*JUAN MARTORANO.
Seguimos en los comentarios, reflexiones y en la divulgación, en la medida de nuestras posibilidades, de las últimas 26 leyes habilitantes del año 2007-2008 aprobadas por el Ejecutivo Nacional, y que ha levantado toda una polvareda y se ha constituido en una justificación para que los sectores más enloquecidos de esta oposición, que en su inmensa mayoría, porque sería una injusticia señalar que son todos los sectores, están trabajando en función de intentar nuevas aventuras desestabilizadoras y propiciar una guerra fratricida entre hermanos y hermanas.
Pero no todo está pérdido, y antes de entrar en materia, queremos felicitar a nuestro Presidente y líder, Hugo Chávez, por el lanzamiento en el día de ayer, dentro de su programa radiotelevisivo "Aló Presidente", de la Misión 13 de abril, que sin duda se constituirá en una herramienta para la consolidación del Poder Popular, a través de la transformación y adecuación de la infraestructura y el hábitat, el desarrollo y la potenciación de las cualidades y capacidades humanas, a través de la interacción y coordinación de todas las misiones sociales que se encuentren en las veredas, urbanizaciones, barrios, etc; y por supuesto, el desarrrollo,potenciación e incorporación de los saberes y conocimientos populares en el nuevo modelo productivo socialista, modelo de economía comunal y socialista, que nos permita la solución de tantas necesidades y de tantos problemas, no sólo del desempleo de tantos camaradas y compatriotas, sino de la calidad de los servicios públicos, del desarrollo del turismo, de la agricultura, etc, bajo una visión colectiva, y aplicando la cogestión y la autogestión.
Lo cierto es que esta misión 13 de abril, busca incluso fórmulas superiores de organización popular, hasta el punto de llegar y formar las comunas socialistas. Quizá algún amigo de esta oposición, pudiera señalar que esto es la reforma constitucional que se quiere aplicar de contrabando, pues no es así, esto no es la reforma constitucional de contrabando, sino que nuestro Gobierno Bolivariano y Revolucionario está actuando de frente con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, o lo que es lo mismo, dentro de las 7 líneas estratégicas del I Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que es Ley de la República, ya que fue aprobado por nuestro Poder Legislativo Nacional a finales del año 2007, y que fué aprobado con el 63% de la población venezolana el 03 de diciembre de 2006, cuando fué reelecto en la Presidencia de la República, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Y por supuesto que el marco jurídico que blinda las políticas, planes y estrategias de ese proyecto socialista, aunque a ustedes les de urticaria y alergia esto, son las 66 leyes habilitantes. Si no están de acuerdo con ellas, tienen los mecanismos jurídicos y los mecanismos políticos y los mecanismos de carácter popular para impugnarlas y anularlas en todo en parte, como ustedes quieran, sólo que les pedimos que abandonen los atajos de la violencia, y rijanse por los preceptos constitucionales y legales, que hasta a ustedes mismos les favorecen.
Bueno, consideramos pertinente dejar ya estos comentarios introductorios, que serán motivo de posteriores análisis y de otros temas de opinión. En esta oportunidad, deseamos referirnos a una Ley Orgánica, que tiene importancia capital, como lo es la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Para la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia, de bienestar que enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidades suficientes, con preferencia a aquellos producidos en el país, sobre la base de condiciones especiales propias de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización venezolana.
Para un desarrollo rural verdaderamente revolucionario, es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del derecho fundamental de los venezolanos y venezolanas a alimentarse.
Es por ello que con la promulgación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria no busca la simple supresión del libre mercado, como mecanismo de generación de riquezas, antes bien, tiene por objeto brindar una herramienta jurídica en manos del Estado y de la sociedad en su conjunto que permita la planificación normativa, estratégica, democrática, participativa, territorializada, de la producción agrícola, también en la gestación y desarrollo de los espacios para la producción y distribución de bienes, servicios y riquezas cónsonas con el proyecto de sociedad plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. al tiempo que se garantiza el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población.
Es por ello, que esta Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimetaria se constituye en el instrumento jurídico idóneo para desarrollar- en materia de seguridad y soberanía agroalimentaria- los principios constitucionales, reordenar el ordenamiento jurídico vigente, determinar los instrumentos normativos a futuro y asegurar la participación popular.
