Por Geraldina Colotti/
No fue un “paseo”, como declaró Donald Trump, el ataque contra Venezuela que, el 3 de enero, asesinó con armas ultrasofisticadas a militares y civiles durante un bombardeo nocturno que golpeó la capital y algunas infraestructuras del país. No se trató de una “operación quirúrgica e indolora” que no tuvo resistencia alguna. El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, admitió que 200 miembros de las Fuerzas Especiales Delta, que descendieron de helicópteros bajo una lluvia de balas, enfrentaron una resistencia feroz.
Treinta y dos combatientes cubanos, presentes legalmente en el país, cayeron defendiendo al Presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, luchando “como leones” en un combate abierto contra mercenarios y unidades élite. Las bajas entre los asaltantes, aunque la Casa Blanca no las confirme, son una realidad que se filtra desde las admisiones del jefe de gabinete Stephen Miller y los informes médicos: no fue un “paseo”, sino una batalla furiosa que causó daños a las aeronaves estadounidenses, heridos graves y muertes entre los agresores.
Una agresión que, como las plataformas de la oposición extremista habían anunciado hace meses, fue planificada meticulosamente con el empleo de tecnología de espionaje de vanguardia. La CIA monitoreó cada movimiento del presidente Maduro a través de una flota de drones furtivos RQ-170 Sentinel, diseñados por la división Skunk Works de Lockheed Martin para la “vigilancia persistente en entornos hostiles”. Partiendo presuntamente de la base reactivada de Roosevelt Roads en Puerto Rico, con el apoyo del gobierno de Trinidad y Tobago y el respaldo del de Guyana (así como los de Ecuador y El Salvador), estos drones proporcionaron los datos necesarios para un ataque que involucró 152 aeronaves, una tormenta magnética y el sabotaje del sistema eléctrico nacional para paralizar al país. Es el “modelo” aplicado a Irán, pero ahora con el añadido del secuestro presidencial.
Vale aquí recordar un episodio que se remonta a principios de septiembre de 2025, y que fue reavivado en los meses siguientes. Pocas semanas después de la victoria electoral de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, y tras la violencia desatada por la oposición extremista que rechazó los resultados, seis colaboradores cercanos de María Corina Machado (entre ellos Magalli Meda y Pedro Urruchurtu) se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas, entonces bajo protección diplomática de Brasil, ya que Venezuela había expulsado a los diplomáticos argentinos tras las ofensivas declaraciones de Milei.
Machado explotó mediáticamente la situación de los seis e invocó la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), buscando presionar a la comunidad internacional para que interviniera militarmente para “salvar” a sus colaboradores asediados. El 6 de septiembre de 2025, el Estado venezolano revocó oficialmente a Brasil el derecho de gestionar la sede. ¿El motivo? Las pruebas recabadas por el servicio de seguridad (SEBIN) demostraban que desde el interior de la embajada se coordinaban intentos de magnicidio y actos de sabotaje a la red eléctrica. Durante horas, las fuerzas de seguridad bolivarianas rodearon el edificio. Machado construyó en torno a este evento una narrativa de “éxodo y fuga”, sostenida por una formidable operación de propaganda internacional.
Gritó al mundo que sus colaboradores eran “prisioneros en un búnker bajo asedio medieval”. Intentó hacer pasar la salida de los diplomáticos argentinos (que ya habían sido expulsados oficialmente tiempo antes) como una huida desesperada bajo la protección secreta de la CIA. Presentó el traslado de los diplomáticos y la tensión en torno a la embajada, no como una acción legítima de protección de la soberanía venezolana contra quienes albergaban a prófugos de la justicia, sino como una “fuga de noticias” y de personal que demostraba que el gobierno de Maduro ya no tenía el control del territorio.
