Julia Vicuña Yacarine y Zoraida Portillo
El presidente peruano, Alan García Pérez, dejó expedito el camino para que cualquier ciudadana peruana que sienta que el Tribunal Constitucional ha vulnerado su derecho a recibir gratuitamente la píldora del día siguiente, pueda acudir a los tribunales internacionales. Sin embargo, aclaró que el Estado peruano no acudirá ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ni ninguna otra instancia internacional con este fin.
En vez de ello, el gabinete acordó respaldar el pedido de aclaración de la resolución presentado por el ministerio de salud (MINSA) ante el Tribunal Constitucional. Y una vez que se conozca la respuesta de este organismo, el tema quedará "zanjado" para el gobierno; es decir, acatará la decisión sea a favor o en contra de la distribución, anunció el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
Mientras tanto, la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, prohibiendo la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en los establecimientos públicos de salud, pero permitiendo su venta en forma particular, sigue ocasionando encendidos debates y hasta enfrentamientos entre los partidarios y los críticos de este fallo.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, anunció que su despacho acompañará a cualquier ciudadano o institución que acuda a los tribunales internacionales por este tema. "En nuestra opinión la llamada píldora del día siguiente es algo que el Estado debiera poder distribuir del mismo modo que se permite su venta actualmente en las farmacias para las mujeres de mayores recursos" declaró desde Madrid a Radioprogramas.
El ministro de defensa, Rafael Rey, miembro conspicuo del Opus Dei y el único en el gabinete que apoya abiertamente la decisión del TC, anunció que exigirá que la citada píldora se deje de vender también en forma privada y que si su pedido no es escuchado 'renunciará'. Esta es la segunda vez que Rey amenaza con renunciar. Anteriormente amenazó con hacerlo si se aprobaba la despenalización del aborto.
Por su parte, Lourdes Flores Nano, que se apresta a postular por tercera vez a la presidencia de la república el 2011 dijo que "respeta" la decisión del TC, pero le llamó la atención al presidente García "por centrar su atención en temas que generan polémica en vez de ocuparse de los problemas de fondo del país", en referencia a la despenalización del aborto y la píldora del día siguiente.
Todos se oponen al fallo
El viernes 30 de octubre, en conferencia de prensa, se dio a conocer un comunicado público suscrito por 11 ex ministros de Salud, cinco ex ministras de la Mujer y Desarrollo Social, y un ex ministro de Justicia, uno de la Producción y uno del Interior, así como por varios ex decanos del Colegio Médico del Perú y representantes de Instituciones académicas y profesionales del país.
Entre otros planteamientos, señalan que en un Estado democrático de derecho, como el Perú, no se puede administrar justicia dejando de lado diversos estudios médico-científicos que sustentan la posición institucional de las entidades especializadas en el campo de salud pública, quienes aseguran que la AOE es un método anticonceptivo que no tiene efecto anti-implantatorio y menos algún efecto abortivo.
Por tales razones, los firmantes manifiestan que el fallo del TC es "discriminatorio, vulnera los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y constituye un grave retroceso en la vigencia efectiva del derecho a la salud y el derecho a gozar de los beneficios del progreso de la ciencia".
Julio Castro Gómez, presidente del Colegio Médico del Perú, anunció que su institución y otras organizaciones de la sociedad civil evalúan presentar ante el Congreso una acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la prohibición de la entrega gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) a la población más necesitada.
"Estamos haciendo las consultas para ver si acudimos al Parlamento y que se inicie un proceso de acusación constitucional que lleve a la destitución de los magistrados que han afectado las políticas públicas del país y el derecho de las mujeres", dijo en conferencia de prensa, donde se pronunciaron en contra del fallo del TC organismos nacionales e internacionales.
"La decisión del TC es inexplicable, pues ellos mismos en un acuerdo anterior autorizaron su distribución. Lo más lamentable y lo que nadie se pregunta es por qué el tribunal constitucional da opinión técnica sobre si el método de AOE es abortivo o no, opinión que corresponde a los especialistas en la materia, el papel de ellos es declarar la constitucionalidad o no de las medidas que toma el Estado peruano", dijo a SEMlac el ginecólogo Raúl Azpur, Vicedecano del Colegio Médico del Perú.
