Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 13 de octubre 2026.
La justicia estadounidense ha infligido un nuevo golpe a las garantías fundamentales y al derecho elemental a la salud, en este caso el de la diputada venezolana Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado con ella el 3 de enero durante un asalto armado de las tropas especiales de EE. UU. Reunido el jueves 8 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó formalmente la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa. Dicha medida habría debido permitir a Flores, quien se declaró «prisionera de guerra» al igual que Maduro, esperar el inicio del juicio, fijado para el 1 de junio de 2027, en una residencia privada bajo estricta vigilancia y con el uso de un brazalete electrónico. El pasado mes de septiembre, la defensa, liderada por el abogado Mark Donnelly, había depositado un detallado memorial de 23 páginas, desmontando punto por punto las tesis acusatorias y ofreciendo un plan de vigilancia férreo (confinamiento domiciliario total, GPS e inspecciones sorpresa) para respaldar la solicitud de la medida humanitaria.
Durante la audiencia, el juez Hellerstein liquidó con escéptica ligereza las garantías ofrecidas por la defensa contra el presunto «riesgo extremo de fuga», aduciendo que, en caso de alejamiento, Venezuela no concedería la extradición: «Siempre hay una manera de escapar», sentenció el magistrado.
Un capítulo particularmente turbio se refirió a las condiciones de salud de Flores, a punto de cumplir setenta años, que la defensa calificó de críticas debido a episodios de taquicardia ventricular, una pérdida de peso superior a los diez kilos, la pérdida de dos piezas dentales, consecuencias padecidas por las secuelas del gas paralizante, utilizado por los guardias tras la riña entre dos reclusas, y el empeoramiento general derivado de la detención y de las heridas sufridas durante la operación militar del 3 de enero.
Sobre las condiciones físicas, el juez las liquidó calificándolas de «prematuras», aduciendo instrumentalmente el hecho de que la imputada se haya negado a someterse a algunos exámenes diagnósticos invasivos, entre ellos un cateterismo cardíaco, propuestos por los médicos del centro penitenciario.
Presente en la sala junto a otros 5 activistas solidarios, la artista estadounidense de origen venezolano Sabrina Mendoza ofreció un testimonio de primera mano sobre el clima intimidatorio y profundamente machista que dominó la audiencia. Mendoza, quien documentó todo el proceso a través de una serie de ilustraciones realizadas en el lugar para eludir la prohibición absoluta de tomar fotografías, denunció la maniobra de la Fiscalía estadounidense: apenas un día antes de la audiencia, los medios hegemónicos difundieron nuevos cargos de acusación por presunta conspiración y tortura contra ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Un expediente de nada menos que treinta páginas entregado a la defensa y al propio juez esa misma mañana, a las 8:00, dos horas antes del inicio de la sesión. Un tempismo quirúrgico utilizado como instrumento de coerción política para orientar la decisión del tribunal.
«Estamos ante un acto deplorable también de misoginia», denunció Mendoza, evidenciando el cinismo de un tribunal enteramente masculino que pretende decidir sobre la salud y el cuerpo de una mujer detenida, imponiéndole intervenciones invasivas sin transparencia legal ni consentimiento informado, dentro del infame Metropolitan Detention Center de Brooklyn (donde Flores fue trasladada recientemente desde la sección de aislamiento SHU a una celda común con más de cuarenta reclusas).
A pesar del desconcierto en la sala, donde incluso el juez admitió no haber leído los documentos pero considerarlos de todos modos «graves», Cilia Flores —relató Mendoza— apareció «firme, vestida de negro, con la frente en alto y cambiando miradas y sonrisas con los activistas presentes, en una demostración de inequívoca resistencia moral».
El procedimiento prosigue ahora a través de una serie de etapas y plazos procesales que preceden al debate principal de junio de 2027. La próxima fecha fundamental está fijada para el 17 de noviembre, día en que la defensa presentará las memorias técnicas para solicitar la anulación total de los cargos basándose en la inmunidad soberana y parlamentaria, mientras que la Fiscalía deberá depositar sus réplicas probatorias.
El corazón de esta batalla jurídica descansa sobre el detallado memorial de 56 páginas (ECF 321) depositado por los abogados, que desmonta el entramado acusatorio estadounidense. El documento recuerda que ningún tribunal de los Estados Unidos ha juzgado jamás penalmente a un jefe de Estado reconocido por su propio país como líder en funciones (tanto de jure como de facto). La acusación sostiene paradójicamente que Maduro y Flores habrían corrompido las instituciones del Estado, pero el common law establece que la inmunidad basada en la conducta se aplica al margen de las motivaciones o de la presunta legalidad de los actos realizados en el ejercicio de las funciones soberanas (como la gestión de la política exterior, la emisión de pasaportes diplomáticos o la coordinación institucional). Pretender revocar la inmunidad de un jefe de Estado extranjero declarándolo unilateralmente «ilegítimo» constituye una peligrosa arbitrariedad que pisotea el derecho internacional.
