Una noticia ha circulado por Internet recogida por la mayoría de la prensa mundial escrita y su edición digital, titulada en casi todos, de la siguiente manera: EL SENADO DE USA DAR PODER A OBAMA PARA CORTAR INTERNET”, “OBAMA PODRÁ CORTAR ACCESO A LA WEB DE ESTADOS UNIDOS POR RAZONES DE SEGURIDAD “.
A partir del 11 de junio, se convirtió sobre todo en Europa, en la noticia de primera plana. O ¿es que acaso no se está refiriendo al país que se proclama defensor de la democracia y las libertades? Más de 42 artículos fueron escritos al conocerse de la noticia, los días 11 y 12 del presente mes.: Noticias 2D, El País.com, Baquia, Cuarto Poder, El Mundo.es, Revista de Internet, ADS Zone.net, CIO Latin Americam, 20 minutos, Telecinco.es, El Mañana de Nuevo Laredo, El Comercio.pe, Desarrollo Web.com, PC Actual, Revista Generación, La Información.com, Xornal, Libertad Digital, Silicon.News, fueron las páginas que reseñaron la información.
Se trata de un proyecto legislativo propuesto por varios miembros del Senado de Estados Unidos a través del cual, se pretende darle al Presidente Obama, el poder para cortar el acceso a Internet “en situaciones de emergencia” como “ciberataques masivos”.
De ser aprobada esta ley, los operadores de Internet, los buscadores y los fabricantes de software seleccionados por el Gobierno estarán obligados a obedecer de inmediato, y bajo riesgo de multa, las medidas de emergencia impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La propuesta, denominada Protecting Cyberspace as a National Asset Act (PCNAA), se enfrente a una gran oposición al mencionado proyecto.
El mandatario norteamericano podría ordenar el corte de las conexiones a Internet en todo el país o en partes de él y colocar bajo su mando, el funcionamiento de los buscadores y empresas de software. Las compañías que se negaran a obedecer ante estos abusos serían multadas.
La única limitación a la norma sería que para vigilar el uso de la red que hace un ciudadano debería obtenerse autorización de un juez. En el resto de los aspectos, la norma de la que se quiere dotar Obama le exime de tener que dar explicaciones a nadie.
Pues bien, tal noticia que por supuesto no tiene eco en ninguno de los medios privados venezolanos, la mayoría en manos de la oposición como en las transnacionales de la noticia que día a día, minuto a minuto llevan adelante la Agenda contra el Gobierno del Presidente Chávez, acusándolo de tirano, dictador, violador de la libertad de expresión, quien como contrapartida, ha venido democratizando el uso de Internet, llevando el servicio a los rincones más recónditos del país, creando iniciativas de ampliación del uso de la web en todos los sectores sociales hasta en las escuelas.
Mientras, por el caso del Banco Federal, surgen los pronunciamientos inmediatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la SIP, otras organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, la Iglesia, que al unísono declaran que en Venezuela, se restringen las libertades fundamentales, que no existe libertad de expresión y que las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional tendientes a garantizar los derechos de los clientes de ese banco, están dirigidas contra Globovisión. Ello lo repiten sin cesar llevando a un clima de intolerancia a sus seguidores que creen esta mentira contada mil veces como a los ahorristas del Banco Federal, tal como lo vimos por VTV cuando fue golpeado y vituperado un Reportero cuando transmitía desde las puertas de uno de los bancos de Caracas.
Y así, tienen desatado todos los medios de comunicación, el caso Zuloaga como una persecución del Gobierno contra la libertad de expresión. Lo que más llama la atención, que por nuestra parte, también omitimos la noticia de primera plana desde el domingo en los diarios antes reseñados que encontramos en Google acerca de la intención del Senado de dar poder a Obama de cortar Internet por razones de seguridad.
Todo el contenido del proyecto resulta una limitación, una restricción absoluta del derecho a la libertad de información, comunicación y expresión. Ya Bush había tomado el control de las comunicaciones instalando equipos especializados de escucha e interceptando teléfonos, faxes y cuentas de correo electrónico en 2001, tras el ataque del 11 de septiembre, que en nombre de la lucha contra el terrorismo, autorizó a los Departamentos de Inteligencia a entrar en las cuentas de correo electrónico de los ciudadanos para vigilarlos y eliminar cualquier información que pudiera amenazar los intereses nacionales.
La "Patriot Act" dio más libertad a las agencias encargadas de la aplicación de la ley para pinchar los teléfonos y controlar tanto las comunicaciones a través del correo electrónico como los registros médicos y financieros. El acta también amplió la capacidad de las autoridades de inmigración y aplicación de la ley para detener y deportar a inmigrantes sospechosos de haber cometido actos relacionados con el terrorismo. El 9 de julio de 2008, el Senado de Estados Unidos aprobó el Acta de Enmienda al Acta de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que otorgaba inmunidad legal a las compañías de telecomunicaciones que participaran en programas de escucha y vigilancia y autorizaba al gobierno a interceptar las comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses y residentes en el extranjero sin necesidad de recibir la aprobación de un tribunal para así facilitar la lucha contra el terrorismo.
En septiembre de 2009 se estableció un organismo de supervisión de Internet, lo que hizo pensar a los ciudadanos que el gobierno podría utilizar la seguridad en la Red como una excusa para controlar e interferir en los sistemas personales. El Ejército también participaba en los programas de vigilancia. Según la cadena de televisión CNN, una organización militar de evaluación de riesgos en Internet con sede en Virginia se encargaba de vigilar blogs oficiales y privados, documentos oficiales, información personal de contacto, fotografías de armas y entradas a las bases militares y otras páginas web que podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional.
Como corolario, Obama avanza en la restricción de los derechos fundamentales de su pueblo con este proyecto de ley próximo a ser aprobado. Algo tan grave no es tomado en cuenta por la CIDH, menos por la SIP. Y como tantas veces, los medios venezolanos, hacen mutis sobre todo en estos momentos que tratan de convencer a la población, que las medidas tomadas respecto al Banco Federal, están encaminadas a restringir la libertad de expresión.
Mientras, nosotros callamos también. La guerrilla comunicacional debería desplegar información al respecto mostrando que realmente es violación de la libertad de expresión, violación del derecho a la información. Si una ley de esa naturaleza estuviera en la Asamblea Nacional de Venezuela, ya estuviera preparada la aplicación de la Carta Democrática.
El Presidente Chávez no cesa en su plegaria. Todo revolucionario debe convertirse en pregonero de la verdad. La agenda contra Venezuela y más en periodo electoral sigue en marcha. La defensa de la revolución de la misma manera debe intensificarse.
PATRIA SOCIALISTA O MUERTE VENCEREMOS!
Los clientes tendrían las de perder, no pudiendo demandar a las compañías o empresas. Así, para garantizar que las compañías no pongan muchas pegas a esta ley, el proyecto ofrece inmunidad frente a cualquier demanda civil que reciban a raíz de cualquier orden del Gobierno.
saramyt@gmail.com
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