Aram Rubén Aharonián
Un periodista español decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez: “¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón serrano) y petróleo!” Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en la asonada encabezada por el líder empresarial Pedro Carmona.
Ninguna de estas afirmaciones parecen hoy descabelladas, ya que los propios embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después de que este disolviera la Asamblea y las principales instituciones.
De acuerdo con investigaciones privadas, una de las consecuencias del golpe era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), para dejarlo en mano de una empresa estadounidense ligada al presidente George Bush y a la Repsol española; vender la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios del mismo país norteño, y fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.
Para ello había que desconocer la Constitución de 1999 y aprovecharse del conflicto en la empresa estatal, donde la alta gerencia jugó de acuerdo con las directivas enviadas desde el norte por su ex presidente, Luis Giusti. Y para ello se contaba, asimismo, con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press lo que ya había publicado la prensa local: que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo “extremista de derecha, que estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona. Según la fuente, este grupo “pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad” (servicios israelíes de seguridad, terrorismo y espionaje), lo que no significaría que Israel estuviera implicada en el complot.
Esta aseveración tampoco llamó la atención: el personaje con cara y armamento de Rambo que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sarabia, vinculado con organismos y empresas de seguridad —alguna de ellas franquicia del Mossad—, que solía jactarse de pernoctar en el Bunker de la embajada estadounidense. Él se fue con Pérez Recao el mismo sábado 13, su novia dos días después abandonó la televisora Televén para unirse a él.
La agencia privada de inteligencia estadounidense Stratfor denunció que la CIA “tenía conocimiento de los planes [golpistas], e incluso pudo haber apoyado a los civiles y oficiales militares de extrema derecha que intentaron, sin éxito, apoderarse del gobierno interino”, tras citar a militantes del Opus Dei y a oficiales vinculados con el general retirado Rubén Pérez Pérez —yerno del ex presidente Rafael Caldera— como participantes en el golpe.
Lo que sí quedó confirmado es que el avión en el que se quería sacar del país a Chávez desde la isla de La Orchila pertenecía al banquero de origen paraguayo Víctor Gil (TotalBank). ¿El destino? Según personal de la aeronave matriculada en Estados Unidos, el plan de vuelo era a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos...
La intervención de los estadounidenses no solamente estuvo en los “consejos” de altos funcionarios en Washington, como Rogelio Pardo Maurer —a cargo de operaciones especiales y conflictos de baja intensidad en Latinoamérica en el Pentágono—, Otto Reich y/o John Maisto, sino que el teniente coronel James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
Reich, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado, afirmó que habló “dos o tres veces” durante el golpe con Gustavo Cisneros, compañero de pesca de altura del ex presidente George Bush y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende desde Estados Unidos a la Patagonia (DirectTV, Venevisión, Coca-Cola, Televisa). Dijo a la revista norteamericana Newsweek que solo buscaba información, no alentar o dirigir a los organizadores. “No tuvimos absolutamente nada que ver con eso”, añadió.
Quizá llame la atención el caso de dos salvadoreños detenidos tras los incidentes del 11 de abril y que, según fuentes de inteligencia local, formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, ahora en Venezuela). Los vínculos que señalan estas fuentes son los del ex embajador en San Salvador, el democratacristiano Leopoldo Castillo, hoy comentarista radial y asesor de la central empresarial.
En Venevisión se reunieron los complotados la tarde del golpe, entre ellos Carmona. “Ese gobierno fue armado en las oficinas de Gustavo Cisneros”, dijo el diputado opositor Pedro Pablo Alcántara (Acción Democrática), quien se hiciera famoso por ser uno de los censores enviados en 1992 a la prensa por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Quien leyó el decreto de Carmona y fue nombrado Procurador General por este, Daniel Romero, fue sindicado como secretario privado de Pérez y funcionario de la Organización Cisneros.
Las repercusiones del frustrado golpe comenzaron en Washington y amenazan con convertirse en el primer escándalo público de la administración Bush en política exterior. No se descarta que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ordene la requisa de documentos que detallen contactos de ciudadanos venezolanos —como el ex presidente de la estatal petrolera PDVSA, Luis Giusti— con funcionarios de Estados Unidos del más alto nivel civil y militar.
Después de que el gobierno plutocrático de Carmona disolviera la Asamblea Nacional y desconociera la Constitución, tras comprobar el malestar producido entre los jefes de Estado del Grupo de Río reunido en Costa Rica, en buena parte del generalato y en la oposición civil a Chávez, se comienza a hablar de una junta de gobierno pluralista, que respetara la vigencia del Congreso, gobernadores y alcaldes.
