Por: Gabriel Villasmil
El anuncio de Donald Trump de emprender acciones terrestres contra Venezuela traza una línea roja en torno a la cual toda persona, institución o país debe posicionarse. Poco importa si la amenaza es más o menos vaporosa, no definida, en su habitual estilo de falta de concreción y con ese tono bravucón de amagar pero nunca golpear que le caracteriza. Lo relevante es la voladura del ordenamiento jurídico internacional, tan pacientemente tejido a lo largo de los siglos pero muy especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de que semejante apocalipsis, con sus cincuenta millones de muertos, no volviera a repetirse jamás.
Es cierto que la aplicación del derecho internacional no ha sido precisamente equilibrada. Latinoamérica tiene una larga tradición durante todo el siglo XX de injerencia estadounidense –guerras y promoción de golpes de estado incluidas- vulnerando cualquier principio jurídico. Pero al menos en esa tesitura los países agredidos podían acudir a una jurisprudencia que, a los ojos del mundo, certificaban la iniquidad del hecho.
Lo que se está viviendo hoy es diferente. El imperialismo estadounidense, en puridad, no vulnera ni el derecho internacional ni su legislación interna. En realidad, la retuerce hasta que sirva a sus propios intereses, dando una pátina de legalidad a sus acciones. Pone a su servicio la ley y las instituciones para sus oscuros intereses. En este retorcimiento de la legalidad cobra cada vez más verosimilitud la posibilidad de que Trump se postule para un tercer mandato o incluso más. La restauración de las monarquías, de cuyo yugo América se sacudió hace más de doscientos años, se avizora en el horizonte.
El imprescindible Antonio Gramsci conceptualizaba estas líneas rojas que surgen en la historia por acumulación de sucesos como «crisis», entendida por ese espacio temporal en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Claramente el mundo está ante uno de esos momentos y lo que surgirá de ahí se decide, en buena medida, en el Caribe y en Venezuela.
Se entiende, por tanto, la gravedad de la coyuntura que interpela a toda la humanidad pero muy especialmente a los venezolanos y venezolanas, desde la ciudadanía hasta representantes políticos, sociales, culturales, periodísticos, económicos y, por supuesto, fuerzas policiales y militares. La línea está trazada, la disyuntiva, como decía Camus, no permite ambigüedades. ¿Con quién se está en este momento? ¿Con la fuerza de la ley y el derecho o, valga el juego de palabras, con la ley del más fuerte? ¿Con entendimiento entre las naciones o con el enfrentamiento y la amenaza? ¿Con el respeto a la soberanía propia o con las amenazas imperiales?
Lo que se decide en estos días en aguas caribeñas no atañe a un solo país o a un momento determinado de la historia. El organigrama internacional para las próximas décadas depende de cuál será la resolución del ataque a Venezuela, a su soberanía y a su pueblo. Una victoria de Venezuela –no se está hablando de vencer en una guerra abierta, sino de la superación de la situación actual- es una victoria de la democracia, el derecho internacional y la soberanía de los pueblos frente al poder de la fuerza. En caso de derrota, no se habrá doblegado a un presidente, a un gobierno, a un movimiento político, ni siquiera un país… Se habrá subyugado a toda la humanidad, que se sumirá en una época oscura cuyo final nadie podrá avizorar. De ahí la importancia de saber en qué lado se colocará cada quien en este momento trascendental.

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