Luis Britto García
El presidente Hugo Chávez Frías expresó la posibilidad de que se desate una guerra contra Venezuela. Esta guerra no sólo es posible, ha comenzado sin declaratoria. Por sus reservas de hidrocarburos, minerales, agua dulce y biodiversidad y su posición geográfica, Venezuela es el más codiciable objetivo estratégico en América del Sur y la clave para la dominación de ésta. Nuestros adversarios potenciales han comenzado a ejecutar un plan para aprovecharse de cada una de nuestras debilidades. Para evitar la agresión o vencerla, debemos corregirlas.
1. TERRITORIO Y RECURSOS
1.1. Extensión y fronteras
Venezuela tiene una extensión de 916.443 km2, que podríamos considerar media, pues le asigna el puesto 33 en el mundo.
Disfruta de una posición estratégica privilegiada como país a la vez caribeño, andino y amazónico, dotado de recursos excepcionales en agua dulce, biodiversidad, hidrocarburos y minerales tales como el hierro, el oro y el aluminio.
A la vez que fortalezas, estos elementos implican riesgos. Venezuela ha perdido más de la tercera parte de su otrora extenso territorio por reclamaciones territoriales de países vecinos.
Sus dilatadas fronteras de unos 4.700 kilómetros son difíciles de controlar y algunos sectores de ellas han sido calificadas por el presidente Hugo Chávez Frías como zonas donde el Estado está ausente.
Su posición en el Caribe, cercana al canal de Panamá, a las insurgentes Nicaragua y Cuba y al Atlántico, con derechos que se extienden muy al Norte hasta Isla de Aves, es motivo de preocupación para Estados Unidos.
Sugerencia: El tema de las fronteras, de los recursos naturales y de los problemas inherentes a ambos ha de ser objeto de continuo y detallado examen en los centros educativos, así como en los organismos vinculados con la defensa y las relaciones exteriores.
Para nuestras pérdidas territoriales han sido determinantes el poblamiento de la zona por nacionales de otros países; nuestra paralela falta de interés en poblar y desarrollar dichas regiones; nuestra debilidad estratégica y la entrega de Venezuela a comisiones arbitrales foráneas que no siempre han procedido con integridad.
Tales debilidades han de ser evitadas para el futuro.
1.2. Recursos
Venezuela posee el reservorio de agua dulce más grande de América Latina, el lago de Maracaibo, y una tercera parte de su territorio es amazónico, delimitado por el sistema hidrográfico de uno de los más grandes ríos de la tierra, el Orinoco, cuya cuenca comprende cauces utilizados para la generación de electricidad, que contienen una codiciable reserva de biodiversidad.
Sus reservas de hidrocarburos son las más ricas del hemisferio occidental. Ello nos ha convertido en víctimas de intervenciones disimuladas traducidas en el apoyo extranjero a dictaduras y gobiernos socialdemócratas, y más abiertas en los intentos de golpe de Estado, sabotaje petrolero y lock-out patronal en 2002 y 2003.
Las tierras cultivables de Venezuela cubren apenas el 3% de la superficie total, repartidas entre el Sur del Lago de Maracaibo, los valles de la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa, los valles de Aragua y del Tuy. En realidad, toda tierra puede ser cultivada, pero con considerables inversiones de capital y tecnología.
El patrimonio de vida acuífera es en gran parte saqueado y devastado en violación de la ley por pocas empresas que ejercen la pesca de arrastre y como entes del sector alimenticio gozan de numerosos incentivos y protecciones de parte del Estado.
Venezuela no tiene soberanía alimentaria e importa la mayoría de sus alimentos. El latifundio improductivo o no suficientemente productivo y un cuasi monopolio de la distribución de alimentos por poderosas cadenas privadas son los hechos preponderantes en el área alimentaria.
Sugerencias: Se debe incrementar el estudio y completar el censo de nuestros recursos naturales, desarrollar legislaciones para su defensa y aplicarlas sin contemplaciones.
La propiedad del Estado sobre el subsuelo y posteriormente sobre la industria que aprovecha sus recursos ha sido fundamental para la configuración de la Venezuela moderna. Se debe continuar el proceso para colocar la mayoría de los recursos naturales del país bajo control social. Se deben rechazar de plano las propuestas de movimientos étnicos que niegan el derecho a la República de explotar los recursos y el subsuelo en las tierras que consideran suyas.
La soberanía alimentaria es objetivo primordial. Para lograrla es indispensable una reforma agraria radical; una sustancial inversión; investigaciones encaminadas a determinar el mejor uso posible de los suelos, y medidas para frenar o revertir el éxodo campesino y hacer atractiva la vida en el campo, lo que implica el estímulo de cooperativas, pequeños centros poblados, mejora de las vías de comunicación y del acceso a los servicios.
Tales temas tienen que ser considerado como críticos para anticipar en forma urgente las contingencias de un eventual bloqueo y de la crisis alimentaria que ya empieza a hacerse sentir en el mundo.
1.3. Infraestructuras comunicaciones e instalaciones estratégicas
Más de las dos terceras partes del país están comunicadas por una red vial en líneas generales suficiente y bien mantenida, salvo en la región amazónica, donde el desarrollo de vías terrestres pudiera tener impactos ecológicos negativos.
En su casi totalidad dicha red está configurada para el uso de vehículos automotrices personales fabricados en el exterior, y depende del combustible fósil refinado.
Venezuela subastó su aerolínea internacional, y en su reemplazo ha habilitado otra con escasas unidades operativas y rutas, lo cual la somete a depender en cualquier contingencia de la colaboración de compañías foráneas.
Sugerencia: Nuestro sistema de comunicaciones debería ser complementada por redes ferroviarias urbanas y rurales, que dependieran esencialmente de combustibles pesados o fuerza eléctrica.
Se debe dar prioridad a la fabricación interna de motores y equipos esenciales para el transporte colectivo, y desarrollar el transporte acuático.
Debemos habilitar puertos de emergencia para ampliar o sustituir la capacidad de los existentes, y habilitar carreteras y autopistas como pistas de aterrizaje y despegue en situaciones de emergencia.
Es de primordial importancia repotenciar y dotar de suficientes unidades y rutas internacionales a la nueva línea aérea venezolana creada bajo control del Estado.
2. DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD
2.1. Indicadores demográficos
Venezuela cuenta con una población estimada en 27.483.200 habitantes para 2008, lo cual le asigna una holgada densidad de 31 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esta población está desigualmente distribuida. Cerca de 95% habita en las ciudades, y 71% se concentra en sectores próximos a las costas conservando la clásica “concentración de fachada”. El extenso sector del sur del Orinoco apenas agrupa 6% de ella.
