Juan Martorano
El próximo jueves 26 de marzo, 11:00 am hora local de Nueva York (la misma hora en Venezuela) se realizará la segunda audiencia en el caso del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa la diputada y Primera Combatienta, Cilia Flores, ambos en su condición de prisioneros de guerra.
Será una vez más una importante batalla como lo fue aquel de enero en esa primera audiencia, donde además de declararse ambos inocentes de los cargos que se les atribuyen, en el caso de nuestro Jefe de Estado legítimo, se declaró Presidente de la República y prisionero de guerra, con las implicaciones que ello conlleva en el plano del Derecho Internacional Consuetudinario.
En esta oportunidad y antes de entrar en materia, queremos señalar algunas aclaratorias a algunos y algunas que piensan que ingenuamente al hablar en los términos jurídicos tanto del Derecho Internacional como del propio Derecho anglosajón estamos actuando ingenuamente. Estamos claros y lo hemos señalado en nuestros escritos, que el caso Maduro-Flores por así llamarlo no se está manejando precisamente dentro del terreno de lo jurídico, sino de lo geopolítico, geoeconómico y hasta en lo geocultural. Pero resulta que no estamos jugando una sola partida sino varias, lo que indica que lo estamos haciendo en varios tableros y a la vez. Además que el propio Maduro y Cilia están librando la batalla en ese terreno, aun con todas las desventajas que ello conlleva.
Estamos muy claros de que el jueves 26 de marzo Maduro ni Cilia saldrán en libertad. Pero, no obstante, en esta batalla que más que de velocidad es de resistencia y de prudencia y paciencia estratégica (aunque algunos y algunas no lo entiendan y hasta con falta de argumentos nos acusen de ingenuos y nos subestimen, bienvenida esa subestimación). Pero estamos conscientes de que las batallas hay que librarlas.
Podemos colocar varios ejemplos de como estas luchas, así como lo señaló Bolívar en alguna oportunidad, "Dios concede a la victoria a la constancia" dan sus resultados. Ahí está el ejemplo de los cinco héroes cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, agentes de inteligencia cuyo aporte evitó toda una serie de atentados en su país por su infiltración en Miami, y que fueron detenidos en 1998. Su caso considerado injusto y políticamente motivado no solo por el gobierno sino por diferentes instancias y organismos internacionales, terminó con la liberación de los cinco mediante un intercambio con EEUU en el año 2014. Es decir, tuvieron que pasar 16 años para poder ver a estos patriotas en libertad.
Otro caso fue el del líder independentista portorriqueño Oscar López Rivera, quien por sus luchas por la independencia de su país pasó un poco más de 35 años en prisión hasta que el 17 de enero de 2017 el entonces presidente estadounidense Barack Obama lo indultó, saliendo en libertad plena el 17 de mayo de ese año. El Presidente Nicolás Maduro fue uno de los que abogó por su libertad.
O el caso de Julian Assange, quien comenzó a ser perseguido por su hacktivismo desde el 21 de agosto de 2010 por acusaciones de violencia sexual a Anna Hardin, vinculada a la oposición cubana. Assange permaneció oculto durante meses hasta que el 19 de junio de 2012 apareció refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Assange solicitó asilo, el cual le fue concedido junto con la nacionalidad ecuatoriana en protección por los Derechos Humanos. Pero el 11 de abril de 2019 el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno le retiró el asilo así como la nacionalidad ecuatoriana a Assange, y fue detenido por autoridades británicas que violentaron el recinto de la embajada ecuatoriana y se llevaron a Assange. El 17 de junio de 2022 el gobierno británico acordó su extradición a Estados Unidos, pero esta al final no se concretó puesto que Assange llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense de declararse culpable del delito de espionaje y aceptar el cumplimiento de una pena de 62 meses de cárcel a cambio de no ser extraditado. Assange salió en libertad el 24 de junio de 2024.
O el caso de Alex Saab. Secuestrado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, donde fue sometido a multiples torturas y estuvo a punto de morir en varias oportunidades. Extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 y en diciembre de 2023, producto de negociaciones y en un intercambio de prisioneros entre el gobierno estadounidense y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno del entonces presidente Joe Biden lo indultó e inmediatamente regresó al país el 20 de diciembre.
