Luisa Ortega Díaz
En un importante trabajo sobre el delito de tortura, Amnistía Internacional sostiene que "La impunidad en sí misma puede verse como una violación múltiple de los derechos humanos, ya que priva a las víctimas y a sus familiares del derecho a que se establezca y reconozca la verdad, del derecho a ver que se hace justicia y del derecho a interponer un recurso efectivo para obtener reparación. Prolonga el daño original al tratar de negar que ocurrió, lo cual constituye una nueva afrenta a la dignidad y humanidad de la víctima".
Comparto la opinión de Amnistía Internacional. Con fundamento en ella, hemos asumido la búsqueda de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y es que durante la vigencia del anterior sistema político, permanentemente se desconoció el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad. Entre miles de casos hay tres que se tornaron emblemáticos en lo que fue la política represiva contra los sectores populares.
Me refiero al caracazo y a las denominadas masacres de Yumare y Cantaura, donde muchos venezolanos fueron asesinados injustamente. En ambos hechos el Estado no sólo incurrió en graves violaciones a los derechos humanos sino que además negó toda posibilidad de hacer justicia. Durante más de veinte años miles de familias fueron privadas de ese derecho.
Desde que asumí el Ministerio Público he tenido como propósito fundamental vencer la impunidad en tan lamentables hechos y en ese sentido profundizamos la investigación en cada una de las referidas masacres, lo que nos ha permitido formalizar la imputación de los autores de las mismas. Inclusive presentar, hace escasas cuarenta y ocho horas, ante el Circuito Penal del estado Yaracuy una sólida acusación en el caso de Yumare.
En la investigación del "caracazo" en los próximos días practicaremos varias exhumaciones para identificar algunas de las víctimas. Esto tiene un contenido humano de gran significación. Segura estoy que el equipo de fiscales y personal técnico del Ministerio Público que trabaja en estas investigaciones lograran establecer la responsabilidad penal de los culpables, de esa manera la sociedad venezolana se reencontrara con un sistema de justicia penal capaz de garantizar la estabilidad de los derechos humanos.
En un importante trabajo sobre el delito de tortura, Amnistía Internacional sostiene que "La impunidad en sí misma puede verse como una violación múltiple de los derechos humanos, ya que priva a las víctimas y a sus familiares del derecho a que se establezca y reconozca la verdad, del derecho a ver que se hace justicia y del derecho a interponer un recurso efectivo para obtener reparación. Prolonga el daño original al tratar de negar que ocurrió, lo cual constituye una nueva afrenta a la dignidad y humanidad de la víctima".
Comparto la opinión de Amnistía Internacional. Con fundamento en ella, hemos asumido la búsqueda de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y es que durante la vigencia del anterior sistema político, permanentemente se desconoció el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad. Entre miles de casos hay tres que se tornaron emblemáticos en lo que fue la política represiva contra los sectores populares.
Me refiero al caracazo y a las denominadas masacres de Yumare y Cantaura, donde muchos venezolanos fueron asesinados injustamente. En ambos hechos el Estado no sólo incurrió en graves violaciones a los derechos humanos sino que además negó toda posibilidad de hacer justicia. Durante más de veinte años miles de familias fueron privadas de ese derecho.
Desde que asumí el Ministerio Público he tenido como propósito fundamental vencer la impunidad en tan lamentables hechos y en ese sentido profundizamos la investigación en cada una de las referidas masacres, lo que nos ha permitido formalizar la imputación de los autores de las mismas. Inclusive presentar, hace escasas cuarenta y ocho horas, ante el Circuito Penal del estado Yaracuy una sólida acusación en el caso de Yumare.
En la investigación del "caracazo" en los próximos días practicaremos varias exhumaciones para identificar algunas de las víctimas. Esto tiene un contenido humano de gran significación. Segura estoy que el equipo de fiscales y personal técnico del Ministerio Público que trabaja en estas investigaciones lograran establecer la responsabilidad penal de los culpables, de esa manera la sociedad venezolana se reencontrara con un sistema de justicia penal capaz de garantizar la estabilidad de los derechos humanos.
*Fiscala Generala de la República Bolivariana de Venezuela.
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