Hernán Mena Cifuentes
En este 'mundo al revés' de Galeano cabe esperarse cualquier cosa por absurda e imposible que parezca, como es la aberración jurídica cometida en la última semana que favorece a reconocidos criminales de guerra, evidenciada en la sentencia absolutoria dictada el 31 de diciembre a favor de cinco mercenarios de Blackwater y la libertad concedida el 7 de enero al grupo de asesinos miembros del ejército colombiano.
Una ola de repudio e indignación generó en todo el mundo y, en especial en el pueblo iraquí, la decisión del juez federal de Estados Unidos (EEUU), Ricardo Urbina, quien desechó los cargos formulados contra los cinco vigilantes armados de la empresa paramilitar que el 16 de septiembre de 2007 asesinaron a 17 personas e hirieron a 20 más en la Plaza Nissor de Bagdad, en otra de las muchas masacres perpetradas en el país del Medio Oriente por esos mercenarios al servicio del ejército yanqui.
En la actualidad hay decenas de miles de mercenarios de Blackwater (ahora Xe) en Irak y Afganistán, que combinan su misión de hacer el 'trabajo sucio' del ejército yanqui, de secuestrar, torturar y asesinar a inocentes, con el tráfico de heroína en el país de Asia Central y la prostitución infantil en la nación del Medio Oriente, donde cientos de niñas son vendidas por un dólar, el precio de cada 'sesión' a diplomáticos y militares en la fortificada 'Zona Verde' de Bagdad.
El otro aberrante acto jurídico que provocó igualmente indignación mundial y rechazo del pueblo colombiano tuvo lugar cuando el juez Orlando Robayo decidió liberar a 17 uniformados a los que se les seguía juicio por la comisión de 'falsos positivos', macabros crímenes cometidos por esa horda de asesinos que conforman el ejército colombiano, el cual perdió el honor y dignidad al ejecutar a miles de inocentes, presentándolos luego como guerrilleros muertos en combate.
Ambas decisiones se presentan con su carga aberrante de injusticia como una bofetada a la ley y a los más elementales principios del derecho penal, a su vez se inscriben en el contexto de esa norma convertida hoy en una constante por jueces al servicio del imperio y sus lacayos, quienes, como árbitros impúdicos de una justicia que no imparten con equidad, exoneran por mandato de sus gobiernos a asesinos que cometen crímenes de lesa humanidad.
Y es que en las instancias judiciales de EEUU y de Colombia, como en las parlamentarias, se dictan sentencias y hacen leyes hechas a la medida de los planes del imperio en vergonzosa complicidad con los presidentes de ambos países, peones en el tablero del diabólico juego geoestratégico y político que adelantan quienes desde las sombras detentan el poder y pretenden dominar al mundo en contra de la voluntad de los pueblos.
Por eso es que existen jueces corruptos, como Urbina y Robayo, que absuelven y liberan asesinos, y leyes, como la dictada en 1992 por iniciativa del representante Robert Torricelli y la promovida por los senadores Jesse Helms y Dan Burton y aprobada en 1996 por Bill Clinton, con el fin de hacer triunfar el criminal bloqueo comercial y financiero impuesto en 1962 por EEUU a la Revolución cubana en vano intento por destruirla.
Son instrumentos, convertidos en ley en 1992 y 1995, considerados, junto con el embargo, como aberraciones jurídicas por los especialistas, gobiernos y organizaciones del mundo y rechazados por los pueblos del planeta que, a través de sus representantes en la Organización de Naciones Unidas (ONU), han condenado el boicot en los últimos 18 años, el cual únicamente cuenta con la aprobación de EEUU, de su títere y vasallo, el Estado sionista de Israel y de Palaos, protectorado de ultramar estadounidense.
Sin embargo y pese a la condena mundial de sus acciones, la delincuencial actividad de los jueces de EEUU y Colombia en los últimos años no ha disminuido, por el contrario, sigue en aumento, como lo evidencian las sentencias dictadas en estos días por ese par de corruptos juristas para vergüenza de la justicia y de sus pueblos que observan cómo otros asesinos yanquis y colombianos, estimulados por la impunidad de que gozan los criminales absueltos y liberados, perpetran nuevos crímenes.
