergencia neofascista, como la abstención de la gran mayoría de los países europeos, en una suerte de complicidad por omisión. Esta resolución en el principal cónclave internacional revela cómo la cuestión de la justicia reparativa por cuenta del colonialismo moderno y de la esclavitud racial transatlántica, y sus secuelas en un continuo de injusticias y violencias que persisten hasta el día de hoy, ahora representa un tema de importancia en la geopolítica mundial.

La ecuación de votos sobre la declaración de la esclavitud como el peor crimen de lesa humanidad expresa antiguas divisiones y debates culturales, ideológicos, económicos y políticas, entre espacios imperiales y neo/coloniales en el sistema-mundo moderno/colonial capitalista. Negar el colonialismo y la esclavitud como condición central de la modernidad capitalista es un pilar en las narrativas eurocéntricas que las conciben como “sacrificios” necesarios para el “progreso” o como males menores que no contrarrestan las virtudes éticas, económicas, y políticas de la racionalidad moderna occidental.  Estos relatos occidentalistas ocultan los eco/genocidios constitutivos del capitalismo racial-patriarcal, los tres grandes holocaustos que han aniquilado millones de personas y les mantienen en condición subalterna: 1) el Amerindio desde la mal llamada “conquista” y colonización del Abya Yala, y el colonialismo de asentamiento y despojo, hasta las formas de subyugación actual ; 2) el Africano desde la esclavización racial con la deshumanización, expropiación y explotación de la travesía y la plantación, hasta la persistencia del racismo estructural; 3) el Femicidio desde la gran cacería de brujas que, como demuestra Silvia Federici, fue un elemento central de la “acumulación originaria de capital” (Marx), de la configuración de una división sexual del trabajo y de la dimensión patriarcal del estado moderno, que constituyen un orden heteropatriarcal global que dura hasta hoy. A contrapunto, los discursos y movimientos contracoloniales critican las políticas de muerte que fundamentan la matriz de dominación moderna/colonial, a la vez que defienden los valores de los pueblos colonizados y racializados por los imperios y el capital occidental.

Esa percepción diferencial de la historia, que visibiliza o invisibiliza memorias y narrativas, interpreta de manera opuesta, y expresa identidades e intereses en disputa, es materia prima para entender la alineación de los países europeos con regímenes autoritarios para votar contra reconocer las injurias causadas por la esclavitud racial y el colonialismo moderno. Entendemos la propuesta de Ghana, a contrapunto, como expresión de un movimiento mundial que asocia el reconocimiento de los males de la esclavitud y el colonialismo a un renglón de la justicia descolonial (o contracolonial) que denominamos justicia reparativa. ¿Qué es la justicia reparativa? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué la defendemos y promovemos? ¿Cuál es su pertenencia y trascendencia en el mundo en que vivimos?

La justicia reparativa trasciende las historias particulares de los pueblos y sujetos de la africanía. De hecho, la modalidad específica que denominamos “Afroreparaciones”, que es la directamente implicada en la reciente resolución de la ONU sobre la esclavitud transatlántica, es la menos asumida como medida de justicia reparativa. Destacamos algunos ejemplos de reparación histórica como la compensación monetaria a judíos alrededor del mundo después del Holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, la indemnización del Estado alemán al Estado israelita por la misma razón a partir del Acuerdo de Luxemburgo en 1952 que sumó 102,000 millones de marcos, y las medidas de reparación del Estado canadiense a pueblos indígenas por los daños provocados por el colonialismo de asentamiento y despojo. Sin embargo, la relativa falta de atención al holocausto africano generado por la esclavitud moderna/colonial es indicativa de cómo el racismo antinegro (o la antinegritud) ha permeado hasta las percepciones y prioridades de la misma justicia reparativa.

Las afroreparaciones como reclamo formal de justicia se pueden trazar al movimiento abolicionista que se nutrió del cimarronaje y las rebeliones de esclavizados cuya expresión máxima fue la revolución haitiana que fundó la primera república negra del mundo en 1804. Irónicamente, en vez de ejercer justicia reparativa a favor de la nueva nación y sus nuevos sujetos emancipados, el imperio francés creó una especie de reparación al revés al imponerle una deuda de 150 millones de francos oro para “compensar” por la “pérdida” de riqueza y propiedad, es decir, el territorio apropiado en la colonización y los cuerpos esclavizados. Esa deuda imperial provocó en gran medida que Saint-Domingue pasara de ser la colonia más rica que proveía 35% del ingreso en divisas de Francia, a convertirse en Haití, que ahora se caracteriza como “el país más pobre de las Américas.” El reclamo de la devolución de la deuda impuesta a la naciente nación negra, que hoy día suma unos $27 billones, siempre ha estado a la cabeza de las demandas de afroreparaciones y persiste como demanda principal de la justicia reparativa.