Numerosas llamadas se realizaron entre la noche del viernes y el mediodía del sábado entre Caracas y Washington. Desde el Pentágono se le comunica al general Efraín Vásquez, principal mando durante la breve interinidad de Carmona, el cumplimiento de una serie de puntos, que son transmitidos en la capital estadounidense por funcionarios del Departamento de Estado al encargado de negocios de Venezuela, Luis Herrera Marcano, a Carmona por el propio Shapiro y a los mandos castrenses por el coronel Harkins, también asentado en la delegación de Estados Unidos en Caracas.
En su huida del palacio de Miraflores, los golpistas dejaron un suntuoso almuerzo sin servir y varios documentos en el despacho presidencial. Uno de ellos, enviado por Luis Herrera Marcano a quien, sin duda, era el enlace de los golpistas con el gobierno estadounidense, el contralmirante Molina Tamayo (comunicación 913, extrañamente con el membrete de Embajada de Venezuela y no de la República Bolivariana de Venezuela), que dice textualmente:
En la mañana de hoy se comunicó telefónicamente conmigo el señor Phillip Chicola, del Departamento de Estado, para pedirme que comunicara urgentemente al Gobierno Venezolano los siguientes puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos:
Dado que los Estados Unidos suscribieron y apoyan la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que condena cualquier ruptura de la legalidad constitucional, es necesario que la transición que está operando actualmente en Venezuela, que comprenden y con la cual simpatizan, conserva las formas constitucionales. A ese fin consideran indispensable que se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del presidente Chávez y que, de haber recurso al Tribunal Supremo, éste también se pronuncie afirmativamente. El señor Chicola dejó muy claro que no se trataba de una imposición, sino antes bien de una exhortación a facilitarles a ellos dar formalmente el apoyo a las nuevas autoridades. Indicó que no solamente estaban obligados por las disposiciones de la Carta Democrática, sino que también estaban sometidos a normas legales que les obligan a dar cuenta al Congreso de cualquier interrupción en la legalidad constitucional de un país del Continente y, eventualmente, a suspender todas las actividades de cooperación.
En este mismo orden de cosas sugirió el señor Chicola que el nuevo Gobierno dirigiera cuanto antes una comunicación al Gobierno de Estados Unidos en la cual se expresara formalmente el compromiso de llamar a elecciones en un plazo razonable, indicando que en esas elecciones serían bienvenidos los observadores de la OEA.
Indicó igualmente que era de gran importancia que se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el Presidente Chávez.
Finalmente señaló su esperanza de que fuera prontamente subsistuído el actual Representante Permanente de Venezuela ante la OEA. Insistió en que se trataba de una sugerencia amistosa, en bien de Venezuela, y no una declaratoria de “persona non grata.
Finalmente expresó el señor Chicola que este mismo mensaje sería transmitido por el Embajador de Estados Unidos en Venezuela.
¿Injerencia? ¿Sugerencia?
El libreto ya había sido aprendido por los representantes en el Consejo Permanente de la OEA. Allí César Gaviria, el colombiano Secretario General había sugerido que como el gobierno de Chávez había sido depuesto, el embajador Valero no debía entrar a la reunión. La noticia se la transmitió el representante chileno Esteban Tomic y la presidenta del Consejo, la salvadoreña Margarita Escobar. Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Colombia hacían esfuerzos para que se reconociera el gobierno de facto, mientras que México, Argentina y Brasil —con el apoyo unánime de los países caribeños— insistían en el estreno de la Carta Democrática. Estos países se molestaron por segunda vez con Gaviria cuando notificó que el gobierno de Carmona había destituido a Valero, y fue el representante de Barbados quien le increpó por servir de enlace entre los golpistas y la OEA, y por ordenar el cese de funciones de un embajador sin que se cumplieron los respectivos trámites.
Uno de los apresurados a apoyar el gobierno de Carmona fue Santiago Cantón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ese sábado 13 envió una comunicación dirigida al “excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, José Rodríguez Iturbe”.
Por el lado español la algarabía no la pudo disimular ni el canciller Josep Piqué ni los funcionarios de la embajada en Caracas. Algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la embajada, afirmaban que hubo un pozo de 500 millones de bolívares (poco más de medio millón de dólares) para cofinanciar la huelga general y el golpe, con dinero de grandes consorcios como Repsol y bancos, pero nada de esto ha sido posible confirmarlo.
De todas formas, Viturro reunió a todo el personal español de alto rango el domingo pasado, para dejar en claro cuál será la estrategia que seguirán de aquí en adelante: insistir por todos los medios en la necesidad de un referéndum o que Chávez llame a nuevas elecciones en el corto plazo. Exactamente la misma estrategia lanzada por Shapiro desde el Bunker de Valle Arriba, al sudeste de Caracas, a los periodistas angloparlantes acreditados en el país.
