jueves, 17 de diciembre de 2009

El Washington Post se opone a la libertad de los pueblos a reelegir a sus gobernantes.


Verónica Morales

De acuerdo con el contenido del editorial del día martes el rotativo estadounidense, The Washington Post no reconoce la voluntad soberana de los pueblos de América Latina para decidir el rumbo de sus destinos a través del ejercicio libre del voto, sólo posible en democracia, y al mismo tiempo ignora la propia reelección que existe en los Estados Unidos.

Fuertes críticas al proceso de reelección presidencial evidenció el matutino en su editorial al referirse duramente a los procesos democráticos de países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia donde sus ciudadanos han decidido libremente otorgarle otro periodo presidencial a sus jefes de estado, acto consagrado en las constituciones de cada nación.

Después de satanizar las democracias de los países que abiertamente no se pliegan a los intereses del norte, acto seguido el rotativo alabó las acciones que el mandatario colombiano Álvaro Uribe, ha emprendido en virtud del servicio a sus ciudadanos basándose en una comparación entre las gestiones Uribe-Chávez.

De tal suerte que el diario del norte publica que las naciones que han intentado dejar atrás una historia de 'caudillos y golpes' tienen la obligación, según el Washington Post, de 'establecer un modelo para una alternativa clara basada en el imperio de la ley' y no en gobiernos autoritarios.

El Washington Post no hace referencia en su editorial a la reelección del ex presidente de EE.UU, George Bush, quien ganó unas controvertidas elecciones en 2001 y luego fue reelegido en 2004 bajo fuertes sospechas de expertos analistas.

Tampoco endosa en el ex mandatario norteamericano una actitud dictatorial ni intenciones de eternizarse en el poder, por el hecho de haberse reelegido, en cambio ataca agresivamente las voluntades de los pueblos de América Latina quienes han decido libremente reelegir a sus presidentes, así como lo hizo el pueblo de los Estados Unidos en varios procesos electorales.

Más adelante señaló el Washington Post que bajo el gobierno de Uribe, que asumió el poder en 2002, Colombia ha registrado una 'caída precipitosa' en los homicidios y secuestros, lo contrario de Venezuela, 'donde han aumentado', lo cual se contradice con las propias informaciones que ha dado ese diario sobre los índices de criminalidad y violencia en Colomb¡a, así como con los indicadores sociales compilados y ofrecidos por los organismos internacionales de ONU.

Recordemos que según un informe de la Cámara de Comercio de Colombia, citado por la versión electrónica del diario El Tiempo, refiere que en Bogotá se han registrado más muertos que el año pasado, mientras el robo de autos aumentó 16 %.

En tanto, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, solo en octubre último tuvieron lugar 226 asesinatos, 7,5 por día, para un acumulado anual que supera en más de 500 homicidios las cifras de 2008.

A juicio de expertos y autoridades atribuyen este incremento respecto a las cifras registradas en 2008, al tráfico de droga al menudeo y a la reincidencia de los desmovilizados de grupos ultraderechistas paramilitares.

El rotativo continúa alabando a Uribe -aunque le critica su interés por la reelección- al mencionar entre sus logros la profesionalización de las fuerzas de seguridad, comparándolo con Venezuela donde cataloga este sector como corrupto y sujeto a la politización, negando así las propias declaraciones del poder judicial colombiano referidas a que en Colombia 'la corrupción desbordó al Estado'.

Una vez más el editorial del rotativo estadounidense ignora que en Venezuela según el decreto presidencial número 6.616 publicado en la Gaceta Oficial de fecha 13 de febrero de 2009, se anuncia la creación de la Universidad de la Seguridad, esta institución tiene como propósito “la formación de base y continua, la creación intelectual y la vinculación social al servicio del pueblo venezolano, con miras a la profesionalización y el desarrollo integral del personal que conforma los cuerpos de seguridad ciudadana, esto para consolidar cuerpos de seguridad transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular y a la contraloría social y ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas”.

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