Desde la primera conferencia panafricana, celebrada el año 1900 en Londres, hasta el octavo congreso panafricano realizado en Togo en el 2025, las reparaciones por cuenta de los daños causados por la esclavitud han sido un reclamo fundamental de las agendas de liberación formuladas desde el pluriverso amplio y diverso de la africanía. En los EE. UU. se asocia con la promesa incumplida de “40 acres y una mula” que se les hizo a las personas emancipadas de la esclavitud. En este escenario histórico, Jourdan Anderson, le escribe una carta en 1863 al que fue su “amo” donde dice “Si usted falla en pagarnos por el trabajo no remunerado del pasado, debemos tener poca fe en sus promesas para el futuro.” Ese mismo año, la feminista y abolicionista negra Sojourner Truth escribió: América tiene una deuda con mi gente… hay una deuda con el pueblo negro que ellos nunca podrán pagar. Al menos deben crear formas de recompensa.” Un siglo después, compareciendo ante la ONU, Malcolm X exclamó: “Todo el trabajo esclavizado que se acumuló en salarios no pagados, se le debe a alguien hoy.” A través de un siglo, estos tres sujetos afroamericanos convergen en demandar el pago de una deuda histórica por cuenta de los salarios no remunerados de la esclavitud, que también se reclaman como salarios de dignidad que han de transcender la compensación monetaria.

Repicando el tambor de Malcolm, surgieron propuestas de justicia reparativa en los movimientos negros de liberación de los 1960s-1970s donde resaltamos la del Partido Afroamericano por la Liberación (PAL) liderado por la “Reina Madre Audley Moore” quien, con un historial de activismo desde los 1930s –cuando trabajo con Marcus Garvey y militó en el Partido Comunista–, a principio de los 1960s desde el PAL y el Comité Pro Reparaciones para los Descendientes de los Esclavos, demandó compensaciones del gobierno federal por los males causados por la esclavitud, y las desigualdades mantenidos por el régimen racista  denominado Jim Crow. El PAL reclamaba $500 trillones como pago parcial de dicha deuda (no hay pago posible, ya sea material o moral), a repartirse en cuatro generaciones y bajo la premisa de que para repartir y usar debidamente las compensaciones es imperativo sustentarlas con políticas sociales de equidad redistributiva y garantías democráticas de control comunitario. A pesar de su amplio apoyo político, la Reina Madre solo pudo llegar a reunirse con la secretaria del presidente Kennedy, lo cual –como acotó la misma Moore– dice mucho de los límites de la política racial del liberalismo norteamericano.

En el continente africano la genealogía se traza a los congresos panafricanos desde principios del Siglo XX y los esfuerzos más recientes se pueden localizar en el Primer Congreso Panafricano sobre Reparaciones en Abuja, Nigeria, en 1993, en el que se organizó el Movimiento pro-Reparación para África y la Conferencia Internacional Panafricana de Reparaciones por la Justicia Global, celebrada en Accra, Ghana, entre el 21 de julio y el 2 de agosto del 2006. En el momento que escribimos, las reparaciones históricas se han convertido en bandera de la Unión Africana que se ha triangulado con la Comunidad del Caribe-CARICOM que es el organismo regional que ha liderado la iniciativa geopolítica global por la justicia reparativa, y ahora la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe-CELAC. En esta secuencia destacamos la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo y formas conexas de Discriminación de la ONU, realizada el 2001 en Durban, Sudáfrica, donde se declaro la esclavitud como un crimen de lesa humanidad y surgió un debate sobre las reparaciones históricas. Tanto los EEUU como Israel se fueron de la conferencia y lanzaron un boicot contra la Declaración y Plan de Acción de Durban por dos razones: en oposición al reclamo de reparaciones por el colonialismo, la esclavitud y sus secuelas en el neocolonialismo y el racismo estructural; y en protesta por la calificación del sionismo como una modalidad del racismo. A partir de este boicot de EEUU e Israel, la mayoría de los estados e instituciones que dominan la comunidad internacional ignoraron o rechazaron las políticas de reparación promovida sobre todo por grupos de la tradición radical negra.

A contrapunto del boicot imperial, es importante reconocer el protagonismo de la revolución bolivariana en Venezuela, tanto de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, como del gobierno venezolano, como vanguardia de la gestión por la justicia reparativa en Nuestra América. En el 2018 se realizo en Caracas una reunión de la Asociación de Países no-Alineados—cuya presidencia protempore la tenía Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, dedicada a diseñar políticas de reparaciones históricas para contrarrestar las injurias del colonialismo, la esclavitud y sus legados. Luego de este cónclave las organizaciones afrovenezolanas con el apoyo del gobierno bolivariano organizaron una seria de encuentros donde convocaron el liderato del movimiento negro de la región—sobre todo la Articulación Regional Afrodescendiente en Améfrica y el Caribe-ARAAC—para impulsar la agenda de justicia reparativa. Así tanto el gobierno venezolano como el movimiento negro del país organizaron una serie de eventos para definir y promover las políticas de justicia reparativa en la región. La revolución bolivariana tiene una larga historia de liderazgo promoviendo las reparaciones como un pilar de la tradición radical negra en Nuestra Améfrica donde destacamos dos hitos: organización de las Cumbres de América del Sur-África (ASA) sobre todo la primera en Abuja, Nigeria (2006)  y en Isla Margarita, Venezuela (2008); y, una serie de encuentros sobre Afrodescendientes y Transformaciones Revolucionarias en América Latina y el Caribe, especialmente el del 2011 donde se fundó la ARAAC.