Un periodista español decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez: “¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón serrano) y petróleo!” Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en la asonada encabezada por el líder empresarial Pedro Carmona.
Ninguna de estas afirmaciones parecen hoy descabelladas, ya que los propios embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después de que este disolviera la Asamblea y las principales instituciones.
De acuerdo con investigaciones privadas, una de las consecuencias del golpe era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), para dejarlo en mano de una empresa estadounidense ligada al presidente George Bush y a la Repsol española; vender la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios del mismo país norteño, y fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.
Para ello había que desconocer la Constitución de 1999 y aprovecharse del conflicto en la empresa estatal, donde la alta gerencia jugó de acuerdo con las directivas enviadas desde el norte por su ex presidente, Luis Giusti. Y para ello se contaba, asimismo, con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press lo que ya había publicado la prensa local: que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo “extremista de derecha, que estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona. Según la fuente, este grupo “pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad” (servicios israelíes de seguridad, terrorismo y espionaje), lo que no significaría que Israel estuviera implicada en el complot.
Esta aseveración tampoco llamó la atención: el personaje con cara y armamento de Rambo que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sarabia, vinculado con organismos y empresas de seguridad —alguna de ellas franquicia del Mossad—, que solía jactarse de pernoctar en el Bunker de la embajada estadounidense. Él se fue con Pérez Recao el mismo sábado 13, su novia dos días después abandonó la televisora Televén para unirse a él.
La agencia privada de inteligencia estadounidense Stratfor denunció que la CIA “tenía conocimiento de los planes [golpistas], e incluso pudo haber apoyado a los civiles y oficiales militares de extrema derecha que intentaron, sin éxito, apoderarse del gobierno interino”, tras citar a militantes del Opus Dei y a oficiales vinculados con el general retirado Rubén Pérez Pérez —yerno del ex presidente Rafael Caldera— como participantes en el golpe.
Lo que sí quedó confirmado es que el avión en el que se quería sacar del país a Chávez desde la isla de La Orchila pertenecía al banquero de origen paraguayo Víctor Gil (TotalBank). ¿El destino? Según personal de la aeronave matriculada en Estados Unidos, el plan de vuelo era a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos...
La intervención de los estadounidenses no solamente estuvo en los “consejos” de altos funcionarios en Washington, como Rogelio Pardo Maurer —a cargo de operaciones especiales y conflictos de baja intensidad en Latinoamérica en el Pentágono—, Otto Reich y/o John Maisto, sino que el teniente coronel James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
Reich, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado, afirmó que habló “dos o tres veces” durante el golpe con Gustavo Cisneros, compañero de pesca de altura del ex presidente George Bush y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende desde Estados Unidos a la Patagonia (DirectTV, Venevisión, Coca-Cola, Televisa). Dijo a la revista norteamericana Newsweek que solo buscaba información, no alentar o dirigir a los organizadores. “No tuvimos absolutamente nada que ver con eso”, añadió.
Quizá llame la atención el caso de dos salvadoreños detenidos tras los incidentes del 11 de abril y que, según fuentes de inteligencia local, formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, ahora en Venezuela). Los vínculos que señalan estas fuentes son los del ex embajador en San Salvador, el democratacristiano Leopoldo Castillo, hoy comentarista radial y asesor de la central empresarial.
En Venevisión se reunieron los complotados la tarde del golpe, entre ellos Carmona. “Ese gobierno fue armado en las oficinas de Gustavo Cisneros”, dijo el diputado opositor Pedro Pablo Alcántara (Acción Democrática), quien se hiciera famoso por ser uno de los censores enviados en 1992 a la prensa por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Quien leyó el decreto de Carmona y fue nombrado Procurador General por este, Daniel Romero, fue sindicado como secretario privado de Pérez y funcionario de la Organización Cisneros.
Las repercusiones del frustrado golpe comenzaron en Washington y amenazan con convertirse en el primer escándalo público de la administración Bush en política exterior. No se descarta que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ordene la requisa de documentos que detallen contactos de ciudadanos venezolanos —como el ex presidente de la estatal petrolera PDVSA, Luis Giusti— con funcionarios de Estados Unidos del más alto nivel civil y militar.
Después de que el gobierno plutocrático de Carmona disolviera la Asamblea Nacional y desconociera la Constitución, tras comprobar el malestar producido entre los jefes de Estado del Grupo de Río reunido en Costa Rica, en buena parte del generalato y en la oposición civil a Chávez, se comienza a hablar de una junta de gobierno pluralista, que respetara la vigencia del Congreso, gobernadores y alcaldes.
