Hugbel Roa(*)
El problema del agua es un asunto político porque se trata de un recurso escaso y finito que además es “vital” no solo para la especia humana sino para la vida en general. El reconocimiento del agua potable y el saneamiento como derecho humano por parte de las Naciones Unidas en 2010, impulsan la necesidad de diseñar políticas cada vez más efectivas sobre la materia, de allí que su manejo y disposición involucre actores de poder.
Así mismo la relación entre agua y seguridad alimentaria que destaca la ONU evidencia una de las principales características económicas que tiene el preciado líquido. El agua es base de cualquier política de estado y proyecto económico destinado a la producción de alimentos y su uso exige cada vez mayor eficiencia. Si tomamos en cuenta que como señala la ONU producir 1Kg de arroz requiere cerca de 3.500 litros de agua; y que 1Kg de carne de res requiere hasta 15.000 litros; nos encontramos entonces ante una situación que demanda la atención y acción del estado para garantizar su mejor uso. Pero además de esto el agua es recurso en numerosas actividades industriales, se usa y se afecta en la explotación minera, petrolera y de manufactura de cuantiosos bienes; esta característica asigna entonces otro elemento a la ecuación y es que el agua es un recurso expuesto permanentemente a la afectación, por lo que requiere ser tratada a fin de garantizar su calidad, añadiendo con esto otra variable económica de consideración.
En nuestra América Latina contamos con las mayores reservas de agua del planeta y Venezuela tiene uno los reservorios acuíferos más importantes del mundo. En atención a esta particularidad el gobierno revolucionario viene activando y desarrollando una política pública con un sólido contenido conservacionista, fundamentándola en las leyes aprobadas al respecto, y sumando campañas comunicacionales en favor de la calidad del agua y la inclusión en los programas de formación educativa, ejes medulares para la formación ciudadana y la transformación de la cultura humana sobre el agua.
Sin embargo en determinadas ocasiones el agua se convierte en base del debate politiquero, como en días recientes cuando la oposición busca generar caos a partir de matrices de información y desinformación sobre la calidad de la misma, buscando con ello impactar políticamente. Por tanto, la actuación inmediata de nuestra instituciones, como fue la acogida por el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que los medios de comunicación se obliguen a hacer correcto manejo informativo del tema agua, exigiendo que la información a difundir esté avalada por estudios y las instituciones competente en la materia, es acertada en virtud de la importancia que tiene el agua como derecho humano a fin de evitar la manipulación y la siembra de zozobra en la población.
Esta posición evidencia que el agua es base de todo un sistema económico donde el gobierno revolucionario ha demostrado gran interés en la política ambiental. Esto porque se ha venido logrando cada vez más y mejor acceso al agua potable, se hace uso eficiente en los planes de seguridad alimentaria para la producción de alimentos y finalmente existen disposiciones constitucionales y legales que garantizan la observancia efectiva de las políticas del desarrollo y el respeto a los protocolos ambientales internacionales.
(*)Diputado
roahugbel@gmail.com
Así mismo la relación entre agua y seguridad alimentaria que destaca la ONU evidencia una de las principales características económicas que tiene el preciado líquido. El agua es base de cualquier política de estado y proyecto económico destinado a la producción de alimentos y su uso exige cada vez mayor eficiencia. Si tomamos en cuenta que como señala la ONU producir 1Kg de arroz requiere cerca de 3.500 litros de agua; y que 1Kg de carne de res requiere hasta 15.000 litros; nos encontramos entonces ante una situación que demanda la atención y acción del estado para garantizar su mejor uso. Pero además de esto el agua es recurso en numerosas actividades industriales, se usa y se afecta en la explotación minera, petrolera y de manufactura de cuantiosos bienes; esta característica asigna entonces otro elemento a la ecuación y es que el agua es un recurso expuesto permanentemente a la afectación, por lo que requiere ser tratada a fin de garantizar su calidad, añadiendo con esto otra variable económica de consideración.
En nuestra América Latina contamos con las mayores reservas de agua del planeta y Venezuela tiene uno los reservorios acuíferos más importantes del mundo. En atención a esta particularidad el gobierno revolucionario viene activando y desarrollando una política pública con un sólido contenido conservacionista, fundamentándola en las leyes aprobadas al respecto, y sumando campañas comunicacionales en favor de la calidad del agua y la inclusión en los programas de formación educativa, ejes medulares para la formación ciudadana y la transformación de la cultura humana sobre el agua.
Sin embargo en determinadas ocasiones el agua se convierte en base del debate politiquero, como en días recientes cuando la oposición busca generar caos a partir de matrices de información y desinformación sobre la calidad de la misma, buscando con ello impactar políticamente. Por tanto, la actuación inmediata de nuestra instituciones, como fue la acogida por el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que los medios de comunicación se obliguen a hacer correcto manejo informativo del tema agua, exigiendo que la información a difundir esté avalada por estudios y las instituciones competente en la materia, es acertada en virtud de la importancia que tiene el agua como derecho humano a fin de evitar la manipulación y la siembra de zozobra en la población.
Esta posición evidencia que el agua es base de todo un sistema económico donde el gobierno revolucionario ha demostrado gran interés en la política ambiental. Esto porque se ha venido logrando cada vez más y mejor acceso al agua potable, se hace uso eficiente en los planes de seguridad alimentaria para la producción de alimentos y finalmente existen disposiciones constitucionales y legales que garantizan la observancia efectiva de las políticas del desarrollo y el respeto a los protocolos ambientales internacionales.
(*)Diputado
roahugbel@gmail.com
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