Emma Grand
La Asamblea Nacional (AN) le dio el visto bueno a la nueva Ley Orgánica de Educación, que una vez sea publicada en Gaceta Oficial, garantizará a la sociedad venezolana una formación plural, donde queda incluida la igualdad de condiciones de los derechos de estudiantes, profesores, obreros, empleados y egresados de las instituciones universitarias.
El concepto de Estado Docente, establecido en la nueva legislación, afirma al Estado venezolano como el responsable de la educación en la sociedad, como lo estipula la Constitución Bolivariana de la República.
El contenido educativo, desde el nivel inicial al universitario, queda en manos del Estado y no en los intereses distintos de los particulares. El concepto de Estado liberal no tiene cabida con esta legislación.
El contenido de esta ley poco cambió de la sancionada 28 años atrás, no obstante, la implementación del concepto de Estado Docente niega la posibilidad del Estado neoliberal y protege a la educación de las políticas neoliberales, como la privatización.
Además, incluye artículos que protegen a los ciudadanos consolidando su derecho a la educación, como la prohibición del cobro de la matrícula y servicios administrativos en las instituciones educativas públicas.
Del mismo modo, se establece que a ningún estudiante se le retenga la documentación académica personal, se le cobre intereses por insolvencia de pago o se tomen otras medidas retaliativas, que violen el derecho a la educación y el respeto a su integridad física, psíquica y moral.
Esta ley, con la concepción de Estado Docente, hace más distante la posibilidad de la mercantilización de la educación, que es consagrada universalmente como un derecho humano.
También, en su responsabilidad de garantizar educación de calidad para todos los venezolanos, en el nuevo texto legal el Estado regulará, supervisará y controlará los recursos que ingresan a las universidades públicas y la administración de éstos.
Los procesos de ingreso, permanencia, y ascenso de los docentes; la idoneidad académica de los profesionales de la docencia que ingresen a las instituciones educativas privadas o públicas y la creación y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales y privadas, serán regulados, supervisados y controlados por el Estado.
Además, para proteger el derecho de los ciudadanos a estudiar, el Estado Docente regulará, supervisará y controlará el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan los estudiantes en las instituciones educativas privadas, también, para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes en las instituciones pagas.
Democracia universitaria
En el capítulo del principio de la autonomía universitaria, la nueva legislación agrega articulados novedosos que abren la participación dentro de las universidades autónomas, como en la elección y nombramiento de sus autoridades.
En el artículo 33, numeral 3, la ley establece la igualdad de condiciones de los derechos políticos de las y los integrantes de la comunidad universitaria (profesoras, profesores, estudiantes, el personal administrativo, obreras, obreros, egresadas y egresados) para elegir y nombrar a sus autoridades.
Aquí se establece el derecho a la participación establecido en la Constitución del país.
Además, en este apartado, la nueva ley establece la creación de un consejo contralor, conformado por las y los integrantes de la comunidad universitaria, el cual las autoridades deberá rendir cuentas del uso del patrimonio, que antes no hacían. También estarán obligados a rendir cuentas al Estado venezolano.
Actualmente las universidades autónomas del país no rinden cuentas ni a la comunidad universitaria ni al Estado, así que el curso de los recursos que les son entregados es difícil de conocer.
El ministro del poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, en una conferencia de prensa previa a la aprobación de la Ley, señaló que una universidad es democrática cuando no hay discriminación en el ingreso y existe transparencia en las cuentas.
Financiamiento
El financiamiento de la educación universitaria, así como el ingreso justo de los estudiantes a este sistema y de los docentes, entre otras materias, estarán regidos por leyes especiales.
De manera de garantizar el financiamiento de la educación en Venezuela, el artículo 49 de la ley estipula que el Estado garantizará una inversión prioritaria del Producto Interno Bruto, de crecimiento progresivo anual, para este importante renglón.
El nuevo hombre y mujer de la patria
Este viernes, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, señaló que la Ley Orgánica de Educación (LOE), sancionada y aprobada el día 13 de agosto por la Asamblea Nacional, siembra los valores de la nueva sociedad necesaria para la consolidación de la verdadera democracia incluyente y participativa; la democracia socialista.
“Este nuevo instrumento legislativo en cada uno de sus artículos defiende de forma insoslayable derechos universales y promueve la integración de las comunidades a la formación del nuevo hombre y mujer de la patria”, señaló el presidente.
