Fiscalías Municipales.

*Luisa Ortega Díaz

En la República de Utopía, la inmortal obra de Tomás Moro, cada comunidad conformada por quince familias designa a uno de sus miembros para que resuelva los conflictos interpersonales que se producen en la vida comunitaria.
De esta manera la solución nace de la inmediación con el contexto sociocultural en el cual se origina el conflicto y, en esa medida, la misma se distingue por su alto contenido humano.
En nuestra realidad de grandes centros poblados, los procesos penales en muchas ocasiones descontextualizan las contradicciones de intereses que pretenden resolver. Esto obliga a todos los entes del sistema de justicia a acercarse a las comunidades a las cuales pertenecen las personas involucradas en dichos procesos.
Ser miembro de la comunidad donde se ejerce como operador de justicia permite conocer, en el lenguaje del derecho penal, las condiciones sociales, económicas, culturales y psicológicas implícitas en cada conflicto o hecho punible, siendo factible llevar al proceso la verdad histórica en toda su dimensión; por lo tanto, las medidas a tomar siempre estarán muy cerca de la justicia.
Por tal razón, desde el Ministerio Público estamos impulsando con fuerza la creación de fiscalías con competencia territorial limitada a los Municipios, las cuales conocerán de aquellos delitos cuya pena no exceda en su límite máximo de tres años de prisión. Frente a éstos, en atención a su insignificancia, es posible ejercer el principio de oportunidad, pudiendo el Ministerio Público prescindir del ejercicio de la acción penal.
Otorgarle esta competencia a las fiscalías municipales, además de las bondades ya señaladas, permitirá disminuir el número de casos que conocen las de proceso, redundando en su mayor rendimiento.
También corresponde a las fiscalías municipales velar por el respeto a los derechos humanos en su ámbito territorial; en consecuencia, tan importante vigilancia será aún más directa y la comunidad afectada tendrá acceso fácil y rápido al Ministerio Público ante cualquier caso de violación de derechos humanos.
Esta y otras medidas tomadas por el Ministerio Público venezolano, tienen como propósito la democratización y humanización del sistema penal venezolano.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.