La tasa de natalidad de 21,4 nacidos anualmente por mil personas es la más alta de América del Sur.
Esta demografía en expansión, que asegura una abundante fuerza de trabajo, por otra parte debe ser contrastada con la moderada capacidad de producción de alimentos del país, que quizá tenga que ver con la acentuada concentración urbana que a su vez se debe al éxodo campesino forzado por la supervivencia del latifundio.
2.2. Ocupación y empleo
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el segundo semestre de 2007, de los 27.403.078 habitantes estimados para la época, 65% integra una fuerza laboral de 19.110.435. De éstos, se encuentran ocupados 11.503.869 (el 92,5%), desocupados 932.448 (el 7,5%) y cesantes 845.167 (el 6,8%). Están inactivos 6.674.119 (el 34,9%); 2.271.072 estudian; se ocupan en quehaceres domésticos 2.999.174 y están incapacitados para trabajar o en situaciones similares 296.870. Que el 65% de la población forme parte de la fuerza de trabajo es un buen índice para un país con alta proporción de niños y jóvenes.
La tasa de ocupación del 92,5% sugiere un alto aprovechamiento de la fuerza laboral que debemos matizar. Según el INE, para el primer semestre de 2007 trabajan en el sector formal 6.173.940 y en el informal 4.803.145. Laboran por cuenta propia unos 3.063.109 trabajadores no profesionales. Por margen no demasiado amplio escapamos del promedio latinoamericano y caribeño que ubica más de la mitad de los trabajadores en el sector informal. De cada diez ocupados venezolanos, algo más de cuatro laboran en la informalidad.
Pero no existen un sector formal y otro informal, sino uno con derechos y otro sin ellos: el informal es la cara inconfesable del formal. El trabajo “informal” es eslabón indispensable de la producción, como los talleres hogareños que cosen a destajo para las textileras, o culminación barata de un proceso de comercialización, como los buhoneros que sin cobrar salario ni pagar local revenden mercancía de los importadores de pacotilla. Las industrias textiles y del calzado recurren al subcontrato para disimular verdaderas maquilas; uno de los rubros que genera más empleo es el de la construcción pero la mayoría de sus empleos son temporarios. Es indispensable incrementar el porcentaje de trabajadores en el sector formal.
Para el primer semestre de 2007, unos 91.962 venezolanos se dedican a la cría, la pesca y la caza. Un contingente de 1.328.699 manufactura bienes; 1.025.197 están en el sector construcción; 91.962 extraen y transforman hidrocarburos; 964.752 se dedican al transporte y almacenamiento; 51.111 presta servicios en los sectores de electricidad, gas y agua. Constituyen las bases de un nutrido sector primario y secundario y de una potencialmente poderosa clase campesina y obrera. En el sector terciario laboran unos 2.557.393 en comercio, restoranes y hotelería; y 557.237 en financiamiento, seguros e inmuebles. El rubro de servicios comunales y sociales ocupa 3.412.180 operarios; quizá comprende funcionarios y colaboradores en las misiones. Unos 356.970 patronos emplean esta gran masa humana y se apropian del fruto de su trabajo. Gracias a ellos en 2007 el 20% más rico de la población confisca el 47,7% del ingreso, y el 60% más pobre apenas se reparte el 29,7% de él. Para lograr la paz social, es indispensable mejorar esta participación de los más pobres en el ingreso. Debemos reconocer que al respecto se han hecho avances sin precedentes, pero es indispensable todavía mejorar la condición económica y social de vastos sectores de la población.
3. ECONOMÍA
3.1. Dependencia de los hidrocarburos
El hecho central de la economía venezolana, que es su obvia dependencia de la venta de un recurso no renovable energético, a la vez que constituye una fortaleza considerable, comporta una vulnerabilidad.
Aparte de que las potencias hegemónicas pueden intentar y han intentado acciones violentas para apoderarse de nuestros hidrocarburos, el abundante ingreso de divisas desalienta otras actividades productivas.
Dejada a su propia dinámica, nuestra economía derivaría hacia una vasta operación de importación financiada con las divisas derivadas de la exportación de hidrocarburos. Ello nos hace críticamente vulnerables. El Estado debe intervenir activamente para estimular y privilegiar actividades productivas que disminuyan la dependencia del ingreso petrolero y de las importaciones.
3.2. Sustitución de importaciones
Durante gran parte del siglo pasado la acción del Estado sobre la economía propició la sustitución de importaciones, favoreciendo la producción en el país de bienes destinados al consumo privilegiado y a veces suntuario de los sectores de mayores ingresos.
El Estado debe utilizar sus considerables recursos para promover una abundante producción de bienes de consumo básico para atender las necesidades de las grandes mayorías.
Por otra parte, es indispensable reactivar la política interrumpida de estimular el crecimiento de un gran sector metalúrgico, cuyos productos sirvan de base para el incremento de una industria nacional que supla nuestras necesidades, y facilite una plataforma para la fabricación de maquinarias productivas.
3.3. Oligopolios en la distribución
Por su falta de soberanía alimentaria, Venezuela vive bajo la perenne amenaza de un bloqueo de alimentos y otros insumos básicos, provocado por agentes externos o internos con la finalidad de desestabilizar política y socialmente al país.
Objetivo de todo bloqueo es desarticular la resistencia social mediante la escasez. En el cierre patronal de 2002 y 2003, antes del referendo de 2007 y también hoy funcionan operativos de acaparamiento, contrabando de extracción y desviación de alimentos subsidiados hacia el mercado negro informal.
Se debe por tanto fortalecer y sanear las redes de distribución paralelas bajo control público para evitar en lo posible desabastecimientos artificiales manejados con fines políticos.
4. ESTADO Y POLÍTICA
4.1. Soberanía limitada
El actual ordenamiento constitucional incorpora puntos jurídicamente débiles que han permitido agresiones contra nuestra soberanía.
Así, el artículo 151 de la Constitución acoge una posible excepción que permite someter las controversias sobre los contratos de interés público de Venezuela a la jurisdicción de leyes, tribunales y juntas arbitrales extranjeras. En virtud de ello, la transnacional Exxon embargó activos de PDVSA en el exterior, y pretendió embargar activos del Banco Central de Venezuela. Esta brecha en nuestra inmunidad de jurisdicción alienta una granizada de demandas temerarias para apoderarse de nuestras exportaciones.
