Hindu Anderi
El proceso revolucionario que se adelanta en América, excluyendo la del norte, ha obligado al imperio a operar desde diferentes flancos para intentar debilitarlo. Eso no es un secreto, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.
Las bases militares, la ocupación de Colombia; la injerencia de Washington en los procesos electorales; el financiamiento de las campañas a personajes de ultra derecha; la nueva invasión a Haití “aprovechando” el terremoto devastador ocurrido recientemente, son parte de las operaciones que el imperio dirige.
A esto se unen los ataques que internamente reciben los gobiernos progresistas cada segundo. Los medios de información son los portaviones principales.
En Venezela, la situación de crisis que viven las empresas básicas del Estado es pan de cada día en los medios. Pero a los venezolanos y venezolanas aparentemente un dato importante se nos ha olvidado. El argumento que esgrimió el gobierno del ex presidente socialcristiano Rafael Caldera en su neoliberal Agenda Venezuela, para entregar las principales industrias del país a los privados era la QUIEBRA de esas industrias y la incapacidad del Estado para gerenciarlas. Ya había un plan adelantado que obedecía a la necesidad de abonar el camino para las políticas neoliberales y el sometimiento a los entes financieros mundiales.
Frente al proceso de privatización estaba el gobierno con Teodoro Petkoff (actual editor de un diario oposicionista), la Federación de Camaras de Industriales y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), una organización dirigida por el partido Acción Democrática.
Por cierto a la CTV le importaba sólo los beneficios económicos de los trabajadores recibirían a cambio de la privatización y sólo ello ocupó su interés, mientras que al gobierno le “rompía el coco” el precio base. No fue tampoco política de la prensa o los medios audiovisuales advertir sobre las consecuencias de ese proceso.
Entonces no hubo mayor oposición en el país a la privatización masiva, ni siquiera por parte de aquellos partidos que se situaban a la izquierda, con alguna excepción. Estas organizaciones políticas hablaban de realizar un plan que abordara con mayor cuidado los intereses de la nación a largo plazo.
Los planes de privatización habían sido elaborados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, destituido en 1993 por el Congreso Nacional y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 1996, por malversación de recursos.
Pérez hizo importantes adelantos en esta materia. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) fue privatizada en el 91 y luego la aerolínea estatal Viasa sufrió el mismo destino.
Para algunos el Caracazo (alzamiento popular del 27 de febrero de 1989) y las promesas electorales antineoliberales de Rafael Caldera servirían como muro de contención para los paquetes entreguistas, pero quienes así pensaron se equivocaron. Caldera, que pescó en río revuelto y ganó las elecciones en 1993 los ejecutó como parte de su la llamada Agenda Venezuela, que siguió al Programa de Estabilización y Recuperación Económica, ambos neoliberales pero la primera mucho más entreguista.
Al Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) dirigido por Alberto Poletto le tocó el papel público de verdugo. Así fue privatizada la Siderurgia del Orinoco (SIDOR).
Justo a tiempo
La llegada de Hugo Chávez al poder, puso fin al proceso de privatización e inició el rescate de las industrias del Estado. La renacionalización era un punto de honor para el nuevo gobierno.
Hugo Chávez fue atacado desde el principio. La oposición fue y sigue siendo brutal. Fue así como los planes que incorporaba la renacionalización de estas empresas, no recibieron el apoyo esperado de gran parte del personal técnico que demostró resistencia al cambio.
A la desinversión de los gobiernos adeco-copeyanos se unió el sabotaje interno y la irracionalidad de algunos sectores sindicaleros que hicieron oposición a las organizaciones de trabajadores progresistas y bolivarianas.
El sector eléctrico también iba a ser privatizado por los predecesores de Chávez. El gobierno de Caldera ordenó al FIV la venta de la empresa, pero aunque el proceso para entregarla a los privados no llegó a concluir por “culpa” de Chávez, fueron dos años de preparación. Desde 1996 hasta 1998 se realizaron todas las gestiones administrativas para privatizar la Electrificación del Caroní (EDELCA) que surte a la mayor parte del país, y el personal se fue entrenando para la nueva figura jurídica.
Otras empresas y derechos serían privatizados como la educación, la salud, el espacio radioeléctrico, los servicios e incluso la seguridad del país se había entregado a empresas privadas.
El plan definitivo era debilitar el Estado y entregar el país al imperio. Los sectores que apoyaron la privatización en el pasado reciente no han perdido aún sus esperanzas, por ello hoy se juegan a Rosalinda, pero quienes defienden la Patria no pueden dejar su destino en manos de la suerte o del azar. La pelea es peleando y no hay derecho a perderla, lo contrario es la muerte.
