La oposición y las elites, propietarias de poderosos medios de comunicación social, han desatado durante estos 10 años una verdadera guerra de manipulación, con el propósito de generar en el país los más altos grados de disociación de numerosos seguidores opositores, hasta el punto de desconocer las normativas legales aprobadas durante la gestión del presidente Hugo Chávez Frías, las cuales buscan otorgar mayor participación y poder al pueblo venezolano.
La dirigencia de esta oposición política es la misma que formó parte de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo en 1958, que concretaron estrategias para perpetuarse en el poder, turnándose durante cuatro décadas. Dejaron como resultado una impactante y triste realidad: alrededor de 60% de pobreza en todas sus categorías, exclusión social, miseria, analfabetismo, delincuencia, burocracia, corrupción, instituciones destruidas, una pesada deuda externa, infraestructuras inservibles, universidades elitescas apartadas de la realidad del país, salud y educación privatizadas, enorme contaminación ambiental, abandono del campo, hacinamiento en las ciudades, un pobre nivel de autoestima, una gran vulnerabilidad y una empresa petrolera estatal en vías de privatizarse por completo y que funcionaba como un Estado dentro del Estado, por mencionar solo algunos aspectos.
Con esa difícil realidad social, política, cultural y económica recibe el gobierno el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Fías, con el respaldo de la mayoría del pueblo. Inmediatamente se empiezan a generar cambios radicales necesarios para salir de un rumbo errado y seguir un camino seguro hacia la liberación, con lo cual se ven amenazados intereses diversos, especialmente de viejas élites para los cuales no ha sido, ni es tarea fácil perder sus privilegios salvajes.
Esas élites han logrado convencer seguidores y los han utilizado en su beneficio, induciéndolos a defender una causa etérea ante los supuestos acosos de una realidad que no existe. La oposición ha demostrado que es capaz de todo, desde el descrédito hasta la inmolación.
La mayoría de sus seguidores han caído en su trampa: lo que leen, o peor aun, lo mucho que dejan de leer; lo que ven, o peor aun, lo mucho que dejan de ver, constituyen una especie de amnesia colectiva, una forma de olvido por conveniencia.
Esta se ha dejado sumir en una confusión tal, que ahora defiende la constitución de 1999 en contra de la reforma propuesta y su posterior enmienda, en abierta contradicción con su posición en el año de su promulgación.
Un poco tarde se han dado cuenta algunos de estos radicales, que la constitución de 1999 es más democrática que las anteriores y quizás más que las del resto del mundo.
Batalla librada durante los 10 años de revolución
Es importante recordar los hechos trascendentales que han marcado el desenvolvimiento de la batalla librada por el gobierno bolivariano durante los últimos años a favor del pueblo venezolano y en contra de las nefastas intenciones de la oposición.
El presidente Hugo Chávez aprobó un conjunto de 49 leyes habilitantes en 2001, que dieron un fuerte impulso a la revolución bolivariana. En particular dos de ellas (la Ley de Tierras -que propulsaba una reforma agraria- y la Ley de Pesca, que eliminaba privilegios de la pesca industrial en beneficio de los pescadores artesanales) se convirtieron en la excusa de la oposición para realizar un paro general de 24 horas en diciembre de 2001, y luego un nuevo paro indefinido el 9 de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado dos días después.
El día 11 de abril, con una gran tensión mediática en el ambiente, una marcha de la oposición fue dirigida hacia Miraflores por los intereses infaustos líderes opositores Andrés Velásquez, Guaicaipuro Lameda, Carlos Ortega, y otros, apoyados por los medios de comunicación privados.
Esos dirigentes no iban al frente, porque sabían lo que sucedería, y así vimos huir a Guaicaipuro Lameda, a Carlos Molina Tamayo, a Patricia Poleo, a Pablo Medina, entre otros, después de enardecer a los protestantes opositores. Al frente iba la Policía Metropolitana de Alfredo Peña, aunque no aparecía en la televisión.