¿Cómo pudo ser absuelta esa horda de asesinos que a plena luz del día masacró en 2007 a 17 inocentes e hirió a otros 27 más, cuando paseaban tranquilamente por la Plaza Nisoor de Bagdad, ignorando que iban a morir ametrallados por los mercenarios de Blackwater que en ese día custodiaban un convoy de vehículos con diplomáticos de la ONU'.
Nerviosos o drogados, temiendo un atentado, cinco agentes de la empresa paramilitar yanqui, que en vano esfuerzo por borrar de la memoria colectiva aquel crimen y otros más perpetrados por sus funcionarios debió cambiar de nombre y ahora se llama Xe, dispararon a mansalva contra los transeúntes mientras desde un helicóptero artillado de la empresa se hacía lo mismo contra los que huían aterrorizados.
¿Cómo pudieron ser liberados los 17 militares neogranadinos, -tres suboficiales y 14 soldados- acusados de perpetrar el asesinato de varios jóvenes, ejecutados arbitrariamente y presentados como 'guerrilleros', en una de las más horripilantes masacres cometidas en el marco de un sistemático proceso de exterminio llamado 'falsos positivos', promovido por el régimen colombiano con la finalidad de otorgarle méritos que no tiene un ejército, negación y vergüenza del honor militar'.
El juez ordenó la libertad de los acusados aduciendo 'lentitud en los procesos judiciales', argumento rechazado por la Fiscalía que apelará la decisión, 'porque no se valoró el número de acusados y la posible estrategia de dilación aplicada por los abogados defensores' que ha generado el caso que puso al descubierto el genocidio conocido como los 'falsos positivos', cometido por los militares en los últimos años, cuyas víctimas se estiman en más de 2 mil.
Esa adicción al crimen que afecta al ejército colombiano fue puesta al desnudo en noviembre de 2008, cuando el presidente Uribe, acorralado por las evidencias, se vio obligado a destituir de la desprestigiada institución a 25 altos oficiales, entre generales, coroneles, mayores, capitanes y tenientes involucrados en la muerte del grupo de jóvenes residentes de Soacha, enterrados en dos fosas comunes, lejos del lugar de donde habían sido 'reclutados' bajo engaño por varios soldados.
Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, (un menor entre ellos) desaparecieron en enero de ese año, hasta que 8 meses más tarde, en septiembre, sus cadáveres fueron localizados en un sector del departamento de Santander del Norte situado a unos 1.000 km. de Soacha y, como cada vez que ocurre un hecho similar, las víctimas fueron presentadas en principio por las autoridades militares como 'guerrilleros muertos en combate'.
Fue a partir de ese día cuando los 'falsos positivos' fueron diagnosticados como un tumor cancerígeno desbordado en metástasis por el cuerpo enfermo de Colombia, víctima de ese genocidio que trató en vano de ocultarse, acusando a veces a las FARC-EP de los mismos, cuando es el ejército colombiano, paradójicamente creado para defender al pueblo y a la soberanía del país, el autor material de esos crímenes.
Desde entonces, medios responsables, como ABN, Telesur, Prensa Latina, Le Monde, RNV, VTV, entre otros divulgadores de la verdad y no incursos en la manipulación y distorsión de las noticias como lo hace la prensa mercenaria, se han dado a la tarea de denunciar el crimen de los falsos positivos en una serie reportajes periodísticos haciendo del conocimiento mundial pormenores del modus operandi de los militares asesinos colombianos.
Telesur destaca en uno de esos trabajos que 'las ejecuciones extrajudiciales han enlutado a miles de familias colombianas a lo largo y ancho del territorio, mientras tanto el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se muestra muy interesado en ayudar a los afectados. Más de 1.600 casos de 'falsos positivos' se registran en diversos departamentos de Colombia y las víctimas (sus familiares) piden que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus hijos (los asesinados)'.
'Las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, consisten en asesinar campesinos, o jóvenes que son ajusticiados y que posteriormente, con la finalidad de ocultar el delito y obtener méritos (recompensas y ascensos), las tropas colombianas difunden que resultaron caídos durante enfrentamientos', refiere el texto.
Más adelante indica que 'han sido muchas las denuncias planteadas sobre el tema de los falsos positivos en todo el territorio colombiano, destacándose algunos casos presentados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, las cuales se han incrementado desde que salieron a la luz pública los primeros casos de las ejecuciones extrajudiciales'.
