*Luisa Ortega Díaz.
El Acuerdo que Estados Unidos suscribió recientemente con Colombia para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, nos coloca a los venezolanos en la ineludible posición de defender a la irrevocable libertad e independencia de Venezuela expresadas en el artículo 1 de nuestra Carta magna.
El pacto entre ambas naciones ha sido sustentado por la aparente finalidad de luchar contra el narcotráfico. No obstante, la pretensión de establecer una cooperación en “procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia, ejercicios combinados, y otras actividades… para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, obliga a realizar un análisis sobre las complicaciones de tales medidas en Suramérica, especialmente en Venezuela.
Ciertamente, la amenaza real se cierne no necesariamente sobre la paz y la estabilidad de Estados Unidos y Colombia, sino, en principio, sobre las ingentes riquezas naturales de los países del Sur, esencialmente por las grandes reservas de gas y petróleo de Venezuela y otros países, tan apetecibles ante la crisis energética que afronta la nación del Norte.
Pero más allá, Venezuela es presa hoy de las consecuencias que ya ha venido generando esta influencia de Estados Unidos en el territorio colombiano, la cual se ha traducido en el desplazamiento no sólo de ciudadanos del país vecino que huyen de la violencia sino también en la importación a nuestra patria de acciones propias del paramilitarismo, narcotráfico y sicariato.
No escapa a la vista cómo ciertas modalidades delictivas propias de Colombia se ejecutan en las principales ciudades de Venezuela.
Esta situación ha obligado a los organismos de seguridad del Estado y al propio Ministerio Público a plantear estrategias para atacar los nuevos delitos, hasta la preparación de los fiscales para actuar con eficiencia en la investigación y castigo de quienes incurren en estos hechos. Son diversas las amenazas que se ciernen sobre nuestro país en lo que concierne al pacto militar entre los Estados Unidos y Colombia, por ello es que tanto las instituciones del Estado como los ciudadanos, debemos cerrar filas para que nuestra soberanía, seguridad y paz, no sean socavadas por acuerdos entre países que sospechosamente afectan a otros.
El Acuerdo que Estados Unidos suscribió recientemente con Colombia para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, nos coloca a los venezolanos en la ineludible posición de defender a la irrevocable libertad e independencia de Venezuela expresadas en el artículo 1 de nuestra Carta magna.
El pacto entre ambas naciones ha sido sustentado por la aparente finalidad de luchar contra el narcotráfico. No obstante, la pretensión de establecer una cooperación en “procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia, ejercicios combinados, y otras actividades… para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, obliga a realizar un análisis sobre las complicaciones de tales medidas en Suramérica, especialmente en Venezuela.
Ciertamente, la amenaza real se cierne no necesariamente sobre la paz y la estabilidad de Estados Unidos y Colombia, sino, en principio, sobre las ingentes riquezas naturales de los países del Sur, esencialmente por las grandes reservas de gas y petróleo de Venezuela y otros países, tan apetecibles ante la crisis energética que afronta la nación del Norte.
Pero más allá, Venezuela es presa hoy de las consecuencias que ya ha venido generando esta influencia de Estados Unidos en el territorio colombiano, la cual se ha traducido en el desplazamiento no sólo de ciudadanos del país vecino que huyen de la violencia sino también en la importación a nuestra patria de acciones propias del paramilitarismo, narcotráfico y sicariato.
No escapa a la vista cómo ciertas modalidades delictivas propias de Colombia se ejecutan en las principales ciudades de Venezuela.
Esta situación ha obligado a los organismos de seguridad del Estado y al propio Ministerio Público a plantear estrategias para atacar los nuevos delitos, hasta la preparación de los fiscales para actuar con eficiencia en la investigación y castigo de quienes incurren en estos hechos. Son diversas las amenazas que se ciernen sobre nuestro país en lo que concierne al pacto militar entre los Estados Unidos y Colombia, por ello es que tanto las instituciones del Estado como los ciudadanos, debemos cerrar filas para que nuestra soberanía, seguridad y paz, no sean socavadas por acuerdos entre países que sospechosamente afectan a otros.
*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.
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