Introducción
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral tuvo primera y segunda discusión en el Congreso entre mayo y diciembre de 1997, el mismo año en que, según cifras oficiales, un millón de venezolanos pasaron de la clase media a los niveles D y E, debido al deterioro económico, los bajos salarios y la inflación galopante. Para ese entonces, el presidente Rafael Caldera (1994-1999) estaba al mando por segunda vez.
El gobierno, los patronos y los sindicatos habían firmado un Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social, que claudicaba frente a los mandatos del neoliberalismo y presagiaba el golpe de exclusión ejecutado por la nueva ley, al dejar fuera a 6 de los 8 millones de trabajadores venezolanos.
Un Informe del Centro de Investigaciones Económicas (CIECA) arrojaba entonces que, aunque los ciudadanos hacían grandes esfuerzos para superar la crisis, el salario mínimo escasamente superaba los 100 dólares, bien distantes de los 250 dólares que costaba la cesta básica familiar. Asimismo, al 86% de los empleados nos les alcanzaba el salario para pagar la canasta alimentaria.
En el Informe Panorama Social 1996, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señalaba que la crisis, caracterizada por una alta inflación (de 1994 a 1997 acumuló un 316, 16 %) y por un retroceso en la lucha contra la pobreza, fue el rasgo distintivo de la economía venezolana en los dos últimos años. Dentro de ese contexto, el diputado adeco Arístides Hospedales (cuyo partido, entonces en el poder, cargaba con buena parte de la responsabilidad por el estado de cosas del país), presentaba el Proyecto sobre la legislación de Seguridad Social y se preguntaba:
“¿Cuál es la situación actual de la seguridad social en Venezuela? ¡Caótica! Prácticamente nos ha obligado a señalar ante la opinión pública que la seguridad social no existe en el país. Su fundamento doctrinario, como es la solidaridad, no está presente”.
Era una muestra más del doble discurso de la partidocracia tradicional. En teoría, subrayaban la necesidad de un cambio que beneficiara a los sectores más vulnerables. En la práctica, oxigenaban su aliento demagógico con la filosofía más socorrida del puntofijismo: proponer más de lo mismo.
El papel lo aguanta todo
La legislación que se estaba discutiendo en 1997 exponía en sus artículos la defensa de principios como la universalidad, la solidaridad, la integralidad y la unidad. Pero las propias denuncias de los parlamentarios desnudaban las distancias entre el dicho y el hecho:
“El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales llega a darle cobertura a una cuarta parte de la población económicamente activa del país, estimada en 8 millones de personas. De manera que 2 millones de trabajadores activos, más 4 millones de empleados informales, están fuera del sistema de seguridad social actual. Son los llamados desamparados”. (Diputado Atilio Hernández, Causa R).
“La fracción parlamentaria de Independientes por Venezuela, tiene serias reservas en cuanto al manejo financiero de los fondos previstos por la Ley, porque luce preocupante que prácticamente se haya podido comenzar una carrera para improvisar entes privados asociados al sindicalismo venezolano, vista la experiencia ocurrida en Venezuela con el Banco de los Trabajadores”. (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela).
“…El problema es que la integralidad va a estar definida, básicamente, por la capacidad de pago que tenga el trabajador, para acceder a todos los subsistemas que plantea esta Ley Marco de Seguridad Social. Y con unos salarios tan deprimidos como los que tiene el venezolano, donde la gran mayoría ni siquiera cobra el salario mínimo de 75.000,00 bolívares mensuales, no será posible que estas contingencias sean cubiertas por los trabajadores”. (Diputado Edgar Silva, Patria Para Todos).
Exclusión a la orden
La exclusión era una de las premisas de esta ley, aunque lo escondieran las trampas urdidas entre palabras huecas.