También refiere:'De hecho, actualmente existen alrededor de 1.600 casos investigados en los últimos seis años por la fiscalía que involucran a 3.546 integrantes del ejército colombiano. De ellos, apenas 426 uniformados están detenidos, pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria', vergonzosa situación que se confirma con la libertad otorgada por el juez Robayo, de Soacha, a los militares acusados de asesinar al grupo de jóvenes residentes de ese barrio bogotano.
Sin embargo las esperanzas de quienes exigen justicia no se pierden, mas aún cuando, como destaca el reportaje, durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, el relator Philip Alston denunció que la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte del ejército colombiano fue una práctica que se llevó a cabo de manera sistemática en el país sudamericano.
La apreciación del alto funcionario de la ONU se ha visto reforzada por el comunicado emitido por el Secretariado de las FARC-EP el 8 de noviembre, al cumplirse el primer año de la denuncia que puso al descubierto la bestial práctica de los 'falsos positivos', documento que confirma en todas y cada una de sus partes la verdad de un genocidio practicado por un ejército de asesinos sobre los cuales mas temprano que tarde deberá caer todo el peso de la justicia.
'Los hechos que ocasionaron la masiva destitución de 20 oficiales y 7 suboficiales del ejército (colombiano) son apenas la punta del iceberg de una razón esencial en el surgimiento y lucha de la insurgencia colombiana, cual es la articulación orgánica que siempre ha existido, entre el asesinato político, las masacres, las torturas, la desaparición forzada y la muerte de miles de compatriotas, es decir, de la guerra sucia y el paramilitarismo con los organismo de inteligencia y la institución de las fuerzas militares del Estado', destaca el comunicado.
De la misma forma, refiere que 'a fuerza de contundentes denuncias e innegables evidencias, continúa corriéndose el velo que descubre a quienes están detrás de centenares de masacres, como las de Urabá, Mapiripán, El Castillo, El Aro, Trujillo, Filo Gringo, Cajamarca y decenas de otras a lo largo y ancho de la geografía patria desde hace más de 40 años y que bajo denominaciones eufemísticas, como los llamados 'falsos positivos', lo que ocultan son espantosos y sistemáticos crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo'.
'No es esta una responsabilidad individual imputable sólo a los destituidos, sino el resultado de años de adiestramiento de todos los mandos militares en la concepción de la Seguridad Nacional, que criminaliza la protesta social y considera al pueblo y a sus propios hermanos nacionales como enemigos a aplastar en una guerra interna. Es el resultado y el fracaso de la concepción del enemigo interior que considera que para vencer la protesta popular hay que secarle el agua al pez, siendo la insurgencia el pez y el agua el pueblo', comenta.
También puntualiza:'El conocimiento público de estos hechos es un triunfo de los sectores democráticos y de todos los luchadores por la paz, la justicia social y la verdad, pues oficialmente se reconoce que detrás de tanto crimen e ignominia contra nuestro pueblo, lo que se oculta es el terrorismo de Estado, con la certeza de que cada paso en dirección a desmontar todo ese tinglado de mentiras ocultas a través de la historia de Colombia es un paso adelante en dirección a la paz con justicia social que todos anhelamos'.
Y finaliza el documento afirmando que 'sólo una fuerza publica, con una concepción profundamente bolivariana, podrá garantizar que Colombia supere para siempre esta horrible noche del terrorismo de Estado'.
Y así como para que en el país neogranadino pueda reinar de nuevo la justicia y la paz tras derrotar a un régimen lacayo de EEUU, en Irak y Afganistán deberán triunfar sus pueblos como lo están haciendo hoy, venciendo al imperio yanqui, para que no hayan más parlamentos ni tribunales que aprueben leyes y dicten sentencias consideradas aberraciones jurídicas.
Sólo así se podrán evitar sentencias como las dictadas en estos días en sendos atentados a la justicia por los jueces Urbina y Robayo que ofenden la memoria de los muertos, víctimas inocentes de la violencia de dos guerras impuestas por el Imperio y sus vasallos a dos pueblos, al absolver a los criminales de Blackwater que mataron en Irak y liberar a soldados asesinos del ejército colombiano, negación y vergüenza del honor militar.