Sugerencia: A través de normas de rango legal se puede perfectamente limitar una excepción que hasta el presente casi se ha aplicado como regla. El Poder Ejecutivo debe asimismo impartir instrucciones a sus órganos prohibiéndoles incluir en los contratos de interés público cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros.
Otra peligrosa brecha figura en el artículo 26 de la Constitución, que atribuye rango constitucional e incluso supraconstitucional a los tratados sobre Derechos Humanos. En función de alguno de dichos tratados, una conjura judicial externa o interna podría deponer al Presidente de la República mediante condena que le atribuyera una supuesta violación de los Derechos Humanos. Acciones en tal sentido han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
Me comunicó Alí Rodríguez que en 2002 las aseguradoras del Lloyd bloquearon nuestros muelles declarándolos inseguros e invalidando las pólizas otorgadas a naves que recalaran en ellos. Una conjura semejante podría hacer inaccesibles nuestros puertos y aeropuertos, o prohibirnos los extranjeros en un momento de crisis. Venezuela debe hacer lo posible para ampliar el número y la capacidad de sus flotas de tanqueros, para conjurar otro posible bloqueo de las aseguradoras. La necesidad primordial de energía fósil impedirá que los demás países nos cierren sus puertos de manera total o decisiva, siempre y cuando podamos llegar a ellos con nuestras unidades.
4.2. Lealtad de ciudadanos y funcionarios hacia potencias extranjeras
Gracias al régimen de doble nacionalidad permitido en el artículo 34 de la Constitución, ocupan puestos claves para la soberanía de Venezuela personas con la nacionalidad de otros Estados, hacia los cuales siguen ligadas por indisolubles deberes de fidelidad, obediencia, lealtad y servicio militar.
En virtud de otras disposiciones constitucionales, la totalidad del ejército venezolano salvo el ministro de la Defensa; la totalidad de nuestro poder Legislativo salvo Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional; la totalidad de nuestro poder Judicial salvo pocos funcionarios del Tribunal Supremo, podrían estar integrados por personas con otra nacionalidad. La totalidad de las gobernaciones y alcaldías, salvo las fronterizas, podrían ser ejercidas por personas con otra nacionalidad. Estas personas están ligadas a distintos deberes de lealtad y obediencia igualmente válidos, que en casos de conflicto o confrontación externa resultarán inevitablemente contradictorios.
Parte significativa de nuestra clase dirigente viene de la migración europea de los cincuenta; la cual fue seleccionada por la Comisión de Migraciones Europeas en función de su demostrado derechismo, certificado por los párrocos de las localidades. Muchos han optado por recuperar su nacionalidad originaria, o la de sus padres o abuelos.
En caso de ser enjuiciados, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden viajar a su otro país y alegar su otra ciudadanía para evitar la extradición, como lo hizo el banquero Álvarez Stelling o, más recientemente, el venezolano-estadounidense Antonini Wilson. Gracias a los tratados contra la doble tributación, muchos están excluidos de pagar impuestos en Venezuela, donde obtienen la totalidad de sus ingresos. Tenemos así una porción significativa del estamento dirigente con todos los derechos y casi sin obligaciones hacia el país, que puede llamar y de hecho llama en su defensa a su otra patria cada vez que un interés suyo es afectado en Venezuela.
Por otra parte, unos cuatro millones de colombianos habitan en Venezuela. La Constitución colombiana considera traidor a la patria a quien no defienda con las armas a Colombia, aunque haya adquirido otra nacionalidad. Ninguna norma venezolana la equilibra o contrarresta. Sería interesante especular sobre el país al cual serían leales en caso de conflicto. Por admitir brasileños como funcionarios en su cancillería, perdió Bolivia más de 300.000 kilómetros cuadrados. Las leyes de México prohíben a mexicanos con otra nacionalidad desempeñar cargos vinculados con la Defensa.
Sugerencia: Urge que Venezuela revise sus normas y políticas sobre la materia, de acuerdo con los principios según los cuales a los países con grandes emigraciones les conviene conservar los nexos con sus emigrados, mientras que a los países con grandes inmigraciones, como Venezuela, les conviene integrar plenamente a los inmigrados, lo que implica constituir vínculos de fidelidad y lealtad exclusivos y excluyentes en lo civil y político, sin menoscabo ni perjuicio de las vinculaciones culturales que todo ser tiene puede tener y cultivar con las distintas civilizaciones del mundo.
4.3. Vulnerabilidad financiera
Mediante los Tratados contra la Doble Tributación se ha constituido un sistema de evasión tributaria legalizado con grave perjuicio de los intereses del Fisco.
Mediante estos tratados, se admite que ciudadanos o empresas de un país extranjero que obtengan beneficios económicos en Venezuela no paguen impuestos en ésta sobre dichos ingresos, sino que los paguen en su país de origen, a cambio de un tratamiento recíproco para las empresas o ciudadanos venezolanos que obtengan beneficios en el país extranjero que ha suscrito el tratado. Venezuela presta así sus recursos, sus infraestructuras, sus servicios públicos, sus trabajadores educados y asistidos con fondos del Estado, su seguridad jurídica, sin recibir a cambio nada o muy poco fiscalmente para subvenir los cuantiosos gastos que ello comporta. .
Es fácil comprender que tales tratados benefician unilateralmente a los países extranjeros que tienen grandes cantidades de empresas y explotaciones económicas en nuestro país, mientras que casi nunca benefician a Venezuela, cuyas inversiones en el exterior son, salvo contadas excepciones, insignificantes. Sólo en virtud del Tratado con Estados Unidos la pérdida podría llegar anualmente a 10.000 millones de dólares.
Sugerencia: Urge una revisión y evaluación inmediata de los resultados financieros de tales tratados, con vistas a su denuncia. Se debe asimismo considerar con gran cautela y estudiar desde el punto de vista de sus resultados financieros cualquier nuevo tratado de dicha índole.
4.4. Sometimiento de las controversias sobre contratos de interés público a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras
Una torcida interpretación del artículo 151 de la Constitución, consagrada en 2008 por el Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que en las controversias sobre contratos de interés público Venezuela puede ser sometida a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras previa la “manifestación” de un funcionario. Dicha jurisprudencia viola la soberanía y la inmunidad jurisdiccional, consagradas en los artículos 1 y 151 de la Constitución, y entrega atada de pies y manos a Venezuela a organismos como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Inversiones (CIADI), que de 232 casos, ha resuelto 230 a favor de las transnacionales y en contra de nuestros países. Valiéndose de jurisprudencias antipatrióticas como la señalada, Exxon intentó embargar las reservas internacionales de Venezuela en 2008, y avanza un juicio contra PDVSA. Una conjura de transnacionales que interpusieran simultáneamente demandas temerarias contra Venezuela podría arruinarla financieramente.