“Con esta Ley es excluida la gran mayoría de los venezolanos y solamente son amparados aquellos venezolanos que puedan afiliarse al sistema, y esos son los que pueden pagar este nuevo modelo de seguridad social. La gran mayoría no puede pagar este nuevo modelo de seguridad social, por lo que no podrá afiliarse al nuevo sistema. Por ejemplo: quedan excluidas las amas de casa, las personas que no pueden cotizar; quedan excluidos los trabajadores informales. (Diputado Edgar Silva, Patria Para Todos).
“El gran reto de la reforma de la Seguridad Social Venezolana es diseñar un sistema que sea capaz de darle cobertura universal a cerca de 22 millones de habitantes de esta Nación, ante contingencias tan elementales como vejez, invalidez, enfermedad, muerte, desempleo y carencia de vivienda, educación y recreación”. (Diputado Atilio Hernández, Causa R).
“En Venezuela tenemos un proceso de exclusión social continuado, que se puede agudizar si aprobamos una ley de seguridad social que facilite las condiciones para que la misma se convierta en un negocio de unos pocos y además, se convierta en un factor más de exclusión en nuestra sociedad (…) y con un pueblo excluido casi en un 80% de su conformación. Esa es la realidad”. (Diputado Vladimir Villegas [1], Causa R).
“De 8 millones de personas que constituyen la fuerza laboral activa, apenas 2 millones están afiliadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y ¿es que acaso, la mayoría de la población no recibe en los hospitales de Venezuela una atención de segunda, mientras sectores privilegiados de la sociedad, incluidos los parlamentarios, recibimos una atención privilegiada en hospitales y clínicas privadas? De manera que la discriminación existe en Venezuela”. (Diputado Atilio Hernández, Causa R).
El diputado José Bottini, de Patria Para Todos, a viva voz hizo un desmontaje del Proyecto de Ley Marco de Seguridad Social, el cual calificó como neoliberal.
“Este Proyecto de Ley Marco de Seguridad Social responde a esa corriente neoliberal que nos han venido imponiendo en este país y que en las últimas sesiones (…) las impuso el Fondo Monetario Internacional cuando le prometió a todos los trabajadores que iban a lograr un incremento en su salario; que iban a lograr el aumento del empleo y un mejor bienestar social si aceptaban la liquidación de la retroactividad de las prestaciones sociales (…) y poco tiempo después los trabajadores se dieron cuenta de que la tierra prometida no era más que el infierno del hambre y la miseria. Hoy los trabajadores están clamando para que se les cumpla el incremento salarial.
“…Ese Proyecto de Ley convierte a la salud en una vulgar mercancía, pero como estamos en el neoliberalismo, cuya concepción es que el mercado es el que impone las reglas, y de ser así, todo tiene que convertirse en mercancía, por lo tanto, están dentro de su concepción neoliberal.
“…Es un Proyecto de Ley que desampara, no solamente a los niños y a los ancianos –como dijo el diputado Edgar Silva– sino que desampara al niño inclusive antes de nacer, porque no leemos en el Proyecto ningún programa que cubra a las madres o a las futuras madres en el proceso alimenticio, en el cuido, en lo que llamaríamos la parte preventiva de lo que puede ser el futuro de ese ciudadano, por lo que presenta un gran vacío.
“…Este Proyecto de Ley no protege al salario. Una ley de seguridad social que debe ser hecha para el bienestar de la población, lo primero o lo más importante que debe tener es la protección del salario”.
“Actualmente el modelo de la seguridad social en Venezuela se encuentra en una crisis que tocó fondo, en una crisis irreversible, por los errores que se cometieron en distintas etapas o épocas de su administración, por irregularidades y corruptelas de todo tipo; porque su administración muchas veces cayó en manos de depredadores que le abrieron un hueco a la botija, a los fondos del Seguro Social. Depredadores que quedaron impunes”. (Diputado Ramón Tenorio Sifontes, Unión Republicana Democrática).