En este 'mundo al revés' de Galeano cabe esperarse cualquier cosa por absurda e imposible que parezca, como es la aberración jurídica cometida en la última semana que favorece a reconocidos criminales de guerra, evidenciada en la sentencia absolutoria dictada el 31 de diciembre a favor de cinco mercenarios de Blackwater y la libertad concedida el 7 de enero al grupo de asesinos miembros del ejército colombiano.
Una ola de repudio e indignación generó en todo el mundo y, en especial en el pueblo iraquí, la decisión del juez federal de Estados Unidos (EEUU), Ricardo Urbina, quien desechó los cargos formulados contra los cinco vigilantes armados de la empresa paramilitar que el 16 de septiembre de 2007 asesinaron a 17 personas e hirieron a 20 más en la Plaza Nissor de Bagdad, en otra de las muchas masacres perpetradas en el país del Medio Oriente por esos mercenarios al servicio del ejército yanqui.
En la actualidad hay decenas de miles de mercenarios de Blackwater (ahora Xe) en Irak y Afganistán, que combinan su misión de hacer el 'trabajo sucio' del ejército yanqui, de secuestrar, torturar y asesinar a inocentes, con el tráfico de heroína en el país de Asia Central y la prostitución infantil en la nación del Medio Oriente, donde cientos de niñas son vendidas por un dólar, el precio de cada 'sesión' a diplomáticos y militares en la fortificada 'Zona Verde' de Bagdad.
El otro aberrante acto jurídico que provocó igualmente indignación mundial y rechazo del pueblo colombiano tuvo lugar cuando el juez Orlando Robayo decidió liberar a 17 uniformados a los que se les seguía juicio por la comisión de 'falsos positivos', macabros crímenes cometidos por esa horda de asesinos que conforman el ejército colombiano, el cual perdió el honor y dignidad al ejecutar a miles de inocentes, presentándolos luego como guerrilleros muertos en combate.
Ambas decisiones se presentan con su carga aberrante de injusticia como una bofetada a la ley y a los más elementales principios del derecho penal, a su vez se inscriben en el contexto de esa norma convertida hoy en una constante por jueces al servicio del imperio y sus lacayos, quienes, como árbitros impúdicos de una justicia que no imparten con equidad, exoneran por mandato de sus gobiernos a asesinos que cometen crímenes de lesa humanidad.
Y es que en las instancias judiciales de EEUU y de Colombia, como en las parlamentarias, se dictan sentencias y hacen leyes hechas a la medida de los planes del imperio en vergonzosa complicidad con los presidentes de ambos países, peones en el tablero del diabólico juego geoestratégico y político que adelantan quienes desde las sombras detentan el poder y pretenden dominar al mundo en contra de la voluntad de los pueblos.
Por eso es que existen jueces corruptos, como Urbina y Robayo, que absuelven y liberan asesinos, y leyes, como la dictada en 1992 por iniciativa del representante Robert Torricelli y la promovida por los senadores Jesse Helms y Dan Burton y aprobada en 1996 por Bill Clinton, con el fin de hacer triunfar el criminal bloqueo comercial y financiero impuesto en 1962 por EEUU a la Revolución cubana en vano intento por destruirla.
Son instrumentos, convertidos en ley en 1992 y 1995, considerados, junto con el embargo, como aberraciones jurídicas por los especialistas, gobiernos y organizaciones del mundo y rechazados por los pueblos del planeta que, a través de sus representantes en la Organización de Naciones Unidas (ONU), han condenado el boicot en los últimos 18 años, el cual únicamente cuenta con la aprobación de EEUU, de su títere y vasallo, el Estado sionista de Israel y de Palaos, protectorado de ultramar estadounidense.
Sin embargo y pese a la condena mundial de sus acciones, la delincuencial actividad de los jueces de EEUU y Colombia en los últimos años no ha disminuido, por el contrario, sigue en aumento, como lo evidencian las sentencias dictadas en estos días por ese par de corruptos juristas para vergüenza de la justicia y de sus pueblos que observan cómo otros asesinos yanquis y colombianos, estimulados por la impunidad de que gozan los criminales absueltos y liberados, perpetran nuevos crímenes.