Era una forma de decir: Washington entra y sale de Caracas como quiere, el gobierno de Maduro no cuenta para nada. En realidad, los diplomáticos argentinos se habían ido por los canales regulares tras la expulsión, mientras que los seis buscados permanecieron dentro del edificio, protegidos por el muro diplomático que Venezuela, aun revocando la custodia a Brasil, continuó respetando formalmente para no caer en la provocación de un asalto violento que Trump estaba esperando para invadir.
¿Por qué recordar el episodio? Primero, hay que aclarar que la CIA no necesita “permisos” para mantener sus puestos en la sombra en Venezuela o América Latina: desde el “trabajo” de ciertos “operadores humanitarios” (regularmente santificados en su patria), hasta los edificios faraónicos que paga generosamente, aunque oficialmente estén cerrados a nivel diplomático. En Valle Arriba, en el municipio de Baruta, al sureste de Caracas —uno de los bastiones de la oposición venezolana— se encuentra la embajada norteamericana.
Un imponente complejo situado en una colina que domina estratégicamente gran parte de la ciudad y ofrece notables ventajas en términos de vigilancia y monitoreo de comunicaciones. Aunque las operaciones diplomáticas fueron formalmente suspendidas en 2019 y todo el personal evacuado, el complejo sigue siendo propiedad del Departamento de Estado de EE. UU. El edificio es conocido por ser uno de los más costosos y seguros construidos por Estados Unidos en la región. Terminada en 2002 (año del golpe contra Hugo Chávez), la embajada costó unos 120 millones de dólares (de la época). Fue diseñada como una auténtica fortaleza, con cristales antibalas, paredes reforzadas y sistemas de defensa avanzados. Informes recientes (septiembre de 2025) indican que Estados Unidos gasta aún millones de dólares al año solo en mantenimiento y seguridad del complejo vacío y otras propiedades conexas en Caracas, un gasto criticado incluso dentro del Congreso estadounidense.
Tras la agresión del 3 de enero de 2026 y el secuestro del Presidente Maduro y la diputada Cilia Flores, su esposa, el área está custodiada y monitoreada con extrema atención. Oficialmente, el edificio albergaba a diversas agencias federales, pero para el gobierno venezolano y muchos analistas, la sede de Valle Arriba ha sido siempre la principal “estación” de la CIA en Venezuela. El gobierno bolivariano ha denunciado repetidamente que el complejo albergaba sofisticados equipos electrónicos para la interceptación de comunicaciones gubernamentales y militares.
En octubre de 2025, el presidente Maduro afirmó haber desmantelado un plan de “false flag” (falso positivo) que preveía un simulacro de ataque a la embajada, orquestado por el fascismo local y apoyado por la CIA, para justificar la intervención militar directa de Trump. Se cree que los datos recogidos por los drones RQ-170 Sentinel fueron procesados en coordinación con la información de inteligencia gestionada históricamente desde esta sede, aunque ahora las operaciones se dirijan principalmente desde la base de Puerto Rico o bases móviles en el Mar Caribe. La embajada en Valle Arriba, en definitiva, sigue siendo un monumento a la injerencia y una potencial base operativa que Washington ha mantenido “caliente” a la espera de poder reocuparla plenamente bajo un régimen títere.
Machado usó entonces la palabra “fuga” para hacer creer a sus seguidores que el gobierno bolivariano estaba aterrorizado y que Estados Unidos ya era el dueño de la casa. Es el mismo mecanismo que usa hoy, en 2026: toma una situación de tensión diplomática, la transforma en una “victoria” de la CIA o en una “rendición” de Delcy o de Diosdado, para cubrir el hecho de que ella, políticamente, ya no tiene ninguna fuerza real en el país. Pero su versión es replicada por los medios hegemónicos internacionales para crear, también ahora, una realidad paralela, sembrar dudas y confundir, con el gran apoyo ofrecido por la inteligencia artificial.
Al igual que hoy intenta pintar la gestión de Delcy Rodríguez como una “venta”, entonces pintaba la firmeza contra la embajada argentina como un acto de “desesperación” del gobierno. Transformar una defensa de la soberanía en una narrativa de caos sirvió para justificar la intervención de Washington.
