11 de oct. 2010.-Aiert Larrarte, abogado defensor de los presuntos etarras Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, afirmó este lunes a teleSUR que las declaraciones realizadas por los detenidos la semana pasada, en las que afirmaban haber recibido adiestramiento en territorio venezolano, fueron tomadas bajo métodos de tortura y por ende, no deberían tener validez legal.
En contacto con teleSUR, el letrado dijo que estos mecanismos de suplicio son posibles debido a que la ley española tiene una clausura donde permite que los "los detenidos por presuntos casos de terrorismo" deben pasar un "período de incomunicación" que dura cinco días y en el cual los prisioneros no pueden tener contacto de ningún tipo ni con sus familiares ni con sus abogados.
"Es en este lapso en el cual los detenidos son víctimas de estos abusos (...) en los que son forzados a declarar ya sea autoculpándose o culpando a terceros, como ocurrió en el caso de Venezuela (...) todos los organismos internacionales coinciden en que estos períodos de incomunicación permiten este tipo de acosos", afirmó.
Precisó que entre los tratamientos de "declaración forzosa" que han sufrido los presuntos etarras, se encuentran golpes, no dejarles dormir, obligarlos a hacer extenuantes ejercicios físicos o inclusive, la asfixia.
"Les han aplicado la asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, con eso logran que las personas no puedan respirar por largos períodos de tiempo (...) los detenidos han comentado que han llegado a perder el conocimiento".
Comentó que esta realidad evidencia que aunque el Gobierno de España ha firmado "infinidad de convenios" para rechazar la tortura, "en la práctica se ve que esas firmas no han servido para nada".
Larrarte agregó que estos dos detenidos no han sido las únicas víctimas de esos métodos mientras se encuentran en el "período incomunicacional", y que aproximadamente hay 7 mil denuncias de personas que han vivido estas torturas pero que son ignoradas tanto por los medios de comunicación españoles como por el mismo Gobierno.
"Los medios de comunicación niegan este tipo de denuncias, se limitan a los juzgados, y a alinearse con los intereses del Gobierno (...) Las denuncias de estas dos personas han sido publicadas solamente en dos medios, que desde luego no tienen una tirada nacional", expresó.
Matriz de opinión
La corresponsal de teleSUR en Venezuela, Madeline García, entrevistó a vascos residentes en el país suramericano, quienes denunciaron que a Madrid le convendría demostrar los supuestos nexos entre la organización y Caracas, y que para ello utiliza a disidentes de la izquierda española.
Xavier Arruti, es de los vascos que afirma estar en esta posición. Es refugiado político desde hace más de 20 años y afirma "sentirse utilizado" para involucrar a Chávez (presidente venezolano) con la ETA.
"No hay ni una familia que se haya librado que alguno de sus miembros haya sido detenido y estigmatizado como etarra", comentó.
Señaló que desde su perspectiva, haber participado en actos con la izquierda española y ser delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han sido "evidencias" suficientes para que la prensa de derecha de España, como El País, El Mundo y ABC, lo hayan utilizado como referencia para generar matrices de opinión internacional en contra de Venezuela.
"Dicen que Venezuela es el balneario de etarras y santuario del terrorismo que trabajan con Chávez, pero aquí nosotros no somos nada, lo que quieren es involucrar al Gobierno de Chávez y criminalizarlo para mantener toda una política de ruptura de relaciones internacionales con Venezuela", expresó.
Agregó que en el tiempo que lleva residenciado en el país suramericano, los organismos de inteligencia lo han visitado con el objetivo de investigar a profundidad a los vascos que se encuentran refugiados en el país, y que hasta ahora, no han conseguido nada que lo inculpe o lo vincule con organizaciones ilícitas.
El pasado miércoles, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que no existe indicio o dato alguno que compruebe la vinculación del Gobierno de Venezuela con actividades de entrenamiento de miembros de ETA en su territorio y que "no hay ningún dato de los dos presuntos etarras que permita inferir, ni tan siquiera sospechar, que el Gobierno venezolano tiene que ver es este caso".
En contacto con teleSUR, el letrado dijo que estos mecanismos de suplicio son posibles debido a que la ley española tiene una clausura donde permite que los "los detenidos por presuntos casos de terrorismo" deben pasar un "período de incomunicación" que dura cinco días y en el cual los prisioneros no pueden tener contacto de ningún tipo ni con sus familiares ni con sus abogados.
"Es en este lapso en el cual los detenidos son víctimas de estos abusos (...) en los que son forzados a declarar ya sea autoculpándose o culpando a terceros, como ocurrió en el caso de Venezuela (...) todos los organismos internacionales coinciden en que estos períodos de incomunicación permiten este tipo de acosos", afirmó.
Precisó que entre los tratamientos de "declaración forzosa" que han sufrido los presuntos etarras, se encuentran golpes, no dejarles dormir, obligarlos a hacer extenuantes ejercicios físicos o inclusive, la asfixia.
"Les han aplicado la asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, con eso logran que las personas no puedan respirar por largos períodos de tiempo (...) los detenidos han comentado que han llegado a perder el conocimiento".
Comentó que esta realidad evidencia que aunque el Gobierno de España ha firmado "infinidad de convenios" para rechazar la tortura, "en la práctica se ve que esas firmas no han servido para nada".
Larrarte agregó que estos dos detenidos no han sido las únicas víctimas de esos métodos mientras se encuentran en el "período incomunicacional", y que aproximadamente hay 7 mil denuncias de personas que han vivido estas torturas pero que son ignoradas tanto por los medios de comunicación españoles como por el mismo Gobierno.
"Los medios de comunicación niegan este tipo de denuncias, se limitan a los juzgados, y a alinearse con los intereses del Gobierno (...) Las denuncias de estas dos personas han sido publicadas solamente en dos medios, que desde luego no tienen una tirada nacional", expresó.
Matriz de opinión
La corresponsal de teleSUR en Venezuela, Madeline García, entrevistó a vascos residentes en el país suramericano, quienes denunciaron que a Madrid le convendría demostrar los supuestos nexos entre la organización y Caracas, y que para ello utiliza a disidentes de la izquierda española.
Xavier Arruti, es de los vascos que afirma estar en esta posición. Es refugiado político desde hace más de 20 años y afirma "sentirse utilizado" para involucrar a Chávez (presidente venezolano) con la ETA.
"No hay ni una familia que se haya librado que alguno de sus miembros haya sido detenido y estigmatizado como etarra", comentó.
Señaló que desde su perspectiva, haber participado en actos con la izquierda española y ser delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han sido "evidencias" suficientes para que la prensa de derecha de España, como El País, El Mundo y ABC, lo hayan utilizado como referencia para generar matrices de opinión internacional en contra de Venezuela.
"Dicen que Venezuela es el balneario de etarras y santuario del terrorismo que trabajan con Chávez, pero aquí nosotros no somos nada, lo que quieren es involucrar al Gobierno de Chávez y criminalizarlo para mantener toda una política de ruptura de relaciones internacionales con Venezuela", expresó.
Agregó que en el tiempo que lleva residenciado en el país suramericano, los organismos de inteligencia lo han visitado con el objetivo de investigar a profundidad a los vascos que se encuentran refugiados en el país, y que hasta ahora, no han conseguido nada que lo inculpe o lo vincule con organizaciones ilícitas.
El pasado miércoles, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que no existe indicio o dato alguno que compruebe la vinculación del Gobierno de Venezuela con actividades de entrenamiento de miembros de ETA en su territorio y que "no hay ningún dato de los dos presuntos etarras que permita inferir, ni tan siquiera sospechar, que el Gobierno venezolano tiene que ver es este caso".
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