martes, 20 de abril de 2010

Muerte del Inca Valero no debe ser excusa para olvidar feminicidio de Jennifer Viera.

Modaira Rubio (*)

El asesinato de Jennifer Viera por su esposo el boxeador Edwin Valero, nos llama a la reflexión por las circunstancias que rodearon los hechos. Venezuela tiene en la actualidad los instrumentos jurídicos más avanzados en el hemisferio en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. Por primera vez en América Latina, un sistema de administración de justicia, el venezolano, instaló tribunales específicos para tratar los casos de violencia de género. Sin embargo, y pese a que aumentó el número de denuncias, aún se presentan casos como el de Jennifer Viera.
Según las estadísticas de organizaciones que investigan la violencia de género, cada diez días muere una mujer en Venezuela por esta causa.

La abogada María Hernández, defensora de los Derechos de la Mujer en el municipio Sucre, y activista y militante del movimiento de mujeres, dijo sobre el feminicidio de Jennifer : “Hay varias cosas importantes que precisar. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el primer artículo que habla del objeto de la misma, establece que una de las características de la violencia, son las relaciones desiguales de poder que venimos arrastrando histórica, social y culturalmente. El caso Jennifer Viera y en el caso de la mayoría de las mujeres, analizamos que se encontraba en una relación desigual. Y para ello debemos ubicarnos en tres paradigmas fundamentales que cruzan transversalmente la ley: 1) el del enfoque de los derechos humanos 2) el del enfoque de género y 3) el feminismo. Es a través de las investigaciones realizadas desde la teoría feminista que se han visibilizado las relaciones desiguales y se ha logrado instrumentar jurídicamente el tratamiento de la violencia”, destacó Hernández.

LUCHAR CONTRA LA CORRIENTE

“¿Cuáles son esos poderes contra los que tiene que luchar la mujer cuando es víctima de violencia de género? Hay un poder económico, que tiene que ver con la manutención del hogar. También está el factor social, fíjate que el Código Civil le asigna a la mujer el apellido del esposo. Afortunadamente desde 1982, su uso es optativo pero es algo simbólico dentro de la cultura, tú no eres tú por tí misma si no a través del nombre de otra persona. De hecho, en el caso de Jennifer todo el mundo dice “la esposa del Inca Valero”, despersonalizándola. Está además el poder afectivo, las mujeres piensan “es el padre de mis hijas e hijos”, y ese factor también cuenta. Otro elemento, es la imagen del agresor. En esta ocasión, se trataba de un boxeador, campeón mundial de peso ligero, un reconocido deportista. A todos esos poderes tuvo que enfrentarse Jennifer, aparte de la rutina de violencia psicológica diaria”, expresó.

“Cuando se dice que no quiso denunciar o retiró la denuncia, eso es esperable de la víctima. Es muy complejo identificar la violencia y combatir esos hilos de poder invisibles que paralizan a las mujeres”, especificó.

NO ES CULPA DE LA LEY

“Yo creo que es importante desmontar eso de manera pedagógica. Las denuncias de violencia contra la mujer son de orden público. Hay teorías psicológicas que explican muy bien eso, como la de la indefensión aprendida o el síndrome de Estocolmo,que han aportado evidencia científica de por qué las mujeres actúan de esa manera. Por ello, la ley no permite que se retire la denuncia si no que sea el Ministerio Público la institución que debe empezarla y terminarla con la acusación o no del victimario en un juicio penal y que sea un tribunal que lo condene”, resaltó.

“Es deber del Estado garantizar el derecho a la justicia, ya sea poniendo límites a la conducta del agresor, pues en el ámbito privado la víctima no puede contenerla y corre riesgo de perder la vida o quedar mutilada o herida”, prosigue.

“Es un mito eso de que la ley es la culpable. Culpables son quienes aplican mal la ley. Si tenemos funcionarias y funcionarios que desconocen la dinámica de la violencia y tienen una actitud machista, el resultado no es una vida libre de violencia si no más violencia y además legitiman esa violencia”, explicó.