En este escenario de guerra híbrida y cibernética se insertan las calumnias, desmentidas puntualmente por el gobierno bolivariano: que Delcy habría estado años en la nómina de la CIA, que Padrino López habría traicionado, o que lo habría hecho el comandante de la escolta presidencial… Y luego, la calumnia más venenosa: la que apunta a Diosdado Cabello, Ministro del Interior, Justicia y Paz y pilar de la revolución muy amado por el pueblo, acusándolo de una supuesta negociación secreta o de una “venta” del proceso bolivariano a Estados Unidos. Se olvida que, incluso antes de que Nicolás Maduro fuese acusado de liderar el fantasmal Cártel de los Soles, el blanco de esta calumnia fue precisamente el capitán, compañero de Chávez en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992.
Una historia que hemos relatado varias veces en nuestros artículos y que pueden encontrar en dos libros: Comunicación liberadora, publicado en Venezuela, y Casas Muertas, la novela de Miguel Otero Silva recién traducida al italiano por Argo Libri, donde el episodio se reconstruye en la introducción. No hay que olvidar que, por esto, también sobre la cabeza de Diosdado pesa la “recompensa” impuesta por Trump, el autodenominado sheriff global.
Como ha analizado lúcidamente la periodista argentina Stella Calloni (analista de las injerencias norteamericanas), nos enfrentamos a una clásica operación de guerra psicológica de la CIA para sembrar dudas y dividir el frente interno en el momento del máximo asedio. La “diplomacia de las cañoneras” de Trump no busca acuerdos, sino que impone chantajes y se basa en una propaganda inflada contradicha por los hechos. La aceptación de un diálogo técnico o la gestión de la crisis por parte del gobierno bolivariano no son signos de rendición, sino herramientas de una defensa estratégica necesaria para abrir brechas, evitar una masacre total y preservar la integridad de la nación.
Cuando un imperio tiene secuestrados a los líderes de un país (Maduro y Flores) y mantiene una flota de guerra en el Caribe, cualquier canal de comunicación que se abra no es una “rendición”, sino un escenario de confrontación diplomática y técnica bajo asedio. El enviado de la CIA, cercano a Trump, quien lo impuso pese a no ser un espía de carrera, no fue aclamado por el gobierno de la presidenta encargada, sino que llegó al país como emisario del secuestrador de Estado global, su amo.
Como advierte Calloni, Trump ha retomado la forma más brutal de política exterior: “haz lo que quiero o será peor para ti”. El objetivo es proyectar al mundo la idea de que “el chavismo negocia su rendición”, cuando en realidad existe una resistencia firme que utiliza todos los mecanismos posibles —incluyendo escuchar las demandas del agresor— para evitar una masacre mayor y garantizar la supervivencia del Estado.
En este contexto se inserta la calumnia que intenta presentar a Diosdado Cabello como un “agente tarifado” para los intereses de Washington, aunque esto choque con la realidad histórica: Cabello es el dirigente más demonizado y perseguido judicialmente por el imperialismo. Su permanencia en el Ministerio del Interior, coordinada con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es la garantía de la solidez del “núcleo de hierro” bolivariano, capaz de convencer pero limitando al mínimo la coerción.
Pretender que quien ha sido el objetivo principal de sus ataques sea ahora su aliado es un absurdo lógico que solo busca sembrar desconfianza en las bases chavistas y mitigar la ola de alarma e indignación internacional. En un contexto de choque global donde la perspectiva de un tercer conflicto mundial no es un espectro lejano, los aliados estratégicos de Venezuela parecen, de hecho, ir más allá de los pronunciamientos diplomáticos. Como analiza el sinólogo alemán, Kurt Grotsch, China ha respondido a la agresión —considerada una declaración de guerra al proyecto multipolar y a los BRICS— no con retórica vacía, sino con medidas prácticas que golpean los puntos vitales del imperio.