Podemos resumir en cuatro, las justificaciones para la promulgación de esta Ley Orgánica. La primera, una justificación social, que tiene que ver con la inserción de los productores al sistema de seguridad social, tenemos una justificación económica y a la vez jurídica, que tiene que ver con la coexistencia de empresas privadas con la planificación del Estado, y una justificación político-territorial, en cuanto hay que normar la producción, distribución e intercambio basándose en una planificación participativa y socialista de la economía agrícola.
Uno de los elementos que se crean en esta novísima Ley, son las asambleas agrarias, que se constituirán en los espacios para la concertación y planificación social de la producción, el intercambio y distribución de productos agroalimentarios.
Dichas asambleas tendrán tres niveles de participación: La Asamblea Nacional, Las Asambleas Regionales y los Consejos de Campesinas y Campesinos o de Productores y Productoras. Estas últimas serán asambleas agrarias locales integradas también por cooperativas agrícolas, fundos estructurados y otras organizaciones sociales de carácter principalmente agrícola, encargados de planificar, coordinar, controlar y evaluar el intercambio y distribución de la producción , servicios e insumos agrícolas, a nivel local. También cumplirán una función social protagónica y se vincularán estrechamente su ejercicio a las políticas y actividades ejecutadas por el Ejecutivo Nacional en materia agroalimentaria.
Dichos consejos deben, entre otras funciones, denunciar ante los órganos y entes competentes los hechos y conductas que hagan presumir las infracciones de este Decreto-Ley.
Entre otras acciones, el logro de la soberanía alimentaria requiere privilegiar la producción agrícola interna (Artículo 4 del referido Decreto-Ley).Objetivo fundamental de la seguridad alimentaria es garantizar el balance alimentario de la población a través de la planificación, el desarrollo sistémico y articulado de la producción.
Por otra parte, la agroindustria privada y pública debe comprar de manera preferente y en condiciones justas la producción agrícola de los productores y productoras nacionales;la agroindustria también debe garantizar de manera preferencial el suministro de productos procesados o transformados para que las industrias fabriquen alimentos.
Otra razón más para aprobar y apoyar esta promulgación de estas Leyes Habilitantes, y otro desmontaje de la satanización que sectores de la oposición tienen en contra de estos extraordinarios instrumentos jurídicos.
Patria Socialista o Muerte!!!
Estamos Venciendo!!!!
*Abogado y Analista Político. jmartoranoster@gmail.com , j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar
Seguimos en los comentarios, reflexiones y en la divulgación, en la medida de nuestras posibilidades, de las últimas 26 leyes habilitantes del año 2007-2008 aprobadas por el Ejecutivo Nacional, y que ha levantado toda una polvareda y se ha constituido en una justificación para que los sectores más enloquecidos de esta oposición, que en su inmensa mayoría, porque sería una injusticia señalar que son todos los sectores, están trabajando en función de intentar nuevas aventuras desestabilizadoras y propiciar una guerra fratricida entre hermanos y hermanas.
Pero no todo está pérdido, y antes de entrar en materia, queremos felicitar a nuestro Presidente y líder, Hugo Chávez, por el lanzamiento en el día de ayer, dentro de su programa radiotelevisivo "Aló Presidente", de la Misión 13 de abril, que sin duda se constituirá en una herramienta para la consolidación del Poder Popular, a través de la transformación y adecuación de la infraestructura y el hábitat, el desarrollo y la potenciación de las cualidades y capacidades humanas, a través de la interacción y coordinación de todas las misiones sociales que se encuentren en las veredas, urbanizaciones, barrios, etc; y por supuesto, el desarrrollo,potenciación e incorporación de los saberes y conocimientos populares en el nuevo modelo productivo socialista, modelo de economía comunal y socialista, que nos permita la solución de tantas necesidades y de tantos problemas, no sólo del desempleo de tantos camaradas y compatriotas, sino de la calidad de los servicios públicos, del desarrollo del turismo, de la agricultura, etc, bajo una visión colectiva, y aplicando la cogestión y la autogestión.
