COMUNICAR IGUALDAD-Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.
Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.
“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.
A paso firme
El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el 97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.
Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.
El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.
De cal y de arena
Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.
Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.
A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.
Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.
ALG4Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.
¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.
Ambientes favorables
Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.
Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.
La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.
Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.
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