Delcy Rodríguez y el blindaje institucional de la República ante la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica bajo el nuevo orden energético de Trump.

 

Por: Kelly Pottella

El orden internacional contemporáneo atraviesa una metamorfosis donde la soberanía de los Estados ha dejado de ser un atributo absoluto para convertirse en una facultad evaluada bajo la viabilidad jurídica y financiera ante las potencias globales. La situación actual de la República Bolivariana de Venezuela, marcada por la agresión judicial y política de los Estados Unidos de Norteamérica, no debe leerse solo como una acción contra individuos, sino como una ofensiva ontológica contra nuestra Nación, cuyo carácter es irrevocablemente libre, soberano e independiente. De acuerdo con nuestra Constitución, la independencia y la soberanía son derechos irrenunciables, pero hoy esa soberanía se defiende mediante un blindaje sistémico en un escenario de asfixia que ha causado un dolor profundo en el tejido social venezolano; la agresión externa no es solo diplomática, es una herida abierta en la cotidianidad de un pueblo que ha visto su calidad de vida desafiada en el altar de la geopolítica.

En este contexto de asedio, el papel de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, emerge como el eje fundamental de la arquitectura de blindaje del Estado. Frente a la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica, la conducción de Rodríguez ha garantizado la continuidad institucional mediante el ejercicio riguroso de la jefatura del Estado bajo el precepto constitucional de la falta temporal del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro. Esta gestión no es un simple trámite administrativo; es una defensa técnica y política de alto nivel que evita la acefalía del poder y mantiene la validez de la República ante un mundo que intenta desconocer nuestra autonomía. Su liderazgo ha sido la pieza clave para navegar una realidad donde las decisiones estratégicas deben proteger el hilo constitucional mientras se enfrentan a la intervención unilateral y a jurisdicciones extraterritoriales que vulneran el Derecho Internacional, tales como la inmunidad soberana y la igualdad entre Estados.

Debemos hablar con la verdad por dura que sea: en términos jurídicos, el estatus actual de Nicolás Maduro como Presidente Constitucional se define como una falta temporal legalmente protegida, y su regreso inmediato al ejercicio de sus funciones está intrínsecamente supeditado a la resolución del asedio judicial externo y a una estrategia de Estado que desarticule la persecución foránea. Mientras estas condiciones de fuerza mayor persistan, la conducción de Delcy Rodríguez representa la estructura real de poder que dialoga con el mundo y asegura que Venezuela no sea tratada como un territorio en disputa, sino como una nación con unidad de mando y legalidad vigente. Este esfuerzo se ve fortalecido por el respaldo del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ha cerrado filas en torno a esta institucionalidad, comprendiendo que la cohesión interna es la única garantía de supervivencia frente a los ataques que buscan fragmentar la paz territorial para liquidar nuestros activos nacionales.

La realidad económica es el frente de batalla donde la gestión de Rodríguez también busca resultados operativos definitivos. La propuesta de nuevos códigos nacionales y la meta de atraer 100.000 millones de dólares en inversión se plantean bajo condiciones de estricto respeto soberano, aprovechando que el pragmatismo de Donald Trump —presionado por sus propios problemas internos y la necesidad urgente de recursos energéticos para frenar la inflación en su país— lo obliga a mirar hacia Venezuela con necesidad estratégica. Los Estados Unidos de Norteamérica nos necesitan tanto como nosotros necesitamos estabilidad; el pragmatismo empresarial de Trump ve en la solidez institucional que hoy proyecta el Ejecutivo venezolano al único interlocutor válido que controla el territorio y el recurso.

En última instancia, la sostenibilidad del modelo venezolano frente a la intervención unilateral reside en la resiliencia de su arquitectura institucional. La verdadera victoria para Venezuela será emerger de esta tormenta con la estructura del Estado intacta y una paz social conquistada, recordando que la unidad de nuestra gente y el respeto a nuestra condición de Nación libre, bajo la conducción firme de sus instituciones y el resguardo de la investidura del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, son los únicos activos que ninguna potencia extranjera podrá jamás administrar ni quebrantar.