Lo cierto es que esta misión 13 de abril, busca incluso fórmulas superiores de organización popular, hasta el punto de llegar y formar las comunas socialistas. Quizá algún amigo de esta oposición, pudiera señalar que esto es la reforma constitucional que se quiere aplicar de contrabando, pues no es así, esto no es la reforma constitucional de contrabando, sino que nuestro Gobierno Bolivariano y Revolucionario está actuando de frente con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, o lo que es lo mismo, dentro de las 7 líneas estratégicas del I Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que es Ley de la República, ya que fue aprobado por nuestro Poder Legislativo Nacional a finales del año 2007, y que fué aprobado con el 63% de la población venezolana el 03 de diciembre de 2006, cuando fué reelecto en la Presidencia de la República, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Y por supuesto que el marco jurídico que blinda las políticas, planes y estrategias de ese proyecto socialista, aunque a ustedes les de urticaria y alergia esto, son las 66 leyes habilitantes. Si no están de acuerdo con ellas, tienen los mecanismos jurídicos y los mecanismos políticos y los mecanismos de carácter popular para impugnarlas y anularlas en todo en parte, como ustedes quieran, sólo que les pedimos que abandonen los atajos de la violencia, y rijanse por los preceptos constitucionales y legales, que hasta a ustedes mismos les favorecen.
Bueno, consideramos pertinente dejar ya estos comentarios introductorios, que serán motivo de posteriores análisis y de otros temas de opinión. En esta oportunidad, deseamos referirnos a una Ley Orgánica, que tiene importancia capital, como lo es la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Para la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia, de bienestar que enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidades suficientes, con preferencia a aquellos producidos en el país, sobre la base de condiciones especiales propias de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización venezolana.
Para un desarrollo rural verdaderamente revolucionario, es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del derecho fundamental de los venezolanos y venezolanas a alimentarse.
Es por ello que con la promulgación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria no busca la simple supresión del libre mercado, como mecanismo de generación de riquezas, antes bien, tiene por objeto brindar una herramienta jurídica en manos del Estado y de la sociedad en su conjunto que permita la planificación normativa, estratégica, democrática, participativa, territorializada, de la producción agrícola, también en la gestación y desarrollo de los espacios para la producción y distribución de bienes, servicios y riquezas cónsonas con el proyecto de sociedad plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. al tiempo que se garantiza el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población.
Es por ello, que esta Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimetaria se constituye en el instrumento jurídico idóneo para desarrollar- en materia de seguridad y soberanía agroalimentaria- los principios constitucionales, reordenar el ordenamiento jurídico vigente, determinar los instrumentos normativos a futuro y asegurar la participación popular.
Podemos resumir en cuatro, las justificaciones para la promulgación de esta Ley Orgánica. La primera, una justificación social, que tiene que ver con la inserción de los productores al sistema de seguridad social, tenemos una justificación económica y a la vez jurídica, que tiene que ver con la coexistencia de empresas privadas con la planificación del Estado, y una justificación político-territorial, en cuanto hay que normar la producción, distribución e intercambio basándose en una planificación participativa y socialista de la economía agrícola.
Uno de los elementos que se crean en esta novísima Ley, son las asambleas agrarias, que se constituirán en los espacios para la concertación y planificación social de la producción, el intercambio y distribución de productos agroalimentarios.
Dichas asambleas tendrán tres niveles de participación: La Asamblea Nacional, Las Asambleas Regionales y los Consejos de Campesinas y Campesinos o de Productores y Productoras. Estas últimas serán asambleas agrarias locales integradas también por cooperativas agrícolas, fundos estructurados y otras organizaciones sociales de carácter principalmente agrícola, encargados de planificar, coordinar, controlar y evaluar el intercambio y distribución de la producción , servicios e insumos agrícolas, a nivel local. También cumplirán una función social protagónica y se vincularán estrechamente su ejercicio a las políticas y actividades ejecutadas por el Ejecutivo Nacional en materia agroalimentaria.
Dichos consejos deben, entre otras funciones, denunciar ante los órganos y entes competentes los hechos y conductas que hagan presumir las infracciones de este Decreto-Ley.
Entre otras acciones, el logro de la soberanía alimentaria requiere privilegiar la producción agrícola interna (Artículo 4 del referido Decreto-Ley).Objetivo fundamental de la seguridad alimentaria es garantizar el balance alimentario de la población a través de la planificación, el desarrollo sistémico y articulado de la producción.
Por otra parte, la agroindustria privada y pública debe comprar de manera preferente y en condiciones justas la producción agrícola de los productores y productoras nacionales;la agroindustria también debe garantizar de manera preferencial el suministro de productos procesados o transformados para que las industrias fabriquen alimentos.
Otra razón más para aprobar y apoyar esta promulgación de estas Leyes Habilitantes, y otro desmontaje de la satanización que sectores de la oposición tienen en contra de estos extraordinarios instrumentos jurídicos.
Patria Socialista o Muerte!!!
Estamos Venciendo!!!!
*Abogado y Analista Político. jmartoranoster@gmail.com , j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar
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