Anayeli García
Desde julio de 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “tomó” la investigación por violación sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México, no se han iniciado averiguaciones ni nombrado a los agentes del Ministerio Público encargados de las mismas.
Esto a pesar de que las 11 agraviadas comparecieron por escrito hacia finales de octubre del año pasado y de la solicitud que hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) a la PGJEM para que comparecieran algunos de los policías señalados como presuntos culpables, explicó en entrevista con Cimacnoticias, Jaqueline Sáenz, abogada del Prodh y coadyuvante del caso desde 2006.
Señaló que la investigación permanece en “un limbo jurídico”, luego de que sin ningún acuerdo formal y después de mantener el caso por tres años “estancado”, el 13 julio de 2009, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) –al mando de Guadalupe Morfín Otero, quien asumió el cargo en enero de 2008, tras la renuncia de Alicia Elena Pérez Duarte- cerró el caso y declinó su competencia a favor de la PGJEM.
En este contexto y en busca de justicia, el 29 de abril de 2008, el Prodh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia en representación de 10 mujeres violadas en los operativos de Atenco, presentaron una petición de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la denuncia incluyeron los testimonios de las 11 mujeres y los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cabe recordar que de las 47 mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México, y de las 26 agredidas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006, sólo13 denunciaron ante la Fevimtra pero ante la falta de justicia dos desistieron. Es así que son 11 las mujeres que continúan en la lucha y que aparecen como peticionarias ante la CIDH.
SIN INVESTIGACIÓN REAL
De acuerdo con Jacqueline Sáenz, abogada del (Prodh), la CIDH informó al Estado mexicano de la petición que las agraviadas presentaron, y éste tiene como plazo el 10 de febrero de este año para dar una respuesta.
Añadió que están trabajando en las observaciones que enviarán a la CIDH en mayo próximo, en donde incluyen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de febrero de 2009 que no fincó ninguna responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.
Detalló que un caso es aceptado por la CIDH, cuando las instancias nacionales se agotan, y a pesar de que en este momento existe una investigación abierta, dada la ineficaz actuación de las autoridades mexicanas, el caso si puede ser atraído por el organismo internacional a finales de este 2010.
Recordó la existencia de tortura durante los operativos de 2006, confirmada en junio de ese mismo año, por la Comisión Nacional Derechos Humanos, y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos.
Desde julio de 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “tomó” la investigación por violación sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México, no se han iniciado averiguaciones ni nombrado a los agentes del Ministerio Público encargados de las mismas.
Esto a pesar de que las 11 agraviadas comparecieron por escrito hacia finales de octubre del año pasado y de la solicitud que hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) a la PGJEM para que comparecieran algunos de los policías señalados como presuntos culpables, explicó en entrevista con Cimacnoticias, Jaqueline Sáenz, abogada del Prodh y coadyuvante del caso desde 2006.
Señaló que la investigación permanece en “un limbo jurídico”, luego de que sin ningún acuerdo formal y después de mantener el caso por tres años “estancado”, el 13 julio de 2009, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) –al mando de Guadalupe Morfín Otero, quien asumió el cargo en enero de 2008, tras la renuncia de Alicia Elena Pérez Duarte- cerró el caso y declinó su competencia a favor de la PGJEM.
En este contexto y en busca de justicia, el 29 de abril de 2008, el Prodh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia en representación de 10 mujeres violadas en los operativos de Atenco, presentaron una petición de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la denuncia incluyeron los testimonios de las 11 mujeres y los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cabe recordar que de las 47 mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México, y de las 26 agredidas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006, sólo13 denunciaron ante la Fevimtra pero ante la falta de justicia dos desistieron. Es así que son 11 las mujeres que continúan en la lucha y que aparecen como peticionarias ante la CIDH.
SIN INVESTIGACIÓN REAL
De acuerdo con Jacqueline Sáenz, abogada del (Prodh), la CIDH informó al Estado mexicano de la petición que las agraviadas presentaron, y éste tiene como plazo el 10 de febrero de este año para dar una respuesta.
Añadió que están trabajando en las observaciones que enviarán a la CIDH en mayo próximo, en donde incluyen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de febrero de 2009 que no fincó ninguna responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.
Detalló que un caso es aceptado por la CIDH, cuando las instancias nacionales se agotan, y a pesar de que en este momento existe una investigación abierta, dada la ineficaz actuación de las autoridades mexicanas, el caso si puede ser atraído por el organismo internacional a finales de este 2010.
Recordó la existencia de tortura durante los operativos de 2006, confirmada en junio de ese mismo año, por la Comisión Nacional Derechos Humanos, y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos.
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