En esos eventos de abril de 2002 quedó demostrado el verdadero poder de los medios de comunicación social, perfectamente alineados con los más bajos intereses, tanto nacionales como foráneos, de esas mismas élites que nos hundieron y luego se fueron al extranjero.
Esos medios dividieron la imagen aún en cadena nacional de manera ilegal, mientras el presidente Chávez trataba de frenar la violencia, poco antes de que ocurriera la tragedia de Puente Llaguno. Luego mostraban las imágenes manipuladas, para concretar un verdadero golpe mediático.
Varios militares de alto rango se manifiestan públicamente contra el gobierno, exigiendo la renuncia del presidente, en un discurso que fue practicado antes de que ocurrieran los sucesos de Puente Llaguno. Sin embargo, manejaban cifras de muertos, como reconoció el periodista Otto Neustadt más tarde.
El 12 de abril detienen al presidente Chávez ante su supuesta renuncia, sobre la cual nunca presentaron pruebas. Pedro Carmona Estanga se autojuramentó, y ocurre la más antidemocrática repartición de cargos y disolución de estructuras legalmente constituida: la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), remueven a los gobernadores, alcaldes y concejales, al fiscal general, al contralor, al defensor del pueblo, anulan la Constitución y las 49 leyes habilitantes; le cambian el nombre al país, volviendo al anterior República de Venezuela.
Desataron una desastrosa persecución, alimentada por Globovisión, desde donde se llamaba a detener a los chavistas.
El mismo pueblo que siempre apoyó al presidente, por diversas vías se entera de la verdad y logra reintegrarlo al poder, en la movilización más impresionante que se haya realizado; pues nació de la sensación de haber perdido la esperanza, surgió de las entrañas del pueblo, capaz de derribar cualquier obstáculo por defender al máximo líder de la revolución. El Presidente volvió por y para su pueblo.
El 24 de octubre de 2002, en la plaza Francia de Altamira del Municipio Chacao, estado Miranda, algunos militares de alta jerarquía que participaron activamente en el golpe de abril hicieron público un pronunciamiento donde acusaron al gobierno de sicariato, expropiaciones, corrupción, violación de derechos humanos, monopolización, hostigamiento, persecuciones, destrucción del aparato productivo y asesinato de comunicadores sociales, entre muchas otras calumnias, propiciando un cuadro de tensión en el cual finalmente generó hechos de violencia el 6 de diciembre en manos del exaltado Joao de Gouveia.
Los medios de comunicación privados aprovecharon estos hechos al utilizarlos como instrumento de guerra, culpando y condenando inmediata e irresponsablemente al gobierno, sin haberse hecho aun las investigaciones mínimas para determinar responsabilidades.
En diciembre de ese mismo año somete al pueblo venezolano, mediante el saboteo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a un paro forzado que jamás se olvidará.
En el año 2003 siguieron las presiones, especialmente para adelantar el referendo revocatorio de manera ilegal, en condiciones no contempladas en la Constitución, y siguiendo la costumbre de las minorías de pasar por encima de las mayorías. La oposición había probado la vía ilegal (el golpe y el paro petrolero) y había sido infructuoso.
Entonces, quisieron probar la legalidad, pero con sus condiciones. Después de mucha desestabilización (guarimbas) y recolección de firmas de manera extemporánea, y a pesar de haberse instalado una Mesa de Negociación y acuerdos dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, la oposición aceptó recoger las firmas necesarias en el momento adecuado.
Realizaron una recolección en noviembre de 2004 en la cual obtuvieron 3,6 millones de firmas, de las cuales solo 1,9 millones fueron aceptadas inicialmente, por cuanto las demás eran dudosas (extranjeros, fallecidos, niños, etc.).
El CNE dictaminó luego que permitiría un proceso de reparo, en el cual muchas de las firmas dudosas fueron validadas, y se realizó finalmente el referendo. Resultado: 59,1% a favor de Chávez y 40,6% en contra.