Sugerencia:Nuestro país debe a cualquier costo modificar esta jurisprudencia violatoria de la soberanía; retirarse del CIADI, como lo han hecho Ecuador y Bolivia, y prohibir a sus funcionarios, con sanciones administrativas, civiles y penales, que emitan “manifestación” para someter a Venezuela a jurisdicciones extranjeras.
5. DEFENSA
5.1. Fronteras
No hay frontera en la cual Venezuela a lo largo de su vida republicana no haya sufrido una pérdida, hasta completar cerca de un tercio de la extensión territorial que ganamos en el momento de nuestra Independencia. .
Los 4.700 kilómetros de nuestras fronteras en su mayoría atraviesan áreas débilmente pobladas por los nacionales, de fácil acceso para las poblaciones vecinas y de difícil control por su extensión y falta de servicios.
Particularmente crítica es la frontera con Colombia, escenario de contrabandos de extracción y de introducción de gran envergadura, entrada de grandes flujos inmigratorios, objetivo de reivindicaciones limítrofes todavía no extinguidas.
5.2. Amenazas secesionistas
Objetivo estratégico de primera línea es la desmembración territorial de Venezuela, en función de la cual el gobernador del Zulia Manuel Rosales avanza un plan “autonomista” de “rumbo propio” paralelo al de Santa Cruz en Bolivia y al de Guayaquil en Ecuador.
El gobernador Manuel Rosales maneja una policía estadal con caracteres de pequeño ejército propio, y milicias adiestradas por Henry López Sisco, convicto de la masacre de El Amparo.
Los muy numerosos hacendados colombianos o de origen colombiano del Sur del Lago de Maracaibo y de otros estados fronterizos importan para sus fundos braceros de tal nacionalidad, a los cuales mantienen en un régimen de privación de derechos mediante milicias de paramilitares.
En la frontera del Zulia, estratégico estado petrolero, habita la etnia wayuu, que comprende cerca del 60% de la población indígena del país. La Constitución le reconoce la condición de pueblo, distinto del venezolano, con derecho a sus “territorios originarios” y a sus “autoridades legítimas”.
La reivindicación de estos derechos podría llevar a un movimiento autonómico o separatista, como los ya iniciados por indígenas guaraníes y de otras etnias conra el gobierno boliviano, por el Pachakutik contra Ecuador, y por numerosas otras etnias en Perú. Grupos armados integrados por wayuu se dedican a varias actividades ilegales, entre ellas el contrabando de extracción de combustible.
En los últimos años, grupos que dicen representar a los indígenas venezolanos han manifestado categóricamente que la República no puede otorgar concesiones sobre los recursos naturales ni el subsuelo en lo que ellos consideran sus territorios originarios.
Una movilización de estas etnias o de sus grupos armados podría tener decisiva participación en un plan secesionista o en una intervención armada.
5.3. Contingentes armados
Venezuela mantiene un ejército de algo más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación.
Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Tales cifras no sólo implican una extrema desestabilización social, financiera y política de Colombia, sino la dedicación preponderante de todo un país a un empeño bélico que acarrea un abrupto desequilibrio estratégico para la región.
Un ejército y un gasto militar de tal magnitud no pueden tener por único objetivo el control de unos 15.000 insurgentes. Por su talla, apuntan más hacia las reservas de energía fósil de Ecuador y Venezuela, así como al sector amazónico de ambos países y de Brasil.
A estas cifras ya de por sí preocupantes se debe sumar la continua penetración en Venezuela de paramilitares colombianos, que según fuentes dignas de todos crédito cobran “vacuna” e instalan alcabalas en los estados fronterizos, y según el Presidente Hugo Chávez Frías ya han llegado hasta la Capital.
Los paramilitares se instalan en zonas populares, invierten fondos del narcotráfico en actividades tales como el préstamo usurario a los buhoneros, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato y el juego ilegal de bingos, casinos y maquinitas en los expendios de alimentos y bares, y algunos dominan líneas de transporte en los estados limítrofes y otras industrias de significación estratégica.
Estos núcleos paramilitares podrían ser cabezas de puente y Quintas Columnas de una intervención, desatar una guerra civil, y en el caso de un conflicto interno podrían impedir una movilización de los sectores populares como la que decidió el 13 de abril de 2002.
5.3. Pertrechos
Antes de atacar hay que impedir que la víctima tenga con qué defenderse. Estados Unidos vetó a todos los países, incluso España, que nos vendan repuestos militares con componentes de tecnología estadounidense. Debido a la intrincada red de insumos que requiere todo producto complejo en tiempos de globalización, es difícil localizar en Occidente un equipo militar que no incorpore un componente o una patente de Estados Unidos.
Venezuela ha respondido correctamente diversificando sus compras de armamento a países no sometidos a la hegemonía estadounidense, como Rusia.
En previsión de futuros embargos y bloqueos, Venezuela debería ampliar aun más el repertorio de sus proveedores de armas e incrementar sus industrias propias de fabricación de armas y municiones convencionales y sencillas.
5.4. Bases militares
Ante la negativa de Chávez de permitir sobrevuelos de naves militares e instalación de radares por Estados Unidos, éste monta bases en Curazao y Bonaire y desembarca armas y efectivos en la vecina Colombia, en la cual mantiene concentraciones de efectivos y equipos que equivalen a una decena de bases, instala cuatro nuevas bases que se suman a las existentes, y amenaza reubicar los efectivos y equipos de la base de Manta en costas cercanas a Venezuela.
Adicionalmente, Estados Unidos rehabilita y repotencia la IV Flota, y le encomienda misiones abiertas de vigilancia en el Caribe y el Atlántico y encubiertas de intimidación y apoyo a las fuerzas desestabilizadoras en el área.
Nuestras bases militares territoriales deberían ser susceptibles de mudanza con una excelente movilidad y establecer fuertes vínculos con la reserva y con las organizaciones populares.
