Rosales, cállate

Nancy Mastronardi

Manuel Rosales parece no aprender. Ahora prófugo de la justicia venezolana, pretende utilizar un escenario internacional (Perú) para atacar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, lo que representa una violación al Derecho Internacional. Cuando todavía permanece en Perú en calidad de 'turista', Rosales envió un mensaje a través de los medios de comunicación de ese país para llamar 'cobarde' al jefe de Estado venezolano y calificarlo como 'dictadorzuelo'. Minutos después de concluido el mensaje, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, interrumpió un Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno, en Lima, para llamar la atención a Rosales por haber emitido un pronunciamiento político e insultado a Chávez desde la capital peruana. Ante esto, el abogado de Rosales, el congresista peruano Javier Valle Riestra, pidió este miércoles a su cliente que se calle y se abstenga de hacer declaraciones políticas. Según dijo Valle Riestra a la agencia EFE, Manuel Rosales debe “abstenerse de poner a prueba al Gobierno (peruano)”, pues, aunque comprende que en las actuales circunstancias “él debe estar tenso”, “no es lo más sagaz ni lo más sabio ponerse a hacer pronunciamientos políticos'. A pesar de ser prófugo de la justicia y ser procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 46 de la misma norma, Manuel Rosales dijo que seguirá 'luchando' por Venezuela desde Perú. 'La lucha no ha terminado. Esta película no ha terminado y tendremos un final feliz (...) Cada quien a ocupar una posición de combate', dijo Rosales mientras tramita su asilo 'político' en Perú. Rosales no ha podido justificar cómo es dueño de siete mansiones (viviendas), un centro comercial y de RT International Group. También tiene acciones en 13 empresas ubicadas en Estados Unidos y presuntamente tiene a sus hijos, hermanos y cuñados como testaferros para otras propiedades con valor por más de 3 millones de dólares. Otras de las acusaciones que pesan sobre Rosales ante el Ministerio Público son la compra de mansiones en La Virginia, Maracaibo, y Miami, Estados Unidos, por un millón y medio de dólares, 799 mil dólares y 306 mil dólares; depósito ilegal de divisas en cuentas internacionales, compra de 400 reses y donación fraudulenta de unos 200 vehículos de la Gobernación del Zulia. El diputado de la Asamblea Nacional, Mario Isea, denunció que los activos de dos empresas creadas por el gobernador Manuel Rosales en Miami (Florida, Estados Unidos) superan los 11 millones de dólares y que una de las empresas es RTC International Group, por medio de la cual Rosales habría hecho la transferencia de 31 millones de dólares, según una conversación telefónica difundida a la opinión pública. ¿Asilo político? De acuerdo con la Convención sobre Asilo Político de Perú y Venezuela, no se le puede dar asilo a Manuel Rosales porque éste está siendo procesado por enriquecimiento ilítico, delito de salvaguarda establecido en la Ley contra la corrupción, explicó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. 'Todos los Estados soberanos pueden darle asilo político a cualquier persona, pero la convención sobre asilo de Perú y Venezuela señala que sólo se debe activar este mecanismo en caso de que un ciudadano cometa un delito político', aclaró la fiscal en el programa Dando y Dando, que transmite Venezolana de Televisión. Agregó: 'Manuel Rosales no está siendo procesado por ningún delito político sino por un delito de salvaguarda establecido en la Ley contra la corrupción; éste jamás puede ser confundido con un delito político'. Ortega Díaz señaló que cuando el Ministerio Público acusa a ciertos individuos, éstos van de inmediato a los medios de comunicación a descalificar a la Fiscalía, a los jueces, y no emplean esa energía para defenderse, para argumentar válidamente cuál es la razón por la cual no cometieron tal delito. Luego de analizados los elementos aportados por el Ministerio Público (MP) y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean el proceso relacionado con Manuel Rosales Guerrero, fue acordada este miércoles medida privativa de libertad en su contra. Prófugo de la justicia venezolana, Manuel Rosales podría recibir asilo 'político' de Perú, tal como lo obtuvo, de ese mismo país, Carlos Ortega, sobre quien pesan los delitos de rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación contemplados en el Código Penal. Carlos Ortega, protagonista principal del golpe de Estado de abril de 2002, solicitó asilo político en marzo de 2003 en la embajada de Costa Rica en Caracas, obteniéndolo, pero fue expulsado de aquel país por violar las reglas de asilo, al emitir declaraciones contra el presidente Chávez a través de medios de comunicación de esa nación centroamericana. Volvió clandestino a Venezuela hasta que el 28 de febrero de 2005 fue detenido en un bingo de Caracas. A las acusaciones en su contra se sumó la de porte de documentación e identidad falsa. El 14 de diciembre de 2005 fue encontrado culpable y condenado a 16 años de prisión, que cumplió en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, hasta el 13 de agosto de 2006, cuando escapó junto con los coroneles Darío Farías y Jesús Farías, así como con el capitán Rafael Ángel Farías, volviendo a la 'clandestinidad'. Sin embargo, el 2 de septiembre del año siguiente reapareció públicamente en Perú, cuyo gobierno le concedió asilo por razones 'humanitarias'.