Maduro y El Jaque de Ginebra, la Sutil Audacia de ser un "Huésped de Guerra" en Manhattan.

 Por: Kelly J. Pottella G.

La reciente comparecencia de Nicolás Maduro ante los tribunales de Nueva York, tras una captura que parece extraída de los anales de la geopolítica más cruda, ha dado un giro inesperado que trasciende la mera defensa penal. Al invocar formalmente el Tercer Convenio de Ginebra, el mandatario capturado ha ejecutado una maniobra de una sofisticación jurídica deslumbrante, diseñada para dinamitar la arquitectura del proceso en su contra. No se trata de un acto de desesperación, sino de un movimiento de judo político: Maduro utiliza la propia fuerza de su captor —la naturaleza militar de su aprehensión— para forzar un cambio de paradigma. Si fue extraído mediante una operación de fuerzas especiales y trasladado bajo custodia militar, la lógica de su defensa es implacable: no estamos ante un arresto policial por delitos comunes, sino ante la captura de un Comandante en Jefe en el campo de batalla, lo que le otorga el estatus de Prisionero de Guerra.

Esta habilidad para reencuadrar su detención obliga a la justicia estadounidense a enfrentarse a un dilema existencial. Al exigir el estatus de Prisionero de Guerra, Maduro busca activar un escudo de protección internacional que prohíbe el trato humillante, el uniforme de presidiario y las cadenas del sistema penal convencional. Lo que subyace es una audacia estratégica que intenta arrancar de raíz la etiqueta de "narcotraficante" que el Departamento de Justicia ha construido durante años. Al posicionarse bajo el paraguas de Ginebra, Maduro eleva su caso desde el fango de la criminalidad común hacia las esferas del Derecho Internacional Humanitario, donde las reglas del juego exigen un trato de dignidad institucional y, fundamentalmente, plantean la posibilidad de una repatriación obligatoria una vez que cesen las hostilidades.

Sin embargo, la fiscalía estadounidense se encuentra ya preparando su contraataque en este laberinto procesal. El argumento central de los fiscales no será negar la naturaleza militar de la captura, sino desvincular los cargos de narcoterrorismo y lavado de dinero de cualquier actividad legítima de un combatiente. La fiscalía sostendrá que la inmunidad de combate protege acciones de guerra, pero no actividades criminales transnacionales realizadas para beneficio personal. Intentarán convencer al juez de que el estatus de prisionero de guerra es incompatible con delitos que el derecho internacional clasifica como delincuencia organizada. Es una carrera por "despolitizar" el caso y mantenerlo en el terreno penal, mientras la defensa de Maduro plantea que la distinción entre "acto de Estado" y "delito común" es una construcción arbitraria del vencedor para evadir sus responsabilidades internacionales.

Esta colisión de doctrinas pone al tribunal en una posición incómoda: si ignora la solicitud, corre el riesgo de crear un precedente donde cualquier Estado pueda capturar a un líder extranjero y simplemente etiquetar sus funciones gubernamentales como "conspiración criminal" para eludir los tratados internacionales. Para Venezuela, esta estrategia implica una parálisis del relato acusatorio y un estancamiento jurídico prolongado. Mientras Maduro permanezca bajo esta sombra de autoridad legal, sugiere que su presidencia no ha sido revocada por un veredicto, sino que se encuentra en un estado de cautiverio bélico. En definitiva, Maduro ha convertido el estrado en un foro internacional donde el acusado termina interrogando la legalidad de los métodos de su captor, demostrando que, incluso tras las rejas, posee la agudeza para dictar parte del guion de la confrontación global.