Nuestras bases aéreas deberían contar con hangares subterráneos que las resguarden de operaciones sorpresivas de bombardeo de aniquilación, que seguramente ocurrirán sin previo aviso y con asesoramiento de sofisticados mecanismos de espionaje, como los activados en el asalto colombiano contra Ecuador. Según se ha indicado, se debe habilitar carreteras y autopistas como pistas de despegue y aterrizaje en casos de emergencia.
luisbritto@cantv.net
El presidente Hugo Chávez Frías expresó la posibilidad de que se desate una guerra contra Venezuela. Esta guerra no sólo es posible, ha comenzado sin declaratoria. Por sus reservas de hidrocarburos, minerales, agua dulce y biodiversidad y su posición geográfica, Venezuela es el más codiciable objetivo estratégico en América del Sur y la clave para la dominación de ésta. Nuestros adversarios potenciales han comenzado a ejecutar un plan para aprovecharse de cada una de nuestras debilidades. Para evitar la agresión o vencerla, debemos corregirlas.
1. TERRITORIO Y RECURSOS
1.1. Extensión y fronteras
Venezuela tiene una extensión de 916.443 km2, que podríamos considerar media, pues le asigna el puesto 33 en el mundo.
Disfruta de una posición estratégica privilegiada como país a la vez caribeño, andino y amazónico, dotado de recursos excepcionales en agua dulce, biodiversidad, hidrocarburos y minerales tales como el hierro, el oro y el aluminio.
A la vez que fortalezas, estos elementos implican riesgos. Venezuela ha perdido más de la tercera parte de su otrora extenso territorio por reclamaciones territoriales de países vecinos.
Sus dilatadas fronteras de unos 4.700 kilómetros son difíciles de controlar y algunos sectores de ellas han sido calificadas por el presidente Hugo Chávez Frías como zonas donde el Estado está ausente.
Su posición en el Caribe, cercana al canal de Panamá, a las insurgentes Nicaragua y Cuba y al Atlántico, con derechos que se extienden muy al Norte hasta Isla de Aves, es motivo de preocupación para Estados Unidos.
Sugerencia: El tema de las fronteras, de los recursos naturales y de los problemas inherentes a ambos ha de ser objeto de continuo y detallado examen en los centros educativos, así como en los organismos vinculados con la defensa y las relaciones exteriores.
Para nuestras pérdidas territoriales han sido determinantes el poblamiento de la zona por nacionales de otros países; nuestra paralela falta de interés en poblar y desarrollar dichas regiones; nuestra debilidad estratégica y la entrega de Venezuela a comisiones arbitrales foráneas que no siempre han procedido con integridad.
Tales debilidades han de ser evitadas para el futuro.
1.2. Recursos
Venezuela posee el reservorio de agua dulce más grande de América Latina, el lago de Maracaibo, y una tercera parte de su territorio es amazónico, delimitado por el sistema hidrográfico de uno de los más grandes ríos de la tierra, el Orinoco, cuya cuenca comprende cauces utilizados para la generación de electricidad, que contienen una codiciable reserva de biodiversidad.
Sus reservas de hidrocarburos son las más ricas del hemisferio occidental. Ello nos ha convertido en víctimas de intervenciones disimuladas traducidas en el apoyo extranjero a dictaduras y gobiernos socialdemócratas, y más abiertas en los intentos de golpe de Estado, sabotaje petrolero y lock-out patronal en 2002 y 2003.
Las tierras cultivables de Venezuela cubren apenas el 3% de la superficie total, repartidas entre el Sur del Lago de Maracaibo, los valles de la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa, los valles de Aragua y del Tuy. En realidad, toda tierra puede ser cultivada, pero con considerables inversiones de capital y tecnología.
El patrimonio de vida acuífera es en gran parte saqueado y devastado en violación de la ley por pocas empresas que ejercen la pesca de arrastre y como entes del sector alimenticio gozan de numerosos incentivos y protecciones de parte del Estado.
Venezuela no tiene soberanía alimentaria e importa la mayoría de sus alimentos. El latifundio improductivo o no suficientemente productivo y un cuasi monopolio de la distribución de alimentos por poderosas cadenas privadas son los hechos preponderantes en el área alimentaria.
Sugerencias: Se debe incrementar el estudio y completar el censo de nuestros recursos naturales, desarrollar legislaciones para su defensa y aplicarlas sin contemplaciones.
La propiedad del Estado sobre el subsuelo y posteriormente sobre la industria que aprovecha sus recursos ha sido fundamental para la configuración de la Venezuela moderna. Se debe continuar el proceso para colocar la mayoría de los recursos naturales del país bajo control social. Se deben rechazar de plano las propuestas de movimientos étnicos que niegan el derecho a la República de explotar los recursos y el subsuelo en las tierras que consideran suyas.
La soberanía alimentaria es objetivo primordial. Para lograrla es indispensable una reforma agraria radical; una sustancial inversión; investigaciones encaminadas a determinar el mejor uso posible de los suelos, y medidas para frenar o revertir el éxodo campesino y hacer atractiva la vida en el campo, lo que implica el estímulo de cooperativas, pequeños centros poblados, mejora de las vías de comunicación y del acceso a los servicios.
Tales temas tienen que ser considerado como críticos para anticipar en forma urgente las contingencias de un eventual bloqueo y de la crisis alimentaria que ya empieza a hacerse sentir en el mundo.
1.3. Infraestructuras comunicaciones e instalaciones estratégicas
Más de las dos terceras partes del país están comunicadas por una red vial en líneas generales suficiente y bien mantenida, salvo en la región amazónica, donde el desarrollo de vías terrestres pudiera tener impactos ecológicos negativos.
En su casi totalidad dicha red está configurada para el uso de vehículos automotrices personales fabricados en el exterior, y depende del combustible fósil refinado.
Venezuela subastó su aerolínea internacional, y en su reemplazo ha habilitado otra con escasas unidades operativas y rutas, lo cual la somete a depender en cualquier contingencia de la colaboración de compañías foráneas.
Sugerencia: Nuestro sistema de comunicaciones debería ser complementada por redes ferroviarias urbanas y rurales, que dependieran esencialmente de combustibles pesados o fuerza eléctrica.
Se debe dar prioridad a la fabricación interna de motores y equipos esenciales para el transporte colectivo, y desarrollar el transporte acuático.
Debemos habilitar puertos de emergencia para ampliar o sustituir la capacidad de los existentes, y habilitar carreteras y autopistas como pistas de aterrizaje y despegue en situaciones de emergencia.
Es de primordial importancia repotenciar y dotar de suficientes unidades y rutas internacionales a la nueva línea aérea venezolana creada bajo control del Estado.
2. DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD
2.1. Indicadores demográficos
Venezuela cuenta con una población estimada en 27.483.200 habitantes para 2008, lo cual le asigna una holgada densidad de 31 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esta población está desigualmente distribuida. Cerca de 95% habita en las ciudades, y 71% se concentra en sectores próximos a las costas conservando la clásica “concentración de fachada”. El extenso sector del sur del Orinoco apenas agrupa 6% de ella.
