Norma J. Moran Ortiz
He estado leyendo el extenso informe producido recientemente por la CIDH, haciendo referencia a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. No he podido dejar de asombrarme y sentirme sumamente violentada, atacada, ofendida.
Me falta poco menos de un mes para cumplir 60 años, estudié derecho en la Universidad Central de Venezuela y me gradué cuando los adecos y copeyanos. Me vi obligada a comenzar mis estudios en la famosa Santa María, en vista de que la Central había sido cerrada por Rafaelito. Nací en la Pastora, viví en el 23, en El Llanito, California Norte, San Bernardino y ahora en Barcelona, Estado Anzoátegui, es decir, que he visto y vivido muchas cosas, no tanto como quisiera, pero creo que lo suficiente. Y sin embargo no me canso de sorprenderme con la acción y el comportamiento de la oposición de nuestro País, y con los grupos capitalistas e imperialistas, incluidos títeres del imperio, lacayos e imbéciles.
El sonado Informe cuenta con siete capítulos, unas conclusiones y recomendaciones para el gobierno venezolano.
Comencemos por revisar el Capitulo II, el I, es la Introducción (mucha paja) En el, hace referencia a los derechos políticos y la participación en la vida pública, y en su introducción, señala entre tantas cosas, que:
“…, la Comisión ha reconocido que la democracia representativa -uno de cuyos elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político- es la forma de organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos…”.
Cuestión que contradice y está por debajo de nuestra forma de democracia, constituida como participativa, es decir, donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la libre participación en los asuntos públicos, de manera directa o por medio de sus representantes, formando, ejecutando y controlando la gestión pública para lograr un mayor protagonismo y garantizar su completo desarrollo, tanto individual como colectiva, partiendo del hecho de que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Con base a la afirmación de la CIDH arriba transcrito, y a la “información”, recibida en audiencias, dejó por comprobado y determinado: Que los más recientes procesos electorales han carecido de los elementos de equidad, al existir un uso inadecuado de las estructuras del Estado para favorecer las campañas electorales, haciendo referencia a la supuesta ausencia de control electoral por parte del consejo Nacional Electoral, respecto del proceso electoral en sí mismo. La utilización de cadenas de radio y televisión por parte del presidente para promover sus candidatos y su opción en el referendo, registrándose agresiones verbales provenientes del Presidente y otras autoridades, transmitidas en cadenas de radio y televisión. Restricciones a los mensajes de campaña de la oposición, en contra de la reforma constitucional, cuando el Consejo Nacional ordenó a SINERGIA, la suspensión inmediata de la difusión de material audiovisual (la propaganda de la carnicería o abasto) y ordenó una averiguación administrativa. Que los funcionarios públicos estarían recibiendo presiones indebidas al momento de votar, ejemplo cuando Rafael Ramírez, “…señaló a los trabajadores que si no apoyaban al Presidente Chávez debían abandonar la empresa…” Que son amenazados con perder su cargo en caso de que no apoyen la opción electoral oficialista. Que funcionarios participan en proselitismo político dedicándole extensas horas de sus jornadas laborales oficiales. Que existen serios obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos en Venezuela. Que no se garantiza un acceso igual a los medios de comunicación por parte de las distintas fuerzas políticas. Que el uso excesivo de los medios del Estado así como los privados por medio de las cadenas causa un desequilibrio entre los distintos candidatos u opciones políticas que afecta necesariamente la vigencia de los derechos políticos.
Allí se observa una gran contradicción, entre los hechos denunciados y considerados válidos por la CIDH, cuando considera grave, por una parte, la no intervención del Consejo Nacional Electoral para el control de los procesos electorales, y sin embargo, también considera grave que dicha Institución haya ordenado a SINERGIA paralizar una propaganda que falseaba los objetivos del referéndum. Entonces ¿Hay o no hay control? Por otra parte, ¿cuál es la medida para determinar el desequilibrio con los medios de comunicación a favor del Estado? Sabemos que la mayoría de los canales de radio y televisión pertenecen a empresas privadas así como la escrita. Y la única forma que ha encontrado el Estado para que todos los ciudadanos tengan información sobre lo que éste hace o no, es y ha sido a través de las cadenas de radio y tv., las cuales ocurren por cortos lapsos. Y también sabemos y nos consta que cuando el Presidente ataca o “agrede” a la oposición lo hace dando respuesta a las agresiones que previamente ha recibido el, su gobierno y el pueblo que lo apoya. Y esas respuestas generalmente las hace de manera general sin referirse a persona alguna de manera específica.