Hoy podemos hablar de un movimiento mundial por las reparaciones históricas que tiene diversidad de actores, repertorios de acción, políticas y proyectos. Por muchos años CARICOM ha sido el eje central en gestionar las reparaciones históricas en su región y a escala global. Se han organizado comisiones nacionales para promover reparaciones históricas en doce países, más una comisión regional. CARICOM formula diez puntos para un programa de reparación histórica, una plataforma básica de justicia reparativa. Los diez puntos son: disculpa formal, programa de desarrollo para pueblos indígenas, posibilidad de repatriación a África, proyectos de renovación cultural, solución de la crisis de salud pública, restauración y desarrollo educativo, reconstitución del patrimonio y conocimiento cultural, sanación psicológica, derecho al desarrollo tecnológico, cancelación de deuda, y compensación monetaria. Esta es la propuesta más concreta de reparación histórica que tenemos como política de transformación mundial, como una expresión clave de la justicia descolonial, como un recurso de liberación.

Tocando ese tambor, se reclama una deuda histórica por los territorios y recursos apropiados y saqueados, por los salarios no remunerados a esclavizados, por la deshumanización que desvaloriza nuestras culturas y conocimientos y nuestras estéticas y espiritualidades, mientras desprecia y desecha las vidas de las personas y pueblos africanos y afrodescendientes. La esclavitud racial transatlántica en su conjunto—la trata esclavista, la travesía, los regímenes esclavistas—configuró un gran holocausto donde murieron millones, cuyas consecuencias las seguimos sufriendo en el entramado de violencias que conforma el racismo estructural como un régimen de dominación global. La reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad es un derecho y una obligación moral. Desde nuestra visión decolonial y transformadora las reparaciones no apuntan únicamente a resarcir los daños de los crímenes en el pasado sino también el abordar y transformar las mismas estructuras, ideologías y relaciones de poder coloniales que estos crímenes históricos dejaron, para así impedir con las violencias y la opresión racial sigan. En general, entendemos las reparaciones como un tipo de justicia transformadora, un renglón de justicia liberadora, una política y pedagogía antirracista que marca caminos hacia la liberación y descolonización contra el entramado de opresiones–sociales, étnico-raciales, de género y sexualidad—que configuran la matriz de dominación moderna/colonial. Por eso es importante ver las políticas de reparación como una oportunidad para un cambio estructural profundo que reconozca los legados del colonialismo y la esclavitud en las condiciones actuales de las mayorías planetarias—campesinas negras, indígenas, disidencias sexuales, márgenes urbanos, jóvenes, estudiantes—que Fanon denominó “condenados de la tierra”.

Los reclamos de reparación histórica son una demanda de justicia por las injurias—daños y desigualdades—materiales, epistémicas, culturales, geopolíticas, psicológicas; generadas por el colonialismo y la esclavitud y sus secuelas, cuyo cumulo de injusticias y violencias continua hasta hoy. Por eso constituyen una forma que justicia que llamamos justicia reparativa que podemos resumir en cinco tipos: 1) reparación económica que se basa en una deuda histórica por los salarios no pagados a sujetos esclavizados, por la sobreexplotación del trabajo, la expropiación y el despojo territorial, y el subconsumo de condiciones básicas de vida—alimentación, vivienda, educación, salud; 2) reparación política por las inequidades en la distribución de poder y riqueza, desde escenarios locales hasta globales, desde barrios y ciudades hasta la geopolítica y economía-política mundial; 3) reparación cultural y epistémica como reconocimiento y representación de los valores culturales, epistémicos, estéticos, y espirituales de los pueblos y personas colonizadas y racializadas, las otredades de la blanquitud occidental; 4) reparación espiritual y psicológica, una praxis de sanación de las humillaciones y negaciones de humanidad de los pueblos y personas colonizadas, esclavizadas y sometidas a regímenes de opresión que les priva de condiciones básicas de dignidad y desvaloriza sus vidas. La reparación espiritual incluye el reconocimiento de los valores éticos, filosóficos, sociales, y teológicos de las religiosidades de matriz africana que han sido demonizadas y consideradas bárbaras; 5) reparación ecológica, por el ecocidio—el crimen del capitalismo racial-patriarcal contra la ecología planetaria, la naturaleza y el medio ambiente, contra la vida, en su búsqueda desmedida e inescrupulosa por la ganancia del capital en deterioro de los ciclos vitales.