"Está claramente establecido por el colegio médico, la OMS, expertos e innumerables investigaciones científicas que este método no es abortivo, es un anticonceptivo que previene que se realice la fecundación y su consiguiente implantación", añadió.
"En todo esto me imagino que también está la mano negra de los laboratorios, que monopolizan la venta de dicho fármaco en su forma de marca. El costo del Postinor u otras píldoras es de alrededor de 30 soles (unos doce dólares al tipo de cambio). Y eso es mucho dinero. La presencia de los genéricos distribuidos por el MINSA y cuyo costo de adquisición es bajísimo, les disminuyó sus ganancias", aseveró.
En su entrevista con SEMlac, Azpur fue enfático en señalar la "hipocresía" de muchos de los que dicen oponerse al aborto. "La mayor causa de abortos en la actualidad es causada por el Misoprostol (Citotec), que es vendido libremente en las farmacias, con receta o sin receta, y es usado indiscriminadamente, sobre todo por nuestra juventud, como abortivo", expresó.
"Existen protocolos para el uso de esta medicina como abortivo. Sin embargo, una gran cantidad de mujeres llegan a las emergencias por sangrados provocados por esa pastilla, que es colocada en la vagina y causa abortos incompletos. Pero los 'críticos' contra el aborto no dicen nada al respecto. Mientras la píldora del día siguiente impide la fecundación, el Citotec provoca abortos y nadie dice nada, como fruto de la doble moral que existe", denunció.
Por su parte, Jeannette Llaja, directora de Demus dijo a SEMlac que esperan que el Tribunal Constitucional resuelva el pedido de aclaración interpuesto por el Ministerio de Salud, "y si bien pensamos que el sentido del fallo no va a revertirse, es necesario conocer sus alcances finales".
"Es necesario denunciar que el ataque del AOE no es aislado; se ha convertido para los fundamentalistas católicos en la punta de lanza para retirar todos los métodos anticonceptivos (salvo los naturales), y estamos evaluando qué estrategia jurídica, de carácter internacional, adoptaremos en defensa de los derechos humanos de las mujeres", señaló.
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), señaló que la recomendación del presidente Alan García para que presenten una queja al Comité Interamericano de Derechos Humanos es una forma de desentenderse del problema de derechos humanos que ocasiona la sentencia del TC.
El presidente está próximo a visitar al Papa "y tiene una alianza por la impunidad con la jerarquía eclesial de la iglesia católica; por lo que no tiene un interés real en el bienestar de las mujeres", dijo a SEMlac.
Mujeres al TC
El presidente García también ha sugerido que en adelante el Tribunal Constitucional esté integrado también "por lo menos por tres mujeres".
"No puede ser que la última instancia jurídica del país esté compuesta solamente por siete hombres, me parece un exceso, por lo menos tres mujeres me parecería equilibrado para que tengan una voz que ilustre mejor las resoluciones", señaló a la prensa.
"No digo que hay que establecer una cuota, pero si se van a elegir nuevos integrantes, procuremos que sean mujeres, porque con toda razón y derecho las casadas, solteras, niñas, mayores, tienen un punto de vista diverso en temas de maternidad y sería muy bueno que también participaran", añadió.
Se espera que esta semana el TC vea el pedido de aclaración solicitado por el Ministerio de Salud. No obstante, su vicepresidente, Carlos Mesía, adelantó que la aclaración "no cambiará el fondo de la sentencia (que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente)" y que, a lo más, podría "modular" algunos aspectos de la sentencia "que no hayan sido entendidos por las partes".
Entre estos, mencionó que se aclarará qué hacer con el lote de píldoras que se hallan en los almacenes del MINSA a la espera de su distribución, y qué sentencia es la que vale, si la de 2006 -que autorizó la distribución gratuita- o la de 2009, que la prohíbe. Finalmente, un tercer tema pendiente de aclaración se refiere a la discriminación que la sentencia supone contra las mujeres pobres, que no pueden adquirir la píldora en las farmacias.
Sobre este último punto, no son pocas las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la mujer y analistas independientes que temen que la aclaración del TC se extienda más allá, prohibiendo también su venta en las farmacias y clínicas particulares.