Todo es mentira, todo lo tomado por la CIDH para condenar a mi País y al gobierno que lo administra, es mentira, es intencionalmente hecho con el ánimo de producir la intervención del imperio.
Y sus recomendaciones, no son más que un proceso de intervención en nuestra soberanía que no se puede permitir, ni a ellos ni a nadie, por muy comisión que sea.
¿Cómo es posible que esa Comisión, ataque a mi País a través del gobierno que he escogido? Con esa actitud me está atacando, me esté agrediendo. Es que acaso no entienden estos estudiosos de los derechos humanos que con este gobierno, mi condición de mujer se ha enaltecido.
La CIDH no quiere que nuestro gobierno revolucionario nos defienda en contra de quienes se niegan a que las madres de barrio adentro reciban la ayuda que el Estado les adeudaba, en recompensa por su larga lucha ante la pobreza en que las mantuvieron los gobiernos representados y defendidos por esos a quienes hoy la CIDH defiende y quienes toda la vida le negaron al pueblo en general el derecho, no solo. a participar como electores y elegibles, (porque en las elecciones de la cuarta, siempre se falsearon los resultados y se favorecieron a los cómplices y vende patrias), desconociendo el verdadero sentimiento del pueblo soberano, sino que se nos negó el derecho a ser protegidos socialmente por el Estado.
Los hoy denunciantes ante la CIDH, en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuentan con los miembros de esa Comisión, para proteger sus derechos por encima de los derechos de la mayoría del pueblo venezolano. No importa que por ese interés “primordial” que la oposición del gobierno venezolano tienen, de votar y ser elegidos, pisotee los derechos de la mayoría del País, a votar y elegir a quien le parece, luego de recibir una información adecuada y equilibrada, (porque es eso lo que ha procurado el gobierno, con las cadenas) y a defender el sistema de gobierno que nos hemos dado a través de más de doce (12) elecciones, en vía al socialismo, es decir, en vía a la justicia social.
Y es así como la dichosa CIDH osa recomendar y exhortar al Estado Venezolano “…a reglamentar el uso de los medios estatales en el marco de las campañas electorales, a fin de asegurar la equidad; a garantizar que las campañas políticas de la oposición puedan realizarse sin restricciones indebidas; y a abstenerse de ejercer presiones ilegitimas a los funcionarios públicos al momento de votar y promover su participación obligatoria en los actos proselitistas del oficialismo…” ¿Qué tal?
En todos los gobiernos de la cuarta, en las instituciones que éste administraba, se despedía a quienes no pertenecían al partido del gobierno de turno, para meter a los que sí. En este gobierno de la quinta, no se ha votado a ninguno de los escuálidos u opositores que laboran en las instituciones y entidades públicas, (antes por el contrario, se vota al chavista y se ratifica al escuálido, en todas partes)
En la cuarta, todos los empleados públicos participaron en las actividades políticas, si no, entonces ¿como podrían haber llenado un sitio para un acto político cualquiera? Todo el mundo era adeco y copeyano. Con excepción de Teochoro, que siendo de la ultra izquierda gobernó con la ultraderecha. (asco), pero ahora resulta que el funcionario que sea chavista no puede ni siquiera decir que es Chavista.
Y PDVSA. Qué pasó ahí? Es que acaso ellos no leyeron por la prensa, cómo los empleados de PDVSA, en todo el país, se quitaron la chaqueta, la colocaron en el espaldar de la silla, y afirmando que ya regresaban, se fueron a la calle a protestar contra el gobierno, sabotearon la empresa, hicieron quedar mal a Venezuela frente a los terceros países al no cumplir con sus compromisos petroleros, y a solicitar la renuncia del Presidente. ¿Y así y todo, tenemos que permitir que en ella, existan opositores laborando para el gobierno y el pueblo venezolano, ya lastimado y atacado? Nojoda. ¿Criticó la CIDH a alguno de esos bandidos, ladrones y asaltantes, directores de PDVSA, empezando por Giusti?
No CIDH, los venezolanos no podemos permitir que en PDVSA, hayan opositores, y no digamos al gobierno, al País, a mi País, a Venezuela. No acepto capitalistas en mi empresa, no acepto saboteadores en mi empresa, no acepto anti venezolanos en mi empresa, no acepto lacayos, apátridas y traidores en mi empresa. PDVSA ES DE LOS VENEZOLANOS, Y PIOR LO TANTO EL QUE TRABAJE EN ELLA ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LA IDEOLOGÍA DEL PAIS, A LA CONSTITUCION, AL GOBIERNO QUE HEMOS ESCOGIDO, y punto, y ni la CIDH nos va a obligar que permitamos en ella bandidos anti venezolanos. Y si la CIDH nos obliga a eso, entonces esta violando nuestros derechos humanos.