Este repertorio de modos y medidas de reparación histórica constituyen recursos de esperanza, insumos de revitalización, y activos de sanación para un mundo enfermo. La policrisis de la civilización occidental capitalista, del capitalismo racial-patriarcal como un paradigma cultural en todas sus aristas principales—económica, ecológica, ética, geopolítica, humanitaria—cada vez causa más daños, muchos irremediables, al bienestar planetario y a la vida misma. Entre los síntomas más dramáticos de dicha crisis resaltamos los genocidios en Brazil—donde cada 20 minutos asesinan una persona negra; en el Congo—donde han muerto unos 10 millones desde los 1990s por una violencia inducida cuyas raíces se trazan al genocidio del Rey Leopoldo a principios del Siglo XX; y el de Gaza que ha desnudado las crueldades y contradicciones del liberalismo económico y político que rige un orden internacional que participa de la pornografía de contemplar la aniquilación resiliente de un pueblo y su territorio sin tomar acción en contra.

En este momento de interregno cuando como decía Gramsci, “lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido aún,” en ese claroscuro donde “es la hora de los monstruos”, en esta coyuntura crítica de cambio de época, en la cual surge con brutalidad y vulgaridad un imperialismo neofascista gangsteril que secuestró al presidente electo Nicolás Maduro violando sus propias reglas, donde amenaza un armagedón que busca recolonizar el Caribe ocupando el mar para amonestar, apropiar e invadir, en una especie de piratería tardomoderna; en este escenario sombrío donde prima la necropolítica de un imperio desesperado por resurgir y un capitalismo en metástasis terminal, las reparaciones son un bálsamo necesario para sanar un mundo enfermo.

Sin embargo, las reparaciones también pueden ser un paliativo para pensar que la crisis puede ser fácilmente solucionada, que el capitalismo racial-patriarcal puede encontrar soluciones sencillas a la gravedad de sus males. Las reparaciones históricas pueden ser un barómetro de cuestiones claves tanto en la política global, como de debates políticos fundamentales en el Mundo Afro—africanes y afrodescendientes. Es imperativo hacer una distinción entre reparaciones neoliberales y reparaciones radicales para distinguir propuestas en contienda que surgen de estados, de organismos multilaterales, de organizaciones no-gubernamentales (ONG), y de espacios de comunidad y movimiento social. Las Reparaciones Neoliberales proponen canalización de recursos, dinero, representación cultural y política, como puestos políticos, museos, fondos para negocios, o hasta cheques individuales para las personas negras o afrodescendientes, y la creación de fondos en instituciones como el Banco Mundial, dejando intacto el orden de poder neoliberal y el capitalismo racial heteropatriarcal. En contraste, las Reparaciones Radicales o Descoloniales implican una redistribución sustantiva de poder, riqueza, reconocimiento y representación a los sujetos y pueblos negros, un desmonte de las desigualdades entrelazadas e injusticias imbricadas, y una transformación de las ecuaciones de poder desde lo local hasta lo global, para constituir un nuevo orden mundial. En este sentido deben ser de carácter antisistémico. Como me dijo la mayora afrobrasileña Zelia Amador en un foro en Belem do Para, el horizonte de las reparaciones históricas es la construcción de un nuevo sistema-mundo fundamentado en el bienestar de las mayorías, en la solidaridad, en el cuidado, en los valores comunitarios, en la armonía con la ancestralidad y con los ciclos de la vida, lo que implica que deben ser contracoloniales y que su política debe estar orientada por un proyecto de liberación para el buen vivir de las mayorías planetarias.

En esa clave, en afinidad con las propuestas de CARICOM, y en sintonía de la Vicepresidencia y el Ministerio de la Igualdad de Colombia donde estamos construyendo un Plan Nacional de Reparaciones en base a consultas locales en los territorios—sobre todo afrodescendientes e indígenas—en articulación con movimientos en el continente africano y a través de Améfrica y Abya Yala; hablamos de un fondo sustantivo para las reparaciones historicas, siguiendo una especie de Plan Sankara (como propuso Tomas Sankara y lo hace ahora Ibrahim Traore en Burkina Faso a la cabeza del llamado Nuevo Renacimiento Africano), en el linaje de la Tradición Radical Negra desde el Panafricanismo y los movimientos de Poder Negro de los 1960s, hasta los movimientos por las vidas negras que ahora florecen alrededor del mundo.

Terminó lanzando tres consignas para la justicia reparativa: cobrar deudas históricas, sanar heridas profundas, parir futuros posibles. Las reparaciones son una demanda de cobrar deudas históricas, sobre todo a las instituciones del poder imperial occidental—como estados metropolitanos, corporaciones, e iglesias—como también a los estados neocoloniales, que han sido cómplices y gestores de las cadenas de la colonialidad y el racismo sistémico. Son también un proceso de sanación de las heridas profundas, los daños y las injurias que siguen vivas, y que requieren actos de reconciliación y garantías de no repetición, una suerte de paz que solo se consigue con la justicia integral. En fin, todo esto significa una praxis de liberación contra las injusticias imbricadas y las violencias entrelazadas que nos azotan cotidianamente. En esa clave, las reparaciones son recursos de esperanza, como sugiere el lema de la Marcha de Mujeres Negras por las Reparaciones y el Buen Vivir que en noviembre de 2025 cumplió y celebró su décimo aniversario con una marcha masiva en Brasilia. Concluyo recordando que en el 2025 conmemoramos el centenario de dos ancestros caribeños, Orlando Fals Borda y Frantz Fanon, dos voces potentes de la política del Eros, del amor como recurso de liberación, del vitalismo radical como modo de parir comunidades de afinidades afectos y afiliaciones. Fals y Fanon, ambas parteras poderosas, cual si fueran mujeres negras, militantes de la crítica constructiva y de la ternura transformadora, de un “socialismo raizal” para sanar un planeta enfermo y dar a luz un mundo donde quepan muchos mundos. En esta luz, a pesar de (y también debido a) los genocidios en Gaza y en el Congo, en Brasil y en Sudán, de la crisis crónica en Haití, en vista de la amenaza constante de invadir a Venezuela, de los intentos crueles de aniquilar la moral y la vida del pueblo cubano apretando el bloqueo de alimentación y energía; seguimos en pie de lucha, y por eso ondeamos la bandera de la reparación histórica como camino de revitalización, como proyecto de liberación, y como recurso de esperanza.