Toda la estructura judicial neoyorquina descansa sobre un vicio de origen insanable: el secuestro de Estado ocurrido al alba del 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses se llevaron por la fuerza a Maduro y Flores de Caracas a través de un ataque militar que costó la vida a cientos de personas. Una agresión armada que pisoteó la Carta de las Naciones Unidas y la inmunidad soberana, denunciada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, y por diversos gobiernos como un precedente gravísimo.
Mientras los tribunales de Washington continúan reduciendo la ilegalidad del arresto a un mero detalle procedimental al estilo de la vieja doctrina Noriega, la solidaridad internacional continúa denunciando el carácter de «prisioneros de guerra» de los dos líderes bolivarianos.
La detención arbitraria y los procesos de Manhattan han desatado una amplia movilización internacional. Intelectuales, líderes políticos, artistas y figuras del pensamiento crítico como el escritor Ignacio Ramonet han firmado un llamamiento para denunciar el carácter colonial y extrajudicial del procedimiento. A estas voces se unen los colectivos feministas y antimperialistas (como Bravo Pueblo), que denuncian el trato degradante y el uso político de las cárceles estadounidenses.
El marco acusatorio encuentra un eco especular también en Italia. Es el caso reciente del cooperante italiano Alberto Trentini, originario de la región del Véneto, quien —a través de sus abogados— presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Roma para denunciar la detención arbitraria y las presiones sufridas en la cárcel de El Rodeo I, solicitando al mismo tiempo al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Parlamento Europeo el reconocimiento de las violaciones sufridas.
En la historia de la Revolución Bolivariana, Cilia Flores ocupa un lugar central. Nacida en Tinaquillo en 1956 y graduada en derecho con especialización en derecho penal y laboral, su trayectoria está indisolublemente ligada a las etapas de emancipación popular del país. En 1994 lideró con valentía el equipo legal que obtuvo la excarcelación de Hugo Chávez y de los militares insurgentes del 4 de febrero de 1992, convirtiéndose en una de las arquitectas jurídicas y políticas del MVR y posteriormente del PSUV.
Pionera de las instituciones democráticas venezolanas, fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, además de ocupar el cargo de Procuradora General de la República en 2012 y de diputada constituyente en 2017. Y se debe a ella la redacción y aprobación de importantes leyes sobre la libertad femenina. Por esto, sustituir el concepto subalterno de «Primera Dama» por el de «Primera Combatiente» no fue un capricho retórico por parte de Maduro, sino el reconocimiento de un compromiso en primera línea junto a las clases trabajadoras, que encarnó el temple de la mujer venezolana revolucionaria frente a las agresiones imperialistas. Para la oposición venezolana, Cilia Flores es, en cambio, la verdadera “eminencia gris” de los mecanismos de poder en el gobierno desde 1998.
La nueva incriminación depositada en Manhattan (documento 342 del expediente 1:11-cr-00205) acusa a Maduro y Flores de haber dirigido entre 2013 y 2026 un sistema de sevicias (entre ellas descargas eléctricas, asfixia y aislamiento) contra ciudadanos estadounidenses como el exmarine Matthew Heath. Exponentes de la oposición venezolana, como Edmundo Urrutia y Omar González Moreno, han vitoreado hablando de un «círculo que se cierra». Accusaciones que los gobiernos bolivarianos siempre han negado desde los tiempos de Chávez, reivindicando la naturaleza democrática y pacifista de su modelo, y denunciando, entonces como ahora, el uso instrumental de las acusaciones de tortura por parte de Washington.
Acusaciones que resultan grotescas e hipócritas si se comparan con la historia de los crímenes sistemáticos del propio imperio estadounidense. El catálogo de vejaciones imputado a Caracas calca puntualmente los manuales de la CIA surgidos en el informe del Senado de EE. UU. de 2014 sobre waterboarding, baños de hielo y alimentación forzada, por no hablar de las atrocidades documentadas en Abu Ghraib y Guantánamo, cuyos responsables de alto rango han quedado impunes.
Transformar la justicia penal internacional en una apéndice de la política exterior, donde la tortura es un crimen o una «técnica avanzada» según el pasaporte de quien la comete —denuncian los activistas—, desvela la naturaleza política de un proceso que busca decapitár a la conducción legítima de Venezuela. Pero —agrega Sabrina Mendoza— como demuestran la entereza de Cilia Flores en el tribunal y la movilización de la solidaridad internacional liderada por colectivos como Bravo Pueblo, «la dignidad de la revolución bolivariana no se dobla en las aulas de Manhattan y se hace sentir en las plazas, cada 3 del mes».
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