Entonces la oposición acusa de un fraude del cual nunca entregó pruebas, y, tras diversas auditorías, los observadores internacionales avalaron los resultados.
Luego fallece trágicamente en un atentado el fiscal Danilo Anderson, cuando estalla su vehículo. Este funcionario era una de las piezas claves en el esclarecimiento del golpe de abril y el seguimiento de los implicados.
La calma aparente dejada por el referendo revocatorio, dio paso a la agitación previa a las elecciones presidenciales; a pesar de ello, el 3 de diciembre de 2006, es ratificado Chávez en el poder nuevamente, saliendo ganador con más del 62,8% de los votos, frente a un 36,9% de votos a favor de Manuel Rosales, candidato de la oposición.
Después de ese triunfo avasallante, el país volvió a otro estado de calma aparente.
En el año 2007, cuando se impulsó la reforma constitucional, volvió a surgir movimientos opositores que, a fuerza de conspiración y desestabilización, quisieron otra vez imponer sus condiciones ilegales, tratando de detener la voluntad popular.
Crearon miedos, propugnaron marchas supuestamente pacificas, se encadenaron diciendo mentiras sobre la propiedad privada, sobre la reelección, sobre la patria potestad, la autonomía universitaria y otros asuntos, que desafortunadamente desencadenó en la no aprobación de la reforma.
En el 2008, la Asamblea Nacional le otorgó al presidente Chávez la facultad de elaborar otra serie de leyes. El 31 de julio, al término del período habilitante de 18 meses, el Consejo de Ministro aprobó 26 leyes, que tenían como objetivo el desarrollo social de Venezuela.
De igual forma, el sector de oposición, a través de campañas de descréditos, mentiras y manipulación mediática, manifestó su rechazo a esos instrumentos jurídicos.
En diciembre de ese mismo año, se anunció la realización del referendo sobre la enmienda constitucional que establecía la reelección continua de los cargos de lección popular.
Esa situación causó polémica en el país, pues la oposición alegó que no era viable, desconociendo el significado de los artículos 340 y 341 de la Carta Magna.
El artículo 340 establece: “La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la constitución, sin alterar su estructura fundamental”.
Mientras que el artículo 341 señala que “la enmienda podrá partir del 15% de los ciudadanos o ciudadanas inscritos en el registro civil y electoral o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional y se aprobará por la mayoría de sus integrantes o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. El poder electoral someterá a referendo la enmienda o enmiendas treinta días siguientes a su recepción formal”.
La oligarquía comenzó nuevamente a sembrar veneno en contra de una acción que era perfectamente viable y legal. A pesar de toda la manipulación impulsada por los medios de comunicación privada, el 15 de febrero, el pueblo venezolano aprobó la enmienda constitucional con un 54.36% de los votos.
LOE: víctima de difamación por la oposición
Luego de la aprobación de la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional comenzó a legislar sobre un conjunto de leyes estratégicas para el fortalecimiento del socialismo.
Uno de estos instrumentos jurídicos es la Ley Orgánica de Educación (LOE). La elaboración de esta ley fue objeto de una campaña basada en mentiras y acusaciones sin fundamentos por parte del sector opositor.
El tema de la patria potestad salió de nuevo al ruedo, pues la oposición descaradamente comenzó a divulgar que los hijos estarían bajo la tutela del Estado, situación que es totalmente falsa, porque este instrumento jurídico establece a la familia como el eje fundamental de la sociedad.
Otra de las muchas falacias, fue que se violaría la autonomía universitaria, aspecto que no esta establecido en el instrumento porque el objetivo es democratizar la educación superior, a fin de que exista plena participación de la comunidad universitaria
El nuevo reglamento, promulgado por el presidente Hugo Chávez Frías, el pasado de 15 de agosto, afianzará la raíces de los venezolanos, así como los valores autóctonos y fortalecerá los principios de obligatoriedad, gratuidad, prosecución de la educación en el país.
