Derechos Humanos.

*Luisa Ortega Díaz.

El sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas, tienes dos entidades: La Comisión y la Corte. La primera, que es el órgano principal y consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), promueve “la observancia y la defensa de los derechos humanos” y tiene su sede en Washington, Estados Unidos; y la segunda, es una institución judicial cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene su sede en San José de Costa Rica.
La Comisión formula recomendaciones, mientras que la Corte dicta sentencia que son vinculantes para los Estados partes.
Para demandar ante la Corte, los particulares deben cumplir un trámite previo ante la Comisión, que se pronuncia sobre lo que debe conocer o no la otra instancia, en consecuencia, la Comisión puede someter el asunto que corresponda a consideración de la Corte Interamericana.
Este sistema surge a partir de la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en noviembre de 1969, llamada también Pacto de San José, la cual fue ratificada por 25 países americanos, entre ellos Venezuela, en el año 1977.
Ahora bien, Estados Unidos, aun cuando no ha ratificado la convención, ni ha aceptado la competencia de la Comisión ni de la Corte, es, sin embargo, un país que tiene un control no merecido en estas entidades. Sus nacionales participan en la directiva, como es el caso de Paolo Carozzo, quien se desempeña como Presidente de ella; además, piden sancionar a Estados y los sancionan y, no obstante, a ellos no es posible sancionarlos, ni siquiera cuestionarlos, al no ser parte del tratado, es decir, tienen derechos pero no obligaciones, atentando de esta forma contra la naturaleza, propósitos y principios consagrados en la Carta de la OEA.
Para mantener su vigencia, tales organismos deberían procurar dar el mismo tratamiento a todos los países miembros. En tal sentido, sería oportuno que en la próxima Asamblea de la Organización se planteara la necesidad de redefinir los postulados de los mismos y su cumplimiento efectivo, así como la importancia de que aquellos Estados que pretendan tener el control se sometan a las reglas y, especialmente, proponer el cambio de la sede de la Comisión a un Estado que haya asumido plenamente la Convención.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.