Por: Soc. Kelly J. Pottella G.
La situación venezolana, a las puertas de 2026, exige abandonar por completo las narrativas sentimentales para ahondar en la frialdad de la geopolítica de los activos estratégicos. Lo que la comunidad internacional presencia no es una transición democrática inconclusa, sino la consolidación de la "Doctrina del Colapso Útil". Desde la perspectiva del realismo estructural, Venezuela ha dejado de ser un Estado-nación para transformarse en una Unidad de Abastecimiento Blindada, donde la precariedad institucional interna no es un fallo del sistema, sino la condición sine qua non para la seguridad operativa externa. El Estado ha transitado de la autonomía de la voluntad a una Soberanía Fiduciaria de facto, donde el control efectivo se ha externalizado hacia el eje tecnocrático Washington-Houston.
Bajo esta arquitectura, la gobernanza ya no emana de un contrato social, sino de una validación técnica exógena otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y el respaldo disuasorio del Comando Sur (SOUTHCOM). Se ha configurado un modelo de estabilidad cinética: una realidad donde el flujo de energía y capital se mantiene constante, mientras que el tejido institucional del país permanece en un estado de parálisis controlada. En este escenario, la industria energética ha adoptado el "paradigma del riesgo estructurable", un entorno donde el capital transnacional ha logrado codificar su seguridad mediante un blindaje contractual extremo que desvincula la rentabilidad de la anomia política local.
La implementación de licencias y órdenes ejecutivas constituye, en su pureza jurídica, un fideicomiso de soberanía. El flujo de caja nacional es interceptado y gestionado por centros de decisión extranjeros para garantizar el pago de deudas y la reinversión selectiva en infraestructura crítica. Esto ha dado lugar a una Jurisdicción Paralela de Extraterritorialidad: una geografía dual donde el sector extractivo opera bajo las normas del derecho consuetudinario y el arbitraje internacional, mientras que la población nacional sobrevive dentro de un marco institucional en declive. Venezuela es hoy el prototipo del «Estado-Servicio»: una entidad que conserva su heráldica y su sede en la ONU, pero cuya función ontológica es la gestión de inventarios para el mercado global.
Desde una perspectiva geoeconómica, el subsuelo venezolano funciona como una variable de ajuste de suma cero. Washington instrumentaliza el activo venezolano como arma de compensación energética para fracturar las finanzas de los adversarios euroasiáticos en mercados estratégicos como el Indopacífico. La entrada de divisas es, por definición, capital de enclave: se invierte en flujo de caja inmediato, pero se evitan grandes gastos de capital ($CAPEX$) a largo plazo, manteniendo al país en una "soberanía por contrato" cuya validez depende de la voluntad del protectorado.
El elemento más disruptivo de esta reconfiguración es el "Arbitraje de Soberanía". Mediante este mecanismo, los acreedores globales están ejecutando una privatización por compensación. La deuda externa ha dejado de ser una obligación financiera para convertirse en un instrumento de transferencia patrimonial forzosa. La imposibilidad de regresar a los mercados voluntarios de capital no es un obstáculo, sino el catalizador para que activos críticos —desde la Faja del Orinoco hasta el sector gasífero— pasen a manos de socios operadores con derechos de propiedad protegidos por el Derecho Internacional y la fuerza disuasoria estadounidense.
Este esquema introduce una mutación final: la disociación social del activo. Hoy en día, la viabilidad económica de Venezuela se ha desvinculado de su viabilidad social. El éxito de las zonas de enclave permite que los indicadores macroeconómicos de exportación mejoren sin necesidad de reconstruir la clase media ni el sistema educativo. El ciudadano se vuelve irrelevante para el modelo extractivo-fiduciario.
La verdad indiscutible que arroja este análisis, y que los ministerios de relaciones exteriores prefieren mantener en la sombra, es que la era de la soberanía nacional como derecho inalienable ha muerto para los Estados que no pueden garantizar su propia viabilidad funcional. En el nuevo orden del siglo XXI, la legitimidad ya no reside en la voluntad popular, sino en la utilidad sistémica de los activos. Venezuela es el laboratorio de un experimento histórico: el éxito de su protectorado fiduciario confirma que, para la arquitectura financiera global, un país puede ser perfectamente próspero en sus balanzas exportadoras y al mismo tiempo permanecer sociológicamente aniquilado.
Estados Unidos no ha venido a salvar una nación, sino a asegurar un inventario. En la geopolítica de 2026, la soberanía ya no es un atributo del pueblo; es una mercancía bajo custodia, subastada al mejor postor bajo el pretexto de una gestión técnica eficiente. Bajo esta lógica fiduciaria, nuestra patria se ha visto degradada a un activo de libre acceso, donde la movilidad global del capital y el petróleo crudo contrasta con el confinamiento sistémico de su población.
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