¿Cómo pudo ser absuelta esa horda de asesinos que a plena luz del día masacró en 2007 a 17 inocentes e hirió a otros 27 más, cuando paseaban tranquilamente por la Plaza Nisoor de Bagdad, ignorando que iban a morir ametrallados por los mercenarios de Blackwater que en ese día custodiaban un convoy de vehículos con diplomáticos de la ONU'.
Nerviosos o drogados, temiendo un atentado, cinco agentes de la empresa paramilitar yanqui, que en vano esfuerzo por borrar de la memoria colectiva aquel crimen y otros más perpetrados por sus funcionarios debió cambiar de nombre y ahora se llama Xe, dispararon a mansalva contra los transeúntes mientras desde un helicóptero artillado de la empresa se hacía lo mismo contra los que huían aterrorizados.
¿Cómo pudieron ser liberados los 17 militares neogranadinos, -tres suboficiales y 14 soldados- acusados de perpetrar el asesinato de varios jóvenes, ejecutados arbitrariamente y presentados como 'guerrilleros', en una de las más horripilantes masacres cometidas en el marco de un sistemático proceso de exterminio llamado 'falsos positivos', promovido por el régimen colombiano con la finalidad de otorgarle méritos que no tiene un ejército, negación y vergüenza del honor militar'.
El juez ordenó la libertad de los acusados aduciendo 'lentitud en los procesos judiciales', argumento rechazado por la Fiscalía que apelará la decisión, 'porque no se valoró el número de acusados y la posible estrategia de dilación aplicada por los abogados defensores' que ha generado el caso que puso al descubierto el genocidio conocido como los 'falsos positivos', cometido por los militares en los últimos años, cuyas víctimas se estiman en más de 2 mil.
Esa adicción al crimen que afecta al ejército colombiano fue puesta al desnudo en noviembre de 2008, cuando el presidente Uribe, acorralado por las evidencias, se vio obligado a destituir de la desprestigiada institución a 25 altos oficiales, entre generales, coroneles, mayores, capitanes y tenientes involucrados en la muerte del grupo de jóvenes residentes de Soacha, enterrados en dos fosas comunes, lejos del lugar de donde habían sido 'reclutados' bajo engaño por varios soldados.
Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, (un menor entre ellos) desaparecieron en enero de ese año, hasta que 8 meses más tarde, en septiembre, sus cadáveres fueron localizados en un sector del departamento de Santander del Norte situado a unos 1.000 km. de Soacha y, como cada vez que ocurre un hecho similar, las víctimas fueron presentadas en principio por las autoridades militares como 'guerrilleros muertos en combate'.
Fue a partir de ese día cuando los 'falsos positivos' fueron diagnosticados como un tumor cancerígeno desbordado en metástasis por el cuerpo enfermo de Colombia, víctima de ese genocidio que trató en vano de ocultarse, acusando a veces a las FARC-EP de los mismos, cuando es el ejército colombiano, paradójicamente creado para defender al pueblo y a la soberanía del país, el autor material de esos crímenes.
Desde entonces, medios responsables, como ABN, Telesur, Prensa Latina, Le Monde, RNV, VTV, entre otros divulgadores de la verdad y no incursos en la manipulación y distorsión de las noticias como lo hace la prensa mercenaria, se han dado a la tarea de denunciar el crimen de los falsos positivos en una serie reportajes periodísticos haciendo del conocimiento mundial pormenores del modus operandi de los militares asesinos colombianos.
Telesur destaca en uno de esos trabajos que 'las ejecuciones extrajudiciales han enlutado a miles de familias colombianas a lo largo y ancho del territorio, mientras tanto el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se muestra muy interesado en ayudar a los afectados. Más de 1.600 casos de 'falsos positivos' se registran en diversos departamentos de Colombia y las víctimas (sus familiares) piden que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus hijos (los asesinados)'.
'Las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, consisten en asesinar campesinos, o jóvenes que son ajusticiados y que posteriormente, con la finalidad de ocultar el delito y obtener méritos (recompensas y ascensos), las tropas colombianas difunden que resultaron caídos durante enfrentamientos', refiere el texto.
Más adelante indica que 'han sido muchas las denuncias planteadas sobre el tema de los falsos positivos en todo el territorio colombiano, destacándose algunos casos presentados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, las cuales se han incrementado desde que salieron a la luz pública los primeros casos de las ejecuciones extrajudiciales'.
