*Luisa Ortega Díaz
Durante los días 28 y 29 de abril, se realizó bajo la organización del Ministerio Público la I Jornada Internacional sobre el Sistema Penitenciario, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Tan importante actividad contó con la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y la Procuraduría Penitenciaria de Argentina.
También intervinieron como ponentes representantes de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Relaciones Exteriores, Ministerio Público y de los medios de comunicación. Y se abordaron temas relevantes, entre ellos, el sistema penitenciario y los derechos humanos, sobrepoblación penitenciaria, violencia carcelaria, mujeres encarceladas, régimen penitenciario, políticas penitenciarias en Argentina y Nicaragua, opinión pública y situación penitenciaria, seguridad ciudadana y privatización penitenciaria.
Esta jornada se inscribe en el contexto del esfuerzo que desde el Ministerio Público se impulsa para humanizar el sistema penal venezolano, pues estoy convencida de que este propósito se alcanzará en la medida que se materialicen los principios, derechos y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico a favor de las personas sometidas al poder punitivo del Estado.
Desde el Ministerio Público, en materia penitenciaria, enarbolamos el principio de humanización de la pena, según el cual las personas privadas de libertad deben disfrutar de todos los derechos que le son inherentes a su condición humana. En consecuencia, se le debe garantizar el disfrute de los derechos a la alimentación, educación, salud y trabajo, entre otros.
Este principio previsto en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.
Y es que la humanización de la pena es condición indispensable para alcanzar la finalidad resocializadora de la misma. De allí su íntima relación con el principio de progresividad de los sistemas implementados para fomentar en el penado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia social, cuyos resultados favorables permitirán adoptar medidas y fórmulas de cumplimiento de las penas más próximas a la libertad plena.
La jornada arrojó importantes conclusiones que redundarán en beneficio de todo el sistema penal.
*Fiscala General de la República
Durante los días 28 y 29 de abril, se realizó bajo la organización del Ministerio Público la I Jornada Internacional sobre el Sistema Penitenciario, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Tan importante actividad contó con la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y la Procuraduría Penitenciaria de Argentina.
También intervinieron como ponentes representantes de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Relaciones Exteriores, Ministerio Público y de los medios de comunicación. Y se abordaron temas relevantes, entre ellos, el sistema penitenciario y los derechos humanos, sobrepoblación penitenciaria, violencia carcelaria, mujeres encarceladas, régimen penitenciario, políticas penitenciarias en Argentina y Nicaragua, opinión pública y situación penitenciaria, seguridad ciudadana y privatización penitenciaria.
Esta jornada se inscribe en el contexto del esfuerzo que desde el Ministerio Público se impulsa para humanizar el sistema penal venezolano, pues estoy convencida de que este propósito se alcanzará en la medida que se materialicen los principios, derechos y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico a favor de las personas sometidas al poder punitivo del Estado.
Desde el Ministerio Público, en materia penitenciaria, enarbolamos el principio de humanización de la pena, según el cual las personas privadas de libertad deben disfrutar de todos los derechos que le son inherentes a su condición humana. En consecuencia, se le debe garantizar el disfrute de los derechos a la alimentación, educación, salud y trabajo, entre otros.
Este principio previsto en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.
Y es que la humanización de la pena es condición indispensable para alcanzar la finalidad resocializadora de la misma. De allí su íntima relación con el principio de progresividad de los sistemas implementados para fomentar en el penado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia social, cuyos resultados favorables permitirán adoptar medidas y fórmulas de cumplimiento de las penas más próximas a la libertad plena.
La jornada arrojó importantes conclusiones que redundarán en beneficio de todo el sistema penal.
*Fiscala General de la República
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