La tasa de natalidad de 21,4 nacidos anualmente por mil personas es la más alta de América del Sur.
Esta demografía en expansión, que asegura una abundante fuerza de trabajo, por otra parte debe ser contrastada con la moderada capacidad de producción de alimentos del país, que quizá tenga que ver con la acentuada concentración urbana que a su vez se debe al éxodo campesino forzado por la supervivencia del latifundio.
2.2. Ocupación y empleo
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el segundo semestre de 2007, de los 27.403.078 habitantes estimados para la época, 65% integra una fuerza laboral de 19.110.435. De éstos, se encuentran ocupados 11.503.869 (el 92,5%), desocupados 932.448 (el 7,5%) y cesantes 845.167 (el 6,8%). Están inactivos 6.674.119 (el 34,9%); 2.271.072 estudian; se ocupan en quehaceres domésticos 2.999.174 y están incapacitados para trabajar o en situaciones similares 296.870. Que el 65% de la población forme parte de la fuerza de trabajo es un buen índice para un país con alta proporción de niños y jóvenes.
La tasa de ocupación del 92,5% sugiere un alto aprovechamiento de la fuerza laboral que debemos matizar. Según el INE, para el primer semestre de 2007 trabajan en el sector formal 6.173.940 y en el informal 4.803.145. Laboran por cuenta propia unos 3.063.109 trabajadores no profesionales. Por margen no demasiado amplio escapamos del promedio latinoamericano y caribeño que ubica más de la mitad de los trabajadores en el sector informal. De cada diez ocupados venezolanos, algo más de cuatro laboran en la informalidad.
Pero no existen un sector formal y otro informal, sino uno con derechos y otro sin ellos: el informal es la cara inconfesable del formal. El trabajo “informal” es eslabón indispensable de la producción, como los talleres hogareños que cosen a destajo para las textileras, o culminación barata de un proceso de comercialización, como los buhoneros que sin cobrar salario ni pagar local revenden mercancía de los importadores de pacotilla. Las industrias textiles y del calzado recurren al subcontrato para disimular verdaderas maquilas; uno de los rubros que genera más empleo es el de la construcción pero la mayoría de sus empleos son temporarios. Es indispensable incrementar el porcentaje de trabajadores en el sector formal.
Para el primer semestre de 2007, unos 91.962 venezolanos se dedican a la cría, la pesca y la caza. Un contingente de 1.328.699 manufactura bienes; 1.025.197 están en el sector construcción; 91.962 extraen y transforman hidrocarburos; 964.752 se dedican al transporte y almacenamiento; 51.111 presta servicios en los sectores de electricidad, gas y agua. Constituyen las bases de un nutrido sector primario y secundario y de una potencialmente poderosa clase campesina y obrera. En el sector terciario laboran unos 2.557.393 en comercio, restoranes y hotelería; y 557.237 en financiamiento, seguros e inmuebles. El rubro de servicios comunales y sociales ocupa 3.412.180 operarios; quizá comprende funcionarios y colaboradores en las misiones. Unos 356.970 patronos emplean esta gran masa humana y se apropian del fruto de su trabajo. Gracias a ellos en 2007 el 20% más rico de la población confisca el 47,7% del ingreso, y el 60% más pobre apenas se reparte el 29,7% de él. Para lograr la paz social, es indispensable mejorar esta participación de los más pobres en el ingreso. Debemos reconocer que al respecto se han hecho avances sin precedentes, pero es indispensable todavía mejorar la condición económica y social de vastos sectores de la población.
3. ECONOMÍA
3.1. Dependencia de los hidrocarburos
El hecho central de la economía venezolana, que es su obvia dependencia de la venta de un recurso no renovable energético, a la vez que constituye una fortaleza considerable, comporta una vulnerabilidad.
Aparte de que las potencias hegemónicas pueden intentar y han intentado acciones violentas para apoderarse de nuestros hidrocarburos, el abundante ingreso de divisas desalienta otras actividades productivas.
Dejada a su propia dinámica, nuestra economía derivaría hacia una vasta operación de importación financiada con las divisas derivadas de la exportación de hidrocarburos. Ello nos hace críticamente vulnerables. El Estado debe intervenir activamente para estimular y privilegiar actividades productivas que disminuyan la dependencia del ingreso petrolero y de las importaciones.
3.2. Sustitución de importaciones
Durante gran parte del siglo pasado la acción del Estado sobre la economía propició la sustitución de importaciones, favoreciendo la producción en el país de bienes destinados al consumo privilegiado y a veces suntuario de los sectores de mayores ingresos.
El Estado debe utilizar sus considerables recursos para promover una abundante producción de bienes de consumo básico para atender las necesidades de las grandes mayorías.
Por otra parte, es indispensable reactivar la política interrumpida de estimular el crecimiento de un gran sector metalúrgico, cuyos productos sirvan de base para el incremento de una industria nacional que supla nuestras necesidades, y facilite una plataforma para la fabricación de maquinarias productivas.
3.3. Oligopolios en la distribución
Por su falta de soberanía alimentaria, Venezuela vive bajo la perenne amenaza de un bloqueo de alimentos y otros insumos básicos, provocado por agentes externos o internos con la finalidad de desestabilizar política y socialmente al país.
Objetivo de todo bloqueo es desarticular la resistencia social mediante la escasez. En el cierre patronal de 2002 y 2003, antes del referendo de 2007 y también hoy funcionan operativos de acaparamiento, contrabando de extracción y desviación de alimentos subsidiados hacia el mercado negro informal.
Se debe por tanto fortalecer y sanear las redes de distribución paralelas bajo control público para evitar en lo posible desabastecimientos artificiales manejados con fines políticos.
4. ESTADO Y POLÍTICA
4.1. Soberanía limitada
El actual ordenamiento constitucional incorpora puntos jurídicamente débiles que han permitido agresiones contra nuestra soberanía.
Así, el artículo 151 de la Constitución acoge una posible excepción que permite someter las controversias sobre los contratos de interés público de Venezuela a la jurisdicción de leyes, tribunales y juntas arbitrales extranjeras. En virtud de ello, la transnacional Exxon embargó activos de PDVSA en el exterior, y pretendió embargar activos del Banco Central de Venezuela. Esta brecha en nuestra inmunidad de jurisdicción alienta una granizada de demandas temerarias para apoderarse de nuestras exportaciones.