(Artículo exclusivo para la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad por Agustin Lao-Montes / Puerto Rico)


Pragmatismo, cumplimiento normativo y reintegración global en la arquitectura financiera venezolana actual.

 



Por: Kelly Pottella

La arquitectura financiera global contemporánea opera bajo una lógica de gobernanza algorítmica y estandarización normativa que impone estrictos parámetros de cumplimiento y debida diligencia, determinando la viabilidad de los Estados para acceder a liquidez y reintegrarse a los mercados internacionales de capitales. Dentro de este ecosistema altamente complejo, la República Bolivariana de Venezuela, bajo la administración del Ejecutivo Nacional, ha emprendido una transición estructural orientada a alinear su marco regulatorio interno con los requisitos del sistema financiero occidental, priorizando la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos sistémicos. Esta hoja de ruta, que integra la historia y la identidad nacionales como vectores de resiliencia cultural, trasciende la narrativa estadística para consolidarse como un proceso de reafirmación soberana que valida la gestión técnica estatal ante organizaciones multilaterales y actores económicos globales.

Esta reconfiguración, lejos de constituir una concesión política, se articula como una estrategia de pragmatismo económico orientada a la optimización de los activos estratégicos del país mediante una rigurosa alineación con los estándares de supervisión global y la profesionalización de la gestión de la deuda soberana. La hoja de ruta implementada durante el año fiscal 2026 denota una mayor capacidad de maniobra del Estado, evidenciada por la participación de bancos de inversión de primer nivel en la reestructuración de pasivos que superan los 150 mil millones de dólares, lo que constituye una señal inequívoca a los mercados internacionales respecto a la voluntad de normalización financiera. Este esfuerzo de ingeniería fiscal es, fundamentalmente, el catalizador necesario para revertir el impacto de las sanciones, dado que la normalización de los flujos de capital es un requisito indispensable para la estabilidad institucional y el desarrollo del potencial productivo del país.

La integración de la infraestructura de pagos venezolana con los protocolos globales de transparencia financiera, reflejada en la flexibilización de las licencias de la OFAC y la implementación de cuentas de depósito en garantía y fideicomisos gestionados internacionalmente, representa un punto de inflexión en la política de transparencia del Estado. Estos mecanismos garantizan la trazabilidad completa de las operaciones, eliminan las asimetrías de información que históricamente han obstaculizado la inversión y permiten al Estado aprovechar consorcios internacionales de alta solvencia técnica, mitigando así la exposición a riesgos reputacionales. La optimización operativa de estos procesos trasciende el plano financiero, consolidándose como una herramienta estratégica para facilitar la reunificación entre los venezolanos al estabilizar las variables macroeconómicas necesarias para el desarrollo social y superar las fracturas generadas por el entorno de volatilidad externa.

La adopción de marcos regulatorios como el Decreto Ejecutivo 14405 introduce una variable de gran relevancia técnica al centralizar la supervisión de los activos digitales y las tecnologías financieras, exigiendo una convergencia total hacia los estándares internacionales de cumplimiento. Esta regulación no solo restringe los canales no bancarios, sino que impulsa la modernización acelerada de la infraestructura tecnológica nacional para garantizar la interoperabilidad con los sistemas globales, convirtiendo el uso de herramientas digitales en un eje fundamental para la inclusión financiera y la soberanía tecnológica, consolidando así una identidad nacional orientada hacia la eficiencia en la era de la digitalización bancaria.

Bajo este paradigma, el estricto cumplimiento de los compromisos energéticos constituye la variable crítica para la preservación de la estabilidad institucional y la obtención de divisas en un contexto de restricciones externas. La capacidad operativa del Estado venezolano depende, por lo tanto, intrínsecamente de la regularización de la deuda mediante consultores financieros internacionales y de la rigurosa aplicación de los estándares de debida diligencia exigidos por los mercados globales, sin los cuales el acceso a dichos mercados resulta inviable. Esta gestión pragmática constituye el fundamento sobre el cual se construye la aspiración de una nación que exige el levantamiento de las sanciones, como elemento indispensable para la plena convergencia de sus capacidades productivas y el fortalecimiento de la Reunión entre los venezolanos a través de un marco de prosperidad económica sostenible.

