COMENTARIO POLITICO A LA DECISION DE LA CORTE DE APELACIONES BOLIVAR DE CRIMINALIZAR A LOS SIDORISTAS

Francisco Sierra Corrales.

El pasado 4 de agosto, La Corte de Apelaciones penal del Estado Bolívar, decidió anular la sabia decisión que un Juez de Control de Puerto Ordaz, del 15 de marzo del 2008, quien contraviniendo los “lineamientos” del Ejecutivo regional y para ese entonces del nacional también, en la persona de su nefasto ex ministro del trabajo José Ramón Rivero, que ordenaban meter preso a los trabajadores sidoristas, como forma de quebrarle su lucha legitima y legal, ya que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo para declararse en huelga, para así favorecer a la transnacional TECHINT dueña de SIDOR, por intermedio del proceso de alta traición a la patria como lo fue la privatización.

Esa sabía decisión, por cierto de un Juez no afecto al proceso, pero que hizo gala de independencia y autonomía, consistió en que dejo sin efecto la imputación fiscal por los hechos ocurridos en el portón 3 de la siderúrgica del Orinoco, a 43 trabajadores de SIDOR, quienes, conjuntamente con sus demás compañeros de trabajo, se encontraban, repito, ejerciendo su legal derecho a huelga dentro del área de trabajo y de brazos caídos, cuando fueron agredidos ilegítimamente por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado Bolívar y sus vehículos fueron descuartizados sin razón alguna y con saña. La Fiscalía pedía para estos 43 trabajadores cárcel por el delito de cierre de vía pública, mejor conocido como “guarimba”.

El Juez, Roberto Delgado, hijo, dejó en libertad plena a los 43 imputados y ordenó que se investigara la agresión de la policía del estado y la guardia nacional, en donde hubo heridos y propiedades destrozadas. Hay testigos que narran que Abogadas de TECHINT-TERNIUM con guardias nacionales y policías del estado con objetos contundentes arremetían en contra de los vehículos de los sidoristas por pura maldad y se reían a carcajadas.
La decisión del Juez Delgado, fue apelada por la Fiscalía del Ministerio Publico, por órdenes superiores, quien demostró mucha eficiencia en este caso, eficiencia que no se ve por ningún lado en los casos de Leopoldo López, Enrique Mendoza, los campesinos y sindicalistas sicariados, estos ultimo en Guayana.

Esa sabia decisión, arriba descrita en parte, fue anulada por la Corte de Apelaciones Penal del Estado Bolívar, el pasado 4 de agosto, y en consecuencia deben volver a los tribunales los 43 trabajadores ferrosos para que otro juez de control decida si van o no van presos.

ANALISIS POLÍTICO A ALGO QUE ES POLÍTICO

Soy de profesión Abogado, y lo lógico es que un Abogado hiciese análisis jurídicos de una decisión jurídica, pero no lo haré así puesto que la decisión fue política, y lo que es político se le da un tratamiento político porque no se puede usar un bisturí para calmar un dolor de cabeza.

Independientemente que la decisión criticada haya incurrido en ultra petita, es decir, que le dio mas a la Fiscalía de lo que pedía; la Fiscalía solo pedía que le revocaran la decisión del Juez Delgado y continuase el proceso penal, y la Corte llegó mucho mas allá, al anular el fallo y volver otra vez los trabajadores a ser presentados, para decidir si van o no van presos.

Con este fallo la Corte no solo dio más de lo pedido, sino que hizo una reposición inútil del caso, ya que retarda más el proceso a volverlo hasta el estado de nueva presentación de los imputados ante un mismo juez de control, reposición inútil esta que hace esa sentencia anulable por inconstitucional.

Lo peor de todo, es que la Corte no dijo ni pío sobre la investigación de las agresiones de que fueron victimas los trabajadores y sus propiedades, por el contrario, al anular la sentencia, anula esa investigación también; y ese es el sentido de dicha anulación inconstitucional.
Pero eso que he analizado sobre la sentencia, es lo aparente, lo superficial, el mero aspecto jurídico, pero ese no es el transfondo; el transfondo es político y cometería un acto de deshonestidad intelectual, como estudioso del hecho económico, político, social y jurídico que soy, si no analizara el transfondo del caso.

Resulta que esta revolución bolivariana ha venido sufriendo, un proceso de degeneración o derechización, que ha hecho que una derecha endógena se haya apropiado indebidamente del aparato político del estado y desde allí ha venido corrompiendo –derechizando- a todo el andamiaje administrativo del estado, el cual de por sí no había sufrido ninguna transformación, puesto que se mantuvieron en los cargos, muchos de ellos claves, a los mismos funcionarios del puntofijismo corrupto y corruptor, y eso ha hecho que se empoderen, en los diversos sectores como educación, salud, administración de justicia, etc., verdaderas mafias o macoyas de corte cuartorepublicanas que actúan a su libre albedrío sin nadie que las pueda parar.

