Corporación Pirata.

Andrea Coa

El gigante transnacional de software Microsoft Corporation ha confrontado numerosas demandas por monopolio. Fue demandada por la empresa noruega “Ópera”, ante la mayor autoridad antimonopolio de Europa, y Mozilla se unió al caso. Es que su sistema operativo venía casado con el navegador Explorer, y no permitía al usuario elegir el navegador que quisiera. La comisión aceptó el caso y le dio curso. Después de que los abogados le sacaron bastante plata al caso, la Comisión Europea aceptó las propuestas de Microsoft y no hubo ni siquiera multa .
En 2007 La compañía i4i demandó a Microsoft por piratear su patente de “sistema de documento que elimina la necesidad de insertar manualmente códigos de formato”, y un juez decidió a favor de la demandante, por lo cual la empresa de Bill Gates tuvo que pagar más de 250 millones de dólares.

Symantec también demandó al gigante informático. Según esta empresa, Windows Vista proviene de la piratería de secretos industriales que la empresa de Gates realizó contra Symantec. Esto demuestra la tramposería de las corporaciones, que elaboran las leyes para que sean cumplidas por los demás, pero ellos, validos de su poder económico, las cumplen sólo cuando les conviene.

Por otro lado, la disquera Blue Destiny Records demandó a Microsoft y Google porque permitían descargas de música. En ese caso, el gigante de la informática estaría incurso en el mismo tipo de “piratería” que dice combatir, y por lo cual ha demandado a muchas personas en el mundo.
Estos son simples botones que muestran la hipocresía de los propietarios de las empresas transnacionales, que han dictado las leyes y convenios de propiedad intelectual en el mundo sólo para su beneficio. Microsoft es una de las que propugna las patentes de software, las cuales no tiene ningún escrúpulo en piratear a sus competidores, pero cuando le conviene, utiliza la legislación de Derechos de Autor (hecha a la medida para ellos), con tal de quedarse con la mayor tajada de dinero, cortarles las alas a los competidores menos poderosos, y en fin, fortalecer y perpetuar el monopolio que tiene en el ámbito de los programas de computación, lo que es Poder en la Web, que es el medio de comunicación masivo mayor y más versátil del mundo.

Y Microsoft no es el único pirata corporativo. Todas las grandes empresas utilizan su poder monopólico para drenar hacia sus arcas todo lo que se mueve en sus respectivas áreas. Las luchas entre ellas son feroces y no se limitan por los métodos, pero el perjudicado final es el pueblo, sea donde sea su país de procedencia, porque necesita pagar para tener acceso a un derecho humano, que como tal son considerados por la ONU los derechos culturales, desde la Declaración Universal de 1948.

Una de las armas peores que se esgrime contra la humanidad son las matrices de opinión generadas en los departamentos de publicidad de las corporaciones, con el fin de que la gente se crea que los derechos de autor le sirven para algo a los artistas, a los programadores, a los creadores y difusores de cultura y ciencia, cuando es todo lo contrario.

Las empresas transnacionales son los únicos beneficiarios de las leyes de Derechos de Autor, incluido por supuesto el dinosaurio jurídico que todavía hoy, inexplicablemente, está vigente en Venezuela; el cual fue redactado por un bufete para favorecer a las corporaciones. Esta ley se convirtió en el esquema sobre el cual el mismo bufete redactó varias del continente, todas sujetas estrictamente al mismo guión: Favorecer los intereses de las grandes empresas intermediarias de la cultura, que son las que se llevan la carne gorda del banquete.

Los huesos se los llevan las entidades de gestión colectiva, que recaudan y cobran a nombre de los autores, a los cuales no les toca nada, y si acaso alguno (sólo un puñado en el mundo lo logra); si acaso alguno recibe una migaja, ese hecho es publicitado como si todos los autores en todo el mundo vivieran de los Derechos de Autor.

Pero tal figura no es más que un papel negociable por medio del cual las empresas arrebatan las remuneraciones correspondientes a los creadores y las creadoras, para luego alquilar (eufemísticamente, licenciar los derechos) y aumentar sus riquezas. Es por eso que usted puede comprar una obra, pero no es suya, porque las leyes que las corporaciones inventaron dicen que no puede prestarla, ni copiarla, ni hacer un trabajo sobre ella, sin que tenga que pagarle a los intermediarios. Y esa campaña ha llegado al extremo de lograr que la solidaridad, el derecho a compartir, el intercambio amistoso, sea considerado un delito.

Esa situación debe terminar, y en Venezuela existe la posibilidad, con un poco de voluntad política, de voltear esa tortilla.


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