Sugerencia: A través de normas de rango legal se puede perfectamente limitar una excepción que hasta el presente casi se ha aplicado como regla. El Poder Ejecutivo debe asimismo impartir instrucciones a sus órganos prohibiéndoles incluir en los contratos de interés público cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros.
Otra peligrosa brecha figura en el artículo 26 de la Constitución, que atribuye rango constitucional e incluso supraconstitucional a los tratados sobre Derechos Humanos. En función de alguno de dichos tratados, una conjura judicial externa o interna podría deponer al Presidente de la República mediante condena que le atribuyera una supuesta violación de los Derechos Humanos. Acciones en tal sentido han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
Me comunicó Alí Rodríguez que en 2002 las aseguradoras del Lloyd bloquearon nuestros muelles declarándolos inseguros e invalidando las pólizas otorgadas a naves que recalaran en ellos. Una conjura semejante podría hacer inaccesibles nuestros puertos y aeropuertos, o prohibirnos los extranjeros en un momento de crisis. Venezuela debe hacer lo posible para ampliar el número y la capacidad de sus flotas de tanqueros, para conjurar otro posible bloqueo de las aseguradoras. La necesidad primordial de energía fósil impedirá que los demás países nos cierren sus puertos de manera total o decisiva, siempre y cuando podamos llegar a ellos con nuestras unidades.
4.2. Lealtad de ciudadanos y funcionarios hacia potencias extranjeras
Gracias al régimen de doble nacionalidad permitido en el artículo 34 de la Constitución, ocupan puestos claves para la soberanía de Venezuela personas con la nacionalidad de otros Estados, hacia los cuales siguen ligadas por indisolubles deberes de fidelidad, obediencia, lealtad y servicio militar.
En virtud de otras disposiciones constitucionales, la totalidad del ejército venezolano salvo el ministro de la Defensa; la totalidad de nuestro poder Legislativo salvo Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional; la totalidad de nuestro poder Judicial salvo pocos funcionarios del Tribunal Supremo, podrían estar integrados por personas con otra nacionalidad. La totalidad de las gobernaciones y alcaldías, salvo las fronterizas, podrían ser ejercidas por personas con otra nacionalidad. Estas personas están ligadas a distintos deberes de lealtad y obediencia igualmente válidos, que en casos de conflicto o confrontación externa resultarán inevitablemente contradictorios.
Parte significativa de nuestra clase dirigente viene de la migración europea de los cincuenta; la cual fue seleccionada por la Comisión de Migraciones Europeas en función de su demostrado derechismo, certificado por los párrocos de las localidades. Muchos han optado por recuperar su nacionalidad originaria, o la de sus padres o abuelos.
En caso de ser enjuiciados, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden viajar a su otro país y alegar su otra ciudadanía para evitar la extradición, como lo hizo el banquero Álvarez Stelling o, más recientemente, el venezolano-estadounidense Antonini Wilson. Gracias a los tratados contra la doble tributación, muchos están excluidos de pagar impuestos en Venezuela, donde obtienen la totalidad de sus ingresos. Tenemos así una porción significativa del estamento dirigente con todos los derechos y casi sin obligaciones hacia el país, que puede llamar y de hecho llama en su defensa a su otra patria cada vez que un interés suyo es afectado en Venezuela.
Por otra parte, unos cuatro millones de colombianos habitan en Venezuela. La Constitución colombiana considera traidor a la patria a quien no defienda con las armas a Colombia, aunque haya adquirido otra nacionalidad. Ninguna norma venezolana la equilibra o contrarresta. Sería interesante especular sobre el país al cual serían leales en caso de conflicto. Por admitir brasileños como funcionarios en su cancillería, perdió Bolivia más de 300.000 kilómetros cuadrados. Las leyes de México prohíben a mexicanos con otra nacionalidad desempeñar cargos vinculados con la Defensa.
Sugerencia: Urge que Venezuela revise sus normas y políticas sobre la materia, de acuerdo con los principios según los cuales a los países con grandes emigraciones les conviene conservar los nexos con sus emigrados, mientras que a los países con grandes inmigraciones, como Venezuela, les conviene integrar plenamente a los inmigrados, lo que implica constituir vínculos de fidelidad y lealtad exclusivos y excluyentes en lo civil y político, sin menoscabo ni perjuicio de las vinculaciones culturales que todo ser tiene puede tener y cultivar con las distintas civilizaciones del mundo.
4.3. Vulnerabilidad financiera
Mediante los Tratados contra la Doble Tributación se ha constituido un sistema de evasión tributaria legalizado con grave perjuicio de los intereses del Fisco.
Mediante estos tratados, se admite que ciudadanos o empresas de un país extranjero que obtengan beneficios económicos en Venezuela no paguen impuestos en ésta sobre dichos ingresos, sino que los paguen en su país de origen, a cambio de un tratamiento recíproco para las empresas o ciudadanos venezolanos que obtengan beneficios en el país extranjero que ha suscrito el tratado. Venezuela presta así sus recursos, sus infraestructuras, sus servicios públicos, sus trabajadores educados y asistidos con fondos del Estado, su seguridad jurídica, sin recibir a cambio nada o muy poco fiscalmente para subvenir los cuantiosos gastos que ello comporta. .
Es fácil comprender que tales tratados benefician unilateralmente a los países extranjeros que tienen grandes cantidades de empresas y explotaciones económicas en nuestro país, mientras que casi nunca benefician a Venezuela, cuyas inversiones en el exterior son, salvo contadas excepciones, insignificantes. Sólo en virtud del Tratado con Estados Unidos la pérdida podría llegar anualmente a 10.000 millones de dólares.
Sugerencia: Urge una revisión y evaluación inmediata de los resultados financieros de tales tratados, con vistas a su denuncia. Se debe asimismo considerar con gran cautela y estudiar desde el punto de vista de sus resultados financieros cualquier nuevo tratado de dicha índole.
4.4. Sometimiento de las controversias sobre contratos de interés público a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras
Una torcida interpretación del artículo 151 de la Constitución, consagrada en 2008 por el Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que en las controversias sobre contratos de interés público Venezuela puede ser sometida a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras previa la “manifestación” de un funcionario. Dicha jurisprudencia viola la soberanía y la inmunidad jurisdiccional, consagradas en los artículos 1 y 151 de la Constitución, y entrega atada de pies y manos a Venezuela a organismos como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Inversiones (CIADI), que de 232 casos, ha resuelto 230 a favor de las transnacionales y en contra de nuestros países. Valiéndose de jurisprudencias antipatrióticas como la señalada, Exxon intentó embargar las reservas internacionales de Venezuela en 2008, y avanza un juicio contra PDVSA. Una conjura de transnacionales que interpusieran simultáneamente demandas temerarias contra Venezuela podría arruinarla financieramente.