Esta ley está llena de valores de los que se oponen a ésta no consiguen ni conseguirán argumentos validos para rebatir.
La dirigencia de esta oposición política es la misma que formó parte de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo en 1958, que concretaron estrategias para perpetuarse en el poder, turnándose durante cuatro décadas. Dejaron como resultado una impactante y triste realidad: alrededor de 60% de pobreza en todas sus categorías, exclusión social, miseria, analfabetismo, delincuencia, burocracia, corrupción, instituciones destruidas, una pesada deuda externa, infraestructuras inservibles, universidades elitescas apartadas de la realidad del país, salud y educación privatizadas, enorme contaminación ambiental, abandono del campo, hacinamiento en las ciudades, un pobre nivel de autoestima, una gran vulnerabilidad y una empresa petrolera estatal en vías de privatizarse por completo y que funcionaba como un Estado dentro del Estado, por mencionar solo algunos aspectos.
Con esa difícil realidad social, política, cultural y económica recibe el gobierno el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Fías, con el respaldo de la mayoría del pueblo. Inmediatamente se empiezan a generar cambios radicales necesarios para salir de un rumbo errado y seguir un camino seguro hacia la liberación, con lo cual se ven amenazados intereses diversos, especialmente de viejas élites para los cuales no ha sido, ni es tarea fácil perder sus privilegios salvajes.
Esas élites han logrado convencer seguidores y los han utilizado en su beneficio, induciéndolos a defender una causa etérea ante los supuestos acosos de una realidad que no existe. La oposición ha demostrado que es capaz de todo, desde el descrédito hasta la inmolación.
La mayoría de sus seguidores han caído en su trampa: lo que leen, o peor aun, lo mucho que dejan de leer; lo que ven, o peor aun, lo mucho que dejan de ver, constituyen una especie de amnesia colectiva, una forma de olvido por conveniencia.
Esta se ha dejado sumir en una confusión tal, que ahora defiende la constitución de 1999 en contra de la reforma propuesta y su posterior enmienda, en abierta contradicción con su posición en el año de su promulgación.
Un poco tarde se han dado cuenta algunos de estos radicales, que la constitución de 1999 es más democrática que las anteriores y quizás más que las del resto del mundo.
Batalla librada durante los 10 años de revolución
Es importante recordar los hechos trascendentales que han marcado el desenvolvimiento de la batalla librada por el gobierno bolivariano durante los últimos años a favor del pueblo venezolano y en contra de las nefastas intenciones de la oposición.
El presidente Hugo Chávez aprobó un conjunto de 49 leyes habilitantes en 2001, que dieron un fuerte impulso a la revolución bolivariana. En particular dos de ellas (la Ley de Tierras -que propulsaba una reforma agraria- y la Ley de Pesca, que eliminaba privilegios de la pesca industrial en beneficio de los pescadores artesanales) se convirtieron en la excusa de la oposición para realizar un paro general de 24 horas en diciembre de 2001, y luego un nuevo paro indefinido el 9 de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado dos días después.
El día 11 de abril, con una gran tensión mediática en el ambiente, una marcha de la oposición fue dirigida hacia Miraflores por los intereses infaustos líderes opositores Andrés Velásquez, Guaicaipuro Lameda, Carlos Ortega, y otros, apoyados por los medios de comunicación privados.
Esos dirigentes no iban al frente, porque sabían lo que sucedería, y así vimos huir a Guaicaipuro Lameda, a Carlos Molina Tamayo, a Patricia Poleo, a Pablo Medina, entre otros, después de enardecer a los protestantes opositores. Al frente iba la Policía Metropolitana de Alfredo Peña, aunque no aparecía en la televisión.
En esos eventos de abril de 2002 quedó demostrado el verdadero poder de los medios de comunicación social, perfectamente alineados con los más bajos intereses, tanto nacionales como foráneos, de esas mismas élites que nos hundieron y luego se fueron al extranjero.