Lo verdaderamente disruptivo de esta propuesta de "Soberanía Técnica Compartida" es la transformación de la regulación financiera internacional, que deja de percibirse como una restricción externa para convertirse en un activo que legitima la transparencia institucional y protege la historia y la identidad nacionales. Este enfoque plantea que la solidez de una economía en transición no depende del aislamiento, sino de la capacidad institucional para certificar la integridad de sus operaciones financieras ante el escrutinio internacional, transformando así el cumplimiento normativo en una herramienta para preservar el poder estatal frente a la volatilidad de los mercados globales. En última instancia, la sostenibilidad del modelo de gobernanza actual reside en la pericia técnica del Ejecutivo para armonizar sus políticas con la arquitectura financiera global, confirmando que una inserción exitosa es el resultado de un proceso de reforma que, al tiempo que salvaguarda los intereses nacionales, satisface los más altos estándares exigidos por las corporaciones y los centros financieros globales, garantizando así un horizonte de estabilidad macroeconómica a largo plazo.

 

51?

 Luis Britto García



Dos tipos hay de necios: los empeñados en añadir la ofensa al insulto, y quienes les contestan. Ingresaré en una tercera categoría, la de quienes no se toman en serio ninguna de las anteriores.

Legendaria es la vocación del primer mandatario estadounidense por ofender al prójimo sin necesidad ni provecho. No hay casa del ahorcado donde haya dejado de mencionar la soga, notabilidad que no haya querido suplantar –Papa, Mesías, Premio Nobel, Presidente de Venezuela- ni país que no quiera convertir en Estado 51.  

Se puede ofender con altura, como Oscar Wilde cuando decía de los periodistas ingleses que “no tienen nada que decir, y lo dicen”. El mandatario norteño tiene mucho que decir, pero sólo sandeces.

La más frecuente es la elusión del debate mediante la  denigración del interlocutor. Quien le plantea algo,  recibe a cambio un insulto. De Joe Biden dijo que llegó a Presidente porque como vicepresidente “aprendió a besar el trasero de Obama”. Al ex director del FBI James Corney lo apostrofó como “baboso”.  A la candidata  Hillary Clinton la apodó “Retorcida”. A Marine Waters, presidenta demócrata del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, la categorizó como “persona de bajo coeficiente intelectual”. “Hijos de p…” llamó a los jugadores de fútbol de la NFL que se arrodillaron en protesta de la violencia contra afrodescendientes. Negó haber tenido intimidad con la actriz Stormy Daniels bautizándola “cara de caballo”. A Omarrosa Menigault Newman, antigua figurante en su show “The Apprentice” la calificó de “Loca”, “Perra” y “Llorona de poca monta”. A la actriz Rosie O Donnell la rebajó como “cerda”. De las actrices en general afirmó que con ellas “puedes hacer cualquier cosa”.

Si eso opina  sobre sus compatriotas, paralela es su pasión  de rebajar colectivos que no conoce. A los mandatarios reclutados para el “Shield of Américas” advierte “no piensen que voy a aprender su maldito idioma”. Sobre oriundos de África, El Salvador y Haití se pregunta:  “¿Por qué tenemos gente de esos países de m… viviendo aquí?“ De los mexicanos dice que “están dominados por los carteles de la droga”. Sobre los venezolanos, a los cuales se propone como Presidente: “Son narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores”.  “Sé que es desagradable decir esto. Esas personas son un desastre. Son las personas más feas que he visto”. Como propietario de la franquicia Miss Universo, en 1996 llamó a la ganadora venezolana Alicia Machado “Miss Cochinita”.

Uno estaría tentado a afirmar que el pueblo estadounidense y su presidente se merecen uno al otro, pero me resisto a denigrar de pueblos en términos genéricos.


Examinemos sus amenazas  de incorporación de nuevos estados en la Unión (Canadá, Groenlancia, Venezuela). Según la Sección 3 del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América, “nuevos estados pueden ser admitidos por el Congreso en esta Unión, pero ningún nuevo estado será formado o erigido dentro de la jurisdicción de otro estado, ni se formará por la unión de dos o más estados, o partes de estados, sin el consentimiento de las legislaturas de los respectivos estados concernidos, así como la del Congreso”. 

Por analogía se entiende que antes de la anexión de un Estado Soberano, se requiere del libre consentimiento legalmente manifestado de sus ciudadanos, mediante plebiscito o referéndum, y luego el asentimiento del Congreso estadounidense. El antojo de un Presidente no puede sustituir ambas voluntades, que ni su Congreso ni Venezuela han ni siquiera remotamente insinuado.

En realidad, diversos críticos apuntan que Estados Unidos está más en vías de secesionarse que de anexar nuevos Estados. La estrategia del coloso norteño con respecto a otros países persigue extraerles cuantos  beneficios pudieran reportarle, sin asumir deberes ni cargas hacia ellos. En 1848, cuando las tropas estadounidenses derrotaron casi por completo a las mexicanas y se apoderaron de su capital, han podido asumir el control de todo el país. Pero ello les hubiera requerido esfuerzos y gastos enormes para gobernar zonas densamente pobladas por habitantes de cultura diferente. Prefirieron quedarse con el 55% del territorio, que comprendía los escasamente poblados estados norteños.