Sugerencia:Nuestro país debe a cualquier costo modificar esta jurisprudencia violatoria de la soberanía; retirarse del CIADI, como lo han hecho Ecuador y Bolivia, y prohibir a sus funcionarios, con sanciones administrativas, civiles y penales, que emitan “manifestación” para someter a Venezuela a jurisdicciones extranjeras.
5. DEFENSA
5.1. Fronteras
No hay frontera en la cual Venezuela a lo largo de su vida republicana no haya sufrido una pérdida, hasta completar cerca de un tercio de la extensión territorial que ganamos en el momento de nuestra Independencia. .
Los 4.700 kilómetros de nuestras fronteras en su mayoría atraviesan áreas débilmente pobladas por los nacionales, de fácil acceso para las poblaciones vecinas y de difícil control por su extensión y falta de servicios.
Particularmente crítica es la frontera con Colombia, escenario de contrabandos de extracción y de introducción de gran envergadura, entrada de grandes flujos inmigratorios, objetivo de reivindicaciones limítrofes todavía no extinguidas.
5.2. Amenazas secesionistas
Objetivo estratégico de primera línea es la desmembración territorial de Venezuela, en función de la cual el gobernador del Zulia Manuel Rosales avanza un plan “autonomista” de “rumbo propio” paralelo al de Santa Cruz en Bolivia y al de Guayaquil en Ecuador.
El gobernador Manuel Rosales maneja una policía estadal con caracteres de pequeño ejército propio, y milicias adiestradas por Henry López Sisco, convicto de la masacre de El Amparo.
Los muy numerosos hacendados colombianos o de origen colombiano del Sur del Lago de Maracaibo y de otros estados fronterizos importan para sus fundos braceros de tal nacionalidad, a los cuales mantienen en un régimen de privación de derechos mediante milicias de paramilitares.
En la frontera del Zulia, estratégico estado petrolero, habita la etnia wayuu, que comprende cerca del 60% de la población indígena del país. La Constitución le reconoce la condición de pueblo, distinto del venezolano, con derecho a sus “territorios originarios” y a sus “autoridades legítimas”.
La reivindicación de estos derechos podría llevar a un movimiento autonómico o separatista, como los ya iniciados por indígenas guaraníes y de otras etnias conra el gobierno boliviano, por el Pachakutik contra Ecuador, y por numerosas otras etnias en Perú. Grupos armados integrados por wayuu se dedican a varias actividades ilegales, entre ellas el contrabando de extracción de combustible.
En los últimos años, grupos que dicen representar a los indígenas venezolanos han manifestado categóricamente que la República no puede otorgar concesiones sobre los recursos naturales ni el subsuelo en lo que ellos consideran sus territorios originarios.
Una movilización de estas etnias o de sus grupos armados podría tener decisiva participación en un plan secesionista o en una intervención armada.
5.3. Contingentes armados
Venezuela mantiene un ejército de algo más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación.
Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Tales cifras no sólo implican una extrema desestabilización social, financiera y política de Colombia, sino la dedicación preponderante de todo un país a un empeño bélico que acarrea un abrupto desequilibrio estratégico para la región.
Un ejército y un gasto militar de tal magnitud no pueden tener por único objetivo el control de unos 15.000 insurgentes. Por su talla, apuntan más hacia las reservas de energía fósil de Ecuador y Venezuela, así como al sector amazónico de ambos países y de Brasil.
A estas cifras ya de por sí preocupantes se debe sumar la continua penetración en Venezuela de paramilitares colombianos, que según fuentes dignas de todos crédito cobran “vacuna” e instalan alcabalas en los estados fronterizos, y según el Presidente Hugo Chávez Frías ya han llegado hasta la Capital.
Los paramilitares se instalan en zonas populares, invierten fondos del narcotráfico en actividades tales como el préstamo usurario a los buhoneros, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato y el juego ilegal de bingos, casinos y maquinitas en los expendios de alimentos y bares, y algunos dominan líneas de transporte en los estados limítrofes y otras industrias de significación estratégica.
Estos núcleos paramilitares podrían ser cabezas de puente y Quintas Columnas de una intervención, desatar una guerra civil, y en el caso de un conflicto interno podrían impedir una movilización de los sectores populares como la que decidió el 13 de abril de 2002.
5.3. Pertrechos
Antes de atacar hay que impedir que la víctima tenga con qué defenderse. Estados Unidos vetó a todos los países, incluso España, que nos vendan repuestos militares con componentes de tecnología estadounidense. Debido a la intrincada red de insumos que requiere todo producto complejo en tiempos de globalización, es difícil localizar en Occidente un equipo militar que no incorpore un componente o una patente de Estados Unidos.
Venezuela ha respondido correctamente diversificando sus compras de armamento a países no sometidos a la hegemonía estadounidense, como Rusia.
En previsión de futuros embargos y bloqueos, Venezuela debería ampliar aun más el repertorio de sus proveedores de armas e incrementar sus industrias propias de fabricación de armas y municiones convencionales y sencillas.
5.4. Bases militares
Ante la negativa de Chávez de permitir sobrevuelos de naves militares e instalación de radares por Estados Unidos, éste monta bases en Curazao y Bonaire y desembarca armas y efectivos en la vecina Colombia, en la cual mantiene concentraciones de efectivos y equipos que equivalen a una decena de bases, instala cuatro nuevas bases que se suman a las existentes, y amenaza reubicar los efectivos y equipos de la base de Manta en costas cercanas a Venezuela.
Adicionalmente, Estados Unidos rehabilita y repotencia la IV Flota, y le encomienda misiones abiertas de vigilancia en el Caribe y el Atlántico y encubiertas de intimidación y apoyo a las fuerzas desestabilizadoras en el área.
Nuestras bases militares territoriales deberían ser susceptibles de mudanza con una excelente movilidad y establecer fuertes vínculos con la reserva y con las organizaciones populares.
Nuestras bases aéreas deberían contar con hangares subterráneos que las resguarden de operaciones sorpresivas de bombardeo de aniquilación, que seguramente ocurrirán sin previo aviso y con asesoramiento de sofisticados mecanismos de espionaje, como los activados en el asalto colombiano contra Ecuador. Según se ha indicado, se debe habilitar carreteras y autopistas como pistas de despegue y aterrizaje en casos de emergencia.
luisbritto@cantv.net
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