Nancy Mastronardi
Los grandes medios de comunicación de derecha, que llevan adelante una megacampaña internacional contra los gobiernos progresistas, viven a la caza de cualquier información para convertirla en un arma para criminalizar a un Presidente.
Por supuesto, Hugo Chávez es el principal blanco, el objetivo a exterminar. Y en esto trabajan día a día las empresas capitalistas de la comunicación.
En esta oportunidad, medios nacionales e internacionales, en una sola voz, guiados por los planes desestabilizadores estadounidenses, tomaron las declaraciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para malinformar a la opinión pública del planeta y asegurar que en la tierra de Bolívar hay un régimen dictatorial.
Esto dijo la fiscal: 'Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”.
Todos los venezolanos, sin distingo de razón política, tienen derecho a protestar, a marchar, a movilizarse, pero de manera pacífica, sin generar violencia, sin destruir el patrimonio público, sin afectar la libertad del otro. Aquellos que rompan con la paz y generen violencia podrán ser enjuiciados.
Ocultando esta información, borrándola de sus archivos, los medios de derecha dicen: En Venezuela nadie podrá protestar en contra del Gobierno. En Venezuela, quien proteste, será enjuiciado.
No señores, se equivocan, o más bien equivocan al lector, lo engañan.
El diario El Tiempo, de Bogotá, tituló uno de sus artículos: 'Fiscalía venezolana advirtió que enjuiciará, bajo el delito de rebelión civil, a quienes protesten'.
El Nuevo Herald, de Miami, hace lo propio. Señala que la Fiscalía apresará a quien se atreva a manifestar en contra del Gobierno, tergiversando totalmente la declaración de la fiscal.
'Protestar en Venezuela se convertirá en delito', así tituló este sábado el diario El País de España. Siguiendo los lineamientos de la campaña internacional para criminalizar al presidente Hugo Chávez y al Gobierno Bolivariano, democrático y participativo, tal como lo establece su Constitución.
Por supuesto, las repercusiones internas no se hicieron esperar y estos escandalosos titulares fueron reproducidos insistentemente por los medios de comunicación nacionales como Globovisión, canal privado de televisión duramente criticado por sus posturas políticas radicales.
Lo que callan los medios
La máxima representante del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, señaló que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país, a propósito de los hechos ocurridos el sábado pasado en la macha organizada por la oposición, que en un principio era contra la Ley de Educación y finalmente fue en contra del presidente, Hugo Chávez, tal como lo expresaron los manifestantes.
En dicha manifestación, las fuerzas de choque de la oposición, dirigidas por los opositores Henry Ramos Allup, Oscar Pérez (Alianza Bravo Pueblo), Leopoldo López (ex alcalde de Chacao), Luis Ignacio Planas (Copei), entre otros, derribaron el cerco de seguridad y agredieron con objetos contundentes a los funcionarios policiales. Además, insistían en marchar hasta el Palacio de Miraflores.
“El Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”, anunció Ortega Díaz en declaraciones pasadas.
Agregó que “algunas personas buscan cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos. A ellos no les importa el país, lo que quieren es desestabilizar”.
Aseguró que estas acciones encajan en el delito de rebelión civil, el cual, de acuerdo con el artículo 143 de Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
Los grandes medios de comunicación de derecha, que llevan adelante una megacampaña internacional contra los gobiernos progresistas, viven a la caza de cualquier información para convertirla en un arma para criminalizar a un Presidente.
Por supuesto, Hugo Chávez es el principal blanco, el objetivo a exterminar. Y en esto trabajan día a día las empresas capitalistas de la comunicación.
En esta oportunidad, medios nacionales e internacionales, en una sola voz, guiados por los planes desestabilizadores estadounidenses, tomaron las declaraciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para malinformar a la opinión pública del planeta y asegurar que en la tierra de Bolívar hay un régimen dictatorial.
Esto dijo la fiscal: 'Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”.
Todos los venezolanos, sin distingo de razón política, tienen derecho a protestar, a marchar, a movilizarse, pero de manera pacífica, sin generar violencia, sin destruir el patrimonio público, sin afectar la libertad del otro. Aquellos que rompan con la paz y generen violencia podrán ser enjuiciados.
Ocultando esta información, borrándola de sus archivos, los medios de derecha dicen: En Venezuela nadie podrá protestar en contra del Gobierno. En Venezuela, quien proteste, será enjuiciado.
No señores, se equivocan, o más bien equivocan al lector, lo engañan.
El diario El Tiempo, de Bogotá, tituló uno de sus artículos: 'Fiscalía venezolana advirtió que enjuiciará, bajo el delito de rebelión civil, a quienes protesten'.
El Nuevo Herald, de Miami, hace lo propio. Señala que la Fiscalía apresará a quien se atreva a manifestar en contra del Gobierno, tergiversando totalmente la declaración de la fiscal.
'Protestar en Venezuela se convertirá en delito', así tituló este sábado el diario El País de España. Siguiendo los lineamientos de la campaña internacional para criminalizar al presidente Hugo Chávez y al Gobierno Bolivariano, democrático y participativo, tal como lo establece su Constitución.
Por supuesto, las repercusiones internas no se hicieron esperar y estos escandalosos titulares fueron reproducidos insistentemente por los medios de comunicación nacionales como Globovisión, canal privado de televisión duramente criticado por sus posturas políticas radicales.
Lo que callan los medios
La máxima representante del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, señaló que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país, a propósito de los hechos ocurridos el sábado pasado en la macha organizada por la oposición, que en un principio era contra la Ley de Educación y finalmente fue en contra del presidente, Hugo Chávez, tal como lo expresaron los manifestantes.
En dicha manifestación, las fuerzas de choque de la oposición, dirigidas por los opositores Henry Ramos Allup, Oscar Pérez (Alianza Bravo Pueblo), Leopoldo López (ex alcalde de Chacao), Luis Ignacio Planas (Copei), entre otros, derribaron el cerco de seguridad y agredieron con objetos contundentes a los funcionarios policiales. Además, insistían en marchar hasta el Palacio de Miraflores.
“El Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”, anunció Ortega Díaz en declaraciones pasadas.
Agregó que “algunas personas buscan cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos. A ellos no les importa el país, lo que quieren es desestabilizar”.
Aseguró que estas acciones encajan en el delito de rebelión civil, el cual, de acuerdo con el artículo 143 de Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
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