En 1898, cuando interfirieron en la Guerra de Independencia de Cuba, quizá hubieran podido anexar toda la isla, pero la complejidad de retener el control efectivo sobre ella los movió a manejarla de manera indirecta desde 1902, mediante la Enmienda Platt.

Tras dicha invasión pudieron asimismo intentar la anexión integral de Puerto Rico. Prefirieron crear el adefesio colonial del “Estado Libre Asociado”, cuyos habitantes son ciudadanos de Estados Unidos, pero no pueden votar en las elecciones de dicho país.

No: lo  que menos interesaría a  Estados Unidos es anexar como estado de la Unión un país como Venezuela, con casi 30 millones de habitantes (cerca de la décima parte de la población estadounidense) de idioma y cultura diferentes, cuyos ciudadanos son actualmente discriminados, perseguidos y expulsados por la potencia del Norte.

Muchísimo menos le interesaría responsabilizarse por los gastos  de administración de semejante conglomerado, en tiempos en que los mismos Estados Unidos en marzo de  2026 colapsaron con el government shut down (cierre gubernamental) por falta de  efectivo para pagar los sueldos de 100.000 de sus empleados.

Y para dolarizar Venezuela deberían erogar  una masa monetaria equivalente a la mitad de nuestro PIB, mientras que su estrategia consiste en depositar nuestras divisas provenientes de la venta de nuestros recursos minerales en una partida del Tesoro de Estados Unidos y otra secreta en Qatar, sólo para  resarcirnos discrecionalmente con mercancías producidas en la potencia norteña.

La propuesta de reducir Venezuela a Estado 51 de la Unión no tiene más fundamento que la pasión del mandatario por hacerse odioso, lo cual por otra parte no le requiere mayor esfuerzo.

Dos  hechos reducen a su justa perspectiva  la manía anexionista del mandatario. El primero, un mapa de Estados Unidos que apareció en internet, anexado bajo el tricolor venezolano. El segundo, el que con toda su prepotencia, durante la reciente cumbre en Beijing no se haya atrevido a proponer anexar China como Estado 51.

Quizá por temor de que pudiera pasarle al revés.



FOTO LUIS BRITTO

PD: Anuncia Cancillería para el 23 de mayo un sobrevuelo de unidades militares de Estados Unidos sobre nuestro país como “simulacro de evacuación” ante eventuales “contingencias catastróficas”. Aquí la única catástrofe ha sido el reciente asesinato de dos centenares de compatriotas y 32 escoltas cubanos por el ejército estadounidense. Para intimidar al pueblo venezolano realizó en los años cincuenta el dictador Pérez Jimenez “simulacros” de bombardeo aéreo, pero el pueblo no se intimidó y lo derrocó. En 1999 marines de Estados Unidos quisieron aprovechar la “contingencia catastrófica” del deslave de Vargas para ocupar nuestras costas; Chávez les advirtió: “Yanqui que ponga el pie en Venezuela es yanqui muerto”. La violación de nuestro espacio aéreo por naves militares extranjeras es un operativo de intimidación. Ojalá les sirva como “simulacro de evacuación” para cuando tengan que dejar en paz nuestro país.

El cimarronaje político como forma de resistencia

 


El cimarronaje político es la filosofía de resistencia y desobediencia popular contra el tutelaje imperial
El cimarronaje político es la filosofía de resistencia y desobediencia popular contra el tutelaje imperial
internet

Con El Mazo Dando 11 años


El concepto de cimarronaje político en Venezuela está culturalmente arraigado a la resistencia afrodescendiente contra el colonialismo; el cimarrón era el esclavo fugitivo que escapaba al monte formando cumbes o palenques para construir espacios autónomos de libertad fuera del sistema colonial.

Redefiniendo ese cimarronaje, en 2026 y en el contexto geopolítico actual, este término se resignifica y funciona como un marco ideológico que rechaza la injerencia externa. Invoca la memoria de líderes históricos como José Leonardo Chirino o Andresote para articular la defensa de la autodeterminación popular.

Investigadores venezolanos que estudian los tipos de cimarronaje, como Gustavo Silva, en su libro Cimarronaje cultural de lo afirmativo venezolano en tiempo de guerra simbólica y Jesús “Chucho” García, en su libro Afroepistemología y Soberanía Intelectual, explicaron que específicamente el político, visto desde la organización del Poder Popular, se manifiesta como una estructura comunitaria autónoma que recurre a la autogestión para resolver sus problemas haciendo uso de las leyes que lo sustentan y que reafirma que los actos de violencia extranjera no representan la voluntad del Pueblo.