En el caso del Estado Bolívar, es un hecho comunicaciónal, la denuncia hecha por el Diputado Adel El Zabayar, ante el Consejo Moral Republicano, al Magistrado Luís Franceschi quien prácticamente lo acusa de ser el “dueño” del poder judicial en el Estado Bolívar y conjuntamente con el poder político regional y nacional han venido nombrando jueces y los presiona para que decidan de cual o tal manera; y el caso este de SIDOR, es uno de los tantos casos que existen. Por ello no me extraña para nada que la decisión tomada por la Corte de Apelaciones sea política y no jurídica, en su transfondo.

EL DELITO DE GUARIMBA Y LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO

El delito de cierres u obstaculizaciones de vías publicas surge como una forma de parar las gurimbas que tenia la ultraderecha golpista, específicamente en el este de la ciudad de Caracas; en los años 2002, 2003 y hasta mediados del 2004, dado que no existía un instrumento legal apropiado para frenar y castigar a los “niños bien” que se convirtieron en revoltosos con Chávez. Ese problema no se les presentó jamás a la partidocracìa, puesto que ellos toda manifestación de calle era reprimida brutalmente por la policía y la guardia nacional, aun las pacificas y permizadas, trague bastante humo de bomba lacrimógena y sufrí enyesamiento, en las calles de Caracas en manifestaciones pacificas y autorizadas. Pero en la revolución bolivariana profundamente respetuosa de las garantías constitucionales, si tuvimos ese problema; por ello varios Abogados en reuniones con Diputados verdaderamente revolucionarios, les planteamos una reforma integral al Código Penal vigente, en donde se incluyeran delitos políticos como este de la guarimba, que eran por razones eminentemente políticas, como derrocar a Chávez, pero no obstante la Asamblea vía reforma rápida introdujo este articulado, la razón de ello fue porque una reforma integral tardaba mucho.

Pero resulta que la Fiscalía , ni la de antes ni la de ahora, imputó a los “hijos de papi” por el delito de guarimba, motivo por el cual se creó el delito; pero si, en conjunto con la derecha endógena, ha venido aplicando este delito de guarimba a todas las protestas sociales y laborales, tanto a la justificadas como injustificadas, implantando el fenómeno social de criminalización de las luchas sociales, típico de los regimenes de derecha.

Lo correcto, es que un gobierno socialista, pero de verdad y no un disfraz, no deje que las luchas sociales agarren calle puesto que su diligencia y sensibilidad social, los conlleve a solucionar el problema o darle respuestas a los requerimientos sociales y laborales, de una forma eficaz y expedita, antes que se conviertan en un problema de orden publico, sentándose y razonando con los protestantes y si tienen razón se les concede lo pedido, a menos que sean conspiradores y la protesta sea la conspiración por la conspiración misma, cual fue el caso de los sifrinos del este en el 2002, 2003 y parte del 2004.

Los hechos han demostrado social y políticamente que los sidoristas tenían razón y les asistía el derecho. Esta decisión de la Corte de Apelaciones, no tiene razón de ser y busca frenar otras luchas que se están gestando tanto en la zona del hierro como mineras y que obedecen a violaciones de los derechos humanos e incumplimiento de contratos a la nación por parte de las transnacionales mineras entre ellas CRISTALLEX, en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

LA SITUACION EN GUAYANA ES MAS GRAVE

En Guayana, el gobernador Rangel Gómez, quien ejerce un control total tanto en CVG, con lo que ello implica, el PSUV, la mayoría de las Alcaldías, muchos organismos nacionales y por supuesto el gobierno regional, ha venido usando ese poder para acallar a las criticas, mas que todo la de los revolucionarios y sectores sociales y laborales sin poder, porque la derecha tiene sus propios medios para defenderse; y especialmente ha venido utilizando al sistema de justicia, específicamente a la Fiscalía , con fines de criminalizar a las luchas obreras y sociales, casos concretos SIDOR y CRISTALLEX, en las minas del Sur, y algunos tribunales, con honrosas excepciones, se han prestado también para acatar las solicitudes penales de la Fiscalía.

En estos casos anteriores se han imputados a trabajadores y luchadores sociales quienes han sido presos y presentado a los tribunales esposados como vulgares delincuentes; a la par de esta “eficiencia” con las luchas sindicales y sociales criminalizadas; tenemos un silencio sepulcral con los casos de sicariato sindical y centenares de muertes por “ajustes de cuentas” que suceden en las principales ciudades del Estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana y Upata.

No le queda otra cosa al proletariado Guayanés que reactivarse y movilizarse para impedir esta tendencia en el Estado Bolívar a la criminilizaciòn, de las luchas obreras y sociales, aupada, esa criminilizaciòn, desde la Gobernación del Estado Bolívar.