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En Venezuela, cuando un ciudadano no está de acuerdo con los resultados comiciales, solicita la aplicación de la Ley de Procesos Electorales, en la que se detallan las acciones a tomar para dirimir las controversias en esa materia.
Es bien sabido, por cualquier persona en nuestro país, que para impugnar, desconocer y revisar cualquier evento electoral con el cual no está satisfecho, se utiliza dicha Ley, que es muy clara y explica los procesos que se deben seguir. En esta oportunidad revisaremos algunos artículos específicos para ello.
Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, sucedió un evento ya esperado: La derecha denunció fraude y no aplicó ninguna de las acciones previstas en la Ley para ello.
Entonces, para demostrar que el plan de la derecha siempre es violento, vamos a revisar lo ocurrido luego de las elecciones presidenciales del 28J. Al día siguiente, la representante del candidato de la derecha, María Corina Machado, dio una rueda de prensa y declaró: "Hoy queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia, ha sido algo más que un fraude electoral, esto es una violación grosera de la soberanía popular".
Por su parte, el excandidato González Urrutia agregó que “los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió hoy, aquí se han violado todas las normas, no han sido entregadas todas las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo sea respetada".
Así vimos como González Urrutia, sin ninguna intención aparente de cumplir con los mecanismos legales, denunció la violación de las normas y la entrega de actas; cuando dichas actas las tenía el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fueron presentadas ante el TSJ en el momento en que éste las solicitó. Contrario a su discurso, forjaron actas y las colgaron en una página paralela al CNE, lo cual es una flagrante trasgresión a la Ley, y cuando fueron solicitadas por el TSJ no las presentaron ni las enviaron.
Desde el día 29 de julio, cuando declaró a la prensa, hasta los corrientes, la derecha representada por Machado y González, no ha realizado ningún proceso legal para dirimir diferencias en los resultados, ni en los plazos previstos por la Ley ni de manera extemporánea.
Es importante recordar que el 17 de octubre de 2023, el Gobierno Bolivariano y la oposición firmaron, en la isla de Barbados, un acuerdo político, mediado por Noruega y aplaudido por EEUU, respecto a las garantías democráticas en el país, en el marco de la organización de las elecciones presidenciales.
Dentro de los acuerdos de Barbados que prometían el impulso de las garantías políticas para la oposición, se delimitó la necesidad de organizar un proceso electoral transparente, sólido y verificable, cuyos resultados serían respetados por ambas partes de la negociación.
Sin embargo, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, no firmó el acuerdo emitido por el CNE para respetar los resultados electorales.
Incluso, al revisar la página de la ONG SÚMATE, que pertenece a María Corina Machado, vemos que tiene publicado desde 2013 los Pasos Para Impugnar el Resultado Electoral en su Nota de Prensa Súmate #463, que hace detalle sobre los artículos que abarca la Ley para solicitar la impugnación de los resultados.
La Impugnación del Resultado Electoral previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), Capítulo III, de los artículos 203 al 212, establece que “Para impugnar un resultado electoral, se debe interponer un Recurso Jerárquico ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la realización de la elección. El recurso también puede presentarse en la Oficina Regional Electoral correspondiente para ser remitido al CNE, incluso directamente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Un motivo de impugnación, sería por ejemplo alguna diferencia entre los datos plasmados en las actas de escrutinio, que deben ser recogidas por los testigos y comparadas con la información publicada por el CNE”.
Es importante recordar que González Urrutia, luego de la aprobación de su solicitud asilo político en España, informó que se “resguardó” en la embajada de los Países Bajos al día siguiente del evento electoral, esto sugiere que nunca hubo intención de pedir impugnación o revisión de los comicios presidenciales.
Un mes después de las elecciones, la opositora María Corina Machado aseguró que “ni un solo Gobierno democrático del mundo ha reconocido la reelección de Nicolás Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales del 28 de julio se considera un fraude, igual que buena parte de la comunidad internacional, Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo”, dijo la exdiputada ante cientos de simpatizantes que se concentraron en Caracas.
Bajo el lema “acta mata sentencia”, los opositores se reunieron para defender los comprobantes de las votaciones publicados por la PUD (según los cuales González Urrutia ganó la presidencia por amplio margen) e hicieron caso omiso a la solicitud de las actas al TSJ, sin embargo, luego de un mes, no realizó ninguna actividad referida a la impugnación del fraude que denuncia.
Ya se cumplieron casi 4 meses desde las elecciones y los logros de la derecha han sido la organización de guarimbas, ataques a las Instituciones, campañas mediáticas de desinformación, incitación al odio, entre otros, y cada día que pasa, los ciudadanos tienen claro que la opción violenta y fascista no es la vía para dirimirlas diferencias, el Pueblo eligió la paz que solo ofrece la Revolución Bolivariana.
AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO
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