normabolivariana@hotmail.com
Me falta poco menos de un mes para cumplir 60 años, estudié derecho en la Universidad Central de Venezuela y me gradué cuando los adecos y copeyanos. Me vi obligada a comenzar mis estudios en la famosa Santa María, en vista de que la Central había sido cerrada por Rafaelito. Nací en la Pastora, viví en el 23, en El Llanito, California Norte, San Bernardino y ahora en Barcelona, Estado Anzoátegui, es decir, que he visto y vivido muchas cosas, no tanto como quisiera, pero creo que lo suficiente. Y sin embargo no me canso de sorprenderme con la acción y el comportamiento de la oposición de nuestro País, y con los grupos capitalistas e imperialistas, incluidos títeres del imperio, lacayos e imbéciles.
El sonado Informe cuenta con siete capítulos, unas conclusiones y recomendaciones para el gobierno venezolano.
Comencemos por revisar el Capitulo II, el I, es la Introducción (mucha paja) En el, hace referencia a los derechos políticos y la participación en la vida pública, y en su introducción, señala entre tantas cosas, que:
“…, la Comisión ha reconocido que la democracia representativa -uno de cuyos elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político- es la forma de organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos…”.
Cuestión que contradice y está por debajo de nuestra forma de democracia, constituida como participativa, es decir, donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la libre participación en los asuntos públicos, de manera directa o por medio de sus representantes, formando, ejecutando y controlando la gestión pública para lograr un mayor protagonismo y garantizar su completo desarrollo, tanto individual como colectiva, partiendo del hecho de que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Con base a la afirmación de la CIDH arriba transcrito, y a la “información”, recibida en audiencias, dejó por comprobado y determinado: Que los más recientes procesos electorales han carecido de los elementos de equidad, al existir un uso inadecuado de las estructuras del Estado para favorecer las campañas electorales, haciendo referencia a la supuesta ausencia de control electoral por parte del consejo Nacional Electoral, respecto del proceso electoral en sí mismo. La utilización de cadenas de radio y televisión por parte del presidente para promover sus candidatos y su opción en el referendo, registrándose agresiones verbales provenientes del Presidente y otras autoridades, transmitidas en cadenas de radio y televisión. Restricciones a los mensajes de campaña de la oposición, en contra de la reforma constitucional, cuando el Consejo Nacional ordenó a SINERGIA, la suspensión inmediata de la difusión de material audiovisual (la propaganda de la carnicería o abasto) y ordenó una averiguación administrativa. Que los funcionarios públicos estarían recibiendo presiones indebidas al momento de votar, ejemplo cuando Rafael Ramírez, “…señaló a los trabajadores que si no apoyaban al Presidente Chávez debían abandonar la empresa…” Que son amenazados con perder su cargo en caso de que no apoyen la opción electoral oficialista. Que funcionarios participan en proselitismo político dedicándole extensas horas de sus jornadas laborales oficiales. Que existen serios obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos en Venezuela. Que no se garantiza un acceso igual a los medios de comunicación por parte de las distintas fuerzas políticas. Que el uso excesivo de los medios del Estado así como los privados por medio de las cadenas causa un desequilibrio entre los distintos candidatos u opciones políticas que afecta necesariamente la vigencia de los derechos políticos.
Allí se observa una gran contradicción, entre los hechos denunciados y considerados válidos por la CIDH, cuando considera grave, por una parte, la no intervención del Consejo Nacional Electoral para el control de los procesos electorales, y sin embargo, también considera grave que dicha Institución haya ordenado a SINERGIA paralizar una propaganda que falseaba los objetivos del referéndum. Entonces ¿Hay o no hay control? Por otra parte, ¿cuál es la medida para determinar el desequilibrio con los medios de comunicación a favor del Estado? Sabemos que la mayoría de los canales de radio y televisión pertenecen a empresas privadas así como la escrita. Y la única forma que ha encontrado el Estado para que todos los ciudadanos tengan información sobre lo que éste hace o no, es y ha sido a través de las cadenas de radio y tv., las cuales ocurren por cortos lapsos. Y también sabemos y nos consta que cuando el Presidente ataca o “agrede” a la oposición lo hace dando respuesta a las agresiones que previamente ha recibido el, su gobierno y el pueblo que lo apoya. Y esas respuestas generalmente las hace de manera general sin referirse a persona alguna de manera específica.
Todo es mentira, todo lo tomado por la CIDH para condenar a mi País y al gobierno que lo administra, es mentira, es intencionalmente hecho con el ánimo de producir la intervención del imperio.