También refiere:'De hecho, actualmente existen alrededor de 1.600 casos investigados en los últimos seis años por la fiscalía que involucran a 3.546 integrantes del ejército colombiano. De ellos, apenas 426 uniformados están detenidos, pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria', vergonzosa situación que se confirma con la libertad otorgada por el juez Robayo, de Soacha, a los militares acusados de asesinar al grupo de jóvenes residentes de ese barrio bogotano.
Sin embargo las esperanzas de quienes exigen justicia no se pierden, mas aún cuando, como destaca el reportaje, durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, el relator Philip Alston denunció que la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte del ejército colombiano fue una práctica que se llevó a cabo de manera sistemática en el país sudamericano.
La apreciación del alto funcionario de la ONU se ha visto reforzada por el comunicado emitido por el Secretariado de las FARC-EP el 8 de noviembre, al cumplirse el primer año de la denuncia que puso al descubierto la bestial práctica de los 'falsos positivos', documento que confirma en todas y cada una de sus partes la verdad de un genocidio practicado por un ejército de asesinos sobre los cuales mas temprano que tarde deberá caer todo el peso de la justicia.
'Los hechos que ocasionaron la masiva destitución de 20 oficiales y 7 suboficiales del ejército (colombiano) son apenas la punta del iceberg de una razón esencial en el surgimiento y lucha de la insurgencia colombiana, cual es la articulación orgánica que siempre ha existido, entre el asesinato político, las masacres, las torturas, la desaparición forzada y la muerte de miles de compatriotas, es decir, de la guerra sucia y el paramilitarismo con los organismo de inteligencia y la institución de las fuerzas militares del Estado', destaca el comunicado.
De la misma forma, refiere que 'a fuerza de contundentes denuncias e innegables evidencias, continúa corriéndose el velo que descubre a quienes están detrás de centenares de masacres, como las de Urabá, Mapiripán, El Castillo, El Aro, Trujillo, Filo Gringo, Cajamarca y decenas de otras a lo largo y ancho de la geografía patria desde hace más de 40 años y que bajo denominaciones eufemísticas, como los llamados 'falsos positivos', lo que ocultan son espantosos y sistemáticos crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo'.
'No es esta una responsabilidad individual imputable sólo a los destituidos, sino el resultado de años de adiestramiento de todos los mandos militares en la concepción de la Seguridad Nacional, que criminaliza la protesta social y considera al pueblo y a sus propios hermanos nacionales como enemigos a aplastar en una guerra interna. Es el resultado y el fracaso de la concepción del enemigo interior que considera que para vencer la protesta popular hay que secarle el agua al pez, siendo la insurgencia el pez y el agua el pueblo', comenta.
También puntualiza:'El conocimiento público de estos hechos es un triunfo de los sectores democráticos y de todos los luchadores por la paz, la justicia social y la verdad, pues oficialmente se reconoce que detrás de tanto crimen e ignominia contra nuestro pueblo, lo que se oculta es el terrorismo de Estado, con la certeza de que cada paso en dirección a desmontar todo ese tinglado de mentiras ocultas a través de la historia de Colombia es un paso adelante en dirección a la paz con justicia social que todos anhelamos'.
Y finaliza el documento afirmando que 'sólo una fuerza publica, con una concepción profundamente bolivariana, podrá garantizar que Colombia supere para siempre esta horrible noche del terrorismo de Estado'.
Y así como para que en el país neogranadino pueda reinar de nuevo la justicia y la paz tras derrotar a un régimen lacayo de EEUU, en Irak y Afganistán deberán triunfar sus pueblos como lo están haciendo hoy, venciendo al imperio yanqui, para que no hayan más parlamentos ni tribunales que aprueben leyes y dicten sentencias consideradas aberraciones jurídicas.
Sólo así se podrán evitar sentencias como las dictadas en estos días en sendos atentados a la justicia por los jueces Urbina y Robayo que ofenden la memoria de los muertos, víctimas inocentes de la violencia de dos guerras impuestas por el Imperio y sus vasallos a dos pueblos, al absolver a los criminales de Blackwater que mataron en Irak y liberar a soldados asesinos del ejército colombiano, negación y vergüenza del honor militar.
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