¿Con qué derecho?

Andrea Coa

El tema de los “Derechos de Autor” ha terminado convirtiéndose en un tema aburrido, la misma lluvia sobre el mismo terreno. Se sabe que los derechos no son de los autores sino de las empresas. Quienes crean o interpretan obras, y todavía creen que tienen derechos, debieran leerse la letra pequeña de las leyes, y de los convenios, como la decisión 351 y los inefables ADPIC o TRIPPS, que han interpretado los derechos de las personas que generan cultura, como algo que corresponde a las corporaciones, y lo hacen cumplir como leyes supranacionales.

Cuando se habla de “proteger” las emisiones de radio, las bases de datos, los programas de ordenador, que ni siquiera quien lo compró puede utilizar como le dé la gana, estamos hablando de derechos industriales, no de derechos humanos, como los ya tan conocidos que se reconocen en el artículo 27, párrafos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Queda para un estudio más largo los detalles de cómo las empresas elaboraron las leyes para su beneficio, y les echaron una pinturita por encima para que se creyera que se “protegía” los derechos de las autoras y los autores.

Y queda también para las catacumbas de la clandestinidad, los intentos que hemos realizado en Venezuela para que se cambie, por fin, la ley troglodita de 1993, que aún está vigente, para beneficio exclusivo de las corporaciones. En cuanto a la decisión 351, debiera ser denunciada como la 486, ya que pertenecen al pacto andino, del cual ya Venezuela no es parte. Por lo tanto, no debe considerarse como algo obligatorio para nosotros.

El elemento más importante que deben tomar en cuenta las personas que leen la “ley sobre el derecho de autor”, que aún no ha habido voluntad política de derogar en nuestro país, es el hecho de que esa ley no “protege” los derechos de las autoras y los autores, ni los de los intérpretes, etc. Protege LAS OBRAS. Y hace una larga lista de las “obras protegidas”. Los derechos a remuneración y reconocimiento no se tocan como tales, y los llamados derechos morales se subordinan a los de explotación, que son derechos industriales. El plagio no es penado por esta ley.

Así que todo este asunto del derecho de autor, que la gente sencilla, incluidos creadores y creadoras, no considera como “su” asunto, en verdad no es su asunto. Es algo concerniente a las empresas. El punto es que por medio de esta legislación corporativa, los derechos que ellos negocian, los que se chupan, son los nuestros, y el nombre que ellos utilizan para justificar la restricción del acceso de toda la gente a las creaciones culturales (que es un derecho humano fundamental), es el nombre de nosotras y nosotros, la gente que de verdad verdad crea.

En el mundo de los Locos Adams, el mundo del capitalismo neoliberal, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Desde hace mucho tiempo ha sonado la hora de que se cambie la ley de Derechos de Autor, que todo el mundo sabe es un adefesio que beneficia a los explotadores. Es hora ya de que en la Asamblea Nacional se apruebe una ley socialista de derechos culturales, en los cuales se incluya el derecho de todo el mundo a tener acceso a toda creación cultural, y el derecho a la remuneración y al respeto de las autoras y los autores.


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