Y sus recomendaciones, no son más que un proceso de intervención en nuestra soberanía que no se puede permitir, ni a ellos ni a nadie, por muy comisión que sea.
¿Cómo es posible que esa Comisión, ataque a mi País a través del gobierno que he escogido? Con esa actitud me está atacando, me esté agrediendo. Es que acaso no entienden estos estudiosos de los derechos humanos que con este gobierno, mi condición de mujer se ha enaltecido.
La CIDH no quiere que nuestro gobierno revolucionario nos defienda en contra de quienes se niegan a que las madres de barrio adentro reciban la ayuda que el Estado les adeudaba, en recompensa por su larga lucha ante la pobreza en que las mantuvieron los gobiernos representados y defendidos por esos a quienes hoy la CIDH defiende y quienes toda la vida le negaron al pueblo en general el derecho, no solo. a participar como electores y elegibles, (porque en las elecciones de la cuarta, siempre se falsearon los resultados y se favorecieron a los cómplices y vende patrias), desconociendo el verdadero sentimiento del pueblo soberano, sino que se nos negó el derecho a ser protegidos socialmente por el Estado.
Los hoy denunciantes ante la CIDH, en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuentan con los miembros de esa Comisión, para proteger sus derechos por encima de los derechos de la mayoría del pueblo venezolano. No importa que por ese interés “primordial” que la oposición del gobierno venezolano tienen, de votar y ser elegidos, pisotee los derechos de la mayoría del País, a votar y elegir a quien le parece, luego de recibir una información adecuada y equilibrada, (porque es eso lo que ha procurado el gobierno, con las cadenas) y a defender el sistema de gobierno que nos hemos dado a través de más de doce (12) elecciones, en vía al socialismo, es decir, en vía a la justicia social.
Y es así como la dichosa CIDH osa recomendar y exhortar al Estado Venezolano “…a reglamentar el uso de los medios estatales en el marco de las campañas electorales, a fin de asegurar la equidad; a garantizar que las campañas políticas de la oposición puedan realizarse sin restricciones indebidas; y a abstenerse de ejercer presiones ilegitimas a los funcionarios públicos al momento de votar y promover su participación obligatoria en los actos proselitistas del oficialismo…” ¿Qué tal?
En todos los gobiernos de la cuarta, en las instituciones que éste administraba, se despedía a quienes no pertenecían al partido del gobierno de turno, para meter a los que sí. En este gobierno de la quinta, no se ha votado a ninguno de los escuálidos u opositores que laboran en las instituciones y entidades públicas, (antes por el contrario, se vota al chavista y se ratifica al escuálido, en todas partes)
En la cuarta, todos los empleados públicos participaron en las actividades políticas, si no, entonces ¿como podrían haber llenado un sitio para un acto político cualquiera? Todo el mundo era adeco y copeyano. Con excepción de Teochoro, que siendo de la ultra izquierda gobernó con la ultraderecha. (asco), pero ahora resulta que el funcionario que sea chavista no puede ni siquiera decir que es Chavista.
Y PDVSA. Qué pasó ahí? Es que acaso ellos no leyeron por la prensa, cómo los empleados de PDVSA, en todo el país, se quitaron la chaqueta, la colocaron en el espaldar de la silla, y afirmando que ya regresaban, se fueron a la calle a protestar contra el gobierno, sabotearon la empresa, hicieron quedar mal a Venezuela frente a los terceros países al no cumplir con sus compromisos petroleros, y a solicitar la renuncia del Presidente. ¿Y así y todo, tenemos que permitir que en ella, existan opositores laborando para el gobierno y el pueblo venezolano, ya lastimado y atacado? Nojoda. ¿Criticó la CIDH a alguno de esos bandidos, ladrones y asaltantes, directores de PDVSA, empezando por Giusti?
No CIDH, los venezolanos no podemos permitir que en PDVSA, hayan opositores, y no digamos al gobierno, al País, a mi País, a Venezuela. No acepto capitalistas en mi empresa, no acepto saboteadores en mi empresa, no acepto anti venezolanos en mi empresa, no acepto lacayos, apátridas y traidores en mi empresa. PDVSA ES DE LOS VENEZOLANOS, Y PIOR LO TANTO EL QUE TRABAJE EN ELLA ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LA IDEOLOGÍA DEL PAIS, A LA CONSTITUCION, AL GOBIERNO QUE HEMOS ESCOGIDO, y punto, y ni la CIDH nos va a obligar que permitamos en ella bandidos anti venezolanos. Y si la CIDH nos obliga a eso, entonces esta violando nuestros derechos humanos.
normabolivariana@hotmail.com
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