Si hay supuestos presos políticos, por qué siguen libres Capriles Radonski y López.

Caracas, 21 Ago. ABN.- Si en Venezuela supuestamente hay presos y perseguidos políticos, como insisten en asegurar sectores de la derecha golpista, por qué siguen libres aún Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López, si estos personajes han estado involucrados en delitos de violación de principios internacionales, privación ilegítima de libertad, daños a la propiedad privada, allanamiento de morada y violencia privada, entre otros. En ese sentido, llama poderosamente la atención cómo sucedieron los hechos que dan pie a estas actuaciones ilegales y alejadas completamente de toda humanidad y racionalidad en las que están implicados estos vendepatria, que hasta este año seguirán dirigiendo las alcaldías de Chacao y Baruta. Ahora bien, es importante realizar una remembranza de las situaciones en las que Capriles Radonski y López han delinquido y violado una serie de derechos de manera mancomunada sin piedad alguna, en nombre de una “libertad” de la cual siempre han gozado plenamente. Detención ilegal del ministro Ramón Rodríguez Chacín En la mañana del 12 de abril de 2002, a partir de una presunta llamada telefónica realizada por un vecino de la urbanización de Santa Fe, según consta en los partes policiales de la Policía de Baruta, esta institución tramitó ante el fiscal 47° del Ministerio Público (MP) del Área Metropolitana de Caracas (AMC) un acta de visita domiciliaria y la presencia de dicho representante de la Fiscalía para allanar la residencia donde se encontraba el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Conforme a la petición del referido fiscal, la jueza 39° de Control del Circuito Judicial Penal del AMC, ciudadana Mónica Fernández, emitió una orden de allanamiento en la cual no se precisaba el apartamento a ser allanado, alegando que en la habitación donde se encontraba el ministro podían hallarse armas, dinero en efectivo y algún otro elemento de interés criminalístico. Alrededor de las 12:30 del mediodía del mismo 12 de abril se privó de libertad al entonces ministro Rodríguez Chacín, a quien le fueron incautadas dos armas de fuego, un chaleco antibalas y una camioneta propiedad del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. La detención se efectuó sin la respectiva orden judicial, lo que contraviene el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra la inviolabilidad de la libertad personal. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de tres testigos, además del fiscal 47° del MP, y con la participación del alcalde de esa jurisdicción, Henrique Capriles Radonski; del alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López; y de sus respectivos cuerpos policiales. El representante de la Fiscalía le notificó al ministro que sería acusado por apropiación indebida agravada, por porte ilícito de arma de fuego y por impedir la libre manifestación de opinión. Por su parte, el ministro se negó a firmar la notificación de derechos constitucionales, alegando que no se estaba cumpliendo con el debido proceso. Igualmente, argumentó que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no había renunciado a su cargo, que él no había sido removido de su cargo como titular de Relaciones Interiores y Justicia y que estaba siendo detenido de manera ilegal. Afirmó también que, dada su condición de militar y comisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), estaba autorizado para portar armas de fuego y que el procedimiento del cual estaba siendo víctima era consecuencia de la ruptura del orden constitucional. Según información publicada en la prensa nacional en ese entonces, las autoridades municipales argumentaron que su presencia, así como la de efectivos de la Policía de Chacao, pretendía 'evitar hechos violentos y garantizar la integridad de los vecinos de Santa Fe Norte [...]. a favor de la colectividad, ambas policías participan en el procedimiento'. El martes 23 de abril Rodríguez Chacín denunció ante el Ministerio Público las irregularidades que se cometieron durante su detención, en la cual intervinieron los alcaldes de Chacao y Baruta, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, respectivamente. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, dijo: “Es un hecho público comunicacional quién me detuvo y cómo me detuvieron (...) unos alcaldes, algunos fuera de su área, detectaron el lugar donde yo estaba, un vigilante me vio entrar y dio esa información, llamaron a la prensa (...) sin orden de allanamiento, efectuaron el allanamiento”. Continuó diciendo: “Sin orden de aprehensión me aprehendieron, pudiendo haber salido por un sector donde había menos seguridad, los policías que me escoltaban, muy profesionales, le señalé a los alcaldes y le señalé al fiscal, les dije señores, hay mucho riesgo de salir por el frente y los policías también lo hicieron, salgamos por el sótano que es más seguro, hay mayor seguridad. La respuesta de estos señores alcaldes, uno de ellos fue el que respondió: No, la prensa está al frente, tenemos que irnos donde está la prensa para que las cámaras vean esto'. Igualmente, debe ponerse atención sobre el hecho particular de que la orden de allanamiento emitida por la jueza 39° de control no especificaba la residencia a ser allanada. A partir de estos señalamientos, se puede concluir que existía el interés de obviar el procedimiento formal, de manera tal de apresurar las labores de detención del ministro Rodríguez Chacín, como parte de la estrategia golpista dirigida a forzar la cesación absoluta del funcionamiento de los poderes públicos legítimamente constituidos. No cabe duda de que en estos actos contra el funcionario Rodríguez Chacín predominó la arbitrariedad, violando sus derechos al debido proceso y a la libertad personal, prueba contundente