jueves, 5 de agosto de 2010

¿La inseguridad es percepción o realidad?

Carolina Silva

¿Ante quién presenta el ciudadano común la queja por la indolencia de
nuestros gobernantes? ¿Es justo que el pueblo zuliano esté viviendo
casa por cárcel?

El Zulia es un estado petrolero que colabora con un alto porcentaje
del presupuesto nacional. Posee industrias, tierras óptimas para el
cultivo, sin mencionar que cada uno de los habitantes cancela por
diversas vías (directa o indirectamente) impuestos, los cuales
teóricamente deberían ser utilizados por nuestros gobernantes
independientemente de la tendencia política, en proporcionarnos buena
calidad de vida; es decir, instituciones y programas de salud,
unidades educativas públicas, oportunidades de trabajo, agua,
seguridad, electricidad, carreteras y sistemas de transporte público,
solo por nombrar lo mínimo que requiere la población para tener una
vida digna, pero resulta que cada día la calidad de vida del zuliano
disminuye; nada está funcionando, la opinión pública critíca al
oficialismo: “que no sirve, que son corruptos, bla, bla, bla…”; pero,
la región tanto el gobernador como el alcalde del municipio Maracaibo
son “opositores”, una gran oportunidad política para demostrar que la
oposición está haciendo las cosas bien y es la propuesta a elegir en
las próximas elecciones, ¿Cuál es la excusa para no cumplir con su
trabajo?, Porque si se les olvida, ustedes se postularon para el cargo
porque “creían tener las habilidades y aptitudes para desempeñarlo
cabalmente”, nosotros creímos en ello y los contratamos. Sí, les
pagamos como a cualquier otro trabajador para gobernar, no es un favor
lo que ustedes hacen, reciben pago y beneficios laborales por ello.
Entonces tenemos el derecho y la obligación de exigirles cumplan con
sus obligaciones y den el uso debido al dinero público.

El nivel de inseguridad y violencia que tiene la región zuliana sin
temor a equivocarme es el más elevado del país y quizá de Suramérica
¡Qué orgullo! ¡Ahora sí somos la primera región de Venezuela! Los
invito a nombrarme un delito que no se cometa en la ciudad. Bien, otra
vez, inténtalo, puedes encontrar uno. Está bien, es cierto, aquí reina
la impunidad y los delincuentes son los amos y señores de la ciudad:
secuestros, cobro de vacunas, sicariatos, robo de carros, atracos,
homicidios. No importa el lugar, día de la semana ni hora del día,
tampoco sí el nivel socioeconómico es medio, bajo o alto, sí el carro
es nuevo o viejo, regular o de lujo, en eso si es verdad que somos
“socialistas”, igual para todos, no se salva nadie.

Cuando se roban un carro, inmediatamente llaman para solicitar el pago
por la entrega del vehículo y con suerte de los documentos personales,
pero eso requiere que se contacte con un “palabrero”, dícese de un
ladrón que en el mismo código ético va a negociar la entrega y a
cobrar por la transacción, abrrogándose el derecho de malusar el
término que en la etnia wayuu se ejerce en otros menestres. Al hacer
la denuncia ante el CICPC, en el acta queda registrado si los ladrones
se pusieron en contacto y el número del cual se comunicaron. Entonces:
¿Por qué razón no se hace un seguimiento con la cooperación de las
empresas telefónicas del país para localizar la ubicación del equipo
celular? Y de esta forma desarticular la banda de ladrones y recuperar
los vehículos. También queda en acta si el carro está asegurado y sin
ningún tipo de delicadeza para con el afectado, dicen, “tranquilo, eso
se lo paga el seguro”; o sea, no solo que ellos no van a buscar el
carro, además asumen que con lo que pague el seguro, se compra un
carro igual al que el individuo poseía o pedirá un crédito, total, no
es su problema, nadie le exige en su trabajo, productividad, solo el
simple acto de presencia y en ocasiones ni siquiera eso… ¡Qué
tristeza! Ese es el país que tenemos.

Si de por sí eso ya constituye un problema, se complica más la
situación, cuando los gobernantes, no son verdaderos líderes ni
gerentes. Los organismos de seguridad están podridos y sus integrantes
son delincuentes con uniformes y porte legal de armas; el gobierno
nacional no ha establecido una política firme de seguridad. Utiliza
recursos y personal capacitado en crear una ley de policía nacional
que según solventará los problemas actuales, ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál
es el balance? No existen cambios, seguimos desarticulados. No se
investiga a los oficiales que incurren en delitos; es un secreto a
voces el pago de vacuna, de rescate de carros, lo sencillo que es
conseguirse un sicario y pagar para “quitarse la piedrita en el
zapato”. Pero nada pasa, todo ocurre con la venia de los organismos de
seguridad y nuestros gobernantes.

En las elecciones de septiembre para la asamblea y en diciembre para
escoger al alcalde de la ciudad de Maracaibo, debemos pensar bien
quién merece el voto. No es justo seguir dejando que los demás decidan
o votar por llevar la contraria. Realmente el momento es ahora. Esta
situación es insostenible. ¿Cuántos más deben morir? ¿A cuántos más
debemos esperar que les roben el carro, la casa, las carteras, los
teléfonos? ¿A quién le importa que solo podamos circular por las
avenidas principales? Porque el resto de las calles han sido cerradas
por sus propios habitantes y la Oficina Municipal de Planificación
Urbana (OMPU), hace caso omiso ante esta situación.


No estoy descubriendo el agua tibia, ni pretendo que estas líneas sean
la solución a los problemas, pero si quisiera la reflexión de nosotros
como ciudadanos y de las personas con la investidura legal para
ejercer cambios en la sociedad, la discusión no debe ser solo si son
paramilitares, guerrilla, hampa organizada o delincuencia común,
debemos enfocarnos en cómo controlar el problema de inseguridad,
depurar las instituciones policiales, establecer una política para el
desarme de la población y sobretodo trabajar todos los días por tener
un mejor país; los que trabajamos y queremos promover cambios somos
mayoría, no podemos permitir que unos pocos destruyan nuestra
Venezuela.

carolina0111silva@gmail.com

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