Seguridad Social en el piso
Representantes de varias fracciones parlamentarias coincidían en que el sistema de seguridad social estaba en el piso en una Venezuela que, para 1997, exhibía un índice de desnutrición de cerca del 40 % y un servicio hospitalario en crisis, según expertos de entonces.
“El Seguro Social es hoy una institución colapsada en relación a su funcionamiento de hace 15 años y los que en el pasado se beneficiaron con la gestión directiva y gerencial que disfrutaron son los que hoy pregonan su cierre, entre ellos Fedecámaras, la CTV y el Gobierno; sólo lo quieren los pacientes de alto riesgo, los que tienen deficiencias renales, los diabéticos, los enfermos de cáncer y los pensionados.” (Diputado Lelis Paéz, Patria para Todos).
“Creemos que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha colapsado financiera, actuarial y fiscalmente; y en términos también de la calidad de los servicios que presta al país. Esta estructura no tiene ni va a tener capacidad de respuesta”. (Diputado Juan Sosa Maury, Convergencia).
“Todo el mundo sabe en este país, cuáles fueron las causas y motivos de que el Seguro Social colapsara. Uno de ellas, por cierto, fue que el Sistema de Salud Pública, en este caso el que administraba el Ministerio de Sanidad, de alguna manera colapsó en las regiones. Y por supuesto en muchas oportunidades, por eso digo que fue uno de los grandes motivos, los Seguros Sociales tuvieron que cargar con la alta demanda de ciudadanos que acudían a obtener un servicio de salud”. (Diputado Arquímedes Licett, Causa R).
“…el Seguro Social de nuestro país ha caído postrado como una institución virtualmente irrecuperable, en medio de la mayor ineficiencia, obsolescencia y corrupción.” (Diputado Atilio Hernández, Causa R).
“Aquí quienes han administrado y quebrado el Seguro Social son precisamente los que están más apurados por acabar con lo que queda del mismo, para eliminar el pequeño remanente que le queda de seguridad social a los trabajadores en este momento, y que pretende ser desmantelado de una manera violenta. Además, sin nada a cambio.” (Diputado Vladimir Villegas, Causa R).
“Cocina Montada”
Durante la primera y segunda discusión de la normativa muchas de las propuestas de los diputados quedaron negadas por el voto de la mayoría de aquellos parlamentarios de la IV. La cogollocracia demostraba una vez más su habilidad para asignar al Congreso un triste papel: puro trámite.
“Creemos que aquí, lamentablemente, ya hay una cocina montada. Aquí está casi todo cocinado. Las posibilidades, el margen de hacer modificaciones es muy pequeño y también existe un chantaje permanente con el tema del Seguro Social. Por supuesto, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la administración y en la quiebra del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”. (Diputado Vladimir Villegas, Causa R).
“Queremos dejar constancia de que el aprobado Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral no cuenta, de manera general, con el respaldo de La Causa R, básicamente por las razones que hemos señalado en el debate, en el sentido de que es una Ley para un minoría de trabajadores, que excluye a la mayoría determinante de la población venezolana y porque, además, en el diseño de sus instituciones hay un marcado sesgo financiero, que convierte la seguridad social más que en un servicio público, en un negocio para el sector privado de la economía…”(Diputado Atilio Hernández, Causa R).
“Es extraño que en esta Cámara se hayan quebrado estos principios (solidaridad, integralidad y universalidad) con la anuencia y la conjunción de esfuerzos de dos partidos políticos: Acción Democrática y COPEI. Uno se llama partido socialista en Venezuela, que bien sabemos el significado de lo que es el «socialismo», y el otro, COPEI, se llama socialcristiano, y, sin embargo, ha renunciado a esos postulados del cristianismo que invocan la solidaridad y el amor al prójimo”. (Diputado Edgar Silva, Patria Para Todos).
[1] Aunque en un principio aplaudió el chavismo y formó parte de los debates para una nueva Constitución, en la actualidad se dice parte de un centro político que, en realidad, tiende cada vez más a la derecha.
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