Tras una reunión de emergencia del Partido Comunista Chino de 120 minutos, Pekín activó una “respuesta asimétrica integral”: congelación de negocios con gigantes de la defensa de EE. UU. como Lockheed Martin y Boeing, suspensión de suministros de petróleo a refinerías estadounidenses (causando un alza del 23% en los precios) y el boicot a puertos americanos por la flota COSCO, afectando a colosos como Amazon y Walmart.
Según Grotsch, Pekín además movilizó al Sur Global ofreciendo condiciones comerciales preferenciales a los países que se comprometan a no reconocer a ningún gobierno impuesto por EE. UU., consolidando una coalición que incluye a Brasil, India y Rusia. La activación del sistema financiero chino alternativo al SWIFT y el bloqueo de exportación de tierras raras a los partidarios del golpe completan un cuadro donde China demuestra el poder para asfixiar económicamente a Estados Unidos sin disparar un tiro. Cada acción china es un golpe directo al corazón del imperialismo para defender el puente estratégico hacia América Latina que representa Venezuela.
Lo que los “chavistas de cafetín” en Europa no comprenden es que gobernar con drones Sentinel sobrevolando Miraflores y con la CIA bajo la cama requiere una inteligencia estratégica que no es “venta”, sino defensa táctica del territorio. La estabilidad de Venezuela descansa en la solidez de un núcleo de poder donde Diosdado Cabello y el Ministro de Defensa Vladimir Padrino López actúan en total coordinación con Jorge Rodríguez al frente del Poder Legislativo y Delcy Rodríguez en el Ejecutivo. Delcy y Jorge son hijos de un opositor que combatió las democracias camufladas de la IV República, muerto bajo tortura, a quien se rindió honor incluso durante la reciente asunción de la presidenta encargada.
Esta articulación cívico-militar es la verdadera razón por la cual Trump tuvo que descartar un “cambio de régimen” inmediato basado en la figura de María Corina Machado, y reconocer que, pese a haberle regalado el Nobel de la Paz, la golpista no tiene los números para gobernar. La persistente capacidad de movilización popular de las bases chavistas ha demostrado que el apoyo interno sigue siendo sólido. Aunque Trump insista en afirmar que posee la “llave” de las decisiones, sus aspiraciones están mediadas por la negociación —o la extorsión— con un gobierno venezolano que no ha cedido el control de los recursos.
La calma aparente no es “normalidad” o apatía, sino una respuesta defensiva en una guerra multidimensional que dura desde 1998. Desde el día del ataque, todos los sectores sociales marchan en defensa del gobierno al grito de “Dudar es traición”. En cada plaza se realizan encuentros culturales para exorcizar el trauma y los miedos de los niños, invitados a expresarlos en versos o dibujos expuestos en plazas y escuelas, que han reabierto. Mientras tanto, Washington intenta imponer la narravita de una “transición ordenada” como nuevo mecanismo de extorsión, pero este margen temporal permite al proceso bolivariano fortalecer un consenso social que sigue relegando a los márgenes a una oposición sin respeto popular.
En las plazas venezolanas y del mundo, mientras tanto, se recogen miles de cartas para enviar a los dos rehenes en las cárceles norteamericanas bajo la campaña “Bring them back (¡Tráiganlos de vuelta!) / Free Nicolás and Cilia”. El objetivo es “atascar” el correo del Pentágono, como en el caso de los “Cinco héroes cubanos”, para lograr su liberación. Mientras tanto, gracias a la solidez de la defensa de Maduro y Flores —la misma que logró la excarcelación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange—, los tribunales de EE. UU. han tenido que retirar la acusación de “narcotráfico”, reconociendo la inexistencia del Cártel de los Soles.
“Soy un prisionero de guerra, una persona honesta, soy el presidente de Venezuela”, declaró Maduro rechazando pactar con el tribunal. Luego, con las muñecas encadenadas, dibujó el símbolo de la firma de Chávez, diciendo a su manera al mundo: “Soy un prisionero de guerra. Por ahora”.
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