Pero, estamos claros que por la investidura de Maduro y las implicaciones de su caso, esto podría ser mucho más complejo, pero no hay que rendirnos por ello.
Sin embargo, en el marco de nuestra lucha, volvemos a apoyarnos en el trabajo del doblemente colega Alfredo Clemente, cuando señala en artículo reciente que, la infamia contra el Presidente Maduro y Cilia Flores se derrumba en términos legales. Y la reciente confesión de Donald Trump, aun con sus bemoles, no deja a otra opción, en términos legales, que a decretar la liberación de ambos de manera inmediata.
Lo ocurrido el sábado 3 de enero de 2026 y lo que vivimos las venezolanas y los venezolanos desde ese momento y hasta el presente no es más que un plan prconcebido con muchísima antelación y nada improvisado. Y en el marco de la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional y el corolario Trump que se hicieron públicos un mes antes de la incursión armada estadounidense a territorio venezolano. Clemente lo señala acertadamente al calificar esto como un crimen estudiado, premeditado y cultivado por años, pero que requería la «capacidad de poder y fuerza» del Estado y el Gobierno de los Estados Unidos.
Aplicando incluso la propia terminología del Derecho Penal, el mismo que los fiscales federales que acusan a Maduro pretenden aplicarle, desconociendo su investidura y, por ende, las inmunidades a las que tiene derecho a la luz del Derecho Internacional Consuetudinario, los victimarios contaban con la intención, la premeditación, el motivo y los objetivos; y para montar la trampa, la escena y la escenografía, utilizaron la fuerza bruta para aplastar la legalidad internacional."
El compañero Alfredo Clemente en su nota nos señala que el Derecho estadounidense, el mismo que se le pretende aplicar a nuestro Jefe de Estado, es una maquinaria de precisión donde el motivo vicia el acto. No importa cuánta escenografía de justicia se pretenda montar en Nueva York; si el motivo subyacente es ilegítimo, el proceso entero nace muerto.
Al confesar que el objetivo final era «apoderarse de Venezuela y quedarse con todo ese petróleo», el señor Donald J. Trump ha firmado una admisión de intencionalidad criminal que transforma este juicio en una operación de extorsión internacional con rehenes de Estado.
En ediciones anteriores señalamos que el Derecho no solo es señalar lo que la ley establece sino que además es lógica. Y Clemente nos indica que en la lógica del Derecho anglosajón, esto se conoce como una Vindictive Prosecution (Persecución Vindicativa) y una Outrageous Government Conduct (Conducta Gubernamental Indignante), figuras que obligan a cualquier juez honesto a cerrar el caso de inmediato.
Por ello es que Clemente acertadamente nos refiere a que la prueba reina de esta confesión quedó registrada para la historia el 10 de junio de 2023 en Greensboro, Carolina del Norte (Video que ya estamos buscando para presentarlo en nuestras próximas ponencias, se lo adelantamos). Ante una convención del Partido Republicano, Trump abandonó cualquier pretensión de «ayuda humanitaria» o «democracia» y soltó la verdad del saqueador:
«¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo. Habría estado justo al lado. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela, enriqueciendo a un dictador».
Bajo la Federal Rule of Evidence 801(d)(2) (Regla Federal de Evidencia sobre admisiones de la parte contraria), esta declaración vincula a todo el Estado que Trump dirige hoy en 2026. Muy acertada esta referencia que el colega Alfredo nos hace en su artículo.
No es la opinión de un ciudadano; es la confesión del Jefe del Ejecutivo admitiendo que el asedio contra Venezuela siempre fue un plan de pillaje petrolero. Para la defensa de Barry Pollack, esto es el Fruit of the Poisonous Tree (Fruto del Árbol Ponzoñoso) que contamina cada prueba, cada testigo pagado y cada acta del tribunal de Manhattan.