“Entonces, desde el punto de vista técnico podemos decir que hubo presunción de omisión al no evaluar el riesgo real que corría la señora, porque ella ya había sufrido lesiones graves cuando le provocó un neumotórax a causa de una golpiza y eso es suficiente para tomar medidas más severas y estrictas contra el agresor. No decirle que se presente cada 90 días. Porque en ese caso puede hablarse de un homicidio frustrado, ya que tocó órganos vitales ”, indicó.

“Muy probablemente y viéndolo desde la cultura machista, se banalizó el caso diciendo “pobrecito él, tiene una adicción. Pero si ésta era tan seria, entonces se debió internar desde el primer momento y no darle la opción de elegir si va o no a Cuba a rehabilitarse”, dijo Hernández.

“Si él estaba tan enfermo, no debieron dejarlo así en la calle porque se convirtió en un peligro para cualquier persona, incluso para él mismo como lo demostró. Se empleó la adicción al alcohol y a las drogas como la excusa o la legitimación social para aceptar la conducta violenta y minimizar el hecho de que ella estuvo a punto de perder la vida en esa primera oportunidad hasta que realmente ocurrió”,continúa explicando Hernández.

PROPUESTA DESDE EL ACTIVISMO

“El movimiento de mujeres propone desde el activismo feminista, crear una comisión que se incorpore y le haga seguimiento no sólo a este caso sino a todos los casos de violencia contar las mujeres en Venezuela. Y esta instancia se debe dirigir a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se abra una investigación a todas los funcionarias y todos los funcionarios que llevaron este caso ,porque desde el punto de vista institucional, alguien facilitó las condiciones para que se cometiera ese delito y alguien tiene que responder y hay que exigir que eso se aclare”, aseveró.

“Además debemos exigir que se nos diga el perfil de las y los fiscales y jueces y juezas y la metodología que emplean para atender los casos de violencia, y que se nos diga con qué contenidos académicos se están formando estas personas, y qué esfuerzo ha hecho la institucionalidad pública para esa capacitación. Esta comisión debe reunirse con estos entes, porque no podemos seguir haciendo un activismo mediático, de mandar mensajes por Internet y por Twitter, porque eso es importante, pero más importante es que se tomen acciones directas y concretas”, señaló.


SIN DISTINCIÓN POLÍTICA

“He visto con mucha preocupación, sobre todo por el Twitter, personas que dicen que los medios oficiales no reseñaron el caso por la supuesta vinculación del Inca con el presidente Chávez y eso es falso. Los primeros que lo informaron fueron los medios del Estado. Por VTV se leyó el comunicado del Ministerio Público. Otra cosa que llama a la reflexión es que hablan del boxeador “chavista y oficialista”. El problema de la violencia contra las mujeres no es del chavismo o la oposición. Hay muchos hombres de oposición que también vulneran los derechos humanos de las mujeres. Lo que quiero decir con ésto, es que el problema de la violencia nos compete a todas las venezolanas y los venezolanos sin distinción de clase, ni género, ni de su tendencia política , nos afecta a todas y todos por igual”, dijo Hernández.

“El movimiento feminista debe exigir a las instituciones públicas administradoras de justicia que nos rindan cuenta sobre lo que sucedió. Debemos ejercer la contraloría social sobre la aplicación y el derecho de acceso a la justicia de las ciudadanas y de los ciudadanos. Pedimos que nos den esa información y una respuesta seria con el seguimiento del caso para evitar la impunidad”,enfatizó.

El machismo mata

Para la especialista en violencia de género, el suicidio del Inca Valero corresponde a una actitud de no asumir la responsabilidad ante su culpa, lo que lo obligó a tomar la decisión de acabar con su vida. María Hernández espera que la muerte del agresor no sea una excusa para olvidar la negligencia y los malos procedimientos que llevaron al feminicidio de Jennifer Carolina Viera.

A través de los siguientes enlaces pueden respaldar al movimiento de mujeres para respaldar la petición:



1) Petición de responsabilidades de funcionarios: http://www.petitiononline.com/CViera/petition.html
2) Peticion de revisión de perfiles:

http://www.petitiononline.com/Perfiles/petition.html



(*) Periodista

Promotora de la Red Venezolana de Comunicador@s con Visión de Género

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