La Asamblea Nacional (AN) le dio el visto bueno a la nueva Ley Orgánica de Educación, que una vez sea publicada en Gaceta Oficial, garantizará a la sociedad venezolana una formación plural, donde queda incluida la igualdad de condiciones de los derechos de estudiantes, profesores, obreros, empleados y egresados de las instituciones universitarias.
El concepto de Estado Docente, establecido en la nueva legislación, afirma al Estado venezolano como el responsable de la educación en la sociedad, como lo estipula la Constitución Bolivariana de la República.
El contenido educativo, desde el nivel inicial al universitario, queda en manos del Estado y no en los intereses distintos de los particulares. El concepto de Estado liberal no tiene cabida con esta legislación.
El contenido de esta ley poco cambió de la sancionada 28 años atrás, no obstante, la implementación del concepto de Estado Docente niega la posibilidad del Estado neoliberal y protege a la educación de las políticas neoliberales, como la privatización.
Además, incluye artículos que protegen a los ciudadanos consolidando su derecho a la educación, como la prohibición del cobro de la matrícula y servicios administrativos en las instituciones educativas públicas.
Del mismo modo, se establece que a ningún estudiante se le retenga la documentación académica personal, se le cobre intereses por insolvencia de pago o se tomen otras medidas retaliativas, que violen el derecho a la educación y el respeto a su integridad física, psíquica y moral.
Esta ley, con la concepción de Estado Docente, hace más distante la posibilidad de la mercantilización de la educación, que es consagrada universalmente como un derecho humano.
También, en su responsabilidad de garantizar educación de calidad para todos los venezolanos, en el nuevo texto legal el Estado regulará, supervisará y controlará los recursos que ingresan a las universidades públicas y la administración de éstos.
Los procesos de ingreso, permanencia, y ascenso de los docentes; la idoneidad académica de los profesionales de la docencia que ingresen a las instituciones educativas privadas o públicas y la creación y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales y privadas, serán regulados, supervisados y controlados por el Estado.
Además, para proteger el derecho de los ciudadanos a estudiar, el Estado Docente regulará, supervisará y controlará el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan los estudiantes en las instituciones educativas privadas, también, para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes en las instituciones pagas.
Democracia universitaria
En el capítulo del principio de la autonomía universitaria, la nueva legislación agrega articulados novedosos que abren la participación dentro de las universidades autónomas, como en la elección y nombramiento de sus autoridades.
En el artículo 33, numeral 3, la ley establece la igualdad de condiciones de los derechos políticos de las y los integrantes de la comunidad universitaria (profesoras, profesores, estudiantes, el personal administrativo, obreras, obreros, egresadas y egresados) para elegir y nombrar a sus autoridades.
Aquí se establece el derecho a la participación establecido en la Constitución del país.
Además, en este apartado, la nueva ley establece la creación de un consejo contralor, conformado por las y los integrantes de la comunidad universitaria, el cual las autoridades deberá rendir cuentas del uso del patrimonio, que antes no hacían. También estarán obligados a rendir cuentas al Estado venezolano.
Actualmente las universidades autónomas del país no rinden cuentas ni a la comunidad universitaria ni al Estado, así que el curso de los recursos que les son entregados es difícil de conocer.
El ministro del poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, en una conferencia de prensa previa a la aprobación de la Ley, señaló que una universidad es democrática cuando no hay discriminación en el ingreso y existe transparencia en las cuentas.
Financiamiento
El financiamiento de la educación universitaria, así como el ingreso justo de los estudiantes a este sistema y de los docentes, entre otras materias, estarán regidos por leyes especiales.
De manera de garantizar el financiamiento de la educación en Venezuela, el artículo 49 de la ley estipula que el Estado garantizará una inversión prioritaria del Producto Interno Bruto, de crecimiento progresivo anual, para este importante renglón.
El nuevo hombre y mujer de la patria
Este viernes, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, señaló que la Ley Orgánica de Educación (LOE), sancionada y aprobada el día 13 de agosto por la Asamblea Nacional, siembra los valores de la nueva sociedad necesaria para la consolidación de la verdadera democracia incluyente y participativa; la democracia socialista.
“Este nuevo instrumento legislativo en cada uno de sus artículos defiende de forma insoslayable derechos universales y promueve la integración de las comunidades a la formación del nuevo hombre y mujer de la patria”, señaló el presidente.
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