27 de Febrero.

Celia Portillo Fonseca (*)

La memoria histórica de los venezolanos y venezolanas registra al 27 de febrero de 1989 como un fecha en la cual nuestro país fue el escenario de un “estallido social” protagonizado por el pueblo que, hace 20 años, alzó su voz para expresar su descontento con las políticas neoliberales que fueron impuestas por Carlos Andrés Pérez, al asumir su segundo período presidencial y romper, con su accionar, con un modelo político desgastado y corrupto que subyugaba a un país que, a pesar de sus riquezas, sólo beneficiaba a un sector de la población. Este 27 de febrero de 2009 se cumplen 20 años de lo que muchos catalogamos como la más grande violación masiva de Derechos Humanos registrada en nuestro país. Ese día y hasta el 3 de marzo de 1989, el pueblo fue sometido a la más cruenta represión por parte de un gobierno que ordenó masacrar a quienes protestaban cansados de tantos abusos, miseria y exclusión. Desde 1989 los sucesos del 27 de febrero han estado cubiertos por el manto de la impunidad, no sólo porque nunca se conoció una cifra exacta, ni siquiera cercana, del número de fallecidos, sino porque además quienes vulneraron los Derechos Humanos en esos días jamás recibieron el castigo que la ley les debió imponer.Hasta el año 1999, ningún gobierno de turno honró el compromiso de responder judicialmente por cada una de las víctimas y sólo fue en noviembre de 1999 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado venezolano en este caso por violación de los Derechos Humanos y ordenó indemnizar a 44 víctimas indirectas. Este mandato fue acatado por el gobierno del Presidente Hugo Chávez que procedió a cancelar los montos que fueron acordados.Sin embargo, esta respuesta jurídica que se dio a los familiares de las víctimas del Caracazo proviene de un organismo internacional y se trató de una acción civil, por lo que si hacemos honor a la verdad, nuestro sistema judicial se encuentra en mora ya que, 20 años después, esta historia no registra todavía a un solo responsable por aquellos hechos, desde el ámbito de lo penal.Se entiende que la no determinación del número exacto de víctimas, así como la orden de enterrar en fosas comunes a cerca de 120 personas, dificultó la determinación de las responsabilidades, pero, es cierto también que ha prevalecido la negligencia y omisión por parte del Poder Judicial Venezolano en este caso.Sobre este particular, un detallado y actualizado informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en el año 2007, da cuenta del estado de las causas y formula una serie de recomendaciones a todos los organismos involucrados y con competencia en estas investigaciones, de las cuales la única que tuvo eco fue la materializada por la Asamblea Nacional, el 27 de febrero de 2007, al decretar, durante una Sesión Especial celebrada desde la Plaza Bolívar de El Valle, el 27 de febrero de cada año como el "Día Nacional por el Respeto de los Derechos Humanos y del Poder Popular".Paradójicamente, esta fecha, no está registrada, al menos así lo arrojó una revisión a través de Internet, en las efemérides de nuestro país, tan sólo una escueta reseña del “estallido social del 27 de febrero de 1989” aparece en algunos site, ni siquiera las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), que si observan en sus calendarios el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo incluyen bajo esta denominación acordada por el Poder Legislativo, aún cuando organizan actos con los cuales rememoran estos sucesos. Esta omisión debería ser corregida, en principio, por el propio Parlamento, quien instituyó la fecha hace ya dos años, y luego, por todos aquellos que dicen ser defensores de los Derechos Humanos, por cuanto el "Día Nacional por el Respeto de los Derechos Humanos y del Poder Popular" no es una fecha más, es el recordatorio para quienes todavía, aún 20 años después de estos sucesos, están en deuda con familiares y víctimas, pero sobre todo, con el país, ese que cree en las instituciones y en que vivimos, como dice nuestra Constitución, “en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

(*) Lic Comunicadora Social.
celiaporti@hotmail.com