Castigo aleccionador.

*Luisa Ortega Diaz.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) da cuenta de las deficiencias alimenticias que sufren millones de personas en el mundo. No obstante, ese mismo organismo internacional ha determinado que Venezuela es uno de los pocos países en el planeta, que en escasos 10 años, ha cumplido con las metas del milenio, al implementar, entre otras políticas, estrategias para hacer llegar a la población productos a bajos costos.

Según cifras dadas a conocer por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), desde el año 2008 hasta la fecha, esta empresa del Estado ha repartido unas 800.000 toneladas de alimentos por intermedio de una red que cuenta con 400.700 hombres y mujeres, centenares de vehículos y miles de bodegas populares.

Ante tal esfuerzo humano y logístico desplegado para garantizar a los venezolanos la ingesta diaria de comida, resulta reprochable, desde todo punto de vista, que algunas personas, con sus conductas y apelando a intereses ocultos, intente desprestigiar la labor tan encomiable que ha venido desarrollando PDVAL en cuanto a hacer llegar los productos básicos a la población.

Los contenedores de alimentos hallados en algunos depósitos de aduanas, donde se detectaron productos vencidos, representan, de acuerdo con PDVAL, un pequeño porcentaje respecto al inventario que manejan. Sin embargo, lo que sí resulta de gran dimensión es la responsabilidad penal en la que pudieran estar incursas las personas que por negligencia permitieron este daño patrimonial a la Nación y a los consumidores.

El Ministerio Público como responsable de ordenar y dirigir la investigación penal, ha iniciado las acciones para que a los responsables se les aplique el castigo que prevé la ley y seguirá investigando hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos. Se trata así de lograr una acción aleccionadora para aquellos que tienen el compromiso de salvaguardar los bienes de todos los venezolanos.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2007-2014. Presidenta del Consejo Moral Republicano por el período 2010.