El presidente peruano, Alan García Pérez, dejó expedito el camino para que cualquier ciudadana peruana que sienta que el Tribunal Constitucional ha vulnerado su derecho a recibir gratuitamente la píldora del día siguiente, pueda acudir a los tribunales internacionales. Sin embargo, aclaró que el Estado peruano no acudirá ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ni ninguna otra instancia internacional con este fin.
En vez de ello, el gabinete acordó respaldar el pedido de aclaración de la resolución presentado por el ministerio de salud (MINSA) ante el Tribunal Constitucional. Y una vez que se conozca la respuesta de este organismo, el tema quedará "zanjado" para el gobierno; es decir, acatará la decisión sea a favor o en contra de la distribución, anunció el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
Mientras tanto, la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, prohibiendo la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en los establecimientos públicos de salud, pero permitiendo su venta en forma particular, sigue ocasionando encendidos debates y hasta enfrentamientos entre los partidarios y los críticos de este fallo.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, anunció que su despacho acompañará a cualquier ciudadano o institución que acuda a los tribunales internacionales por este tema. "En nuestra opinión la llamada píldora del día siguiente es algo que el Estado debiera poder distribuir del mismo modo que se permite su venta actualmente en las farmacias para las mujeres de mayores recursos" declaró desde Madrid a Radioprogramas.
El ministro de defensa, Rafael Rey, miembro conspicuo del Opus Dei y el único en el gabinete que apoya abiertamente la decisión del TC, anunció que exigirá que la citada píldora se deje de vender también en forma privada y que si su pedido no es escuchado 'renunciará'. Esta es la segunda vez que Rey amenaza con renunciar. Anteriormente amenazó con hacerlo si se aprobaba la despenalización del aborto.
Por su parte, Lourdes Flores Nano, que se apresta a postular por tercera vez a la presidencia de la república el 2011 dijo que "respeta" la decisión del TC, pero le llamó la atención al presidente García "por centrar su atención en temas que generan polémica en vez de ocuparse de los problemas de fondo del país", en referencia a la despenalización del aborto y la píldora del día siguiente.
Todos se oponen al fallo
El viernes 30 de octubre, en conferencia de prensa, se dio a conocer un comunicado público suscrito por 11 ex ministros de Salud, cinco ex ministras de la Mujer y Desarrollo Social, y un ex ministro de Justicia, uno de la Producción y uno del Interior, así como por varios ex decanos del Colegio Médico del Perú y representantes de Instituciones académicas y profesionales del país.
Entre otros planteamientos, señalan que en un Estado democrático de derecho, como el Perú, no se puede administrar justicia dejando de lado diversos estudios médico-científicos que sustentan la posición institucional de las entidades especializadas en el campo de salud pública, quienes aseguran que la AOE es un método anticonceptivo que no tiene efecto anti-implantatorio y menos algún efecto abortivo.
Por tales razones, los firmantes manifiestan que el fallo del TC es "discriminatorio, vulnera los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y constituye un grave retroceso en la vigencia efectiva del derecho a la salud y el derecho a gozar de los beneficios del progreso de la ciencia".
Julio Castro Gómez, presidente del Colegio Médico del Perú, anunció que su institución y otras organizaciones de la sociedad civil evalúan presentar ante el Congreso una acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la prohibición de la entrega gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) a la población más necesitada.
"Estamos haciendo las consultas para ver si acudimos al Parlamento y que se inicie un proceso de acusación constitucional que lleve a la destitución de los magistrados que han afectado las políticas públicas del país y el derecho de las mujeres", dijo en conferencia de prensa, donde se pronunciaron en contra del fallo del TC organismos nacionales e internacionales.
"La decisión del TC es inexplicable, pues ellos mismos en un acuerdo anterior autorizaron su distribución. Lo más lamentable y lo que nadie se pregunta es por qué el tribunal constitucional da opinión técnica sobre si el método de AOE es abortivo o no, opinión que corresponde a los especialistas en la materia, el papel de ellos es declarar la constitucionalidad o no de las medidas que toma el Estado peruano", dijo a SEMlac el ginecólogo Raúl Azpur, Vicedecano del Colegio Médico del Perú.
