*Isabel Soto Mayedo
Múltiples son las causas que motivan cada día a 29 de cada mil mujeres a someterse a un aborto en distintas partes del mundo, donde gran parte de ellas tienen que hacer magia para procurarse una vida decorosa.
Esta cifra asciende a 31 en América Latina, donde mueren cada año unas 10 mil por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y en condiciones de riesgo, por las restricciones impuestas contra el ejercicio de ese derecho.
Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohibieron las interrupciones de embarazos en varios países del área y, en casi una treintena de ellos, las condicionaron a extremos.
La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dominicana.
Grupos conservadores de los dos últimos países impidieron sacar adelante proyectos legislativos orientados a la despenalización de las interrupciones, en tanto las salvadoreñas enfrentan una de las leyes más prohibitivas acerca del tema hace más de una década.
La aplicación de la disposición vigente en el "pulgarcito centroamericano" derivó en cientos de muertes de mujeres desde 1996, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.
Modificaciones realizadas entonces a la disposición sobre el tema criminalizaron el aborto, al catalogarlo de delito, prohibir su realización y aumentar las condenas a quienes apelaran a él hasta 12 años de cárcel.
Esta cifra asciende a 31 en América Latina, donde mueren cada año unas 10 mil por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y en condiciones de riesgo, por las restricciones impuestas contra el ejercicio de ese derecho.
Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohibieron las interrupciones de embarazos en varios países del área y, en casi una treintena de ellos, las condicionaron a extremos.
La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dominicana.
Grupos conservadores de los dos últimos países impidieron sacar adelante proyectos legislativos orientados a la despenalización de las interrupciones, en tanto las salvadoreñas enfrentan una de las leyes más prohibitivas acerca del tema hace más de una década.
La aplicación de la disposición vigente en el "pulgarcito centroamericano" derivó en cientos de muertes de mujeres desde 1996, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.
Modificaciones realizadas entonces a la disposición sobre el tema criminalizaron el aborto, al catalogarlo de delito, prohibir su realización y aumentar las condenas a quienes apelaran a él hasta 12 años de cárcel.
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