Esos medios dividieron la imagen aún en cadena nacional de manera ilegal, mientras el presidente Chávez trataba de frenar la violencia, poco antes de que ocurriera la tragedia de Puente Llaguno. Luego mostraban las imágenes manipuladas, para concretar un verdadero golpe mediático.
Varios militares de alto rango se manifiestan públicamente contra el gobierno, exigiendo la renuncia del presidente, en un discurso que fue practicado antes de que ocurrieran los sucesos de Puente Llaguno. Sin embargo, manejaban cifras de muertos, como reconoció el periodista Otto Neustadt más tarde.
El 12 de abril detienen al presidente Chávez ante su supuesta renuncia, sobre la cual nunca presentaron pruebas. Pedro Carmona Estanga se autojuramentó, y ocurre la más antidemocrática repartición de cargos y disolución de estructuras legalmente constituida: la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), remueven a los gobernadores, alcaldes y concejales, al fiscal general, al contralor, al defensor del pueblo, anulan la Constitución y las 49 leyes habilitantes; le cambian el nombre al país, volviendo al anterior República de Venezuela.
Desataron una desastrosa persecución, alimentada por Globovisión, desde donde se llamaba a detener a los chavistas.
El mismo pueblo que siempre apoyó al presidente, por diversas vías se entera de la verdad y logra reintegrarlo al poder, en la movilización más impresionante que se haya realizado; pues nació de la sensación de haber perdido la esperanza, surgió de las entrañas del pueblo, capaz de derribar cualquier obstáculo por defender al máximo líder de la revolución. El Presidente volvió por y para su pueblo.
El 24 de octubre de 2002, en la plaza Francia de Altamira del Municipio Chacao, estado Miranda, algunos militares de alta jerarquía que participaron activamente en el golpe de abril hicieron público un pronunciamiento donde acusaron al gobierno de sicariato, expropiaciones, corrupción, violación de derechos humanos, monopolización, hostigamiento, persecuciones, destrucción del aparato productivo y asesinato de comunicadores sociales, entre muchas otras calumnias, propiciando un cuadro de tensión en el cual finalmente generó hechos de violencia el 6 de diciembre en manos del exaltado Joao de Gouveia.
Los medios de comunicación privados aprovecharon estos hechos al utilizarlos como instrumento de guerra, culpando y condenando inmediata e irresponsablemente al gobierno, sin haberse hecho aun las investigaciones mínimas para determinar responsabilidades.
En diciembre de ese mismo año somete al pueblo venezolano, mediante el saboteo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a un paro forzado que jamás se olvidará.
En el año 2003 siguieron las presiones, especialmente para adelantar el referendo revocatorio de manera ilegal, en condiciones no contempladas en la Constitución, y siguiendo la costumbre de las minorías de pasar por encima de las mayorías. La oposición había probado la vía ilegal (el golpe y el paro petrolero) y había sido infructuoso.
Entonces, quisieron probar la legalidad, pero con sus condiciones. Después de mucha desestabilización (guarimbas) y recolección de firmas de manera extemporánea, y a pesar de haberse instalado una Mesa de Negociación y acuerdos dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, la oposición aceptó recoger las firmas necesarias en el momento adecuado.
Realizaron una recolección en noviembre de 2004 en la cual obtuvieron 3,6 millones de firmas, de las cuales solo 1,9 millones fueron aceptadas inicialmente, por cuanto las demás eran dudosas (extranjeros, fallecidos, niños, etc.).
El CNE dictaminó luego que permitiría un proceso de reparo, en el cual muchas de las firmas dudosas fueron validadas, y se realizó finalmente el referendo. Resultado: 59,1% a favor de Chávez y 40,6% en contra.
Entonces la oposición acusa de un fraude del cual nunca entregó pruebas, y, tras diversas auditorías, los observadores internacionales avalaron los resultados.