de las irregularidades que caracterizaron este proceso por parte de los alcaldes Capriles Radonski y López. Allanamiento salvaje a la Embajada de Cuba Entre los días 11 y 12 de abril de 2002 una turba de manifestantes en actitud violenta y agresiva se congregó frente a la Embajada de Cuba en Venezuela (Urb. Chuao, municipio Baruta) y procedieron a destrozar los vehículos de la misión, cortaron el servicio de agua y luz, además de impedir el suministro de alimentos a los que allí permanecían. En estos hechos estuvo presente el alcalde del municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski, quien en ningún momento ordenó a los cuerpos policiales la intervención para evitar que los manifestantes causaran los destrozos antes mencionados, más bien entró a la sede de la embajada y exigió revisar la misma para descartar la presencia de funcionarios del gobierno presuntamente asilados allí. En ese sentido, Capriles Radonski pretendió ese día allanar y revisar todos los recovecos de la residencia de la Embajada de Cuba en busca de Diosdado Cabello, Iris Valera, Cilia Flores, Jesse Chacón y Nicolás Maduro, quienes, según versiones de vecinos de la sede diplomática, estarían allí para resguardar su integridad física. Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, siempre mantuvo su posición firme de no permitir ese atropello, porque eso significaba violentar tratados internacionales muy específicos, y más allá de ello, porque atentaba contra la sagrada soberanía cubana. Mientras eso sucedía, en las afueras los golpistas gritaban consignas dirigidas principalmente a Cabello y Maduro, a quienes acusaban de 'asesinos' o les decían cosas subidas de tono. Solicitaban que salieran, porque si no los iban a sacar a la fuerza. Ni Hugo Chávez ni Fidel Castro se salvaron de la rabia de estas personas, quienes los insultaron. Además, destrozaron seis carros último modelo, por lo menos dos con placas diplomáticas, colocándolos en medio de la calle para que sirvieran de tribuna a quienes gritaban consignas ofensivas, a su vez lanzaron huevos y piedras al interior de la sede. También acusaron al personal de la embajada cubana de entregar armas a los bolivarianos, que supuestamente habían usado para asesinar a los venezolanos en la marcha del 11 de abril de ese mismo año. Entretanto, con la llegada de los medios de comunicación se les permitió hacer declaraciones y ampliar la convocatoria, que a partir del mediodía logró incorporar cientos de manifestantes en actitud violenta. A la vez, incitaban a los jóvenes allí presentes a tomar la instalación principal de la embajada para apresar a los asilados y expulsar a los cubanos de Venezuela. Pintaron las paredes de la fachada de la legación con consignas terroristas de corte anticastrista y antichavista y con obscenidades. Incluso, intentaron quemar una bandera cubana. Las reacciones de las autoridades se hicieron esperar y fueron lentas u omisas. Las fuerzas policiales de Baruta y del AMC permitieron que estos acontecimientos y violaciones flagrantes de la inmunidad diplomática se cometieran impunemente en su presencia. Alrededor de las 3:00 de la tarde, la masa enardecida hacía intentos reiterados de destruir los muros y las puertas de la embajada bajo las consignas de 'vamos a entrar', 'Cuba entró en la Embajada de México', 'ni un paso atrás', 'los sacamos esposados', 'asesinos', 'ni una gota de petróleo más' y 'fuera cubanos de Venezuela'. Cuando parecía que destruirían las puertas, comenzaron a prosperar las gestiones políticas y diplomáticas. Inicialmente se sostuvieron conversaciones con funcionarios de la Alcaldía de Baruta, de organizaciones civiles y de la Policía de Baruta. Posteriormente, se presentaron el alcalde Henrique Capriles Radonski y el comisario mayor Henry Vivas, jefe de la Policía Metropolitana. El embajador cubano los recibió y dialogó con ellos. Les explicó que ningún venezolano había solicitado asilo en la sede diplomática ni se encontraba allí en esa condición, y le recordó a sus interlocutores el derecho que le asiste al gobierno cubano y a todo gobierno latinoamericano para conceder asilo, como principio internacional inviolable y de larga tradición de los países de la región. Es propicio señalar que en esas conversaciones participaron como testigos dos canales de televisión, pero estos nunca reflejaron las posiciones y aclaraciones de la embajada, así como tampoco transmitieron dos entrevistas que les concedió el embajador. Finalmente, y para acabar con los bochornosos hechos en la Embajada de Cuba, el sábado 13 de abril, después de las 2:00 de la tarde, fue restituido el servicio de agua y el de la electricidad. Sobre la medianoche, la Policía Metropolitana había concluido la retirada de los seis autos de la embajada que fueron destrozados y trasladados a la sede de la jefatura de la Policía Metropolitana en Cotiza. Al final nunca fueron castigados por sus delitos Para ambos casos revestidos de ilegalidad en el marco del golpe de Estado de 2002 perpetrado por fascistas, nunca se logró determinar ni castigar a los responsables (Capriles Radonski y López) de transgredir el derecho a la inviolabilidad del territorio de la Embajada de Cuba, de violar principios universales contemplados en la Convención de Viena sobre los tratados y convenciones consulares; así como de privación ilegítima de libertad, daños a la propiedad privada, allanamiento de morada y violencia privada, en el caso de Ramón Rodríguez Chacín. En lo que respecta a la postura de la derecha oligarca, que por cualquier insignificante motivo manifiesta, no se les ha visto en ningún momento protestando en las calles ni exigiendo a las autoridades competentes que sean castigados y detenidos estos altos personeros del imperio estadounidense, pues sería completamente contraproducente para sus intereses golpistas.