Pero la ambición colonial no se detiene en el crudo. El entorno de poder de Trump ha cultivado lo que hoy conocemos como la Doctrina Burgum. Doug Burgum, Secretario del Interior y pieza clave en la política energética, ha sido brutalmente explícito durante la Cumbre «Escudo de las Américas» a inicios de 2026 cuando sentenció:
«No podemos permitir que China controle la cadena de suministro de tierras raras y minerales críticos en nuestro propio hemisferio. El acceso a los recursos de Venezuela es una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos asegurar que esos activos regresen a manos de empresas que respeten nuestros intereses estratégicos».
Aquí el lenguaje de la «libertad» es sustituido por el del «acceso exclusivo». Al presentar el oro y los minerales estratégicos como objetivos de seguridad nacional, el gobierno de EE.UU. ha confesado que Nicolás y Cilia no están ante un tribunal de justicia, sino que son prisioneros de guerra y rehenes de una invasión económica.
Esta patología del poder alcanza su punto más cínico cuando el propio Trump, el 7 de marzo de 2026 en Miami-Doral, intenta convertir el derecho penal de Nueva York en una oficina de cobro privada para las transnacionales:
Nos recuerda Alfredo que al referirse el pedófilo naranja a las nacionalizaciones venezolanas —que son actos soberanos amparados por el derecho internacional—, Trump exclamó:
«Venezuela le robó a nuestras empresas, le robó a los accionistas estadounidenses durante años con esas nacionalizaciones ilegales. Es el mayor robo en la historia de América. Vamos a recuperar cada centavo, y lo vamos a hacer con intereses. El dinero de Venezuela pertenece a quienes ellos saquearon».
Esta es la admisión definitiva de que el secuestro del Presidente Maduro es una «fianza humana» para forzar el pago de compensaciones a empresas como Exxon o ConocoPhillips. Es piratería de Estado disfrazada de toga judicial.
Ante este escenario, Clemente nos recuerda la doctrina jurídica estadounidense del Fruto del Árbol Ponzoñoso, que en el caso concreto Maduro- Flores se activa con toda su fuerza. En el derecho de los Estados Unidos, si el origen de una acción judicial tiene un motivo subyacente criminal o ilegítimo, como el pillaje o la violación de la soberanía por beneficio económico, se produce una contaminación total del proceso.
El asalto del 3 de enero para secuestrar a la pareja presidencial no fue una operación policial (y que perfectamente encuadra un acto de agresión a la luz de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, pese al eufemismo empleado por las autoridades estadounidenses para escapar a estas disposiciones); fue la ejecución física del plan de apoderamiento confesado por Trump. Por lo tanto, no existe Subject Matter Jurisdiction (Jurisdicción sobre la Materia) que pueda validar un acto de delincuencia internacional.
El Juez Hellerstein debe enfrentar la realidad: si permite que este juicio continúe, no estará impartiendo justicia, sino convirtiendo a su tribunal en cómplice de un ajuste de cuentas comercial y un acto de pillaje prohibido por los Convenios de La Haya y Ginebra.
El Juez Hellerstein debe enfrentar la realidad: si permite que este juicio continúe, no estará impartiendo justicia, sino convirtiendo a su tribunal en cómplice de un ajuste de cuentas comercial y un acto de pillaje prohibido por los Convenios de La Haya y Ginebra.
La infamia se termina de desmoronar con la notificación de Michael Kozak del 11 de marzo de 2026. Al reconocer la autoridad legal de la gestión de Delcy Rodríguez —la cual emana directamente de los artículos 233 y 239 de la Constitución Bolivariana firmados por Nicolás Maduro—, el imperio ha admitido que la estructura que Cilia Flores defendió ante los fusiles es la estructura legal de la nación.
Hacemos nuestros los planteamientos de Alfredo cuando sostiene que no existe gimnasia mental capaz de sostener que Maduro es un «usurpador» mientras se pactan acuerdos petroleros con el gobierno que él mismo ha reconocido como legítimo.
Trump, en su prepotencia, ha soltado la cadena de la asfixia judicial. El imperio se ha quedado desnudo, sin ropa jurídica, aferrado únicamente a una fuerza bruta que el derecho internacional califica hoy como Crimen de Agresión.