En este panorama, el cimarronaje político renace no como una simple efeméride cultural, sino como la filosofía de resistencia y desobediencia popular contra el tutelaje imperial, deja de ser memoria para convertirse en una herramienta de resistencia legítima de las bases. Representa la negativa de las comunidades organizadas a aceptar la voluntad de un extranjero como el destino inevitable de la nación, manteniendo viva la demanda histórica de una soberanía real y sin concesiones para defender su libertad.

El cimarronaje político actual no es solo una postura ideológica, se traduce en prácticas concretas de las comunidades organizadas en la que los sectores populares replican el modelo del cumbe, las bases gestionan sus propios espacios mediante la toma de decisiones, tal como lo expresa la Ley Orgánica del Poder Popular en su artículo 3: “El Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del Pueblo”.

Es por esto que las bases cimarronas desconocen la legitimidad de las agendas impuestas por la intervención imperial. Para el venezolano, es importante rescatar la memoria de las insurrecciones afroindígenas como un escudo cultural. Recordar que la libertad venezolana se conquistó mediante la rebelión y no a través de decretos coloniales, y que es a través de la unidad y la organización que ésta se fortalece frente a las acciones ocupación simbólica.

Los principios universales y constitucionales que sustentan el cimarronaje político en Venezuela actúan como el blindaje legal y ético de las bases populares, ese ordenamiento jurídico transfiere la responsabilidad del resguardo de la nación directamente a los ciudadanos.

Esta resistencia no es un acto de desacato; es el cumplimiento del mandato supremo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que otorga un carácter vinculante a la rebeldía popular a través de los siguientes artículos:

  • Soberanía Popular Inalienable (Artículo 5): Establece que la soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo, quien la ejerce directamente. Si los órganos del Poder Público se ven coaccionados, limitados o tutelados por potencias extranjeras, el Pueblo mantiene la potestad legítima de ejercer su autoridad suprema para defender el destino del país.
  • Derechos Irrenunciables de la Nación (Artículo 1): Define que la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables. Cualquier acto que vulnere estos preceptos (como incursiones militares no autorizadas) carece de validéz legal, obligando al cimarronaje político a actuar en su defensa.
  • Deber de Defender la Patria (Artículo 130): Dictamina que los ciudadanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, resguardando la soberanía y la autodeterminación. La resistencia comunitaria ante la injerencia externa deja de ser opcional y se convierte en una obligación constitucional expresa.
  • Prohibición de Instalaciones Extranjeras (Artículo 13): Declara el espacio geográfico venezolano como una zona de paz. Prohíbe de forma tajante el establecimiento de bases militares extranjeras o cualquier instalación con propósitos militares por parte de potencias extranjeras. Las maniobras de simulación del Comando Sur violan el espíritu de este artículo.
  • Corresponsabilidad en la Seguridad (Artículo 322): La seguridad de la Nación es competencia del Estado, pero su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos. Esto legitima que las comunas, colectivos y movimientos sociales organicen la resistencia territorial,  la soberanía alimentaria y productiva en sus localidades.
  • Cláusula de Continuidad Constitucional (Artículo 333): Sostiene que la Constitución no perderá su vigencia si dejase de observarse por actos de fuerza. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. El cimarronaje político se activa bajo este artículo para rechazar la sumisión forzada a mandatos extranjeros.

A nivel global, visto desde los Principios Universales contemplados en el Derecho Internacional, la acción cimarrónica de base encuentra sustento en las normas de la comunidad internacional, como el principio de No Injerencia, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la intervención de cualquier Estado en los asuntos internos de otro, validando la resistencia popular frente a presiones diplomáticas o militares coercitivas.

Estos Principios también declaran la Autodeterminación de los Pueblos, como un derecho universal de los ciudadanos a asumir el sistema político, económico y social que consideren idóneo, libre de amenazas externas o ejercicios de demostración de fuerza, como sobrevuelos tácticos; y el derecho a la Rebelión contra la Opresión, que faculta a los pueblos a desconocer regímenes o situaciones de facto donde se intente consolidar un protectorado o una pérdida de la libertad civil e histórica.

cimarronaje político no opera al margen de la Ley, encuentra en la CRBV y en los principios de justicia internacional, el derecho pleno para constituirse como la última línea de defensa de la República frente al tutelaje neocolonial. En palabras del investigador Gustavo Silva: "La conformación de la Patria no ha sido fruto de un protectorado ni garantizada por un Estado benefactor, sino todo lo contrario: su fragua es el resultado de un conjunto de gestas y cimarronajes por más de 500 años, de luchas anticoloniales y anti-neocoloniales por nuestra independencia y soberanía, un resuelto antagonismo hacia las viejas monarquías e imperios; hoy, grandes centros capitalistas mundiales, como resultado del vasallaje, el saqueo y la rapiña. La consolidación de nuestra Patria tiene un valor incuantificable, como lo determinan nuestros sentimientos de amor, conciencia y lealtad, de allí, nuestra pasión por ella".

Es por esto que este tipo de cimarronaje representa la reserva moral del país, y demuestra que, mientras las estructuras formales de poder político puedan verse coaccionadas por preservar la vida nacional, las bases organizadas permanecen ingobernables para cualquier imperio extranjero.


AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO

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