*JUAN MARTORANO.
En primer lugar, tenemos que rechazar vehementemente los recientes comunicados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante los cuales se pronuncia con ligereza en torno a procesos judiciales recientemente iniciados a dos ciudadanos venezolanos, sin haber requerido información oficial al Estado respecto de éstos y mucho menos esperando el necesario agotamiento de los recursos internos.
Los referidos comunicados constituyen una nueva e irrefutable evidencia del distanciamiento de esta instancia de los principios que deben regir su funcionamiento como órgano internacional de protección de los derechos humanos.
En efecto, conforme a la Declaración y Programa de Acción de Viena y múltiples Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deben cumplir estrictamente con los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Asimismo, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene un estricto carácter subsidiario y coadyuvante del ordenamiento jurídico interno, derivado de la voluntad soberana de los Estados que le dieron origen.
Con estos pronunciamientos la Comisión Interamericana se aparta de la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que reconoce expresamente la existencia de legítimas restricciones a la libertad de expresión, así como la responsabilidad ulterior por los excesos cometidos durante su ejercicio.
En este sentido, conforme al artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de la raza, color, religión, idioma u origen nacional".
Igualmente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley.
Incluso el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 11 ha reiterado que "estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad de expresión enunciado en el artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y responsabilidades especiales".
Por ello, tenemos que recordar que la historia reciente de Venezuela recoge cómo, desde los medios de comunicación, actores políticos irresponsablemente llamaron a la paralización de la industria petrolera nacional, conminaron a la violencia y convocaron con sus propios recursos una movilización multitudinaria que desembocó en un Golpe de Estado, sin que ninguna instancia internacional haya reaccionado para proteger los derechos fundamentales del pueblo venezolano.
Subrayo el hecho que los dueños de esos medios de comunicación continúan administrando medios impresos y audiovisuales en nuestro país, sin que pese procedimiento alguno por su responsabilidad en tales hechos, circunstancia que nos remite a una reflexión necesaria sobre la impunidad vinculada con el incumplimiento de los linderos que deben preservar la libertad de expresión en cualquier democracia vigorosa.
Finalmente, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, una campaña de asedio al Estado Venezolano que utiliza a la CIDH como punta de lanza para confeccionar un expediente internacional, alimentado por infundadas denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, que persigue alentar a sectores extremistas de la oposición venezolana a violentar el Estado de Derecho, bajo el falso argumento del cese de la Democracia en Venezuela, tal y como ocurrió en el año 2002 cuando esa misma Comisión reconoció y apoyó a los representantes del gobierno de facto que hizo cesar en nuestro país la vigencia de todos los derechos humanos, incluso los derechos a la vida, integridad física y libertad de expresión.
Por eso, ¡No Pasarán!, ¡No Volverán!
Patria Socialista o Muerte!!!
Venceremos y Estamos Venciendo!!!
*Abogado, Analista Político, Militante y precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la Circunscripción Electoral Nº 2 del Estado Bolívar. Moderador del Programa Informativo y de Opinión "Micrófono Abierto" transmitido de lunes a viernes de 12 m a 2 pm por la Emisora Comunitaria "Llovizna" 104.7 FM. www.juanmartorano.blogspot.com http://www.juanmartorano.tk/ . jmartoranoster@gmail.com , j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar
En primer lugar, tenemos que rechazar vehementemente los recientes comunicados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante los cuales se pronuncia con ligereza en torno a procesos judiciales recientemente iniciados a dos ciudadanos venezolanos, sin haber requerido información oficial al Estado respecto de éstos y mucho menos esperando el necesario agotamiento de los recursos internos.
Los referidos comunicados constituyen una nueva e irrefutable evidencia del distanciamiento de esta instancia de los principios que deben regir su funcionamiento como órgano internacional de protección de los derechos humanos.
En efecto, conforme a la Declaración y Programa de Acción de Viena y múltiples Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deben cumplir estrictamente con los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Asimismo, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene un estricto carácter subsidiario y coadyuvante del ordenamiento jurídico interno, derivado de la voluntad soberana de los Estados que le dieron origen.
Con estos pronunciamientos la Comisión Interamericana se aparta de la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que reconoce expresamente la existencia de legítimas restricciones a la libertad de expresión, así como la responsabilidad ulterior por los excesos cometidos durante su ejercicio.
En este sentido, conforme al artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de la raza, color, religión, idioma u origen nacional".
Igualmente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley.
Incluso el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 11 ha reiterado que "estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad de expresión enunciado en el artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y responsabilidades especiales".
Por ello, tenemos que recordar que la historia reciente de Venezuela recoge cómo, desde los medios de comunicación, actores políticos irresponsablemente llamaron a la paralización de la industria petrolera nacional, conminaron a la violencia y convocaron con sus propios recursos una movilización multitudinaria que desembocó en un Golpe de Estado, sin que ninguna instancia internacional haya reaccionado para proteger los derechos fundamentales del pueblo venezolano.
Subrayo el hecho que los dueños de esos medios de comunicación continúan administrando medios impresos y audiovisuales en nuestro país, sin que pese procedimiento alguno por su responsabilidad en tales hechos, circunstancia que nos remite a una reflexión necesaria sobre la impunidad vinculada con el incumplimiento de los linderos que deben preservar la libertad de expresión en cualquier democracia vigorosa.
Finalmente, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, una campaña de asedio al Estado Venezolano que utiliza a la CIDH como punta de lanza para confeccionar un expediente internacional, alimentado por infundadas denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, que persigue alentar a sectores extremistas de la oposición venezolana a violentar el Estado de Derecho, bajo el falso argumento del cese de la Democracia en Venezuela, tal y como ocurrió en el año 2002 cuando esa misma Comisión reconoció y apoyó a los representantes del gobierno de facto que hizo cesar en nuestro país la vigencia de todos los derechos humanos, incluso los derechos a la vida, integridad física y libertad de expresión.
Por eso, ¡No Pasarán!, ¡No Volverán!
Patria Socialista o Muerte!!!
Venceremos y Estamos Venciendo!!!
*Abogado, Analista Político, Militante y precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la Circunscripción Electoral Nº 2 del Estado Bolívar. Moderador del Programa Informativo y de Opinión "Micrófono Abierto" transmitido de lunes a viernes de 12 m a 2 pm por la Emisora Comunitaria "Llovizna" 104.7 FM. www.juanmartorano.blogspot.com http://www.juanmartorano.tk/ . jmartoranoster@gmail.com , j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar
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