"Está claramente establecido por el colegio médico, la OMS, expertos e innumerables investigaciones científicas que este método no es abortivo, es un anticonceptivo que previene que se realice la fecundación y su consiguiente implantación", añadió.
"En todo esto me imagino que también está la mano negra de los laboratorios, que monopolizan la venta de dicho fármaco en su forma de marca. El costo del Postinor u otras píldoras es de alrededor de 30 soles (unos doce dólares al tipo de cambio). Y eso es mucho dinero. La presencia de los genéricos distribuidos por el MINSA y cuyo costo de adquisición es bajísimo, les disminuyó sus ganancias", aseveró.
En su entrevista con SEMlac, Azpur fue enfático en señalar la "hipocresía" de muchos de los que dicen oponerse al aborto. "La mayor causa de abortos en la actualidad es causada por el Misoprostol (Citotec), que es vendido libremente en las farmacias, con receta o sin receta, y es usado indiscriminadamente, sobre todo por nuestra juventud, como abortivo", expresó.
"Existen protocolos para el uso de esta medicina como abortivo. Sin embargo, una gran cantidad de mujeres llegan a las emergencias por sangrados provocados por esa pastilla, que es colocada en la vagina y causa abortos incompletos. Pero los 'críticos' contra el aborto no dicen nada al respecto. Mientras la píldora del día siguiente impide la fecundación, el Citotec provoca abortos y nadie dice nada, como fruto de la doble moral que existe", denunció.
Por su parte, Jeannette Llaja, directora de Demus dijo a SEMlac que esperan que el Tribunal Constitucional resuelva el pedido de aclaración interpuesto por el Ministerio de Salud, "y si bien pensamos que el sentido del fallo no va a revertirse, es necesario conocer sus alcances finales".
"Es necesario denunciar que el ataque del AOE no es aislado; se ha convertido para los fundamentalistas católicos en la punta de lanza para retirar todos los métodos anticonceptivos (salvo los naturales), y estamos evaluando qué estrategia jurídica, de carácter internacional, adoptaremos en defensa de los derechos humanos de las mujeres", señaló.
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), señaló que la recomendación del presidente Alan García para que presenten una queja al Comité Interamericano de Derechos Humanos es una forma de desentenderse del problema de derechos humanos que ocasiona la sentencia del TC.
El presidente está próximo a visitar al Papa "y tiene una alianza por la impunidad con la jerarquía eclesial de la iglesia católica; por lo que no tiene un interés real en el bienestar de las mujeres", dijo a SEMlac.
Mujeres al TC
El presidente García también ha sugerido que en adelante el Tribunal Constitucional esté integrado también "por lo menos por tres mujeres".
"No puede ser que la última instancia jurídica del país esté compuesta solamente por siete hombres, me parece un exceso, por lo menos tres mujeres me parecería equilibrado para que tengan una voz que ilustre mejor las resoluciones", señaló a la prensa.
"No digo que hay que establecer una cuota, pero si se van a elegir nuevos integrantes, procuremos que sean mujeres, porque con toda razón y derecho las casadas, solteras, niñas, mayores, tienen un punto de vista diverso en temas de maternidad y sería muy bueno que también participaran", añadió.
Se espera que esta semana el TC vea el pedido de aclaración solicitado por el Ministerio de Salud. No obstante, su vicepresidente, Carlos Mesía, adelantó que la aclaración "no cambiará el fondo de la sentencia (que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente)" y que, a lo más, podría "modular" algunos aspectos de la sentencia "que no hayan sido entendidos por las partes".
Entre estos, mencionó que se aclarará qué hacer con el lote de píldoras que se hallan en los almacenes del MINSA a la espera de su distribución, y qué sentencia es la que vale, si la de 2006 -que autorizó la distribución gratuita- o la de 2009, que la prohíbe. Finalmente, un tercer tema pendiente de aclaración se refiere a la discriminación que la sentencia supone contra las mujeres pobres, que no pueden adquirir la píldora en las farmacias.
Sobre este último punto, no son pocas las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la mujer y analistas independientes que temen que la aclaración del TC se extienda más allá, prohibiendo también su venta en las farmacias y clínicas particulares.
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