El «Soberano Secuestrado» no es solo una víctima del sistema; es el testigo vivo de cómo la Verdad documental y la resistencia moral pueden aniquilar el teatro judicial más costoso de la historia. A confesión de parte, relevo de pruebas: el motivo criminal está expuesto y la nulidad es, desde este momento, automática e irreversible.
Por ello es que se ratifica que lo del 3 de enero obedeció a un plan preconcebido con muchísima antelación. La denominada Operación "Resolución Absoluta" no fue un evento aislado como pudiera creerse: fue un crimen germinado y cultivado en los laboratorios de propaganda de Washington, donde la «Ley» se utilizó como el arma de exterminio definitiva antes de que cayera la primera bomba.
Nos recuerda Alfredo que entre finales de 2025 y los primeros días de 2026, previo a la agresión militar y bélica de Estados Unidos contra Venezuela, se tomaron abruptamente algunas medidas para «justificar» dichas acciones ante la opinión pública y darles un barniz «legal». Washington no buscaba justicia; buscaba una excusa para evadir la Prohibición del Uso de la Fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2.4).
Para justificar una intervención bélica como si fuera un simple trámite de oficina, resucitaron y engordaron los Cargos de Narcoterrorismo. Esta fue la «escenografía» necesaria: presentar a un jefe de Estado y a la Primera Combatiente no como líderes soberanos, sino como criminales en fuga.
El objetivo era engañar a la opinión pública internacional bajo la figura de una Judicial Extraction (Extracción Judicial). Querían que el mundo creyera que una flota de guerra y aviones de exterminio eran, en realidad, un «patrullero policial» ejecutando una orden de captura.
Lo ocurrido el 3 de enero la incursión armada estadounidense en territorio venezolano no fue una operación de seguridad; fue un acto de agresión pura que desnudó la esencia atroz del imperio. Bajo la narrativa de la «extracción», Estados Unidos probó en suelo venezolano armas de exterminio que causaron más de un centenar de muertes en minutos.
Aquí la maldad se muestra en carne viva: ¿Cómo puede llamarse «cumplimiento de la ley» a una acción que requiere el asesinato en masa de ciudadanos y la destrucción de la infraestructura de una nación? La respuesta es técnica: utilizaron el derecho penal interno de EE.UU. para cometer un Crimen de Agresión (Estatuto de Roma), violando la soberanía territorial y el principio de Igualdad Soberana de los Estados.
Lo que ocurrió después de que la sangre fuera derramada es el testimonio más feo de la mala fe. Una vez que lograron el secuestro físico y trasladaron a Nicolás y Cilia a Nueva York, el Departamento de Justicia empezó a retirar silenciosamente los mismos argumentos de Narcoterrorismo con los que justificaron la masacre.
Este movimiento revela que los cargos nunca fueron reales. Eran placebos jurídicos, herramientas temporales para asfixiar al gobierno y construir el «relato de necesidad». Al retirar las acusaciones de narcotráfico después de haber bombardeado el país, EEUU. ha confesado que la «Operación Resolución Absoluta» fue una estafa procesal. Han cometido lo que en derecho se llama Abuse of Process (Abuso de Proceso): utilizar una vía legal (el juicio penal) para lograr un fin ilegal (el derrocamiento y el secuestro de un soberano).
Clemente señala en su escrito, y nosotros apoyamos su argumento, al indicar que Estados Unidos, desde su génesis, ha perfeccionado una propaganda engañosa de libertad para ocultar una historia basada en la atrocidad.
El caso de Nicolás y Cilia es el espejo de esa patología. La mentira fue: «Vamos a extraer a un narcotraficante para salvar la democracia». Por el contrario, la realidad cruda es: usar cargos falsos para ejecutar una agresión militar, matar a cientos de personas, secuestrar a la pareja presidencial y, una vez en el banquillo, admitir que el motivo era el petróleo y retirar los cargos de droga porque ya no son útiles para la función de extorsión.
Al actuar de esta manera, la administración Trump ha cometido el «Pecado Original» de la civilización moderna. Han destruido el Principio de Confianza Legítima y la Inmunidad Soberana que el propio Juez Marshall defendió en 1812. Si permitimos que un Estado use «cargos penales» como un cheque en blanco para invadir naciones y luego los retire a su conveniencia, el Derecho Internacional deja de existir y volvemos a la ley de la selva.
