La dialéctica de la dependencia y la insurrección de la praxis en la historia republicana de Venezuela.

 

 

Por Kelly Josefina Pottella Guevara

La evolución republicana de Venezuela constituye, en el ámbito del pensamiento crítico global, un caso paradigmático de la tensión entre el «Estado-enclave» y la voluntad colectiva de emancipación nacional. Lo que el mundo observa hoy en Venezuela no es una crisis localizada de gobernanza administrativa, sino la fase culminante de una «estructura de antidesarrollo» meticulosamente perfeccionada durante más de un siglo. Para los intelectuales y teóricos de la economía política, la experiencia venezolana ofrece una advertencia universal: la modernidad financiada por la renta extractiva —desprovista de una auténtica soberanía cognitiva y técnica— no es más que una sofisticada manifestación de la subordinación neocolonial.

Desde la consolidación del Estado petrolero, Venezuela fue proyectada como una periferia tributaria. A lo largo del siglo XX, especialmente durante la década de 1970, el país vivió el espejismo de una industrialización que, en términos rigurosos, funcionó como un mecanismo de descapitalización nacional. La adopción sistemática de complejos industriales bajo la modalidad "llave en mano ", junto con la protección de los regímenes de propiedad intelectual extranjeros, no fueron vehículos de progreso, sino instrumentos de expropiación del conocimiento. Al adquirir infraestructuras completas sin protocolos efectivos de transferencia de conocimiento, se institucionalizó una "propiedad vacía": la nación poseía la maquinaria, pero el algoritmo técnico y la capacidad de innovación permanecían anclados en los centros de hegemonía. Esta arquitectura jurídica garantizó que la riqueza nacional circulara de vuelta a las metrópolis mediante el pago perpetuo de patentes y servicios especializados, reduciendo el genio creativo nacional a una función subsidiaria.

Esta distorsión económica se tradujo en una tragedia territorial y existencial. La «economía portuaria» devoró la soberanía alimentaria y devastó el campo, sustituyendo la memoria productiva de la tierra por la lógica del consumo de bienes de lujo importados. La nación quedó así desarmada ante las fluctuaciones del mercado financiero internacional, una vulnerabilidad que se instrumentalizó en hitos como el «Viernes Negro» de 1983. Entonces, como ahora, la crisis no se trató como un problema estructural, sino como un mecanismo de disciplina social. Se instauró una narrativa de la «ineficiencia intrínseca» del sujeto nacional para justificar los ajustes neoliberales y la transferencia masiva de activos públicos al capital transnacional, transformando la deuda externa en el principal instrumento de chantaje político.

El punto de inflexión histórico de las últimas décadas representa un profundo intento de ruptura ontológica con la gramática del enclave. Al intentar territorializar la política mediante la autogobernanza popular y las comunas, Venezuela buscó desplazar el centro de gravedad del país: de la oficina corporativa al territorio productivo. El actual asedio geopolítico, que incluye el secuestro de instituciones y la asfixia financiera, es la respuesta del orden global a una nación que ha decidido que su mayor riqueza no reside en el subsuelo, sino en la capacidad soberana de producir su propio conocimiento.

La lección que Venezuela ofrece a la humanidad es que la soberanía en el siglo XXI es, ante todo, una cuestión de independencia cognitiva. Si una nación permite que su técnica, su ciencia y su memoria sean secuestradas por los acreedores del «pensamiento único» , su libertad siempre será una formalidad jurídica vacía de contenido real. Ante el intento de liquidar lo político mediante la fuerza y ​​la escasez inducida, surge la necesidad de una nueva ética del desarrollo: una que comprenda que solo una ruptura definitiva con la arquitectura de la desinversión permitirá a los pueblos de la periferia dejar de ser deudores de su propio destino.