Numerosas llamadas se realizaron entre la noche del viernes y el mediodía del sábado entre Caracas y Washington. Desde el Pentágono se le comunica al general Efraín Vásquez, principal mando durante la breve interinidad de Carmona, el cumplimiento de una serie de puntos, que son transmitidos en la capital estadounidense por funcionarios del Departamento de Estado al encargado de negocios de Venezuela, Luis Herrera Marcano, a Carmona por el propio Shapiro y a los mandos castrenses por el coronel Harkins, también asentado en la delegación de Estados Unidos en Caracas.
En su huida del palacio de Miraflores, los golpistas dejaron un suntuoso almuerzo sin servir y varios documentos en el despacho presidencial. Uno de ellos, enviado por Luis Herrera Marcano a quien, sin duda, era el enlace de los golpistas con el gobierno estadounidense, el contralmirante Molina Tamayo (comunicación 913, extrañamente con el membrete de Embajada de Venezuela y no de la República Bolivariana de Venezuela), que dice textualmente:
En la mañana de hoy se comunicó telefónicamente conmigo el señor Phillip Chicola, del Departamento de Estado, para pedirme que comunicara urgentemente al Gobierno Venezolano los siguientes puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos:
Dado que los Estados Unidos suscribieron y apoyan la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que condena cualquier ruptura de la legalidad constitucional, es necesario que la transición que está operando actualmente en Venezuela, que comprenden y con la cual simpatizan, conserva las formas constitucionales. A ese fin consideran indispensable que se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del presidente Chávez y que, de haber recurso al Tribunal Supremo, éste también se pronuncie afirmativamente. El señor Chicola dejó muy claro que no se trataba de una imposición, sino antes bien de una exhortación a facilitarles a ellos dar formalmente el apoyo a las nuevas autoridades. Indicó que no solamente estaban obligados por las disposiciones de la Carta Democrática, sino que también estaban sometidos a normas legales que les obligan a dar cuenta al Congreso de cualquier interrupción en la legalidad constitucional de un país del Continente y, eventualmente, a suspender todas las actividades de cooperación.
En este mismo orden de cosas sugirió el señor Chicola que el nuevo Gobierno dirigiera cuanto antes una comunicación al Gobierno de Estados Unidos en la cual se expresara formalmente el compromiso de llamar a elecciones en un plazo razonable, indicando que en esas elecciones serían bienvenidos los observadores de la OEA.
Indicó igualmente que era de gran importancia que se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el Presidente Chávez.
Finalmente señaló su esperanza de que fuera prontamente subsistuído el actual Representante Permanente de Venezuela ante la OEA. Insistió en que se trataba de una sugerencia amistosa, en bien de Venezuela, y no una declaratoria de “persona non grata.
Finalmente expresó el señor Chicola que este mismo mensaje sería transmitido por el Embajador de Estados Unidos en Venezuela.
¿Injerencia? ¿Sugerencia?
El libreto ya había sido aprendido por los representantes en el Consejo Permanente de la OEA. Allí César Gaviria, el colombiano Secretario General había sugerido que como el gobierno de Chávez había sido depuesto, el embajador Valero no debía entrar a la reunión. La noticia se la transmitió el representante chileno Esteban Tomic y la presidenta del Consejo, la salvadoreña Margarita Escobar. Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Colombia hacían esfuerzos para que se reconociera el gobierno de facto, mientras que México, Argentina y Brasil —con el apoyo unánime de los países caribeños— insistían en el estreno de la Carta Democrática. Estos países se molestaron por segunda vez con Gaviria cuando notificó que el gobierno de Carmona había destituido a Valero, y fue el representante de Barbados quien le increpó por servir de enlace entre los golpistas y la OEA, y por ordenar el cese de funciones de un embajador sin que se cumplieron los respectivos trámites.
Uno de los apresurados a apoyar el gobierno de Carmona fue Santiago Cantón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ese sábado 13 envió una comunicación dirigida al “excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, José Rodríguez Iturbe”.
Por el lado español la algarabía no la pudo disimular ni el canciller Josep Piqué ni los funcionarios de la embajada en Caracas. Algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la embajada, afirmaban que hubo un pozo de 500 millones de bolívares (poco más de medio millón de dólares) para cofinanciar la huelga general y el golpe, con dinero de grandes consorcios como Repsol y bancos, pero nada de esto ha sido posible confirmarlo.
De todas formas, Viturro reunió a todo el personal español de alto rango el domingo pasado, para dejar en claro cuál será la estrategia que seguirán de aquí en adelante: insistir por todos los medios en la necesidad de un referéndum o que Chávez llame a nuevas elecciones en el corto plazo. Exactamente la misma estrategia lanzada por Shapiro desde el Bunker de Valle Arriba, al sudeste de Caracas, a los periodistas angloparlantes acreditados en el país.
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