Frente a esta deshumanización, se levanta el decoro de la verdad. Nicolás Maduro y Cilia Flores no son solo figuras políticas; representan la dignidad del pueblo. Nicolás, el presidente de origen humilde y trabajador, el chofer de autobús que conducía con manos firmes y corazón solidario a Venezuela hacia una grandeza compartida, es hoy el blanco de una oligarquía global que no perdona su origen y sus ideales.
Su resistencia, junto a la de su esposa, es el triunfo de la justicia sobre la «Ley del Garrote». Al reconocer al gobierno de Delcy Rodríguez el 11 de marzo, Trump no solo aceptó la legalidad del Estado, sino que hizo que cada bala disparada el 3 de enero y cada cargo de «narcoterrorismo» se convierta en una prueba de un Crimen de Lesa Humanidad cometido por los Estados Unidos.
Incluso la narrativa psicosocial (cultural) de los Estados Unidos ha intentado advertir sobre este nivel de descomposición institucional.
Indica Alfredo la famosa serie de televisión: House of Cards (Temporada 5, Episodio 12), se expone crudamente cómo el sistema político utiliza la «Lógica del Árbol Ponzoñoso» (Fruit of the Poisonous Tree) para contaminar la integridad de las instituciones cuando sus motivos criminales son expuestos.
Sin embargo, en el caso de la agresión contra Venezuela, la realidad supera a la ficción: aquí no es un personaje de drama quien admite la corrupción del proceso, sino el propio Jefe del Ejecutivo estadounidense, Donald Trump, quien, al confesar su ambición por el petróleo venezolano, ha «podrido» irremediablemente cada fruto judicial en Nueva York.
Lo que en la pantalla es un giro de guion, en la vida real es un Crimen de Agresión que la justicia internacional no puede ignorar.
Refiere Clemente, y eso estamos tratando de hacer los que nos hemos encontrado estudiando e investigando este caso, conectar los hechos narrados con los pilares del derecho anglosajón que sostienen nuestra tesis de nulidad:
Esta trampa o emboscada jurídica no solo choca contra la moral, sino contra siglos de jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La «Mala Fe» de 2025 y la «Extracción Judicial» del 3 de enero de 2026 encuentran su muro de contención en precedentes ineludibles:
El Muro de Marshall: Bajo The Schooner Exchange v. McFaddon (1812), la inmunidad de Nicolás Maduro es absoluta; el Juez Hellerstein no puede juzgar a un Soberano sin declarar la guerra formal.
El Pecado Original del Proceso: La doctrina del Fruto del Árbol Ponzoñoso (Silverthorne Lumber Co. v. U.S.) anula todo el juicio, pues nace de un motivo criminal confesado por Trump en Greensboro: el robo del petróleo.
La Doctrina del Reconocimiento: Según Zivotofsky v. Kerry (2015), una vez que Michael Kozak reconoció la gestión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 11 de marzo, el tribunal pierde toda competencia, pues el Ejecutivo ha validado la estructura constitucional que emana del presidente secuestrado.
Recomendamos tomar debida nota de la ultima parte del articulo de Alfredo referido a las recomendaciones para la defensa estratégica de Maduro y Flores. Y nosotros reiteramos nuestra sugerencia de la columna anterior de que se durante la semana comprendida del 23 al 27 de marzo convoquen a diferentes actividades y manifestaciones como forma de acompañamiento al Presidente Maduro y Cilia de cara a la audiencia del jueves 26 de marzo (conmemoración por cierto de los 32 años de la salida de Chávez de la cárcel de la dignidad y 214 años del terremoto de Caracas cuando Bolívar señaló: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca") desde tuitazos, pinta de murales, hasta con una gran movilización nacional e internacional el jueves 26 de marzo.
Pongámonos en marcha
¡Bolívar y Chávez Viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Leales siempre: Traidores Nunca!
Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. Www.juanmartorano.blogspot.com , www.juanmartorano.wordpress.com , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano.
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