El Fiscal General de la República Tarek William Saab anunció la profundización en las investigaciones sobre el caso de presunto desfalco a la nación mediante la subvaloración de los precios de los crudos venezolanos a través de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela-Europa (Pdvsa).
La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que desde esa instancia se pudo detectar esta nueva trama delictiva por un “error de cálculo del Factor K”.
Explicó, en este sentido, que “el Factor K es un elemento de cálculo que toma en cuenta las situaciones coyunturales para la determinación de los precios e incluye componentes cuantitativos y cualitativos como las condiciones geopolíticas”. Esta variable, diseñada e implementada para Venezuela por la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, se había instrumentado como un factor complementario de cálculo del crudo venezolano y tenía el objetivo inicial de colocar en un margen de estabilidad y en posición favorable el precio de los crudos venezolanos frente a altibajos sensibles del mercado.
Venezuela, exportador de variedad de crudos livianos, medianos, pesados y extrapesados, encara el mercado internacional con crudos heterogéneos enmarcados en rangos de valor acordes a las características de los crudos. También, varios crudos venezolanos se catalogan mediante el precio calculado para los crudos venezolanos incluidos en Cesta de los Países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera surge desde 2006 y fue enmarcada en una estrategia pensada por el Presidente Hugo Chávez para defender el precio del crudo venezolano y así implementar desde ese año un impuesto a las ganancias extraordinarias a las operarias extranjeras en Venezuela, las cuales usualmente se veían beneficiadas por los súbitos aumentos del precio del crudo sin que se reportaran mayores beneficios para la nación petrolera.
El “Factor K” reconocería las diversas variables para respaldar la defensa de los precios para los crudos venezolanos, sujetos con mucha frecuencia al escamoteo. La investigación que ha emprendido el Ministerio Público de Venezuela apunta al uso pernicioso de ese mecanismo para por el contrario, subvalorar los precios de los crudos venezolanos implicando pérdidas a la nación por casi 5 mil millones de dólares.
Pérdidas e involucrados
En el daño patrimonial a la nación de 4 mil 800 millones de dólares entre los años 2009 al 2015 generado por la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, se encuentra involucrada la empresa JBC Energy, con quienes la mencionada Oficina suscribió en el 2009 contratos de servicios con el fin de que se encargara de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de los diversos crudos venezolanos cotizados en el mercado internacional.
Dicho de otra manera, una filial de Pdvsa creada para defender los precios de crudo, adicionalmente tercerizó la labor para la que fue creada y terminó delegando en un factor externo, una labor de valor estratégico e incalculable para el interés nacional.
La delegación a JBC Energy, según el Ministerio Público, devino en actos programados y alevosos de daño a la República. En ese sentido, Saab informó el 30 de diciembre de 2017 que en la metodología delictiva y errónea de cálculo está involucrada la compañía extranjera JBC Energy “contratada por la “inteligente” oficina de Viena que nunca actuó legalmente contra dicha empresa”; sino que continuó contratando sus servicios.
“Adicional a todo lo que aquí he detallado esta delictiva oficina cometió errores en el cálculo de la relación entre grados API y % de azufre, lo que causó pérdidas de 6 $ por barril en cobro de regalías”, denunció el fiscal en su cuenta Twitter.
La cifra de pérdidas hasta ahora estimada no es concluyente pues puede incrementarse. Saab dio a conocer que un equipo de expertos que trabajan bajo la dirección del Ministerio Público realizan los cálculos del “Factor K” con el objetivo de vincularlos con los mercados y volúmenes entre 2009 y 2015 para determinar la magnitud total de la pérdida.
El fiscal recordó que la Oficina creada por el exministro Rafael Ramírez dependía de Pdvsa Europa y ha ejercido el control sobre la oficina de Determinación de los Precios del Crudo de Exportación del Ministerio de Petróleo, “En consecuencia, las elevadas desviaciones del “Factor K” hacen presumir de manera firme un comportamiento delictivo y doloso del personal de la ya citada oficina de Viena, concertada con contratistas extranjeros para dañar el patrimonio de la República”.
El fiscal manifestó que el Ministerio Público cierra el año 2017 develando una de las tramas de corrupción más “nauseabundas de las ya judicializadas en PDVSA”. Asimismo señaló que tras las investigaciones preliminares sobre este nuevo hecho de corrupción ocurrida en Pdvsa y revelada por su gestión, puede concluir “que los errores de cálculo: a la vez que perjudicaron a la Nación: favorecieron los intermediarios y compradores de nuestros crudos; vil acción que merece la condena nacional”.
Como directivos de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela en Viena, se encontraban Bernard Mommer De Grave, con 4 nacionalidades, gerente general de esta oficina, Irama Zulene Quiroz De Mommer (esposa de Bernard Mommer), gerente de oficina y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora legal.
Este grupo trabajaba según lo señalado el viernes por el titular del Ministerio Público con “la anuencia y complicidad de la ciudadana Nélida Iris Izarra Espinoza designada como directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación”, quien fue aprehendida.
Contra Bernard Mommer de Grave, Irama Zulene Quiroz de Mommer y Maria Teresa Zerpa Morloy existen órdenes de aprehensión. Están acusados de delitos como: peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista, ilegitimación de capitales y asociación.
El caso apunta a que Rafael Ramírez podría tener pleno conocimiento de las acciones lesivas de este despacho y este caso se suma a otras denuncias contra Ramírez, como el lavado de capitales, particularmente por el polémico señalamiento contra Diego Salazar Carreño (primo de Rafael Ramírez) por presuntamente incurrir en legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
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