Luego fallece trágicamente en un atentado el fiscal Danilo Anderson, cuando estalla su vehículo. Este funcionario era una de las piezas claves en el esclarecimiento del golpe de abril y el seguimiento de los implicados.
La calma aparente dejada por el referendo revocatorio, dio paso a la agitación previa a las elecciones presidenciales; a pesar de ello, el 3 de diciembre de 2006, es ratificado Chávez en el poder nuevamente, saliendo ganador con más del 62,8% de los votos, frente a un 36,9% de votos a favor de Manuel Rosales, candidato de la oposición.
Después de ese triunfo avasallante, el país volvió a otro estado de calma aparente.
En el año 2007, cuando se impulsó la reforma constitucional, volvió a surgir movimientos opositores que, a fuerza de conspiración y desestabilización, quisieron otra vez imponer sus condiciones ilegales, tratando de detener la voluntad popular.
Crearon miedos, propugnaron marchas supuestamente pacificas, se encadenaron diciendo mentiras sobre la propiedad privada, sobre la reelección, sobre la patria potestad, la autonomía universitaria y otros asuntos, que desafortunadamente desencadenó en la no aprobación de la reforma.
En el 2008, la Asamblea Nacional le otorgó al presidente Chávez la facultad de elaborar otra serie de leyes. El 31 de julio, al término del período habilitante de 18 meses, el Consejo de Ministro aprobó 26 leyes, que tenían como objetivo el desarrollo social de Venezuela.
De igual forma, el sector de oposición, a través de campañas de descréditos, mentiras y manipulación mediática, manifestó su rechazo a esos instrumentos jurídicos.
En diciembre de ese mismo año, se anunció la realización del referendo sobre la enmienda constitucional que establecía la reelección continua de los cargos de lección popular.
Esa situación causó polémica en el país, pues la oposición alegó que no era viable, desconociendo el significado de los artículos 340 y 341 de la Carta Magna.
El artículo 340 establece: “La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la constitución, sin alterar su estructura fundamental”.
Mientras que el artículo 341 señala que “la enmienda podrá partir del 15% de los ciudadanos o ciudadanas inscritos en el registro civil y electoral o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional y se aprobará por la mayoría de sus integrantes o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. El poder electoral someterá a referendo la enmienda o enmiendas treinta días siguientes a su recepción formal”.
La oligarquía comenzó nuevamente a sembrar veneno en contra de una acción que era perfectamente viable y legal. A pesar de toda la manipulación impulsada por los medios de comunicación privada, el 15 de febrero, el pueblo venezolano aprobó la enmienda constitucional con un 54.36% de los votos.
LOE: víctima de difamación por la oposición
Luego de la aprobación de la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional comenzó a legislar sobre un conjunto de leyes estratégicas para el fortalecimiento del socialismo.
Uno de estos instrumentos jurídicos es la Ley Orgánica de Educación (LOE). La elaboración de esta ley fue objeto de una campaña basada en mentiras y acusaciones sin fundamentos por parte del sector opositor.
El tema de la patria potestad salió de nuevo al ruedo, pues la oposición descaradamente comenzó a divulgar que los hijos estarían bajo la tutela del Estado, situación que es totalmente falsa, porque este instrumento jurídico establece a la familia como el eje fundamental de la sociedad.
Otra de las muchas falacias, fue que se violaría la autonomía universitaria, aspecto que no esta establecido en el instrumento porque el objetivo es democratizar la educación superior, a fin de que exista plena participación de la comunidad universitaria
El nuevo reglamento, promulgado por el presidente Hugo Chávez Frías, el pasado de 15 de agosto, afianzará la raíces de los venezolanos, así como los valores autóctonos y fortalecerá los principios de obligatoriedad, gratuidad, prosecución de la educación en el país.
Esta ley está llena de valores de los que se oponen a ésta no consiguen ni conseguirán argumentos validos para rebatir.
Tomado de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) del 19/08/2009.
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