El proceso revolucionario que se adelanta en América, excluyendo la del norte, ha obligado al imperio a operar desde diferentes flancos para intentar debilitarlo. Eso no es un secreto, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.
Las bases militares, la ocupación de Colombia; la injerencia de Washington en los procesos electorales; el financiamiento de las campañas a personajes de ultra derecha; la nueva invasión a Haití “aprovechando” el terremoto devastador ocurrido recientemente, son parte de las operaciones que el imperio dirige.
A esto se unen los ataques que internamente reciben los gobiernos progresistas cada segundo. Los medios de información son los portaviones principales.
En Venezela, la situación de crisis que viven las empresas básicas del Estado es pan de cada día en los medios. Pero a los venezolanos y venezolanas aparentemente un dato importante se nos ha olvidado. El argumento que esgrimió el gobierno del ex presidente socialcristiano Rafael Caldera en su neoliberal Agenda Venezuela, para entregar las principales industrias del país a los privados era la QUIEBRA de esas industrias y la incapacidad del Estado para gerenciarlas. Ya había un plan adelantado que obedecía a la necesidad de abonar el camino para las políticas neoliberales y el sometimiento a los entes financieros mundiales.
Frente al proceso de privatización estaba el gobierno con Teodoro Petkoff (actual editor de un diario oposicionista), la Federación de Camaras de Industriales y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), una organización dirigida por el partido Acción Democrática.
Por cierto a la CTV le importaba sólo los beneficios económicos de los trabajadores recibirían a cambio de la privatización y sólo ello ocupó su interés, mientras que al gobierno le “rompía el coco” el precio base. No fue tampoco política de la prensa o los medios audiovisuales advertir sobre las consecuencias de ese proceso.
Entonces no hubo mayor oposición en el país a la privatización masiva, ni siquiera por parte de aquellos partidos que se situaban a la izquierda, con alguna excepción. Estas organizaciones políticas hablaban de realizar un plan que abordara con mayor cuidado los intereses de la nación a largo plazo.
Los planes de privatización habían sido elaborados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, destituido en 1993 por el Congreso Nacional y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 1996, por malversación de recursos.
Pérez hizo importantes adelantos en esta materia. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) fue privatizada en el 91 y luego la aerolínea estatal Viasa sufrió el mismo destino.
Para algunos el Caracazo (alzamiento popular del 27 de febrero de 1989) y las promesas electorales antineoliberales de Rafael Caldera servirían como muro de contención para los paquetes entreguistas, pero quienes así pensaron se equivocaron. Caldera, que pescó en río revuelto y ganó las elecciones en 1993 los ejecutó como parte de su la llamada Agenda Venezuela, que siguió al Programa de Estabilización y Recuperación Económica, ambos neoliberales pero la primera mucho más entreguista.
Al Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) dirigido por Alberto Poletto le tocó el papel público de verdugo. Así fue privatizada la Siderurgia del Orinoco (SIDOR).
Justo a tiempo
La llegada de Hugo Chávez al poder, puso fin al proceso de privatización e inició el rescate de las industrias del Estado. La renacionalización era un punto de honor para el nuevo gobierno.
Hugo Chávez fue atacado desde el principio. La oposición fue y sigue siendo brutal. Fue así como los planes que incorporaba la renacionalización de estas empresas, no recibieron el apoyo esperado de gran parte del personal técnico que demostró resistencia al cambio.
A la desinversión de los gobiernos adeco-copeyanos se unió el sabotaje interno y la irracionalidad de algunos sectores sindicaleros que hicieron oposición a las organizaciones de trabajadores progresistas y bolivarianas.
El sector eléctrico también iba a ser privatizado por los predecesores de Chávez. El gobierno de Caldera ordenó al FIV la venta de la empresa, pero aunque el proceso para entregarla a los privados no llegó a concluir por “culpa” de Chávez, fueron dos años de preparación. Desde 1996 hasta 1998 se realizaron todas las gestiones administrativas para privatizar la Electrificación del Caroní (EDELCA) que surte a la mayor parte del país, y el personal se fue entrenando para la nueva figura jurídica.
Otras empresas y derechos serían privatizados como la educación, la salud, el espacio radioeléctrico, los servicios e incluso la seguridad del país se había entregado a empresas privadas.
El plan definitivo era debilitar el Estado y entregar el país al imperio. Los sectores que apoyaron la privatización en el pasado reciente no han perdido aún sus esperanzas, por ello hoy se juegan a Rosalinda, pero quienes defienden la Patria no pueden dejar su destino en manos de la suerte o del azar. La pelea es peleando y no hay derecho a perderla, lo contrario es la muerte.
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