Juan Martorano
En primer lugar, debemos hacer una aclaratoria. Tal vez por errores de traducción o las concepciones del sistema federal estadounidense, pero se ha señalado que la diputada y Primera Dama Cilia Flores tendrá una "libertad condicional". Esto no es cierto. De lo que se trata es de que por su condición de salud, se le otorgue lo que se conoce como una Medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad o lo que coloquialmente conocemos como "arresto domiciliario" o "casa por cárcel", pero ella técnicamente hablando, seguiría "presa", para poder hacernos entender.
El próximo 8 de octubre, en la sala del juez federal Alvin K. Hellerstein dentro del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el sistema legal de los Estados Unidos enfrentará un dilema ético y geopolítico de primer orden. Lo que formalmente se tramita como una audiencia para discutir la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario para Cilia Flores es, en el fondo, un choque frontal entre el rigor estricto del debido proceso procesal y los cálculos soterrados del pragmatismo político..
Desde que Flores fuera capturada el pasado 3 de enero y recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn junto a Nicolás Maduro, la causa judicial ha intentado mantenerse en el carril estrictamente penal de las acusaciones por narcotráfico y conspiración. Sin embargo, la estrategia desplegada por su representación legal ha introducido una variable que pone a prueba los límites del sistema acusatorio norteamericano: la salud humanitaria de un actor político de máximo perfil.
El alegato defensivo se sostiene sobre un piso médico de gravedad. Tras sufrir un episodio cardíaco a finales de julio —que la defensa califica como un posible infarto leve—, la petición formal busca su traslado a una residencia privada en Nueva York. Para contrarrestar la tradicional objeción de la Fiscalía respecto al riesgo de fuga, la defensa no propone la impunidad ni la libertad irrestricta, sino un régimen de custodia privada de extrema rigurosidad: brazalete de localización electrónica, vigilancia armada pagada por la propia procesada las 24 horas, entrega de pasaportes y restricción total de comunicaciones.
Aquí se abre la primera gran grieta conceptual. La jurisprudencia federal estadounidense en casos de criminalidad organizada tiende a la inflexibilidad. Conceder una medida domiciliaria a una procesada de tal relieve geopolítico podría ser interpretado por sectores de la opinión pública, el exilio venezolano y la propia fiscalía como un síntoma de debilidad o una concesión indebida. Pero, por otro lado, el juez Hellerstein —un magistrado de trayectoria pragmática pero apegado a la norma— debe ponderar el riesgo real de que una complicación médica fatal bajo la custodia del Estado federal convierta una causa judicial en un conflicto de reputación internacional y violaciones a los derechos humanos.
Esto porque el miércoles 23 de septiembre, debido a que no hubo acuerdo, la fiscalía federal de Jay Clayton debe presentar sus objeciones a esta medida que la defensa de Flores solicita. El 30 de septiembre la defensa de Cilia debe presentar la contrarréplica, y el 8 de octubre la audiencia donde el juez Hellerstein debe decidir si concede o no la medida a la Primera Dama.
Un dato no menor es que todo esto se da en el marco de la 81 Asamblea General de la ONU, con la presencia de Jefes de Estado y de Gobierno de por lo menos 182 países nada más y nada menos.
Esta tensión trasciende las paredes del tribunal de Manhattan y reverbera directamente en la geopolítica del hemisferio. Mientras Washington sostiene una compleja relación con el Ejecutivo de transición en Caracas encabezado por Delcy Rodríguez, el manejo del expediente de Cilia Flores actúa como un barómetro de la voluntad de ambas partes para despolitizar los procesos judiciales en favor de una estabilización táctica. Si el tribunal rechaza la solicitud, la justicia reafirmará su cara más punitiva e inflexible, enviando el mensaje de que no existen atenuantes políticos ni siquiera ante el deterioro físico evidenciado. Si, por el contrario, concede el arresto domiciliario bajo condiciones de máxima seguridad, se abrirá una ventana a la interpretación de que el pragmatismo judicial puede convivir con las exigencias humanitarias sin comprometer la marcha del juicio pautado para junio de 2027.
La decisión del 8 de octubre no adelantará el juzgamiento de los delitos imputados ni alterará la acusación de la Fiscalía. Lo que verdaderamente se decidirá en esa audiencia a las 10:30 de la mañana es si el sistema legal de los Estados Unidos es capaz de procesar a sus adversarios políticos aplicando de manera prístina e imparcial las garantías de la justicia procesal, o si cederá ante la tentación de convertir la prisión preventiva en una condena anticipada por razones de Estado. La respuesta del juez Hellerstein marcará la pauta ética sobre cómo la principal potencia global administra la justicia cuando esta se cruza inevitablemente con la alta política.
Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. Www.juanmartorano.blogspot.com , www.juanmartorano.wordpress.com , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano.
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